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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFINITIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17794
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 397.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas ejecutorias.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver la revisión contenciosa administrativa 8/2003, con fecha veintiséis de marzo de dos mil tres, en la parte que interesa señala:

"SEXTO. De manera previa al estudio del fondo del asunto, este cuerpo colegiado considera necesario, para mayor claridad, transcribir en forma íntegra tanto el oficio citatorio número SRO-999/97, dirigido a la actora, como la parte que interesa de la audiencia celebrada el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en su contra, que dicen: Oficio citatorio: ‘Dependencia: Secretaría de Fianzas (sic) Contraloría Interna Subd. de Responsabilidades. Número de oficio: SRO-999/97, expediente: 082/97. Asunto: Citatorio para desahogo de audiencia de ley. Diciembre 4, 1997. Ma. Teresa Cruz Olvera. Subadministradora de Registro de la Administración Tributaria. Benito Juárez. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se notifica a usted que deberá comparecer al desahogo de la audiencia a que se refiere el primer precepto citado, que tendrá verificativo a las 9:00 horas del día 16 de diciembre del año en curso, en el local que ocupa la Subdirección de Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, sito en Av. Niños Héroes, número 65, en la colonia Doctores, en esta ciudad. Se hace de su conocimiento que el motivo de esta diligencia deriva de los hechos que se le atribuyen como presunta responsable y que consisten en ... (se omite por no ser necesario para informar la litis). En la audiencia mencionada podrá ofrecer pruebas, las que se acordarán y desahogarán, en su caso, una vez que se emita el acuerdo respectivo por el que se admitan o desechen dichas probanzas; asimismo, una vez desahogada la etapa probatoria podrá alegar lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor, apercibida que de no hacerlo se tendrán por precluídos esos derechos, de conformidad con lo que disponen los artículos 79, 80, 288 y 340 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el procedimiento administrativo, independientemente de las sanciones administrativas que procedan. Se le ponen a la vista los autos que integran el expediente, en la misma dirección a donde se le cita a comparecer, en días hábiles y en horario de 9:00 a 15:00 horas. Atentamente. Sufragio efectivo no reelección. El subdirector de Responsabilidades. Licenciado Mario Osnaya Ortega.’. Audiencia de ley: ‘En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, presentes en el local que ocupa la sala de audiencias de la Subdirección de Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, sito en la planta baja, acceso 5, del edificio marcado con el número 65 de la calle de Niños Héroes de la colonia Doctores de esta ciudad. María Teresa Cruz Olvera, en su calidad de presunta responsable, comparece ante el licenciado Mario Osnaya Ortega, subdirector de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como José Guadalupe Muños Mendoza y Efrén Zúñiga Ortiz, quienes prestan sus servicios en esta subdirección como abogados analistas y fungen como testigos de asistencia. Mediante acuerdo de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la licenciada Yolanda E. Andrade Contreras, contralora interna en esta secretaría dictó sus instrucciones para que de estimarse procedente esta unidad administrativa en que se actúa llevara a cabo el desahogo de la presente audiencia. La celebración de la audiencia prevista por el artículo 64, fracción I, en relación con el 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, compareciendo María Teresa Cruz Olvera, quien fue citada mediante oficio SRO-999/97, de fecha 4 de diciembre de 1997, por el cual se le hizo saber la presunta responsabilidad que se le atribuye, haciéndole notar que podría comparecer a esta audiencia asistida de defensor, así como ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga ... Acto continuo el licenciado Mario Osnaya Ortega, en su carácter asentado al proemio, manifiesta que se proceda a la apertura de la presente audiencia, recibiéndose la declaración de María Teresa Cruz Olvera ... (sic). El licenciado Mario Osnaya Ortega, en su carácter al inicio asentado, señala a la compareciente que éste es el momento procesal oportuno para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Nuevamente en uso de la palabra María Teresa Cruz Olvera manifiesta que ofrece como pruebas de su parte las siguientes y que de alguna manera ya se encuentran plasmadas en su escrito de ofrecimiento de pruebas, siendo éstas la documental pública consistente en ... (se omite por no ser necesario para informar el asunto). Acuerdo: El licenciado Mario Osnaya Ortega, en su carácter anteriormente señalado, acuerda: Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por María Teresa Cruz Olvera, anteriormente descritas, así como en su propio escrito de ofrecimiento de pruebas, se le tienen por admitidas, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza ... (se omite por no ser necesario para informar la litis) todo lo anterior con fundamento en los artículos 79, 80, 288 y 340 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el presente procedimiento administrativo disciplinario. El licenciado Mario Osnaya Ortega señala a la compareciente que éste es el momento procesal oportuno para la formulación de alegatos. De nueva cuenta en uso de la palabra María Teresa Cruz Olvera procede a la formulación de alegatos; sobre el particular manifiesta se le tengan por formulados y reproducidos sus alegatos, hechos valer a través de su escrito que ha presentado y el cual en este acto procede a ratificar al margen del mismo con su firma. Con lo anterior y no habiendo más que hacer constar, se da por concluido el levantamiento de la presente acta ... (se omite por no ser necesario para informar la litis).’. De la transcripción anterior se desprende, por cuanto hace al oficio citatorio, lo siguiente: Que el objeto del oficio SRO-999/97, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, emitido dentro del expediente 082/97, suscrito por la subdirectora de Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de Finanzas del entonces Departamento del Distrito Federal, fue para citar a ‘Ma. (sic) Teresa Cruz Olvera, subadministradora del Registro de la Administración Tributaria, Benito Juárez’, para el desahogo de la audiencia de ley. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se notifica a la actora que deberá comparecer al desahogo de la audiencia prescrita en el primer precepto legal invocado, la cual tendrá verificativo a las nueve horas del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el lugar que se indica. Que el motivo de la diligencia deriva de los hechos que se le atribuyen como presunta responsable por infringir lo previsto en las fracciones I y II del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al no haber enviado oportunamente la documentación respecto de los volantes de aclaración de los formatos FS, así como los comprobantes de pago que presentaban sellos de caja apócrifos, a la Subdirección de Ejecución Fiscal para que se requirieran inmediatamente los adeudos por concepto de impuesto predial y derechos por consumo de agua, provocando con ello que uno de los contribuyentes interpusiera recurso de prescripción sobre el crédito fiscal de la cuenta 064-285-12-003-001-0, obteniendo sentencia favorable, generando un daño a la hacienda pública por no haber sido posible su recuperación. Que se hace de su conocimiento que en la mencionada audiencia podrá ofrecer pruebas. Que una vez desahogada la etapa probatoria podrá alegar lo que a su derecho legal conviniera. Se apercibió que de no hacer valer los derechos antes aludidos (comparecer a la audiencia, ofrecer pruebas y formular alegatos) se tendrían por precluídos esos derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 80, 288 y 340 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el procedimiento administrativo. Se pusieron a la vista los autos que integran el expediente en la misma dirección a donde se le cita, con la posibilidad de hacerlo en días hábiles y en el horario comprendido de las nueve a las trece horas. Y por lo que hace a la audiencia de ley celebrada, lo siguiente: Que siendo las nueve horas del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, encontrándose presentes en la sala de audiencias de la Subdirección de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, María Teresa Cruz Olvera en su calidad de presunta responsable, Mario Osnaya Ortega como titular de la subsecretaría en cuestión, José Guadalupe Muñoz Mendoza y Efrén Zúñiga Ortiz fungiendo como testigos de asistencia, tuvo verificativo la audiencia de ley prevista por el artículo 64, fracción I y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que en la audiencia precitada compareció María Teresa Cruz Olvera, quien fue citada mediante oficio SRO-999/97, haciéndosele saber que podría comparecer asistida de defensor, así como ofrecer de su parte las pruebas que estimara conducentes y alegar lo que a su derecho conviniera. Que la compareciente ofreció pruebas documentales y solicitó se anexaran al expediente, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Que el subdirector en cita acordó favorablemente el ofrecimiento que antecede, teniéndolas por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, a excepción del expediente personal, todo ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 80, 288 y 340 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el procedimiento administrativo disciplinario. Que el subdirector en cuestión señaló a la compareciente el momento procesal oportuno para la formulación de alegatos, a lo cual, ésta en uso de la palabra, manifiesta que se tengan por formulados y reproducidos los que hizo valer en escrito presentado de su parte en diversa fecha y que en ese acto procedió a ratificar. Con todo ello se tuvo por concluida la audiencia de mérito a las diez horas con treinta minutos de la fecha de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. SÉPTIMO. Previamente a dilucidar los cuestionamientos planteados, importa tener presente lo siguiente: Como consta en los considerandos tercero y cuarto de la resolución dictada el tres de octubre de dos mil uno por la Sala Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dentro de los autos del juicio de origen 2692/01, declaró la nulidad del acto controvertido en los siguientes términos: ‘III. Esta Sala entrando al fondo del asunto y hecho un estudio integral del mismo y valorando las pruebas ofrecidas por las partes, en términos del artículo 80, fracción II, concluye que le asiste la razón a la parte actora, ya que en la resolución impugnada se advierte que al emitirse la misma, para el efecto de valorar las pruebas, se apoya en cuanto al procedimiento que se inicia en contra del (sic) enjuiciante, en el citatorio para el desahogo de la audiencia de ley, es decir, a la que se refiere el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la parte final del mismo se dice lo siguiente: «... (sic) en la audiencia mencionada podrá ofrecer pruebas, las que se acordarán y desahogarán, en su caso, una vez que se emita el acuerdo respectivo por el que se admitan o desechen dichas probanzas; asimismo (sic) una vez desahogada la etapa probatoria podrá alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, apercibida que de no hacerlo se tendrán por precluídos esos derechos, de conformidad con lo que disponen los artículos 79, 80, 288 y 340 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el procedimiento administrativo, independientemente de las sanciones administrativas que procedan.». Argumenta el actor lo antes transcrito en su «sexto concepto de anulación» y efectivamente le asiste la razón, por haber una manifiesta violación al artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal como aparece a fojas 12 de autos y por lo mismo la resolución cuestionada carece de la debida fundamentación y motivación. IV. En efecto, el artículo 16 constitucional obliga a que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, en el caso, nos encontramos ante un procedimiento viciado puesto que se está aplicando una ley indebida al procedimiento instaurado en contra del actor (sic), situación que igualmente acontece al emitirse el acto impugnado en la que indebidamente se fundamenta para el procedimiento y resolución de dicho acto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con manifiesta violación del citado artículo 45 de la ley de responsabilidades también citada y en perjuicio del actor. Lo anterior, en aplicación del párrafo segundo del artículo 79 de la ley que rige a este tribunal, es decir, supliendo las deficiencias de la demanda. Resulta necesario hacer mención que el artículo 45 de dicha ley, que determina que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en la misma, así como en la apreciación de las pruebas y valoración de las mismas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y que, asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal, dispositivo que obliga a la autoridad responsable a aplicar supletoriamente en la materia el Código Federal de Procedimientos Penales «Consecuentemente, al haber aplicado la autoridad supletoriamente para la emisión del inicio del procedimiento administrativo, que culminó con la resolución combatida, el Código Federal de Procedimientos Civiles incurrió con ello en violación a las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, violando en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el diverso 45 de la ley citada, por lo que la resolución impugnada resulta ilegal, razón por la cual es procedente declarar la nulidad al surtirse las causales de anulación previstas en el artículo 81, fracciones II y III, de la ley que rige a este tribunal; por lo anterior, en términos de lo que disponen los numerales 80, fracción IV y 82 de la ley que norma a este cuerpo colegiado, la autoridad responsable queda obligada a restituir a la actora en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, dejando insubsistente la resolución controvertida en virtud de que no se emitió conforme a derecho (sic) ...». En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1o., 23, 33, 34, 72, 73, 78, 79, 80, 81, fracciones II y III, y 82 de la ley que regula a este órgano jurisdiccional, esta Sala; resuelve ...’. De esta transcripción se sigue que la Sala de origen declaró la nulidad de la resolución combatida, por considerar que la legislación aplicable supletoriamente en el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos es el Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual constituía un vicio en términos del artículo 81, fracciones II y III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que daba lugar a que se emitiera otra sentencia debidamente fundada y motivada. Inconforme con dicha determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de apelación el cual fue registrado con el número 10552/01, mismo que fue resuelto el diecinueve de septiembre de dos mil dos por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y que constituye lo reclamado en este recurso; determinación en la que se resolvió confirmar el fallo recurrido por las razones que nuevamente se vuelven a reproducir: ‘... que la Sala del conocimiento debidamente determina que la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte actora el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que indebidamente funda el citatorio con el que se da inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de la actora en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de conformidad con el precepto legal citado no sólo en la apreciación de las pruebas se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, sino en todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo de responsabilidades no previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que implica que también al emitir el citatorio a que se refiere el artículo 64, fracción I, de la citada ley federal, se debe aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles (sic); por tanto, si la autoridad para la emisión del citatorio en cuestión se apoya en forma supletoria en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no cumple con los requisitos exigidos en la norma que lo prevé y regula, lo que implica una violación a las formalidades legales establecidas para los procedimientos administrativos de responsabilidades que se da desde el inicio del mismo y, consecuentemente, la ilegalidad del mismo y de la resolución con que la concluyó éste, sin que sea obstáculo para lo anterior que no se hubiera hecho efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, pues lo cierto es que la autoridad fundó su emisión en un ordenamiento que resulta inaplicable, siendo ello suficiente para considerar que viola las formalidades legales previstas para estos procedimientos en perjuicio de la actora, lo que lleva consigo la ilegalidad de la resolución combatida ... no procede que los efectos de la nulidad decretada por la Sala del conocimiento sean para que la autoridad reponga el procedimiento administrativo disciplinario en contra del actor, purgando los vicios cometidos durante el mismo y resolver lo conducente, ya que si bien la violación al artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es una violación de forma, ésta sería desde el inicio del procedimiento, por lo que todo el procedimiento es ilegal; y siendo así, es la autoridad quien, en uso de sus facultades y encargada de sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad, determinará si inicia o no nuevamente el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del actor (sic) ...’. Como se observa de esta transcripción, la Sala Superior confirmó la determinación de la a quo porque era correcta su conclusión en el sentido de que efectivamente existió una violación a las formalidades legales establecidas para los procedimientos administrativos de responsabilidades, por ende, declarar la nulidad en términos de lo dispuesto en los artículos 81, fracciones II y III, y 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Los artículos de referencia vigentes en la fecha de la emisión de la sentencia reclamada, tres de octubre de dos mil uno, textualmente dicen: ... (se omiten por no ser necesario para informar el asunto). Con arreglo a estos preceptos, las sentencias que declaren la nulidad del acto impugnado en el juicio deberán dejarlo sin efecto y precisar los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, la que estará obligada a otorgar o restituir a la parte actora en el goce de los derechos violados en un término de veinticinco días hábiles. Ahora, si bien el artículo 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no establece qué tipo de nulidad es la que debe imprimirse al fallo cuando se actualice alguna de las causas de nulidad previstas en el diverso artículo 81 de ese propio ordenamiento, debe estarse a lo que dispone en ese sentido el Código Fiscal de la Federación por ser este ordenamiento de aplicación supletoria, según su artículo 25, que dispone: ... (se omite por no ser necesario para informar el asunto). Ilustra lo anterior, en lo conducente, la lectura de la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la cual este tribunal comparte el criterio en ella contenido, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página trescientos nueve, que dice: ... (se omite por no ser necesario para informar la litis). En estas condiciones, a fin de determinar los efectos que deben imprimirse a las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se hace necesario hacer alusión a lo que disponen los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, mismos que a la emisión de la sentencia controvertida disponían: ... (se omiten por no ser necesario para informar el asunto). Conforme a dichos numerales, la nulidad de los actos administrativos se actualiza en razón de lo siguiente: a) Por incompetencia del funcionario que haya dictado u ordenado el acto o del que tramitó el procedimiento del que derivó éste; b) Por la violación sustancial de fondo en razón de que los hechos que motivaron la resolución definitiva impugnada no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, además, la contravención de las disposiciones aplicables e incluso de aquellas que debiéndose aplicar se omitieron; c) Por omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación del acto administrativo o por vicios del procedimiento, esto siempre que afecten las facultades del particular y trasciendan al sentido de la resolución administrativa; d) Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. En estas condiciones, si la naturaleza de la violación consiste en haber invocado en el oficio citatorio número SRO-999/97, de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, los artículos 288, 316, 329 y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el efecto de prevenir al servidor público citado para que realizara determinadas conductas, ello constituye una violación de carácter formal si las disposiciones contenidas en los preceptos no se hicieron efectivas, porque la conducta del servidor público no se ajustó a los motivos de incumplimiento relativo a las prevenciones. Esto es así, porque el servidor público estuvo en aptitud de conocer las irregularidades que le eran atribuidas, comparecer a la audiencia, pronunciar sus alegatos en contra de éstas y exhibir sus pruebas para desvirtuarlas, por lo que en tales circunstancias no se afectan las defensas del servidor público ni se trasciende al sentido de la resolución administrativa dictada en el procedimiento disciplinario. Precisado lo anterior, este tribunal estima que le asiste la razón a la recurrente en el agravio que se analiza por las siguientes consideraciones. Como se desprende de la transcripción efectuada de la resolución recurrida, la Sala responsable decretó la nulidad de todo el procedimiento ya que si bien la violación al artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es una violación de forma, ello no implica que en el caso en estudio tenga como efectos el que la autoridad reponga el procedimiento administrativo, pues es a la autoridad administrativa a quien en uso de sus facultades y encargada de sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad, tiene la responsabilidad de determinar si inicia o no nuevamente el procedimiento en cuestión. En mérito de lo anterior y de los antecedentes relatados, en concepto de este órgano colegiado, se llega a la conclusión de que los argumentos expuestos en el primer concepto de agravio son fundados. En efecto, no se infringió lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos desde el inicio del procedimiento, porque el apercibimiento de que fue objeto el actor, en términos de lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no se materializó. Ciertamente, la invocación de los preceptos legales referidos en el citatorio no cobraron vigor en razón de que sí compareció a la audiencia el servidor público y ofreció pruebas y formuló alegatos, por lo que la expresión de los numerales del Código Federal de Procedimientos Civiles que se invocaron en el citatorio no le deparó perjuicio alguno, puesto que la conducta que sustenta su enunciación no se llevó a cabo y, por ende, la fundamentación aludida tampoco causó agravio, de ahí que por esa invocación y ante la falta de materialización de la norma, en modo alguno trasciende o modifica el procedimiento que se sigue ni el sentido de la resolución que se llegase a pronunciar, sin perjuicio de que esos mismos numerales se invoquen en diversa actuación del mismo procedimiento y sí se apliquen, pues la condición para que pueda tenerse como que influyen en el procedimiento o en la sentencia será que efectivamente se apliquen e influyan en alguna etapa del procedimiento que se esté llevando a cabo o de la resolución que se llegase a emitir. Por estas razones, debe estimarse infundado el argumento de que la Sala responsable, de manera ilegal, declaró la nulidad del citatorio impugnado y, en consecuencia, del procedimiento que derivó, por el simple hecho de que se hayan invocado preceptos legales cuya supletoriedad no procedía, en razón de que únicamente sirvieron para fundamentar un apercibimiento que no tuvo vida jurídica ante la ausencia de la conducta a que se encontraba supeditado y, por ende, no se materializó. En estas condiciones, la violación es de carácter formal y no afecta las defensas del servidor público, pues ésta estuvo en aptitud de conocer las irregularidades que le eran atribuidas, compareció, exhibió sus pruebas y alegatos para desvirtuarlas; por tanto, este señalamiento no trascendió al sentido de la resolución administrativa dictada en el procedimiento disciplinario, de ahí la ilegalidad que se provoca al haberse decretado la nulidad de la resolución impugnada con base en ello. Lo anterior se afirma porque como lo señala la recurrente, no se advirtió en qué forma se afectaron las defensas de María Teresa Cruz Olvera, al haber fundado el citatorio en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni en qué forma trascendieron tales violaciones al sentido de la resolución administrativa. Orientan el sentido de la presente determinación, en lo conducente, las tesis que a continuación se invocan: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA DEPENDE NO SÓLO DE LA EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DEMANDA SINO, ADEMÁS, DE QUE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS SE HAYAN APLICADO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO E INFLUIDO EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA.’ (se omite porque se transcribe al examinar el tema propuesto) (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, septiembre de 2002. Tesis: 2a./J. 98/2002. Página: 271). ‘AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SI NO SE ACTUALIZÓ EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, O SI ESA APLICACIÓN NO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL ACTO RECLAMADO O SE PRESENTÓ EN UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.’ (se omite por no ser necesario para informar la litis) (Novena Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, julio de 2002. Tesis: I.3o.C.33 K. Página: 1247). Así las cosas, al resultar fundados los argumentos expresados por la autoridad recurrente, que han sido examinados y suficientes, lo procedente es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Superior deje insubsistente dicha sentencia y ordene a la Sala ordinaria emita otra con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos expuestos en este considerando procediendo al examen de las demás cuestiones a que haya lugar. Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos vertidos en los agravios de las autoridades recurrentes, en virtud de que en nada variaría el sentido alcanzado en esta ejecutoria, ni obtendría un mejor beneficio del ya pronunciado por este tribunal."

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal número RF. 247/2003, el doce de marzo de dos mil tres, sostuvo las consideraciones que a continuación se reproducen:

"En otra parte de los argumentos que en vía de agravio expone la promovente del recurso, manifiesta que la Sala no funda ni motiva por qué al aplicarse, en la especie, una ley supletoria diferente a la prevista e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17794-ff369db3/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-la-aplicacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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