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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO LABORAL. PARA DECIDIR SI EL TRABAJADOR ESTÁ EN PELIGRO DE NO PODER SUBSISTIR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE GARANTÍAS, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE RESOLVER CON LAS PRUEBAS DEL EXPEDIENTE O LOS DOCUMENTOS QUE LE ALLEGUEN LAS PARTES, PERO SIN FORMAR INCIDENTE, SINO DE PLANO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17346
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 450.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de resolver si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el recurso de queja 50/96, sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:

"CUARTO. Son fundados, en lo esencial, los anteriores agravios, pues una recta interpretación del párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Amparo que dice: ‘Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.’; permite establecer que la potestad otorgada a las Juntas para negar la suspensión cuando a juicio de su presidente se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir en tanto se resuelve el juicio de garantías, no puede, por ningún motivo, ejercerse en forma indiscriminada, pues sólo cuando no se aporte dato alguno que permita establecer con certeza si el obrero tiene o no un ingreso económico por cualquier concepto que le permita subsistir en tanto se dicta la resolución en el fondo del amparo, entonces sí será correcta la negativa de la suspensión, pues es claro que en tal caso la patronal no cumple con la carga de la prueba que le corresponde de demostrar aquel extremo. En cambio, si ésta ocurre ante la Junta a ofrecer pruebas precisamente para allegarse elementos que le auxilien a normar su criterio antes de resolver al respecto, es inconcuso que el órgano jurisdiccional debe respetar la garantía de defensa que a favor de todos los gobernados consigna el artículo 14 constitucional y, en forma sumarísima, proceder al desahogo de las pruebas ofrecidas al respecto, cuidando siempre la expeditez de dicho procedimiento para resolver así en forma justa y apegada a derecho. En consecuencia, al proceder en sentido inverso, la autoridad de mérito causa el consiguiente agravio que debe repararse ordenando que se modifique la resolución combatida y se otorgue un plazo prudente tanto al quejoso para que presente a sus testigos como a la fuente de trabajo donde se dice viene laborando el obrero, para que rinda el informe requerido, con los apercibimientos que estime prudentes."

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA RESPONSABLE TIENE OBLIGACIÓN DE PROVEER LO CONDUCENTE CUANDO LA PATRONAL OFRECE DIVERSAS PROBANZAS PARA NORMAR SU CRITERIO AL DECIDIR SOBRE LA SOLICITUD DE LA. Una recta interpretación del párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Amparo permite establecer que la potestad otorgada a las Juntas para negar la suspensión cuando a juicio de su presidente se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir en tanto se resuelve el juicio de garantías, no puede, por ningún motivo, ejercerse en forma indiscriminada, pues sólo cuando no se aporte dato alguno que permita establecer con certeza si el obrero tiene o no un ingreso económico por cualquier concepto que le permita subsistir en tanto se dicta la resolución en el fondo del amparo; entonces sí, será correcta la negativa de la suspensión pues es claro que en tal caso la patronal no cumple con la carga de la prueba que le corresponde de demostrar aquel extremo. En cambio, si ésta ocurre ante la Junta a ofrecer pruebas precisamente para allegarle elementos que le auxilien a normar su criterio antes de resolver al respecto, es inconcuso que el órgano jurisdiccional debe respetar la garantía de defensa que a favor de todos los gobernados consigna el artículo 14 constitucional y, en forma sumarísima, proceder al desahogo de las pruebas ofrecidas al respecto, cuidando siempre la expeditez de dicho procedimiento para resolver así en forma justa y apegada a derecho." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, octubre de 1996. Tesis: XIX.1o.8 L. Página: 623).

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja 9/2002, promovido por Embotelladora Aga, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo conducente expuso:

"QUINTO. Los anteriores agravios son infundados e inoperantes en parte, y fundados en otro aspecto, ello por las razones siguientes:

"Aduce la recurrente que el presidente responsable al resolver sobre la suspensión planteada, hace caso omiso a la forma en que se solicitó la misma, es decir, en vía incidental con el fin de probar que la subsistencia de los actores del juicio laboral de origen no peligraba; y que aun cuando los artículos 170 y 174 de la Ley de Amparo no prevén la apertura del incidente de suspensión, tampoco lo prohíben ni disponen que no se lleve a cabo, debiéndose, por ende, aplicar por analogía lo señalado por los diversos numerales 131, 132 y 133 de la referida legislación.

"Lo anterior es infundado e inoperante; infundado, en virtud de que del escrito de demanda de amparo formulado por la ahora recurrente -el cual se invoca como hecho notorio y se tiene a la vista por haberse turnado para su trámite en ese Tribunal Colegiado, asignándosele el número 67/2002-, no se observa la petición de la medida suspensional requerida por el quejoso, en la forma y para los fines que ahora menciona, sino que la solicitó en los términos que a continuación se insertan (folio 43 del amparo directo 67/2002):

"‘Incidente de suspensión del acto reclamado. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 170 y 174 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado se promueve ante la autoridad responsable ordenadora.’

"Petición que tampoco se desprende del ocurso mediante el cual allegó ante la responsable el citado libelo de amparo (folios 95 y 96):

"‘II. Igualmente, con fundamento en los artículos 170 y 174 de la Ley de Amparo, promuevo ante usted, como autoridad responsable, el incidente de suspensión del acto reclamado para los efectos de que las cosas guarden el estado que actualmente tienen y se conceda la suspensión solicitada. Solicito que la suspensión se conceda sin que tenga necesidad de garantizar la subsistencia de los terceros perjudicados, ya que los mismos no lo requieren, de acuerdo con las actuaciones que se llevaron en este juicio y que éstos con el sueldo que manifestaban ganaban, no están en peligro de poder subsistir y, además, quedó acreditado que cuentan con los medios propios jurídicos y económicos y que trabajaban para laborar en forma independiente; por lo que, en su caso, se deberá decretar únicamente para los posibles daños y perjuicios que se les pudieran ocasionar a los terceros perjudicados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido: ...

"‘Cuarto. Se tenga a Embotelladora AGA, S.A. de C.V., promoviendo la suspensión del acto reclamado y se conceda en los términos solicitados.’

"Como se ve, no hizo mención alguna sobre su intención de probar incidentalmente que resultaba innecesario garantizar la subsistencia de los trabajadores. Tampoco la circunstancia de que en el rubro del capítulo correspondiente hubiere hecho mención de la palabra ‘incidente’, al igual que en el escrito al que adjuntó el amparo promovido, puede considerarse suficiente para dar curso al trámite incidental que ahora refiere, dado que los numerales 170 y 174 de la Ley de Amparo, que también invoca en esos apartados, no contemplan el trámite de la suspensión en vía incidental, luego, al no haber precisado que su finalidad era aportar pruebas conducentes a evidenciar que era innecesario garantizar la subsistencia de los actores ni hacer referencia a la aplicación supletoria de los numerales 131, 132 y 133 de la ley de la materia, entonces, el presidente responsable no podía oficiosamente dar curso a un incidente no previsto en la ley y cuya apertura no justificaba expresamente el peticionario; de ahí que al haber pronunciado la resolución suspensional en la forma en que lo hizo, fue correcto y ajustado a lo dispuesto por los artículos 170 y 174, que regulan esa medida en el amparo directo, los que establecen, en lo que atañe a la subsistencia del trabajador, que se otorgará la suspensión de la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar dicha estabilidad cuando ésta peligre, como así se consideró al hacer el análisis respectivo en que se hizo ver que los trabajadores ya no laboran para la empresa demandada y las fechas en que ello aconteció, llegando con ello a la conclusión de que los actores no contaban con los medios económicos para subsistir mientras se resolvía el juicio de amparo.

"Por tanto, no puede establecerse que la antedicha conclusión se haya emitido sin fundamento o motivación, puesto que a juicio del presidente responsable, como así lo contempla el ordinal 174 de la Ley de Amparo, el que los actores ya no laboren es razón suficiente para considerar que sí peligra su subsistencia durante el trámite del amparo por no contar con los medios económicos para ello.

"Consideración que no puede variar con las pruebas que, cita el inconforme, obran en el juicio laboral, referentes al sueldo que manifestaban ganar los trabajadores y porque cuenten con medios propios jurídicos y económicos para laborar en forma independiente, puesto que sobre este aspecto el presidente emitió su opinión, indicando que tales elementos no ponían de manifiesto si los trabajadores podían subsistir o no, sin que en los agravios vertidos en la queja rebatiera el quejoso esa apreciación, misma que se comparte, ya que como acertadamente lo esgrimió la responsable, actualmente los trabajadores ya no laboran en la empresa demandada, de ahí que el salario que en su momento pudieron haber percibido por sus labores desempeñadas con la demandada, ya no sigue ingresando a su patrimonio precisamente por haberse rescindido la relación laboral que generaba tal ganancia, de lo que se deduce que no cuentan actualmente con la cantidad que entonces obtenían como sueldo por su trabajo subordinado. La afirmación de que cuentan con medios propios jurídicos y económicos para laborar en forma independiente, de ninguna manera justifica el extremo que se persigue, en principio, porque debió ser más específico en precisar ante la responsable con qué medio de convicción se ponía en evidencia esa situación y de qué manera hacía factible considerar que permitía la subsistencia de los trabajadores, lo que no hizo, según se infiere de su propia solicitud para obtener la medida suspensional de referencia, transcrita líneas atrás.

"En segundo lugar, porque las probanzas que ahora menciona, a saber, documentos en que los actores solicitaban crédito para hacer las operaciones de venta, documentos de pago de cuotas que uno de los actores, Ramiro Álvarez Lomelí, hacía él directamente, como trabajador independiente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, documentos de facturas que se extendían a favor de los actores por las compras que realizaban y documentos de sus afiliaciones independientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que asegura no fueron objetadas en su oportunidad, no son contundentes para revelar fehacientemente esa subsistencia de los trabajadores durante el lapso que dure la tramitación y resolución del amparo interpuesto, ya que tales documentos tienden a probar cuestiones pasadas y no futuras, como lo es, se reitera, el tiempo que dure el amparo en resolverse, que es lo que importa e influye en la subsistencia referida en el artículo 174 de la Ley de Amparo, resultando, por ende, incierta y desconocida esa estabilidad económica.

"Finalmente, los alegados estados económicos y personales que, indica, guardan los trabajadores, son defensas hechas valer por la empresa recurrente en el juicio laboral de origen, las que evidentemente fueron desestimadas al pronunciarse el laudo que combate en vía de amparo, en el que resultó condenada al pago de las prestaciones vinculadas con el despido injustificado que reclamaron los actores, como empleados que fueron de esa sociedad; aun cuando, efectivamente, lo resuelto en el laudo no es definitivo, por encontrarse sub júdice, atento al amparo en su contra promovido, es hasta que se resuelva el fondo de éste que podrá establecerse la veracidad o no de los puntos puestos a consideración por el inconforme, los que no pueden dirimirse en la cuestión suspensional que con motivo del amparo se promovió, por corresponder, se insiste, al fondo del amparo.

"Al margen de lo anterior, resulta inoperante el analizado argumento de queja referente a la petición en vía incidental de la suspensión, pues cabe decir que el hecho de que no se le hubiera otorgado al recurrente la oportunidad de probar incidentalmente que los actores podían válidamente subsistir durante el trámite del amparo, no lo deja inaudito y sin defensa para justificar ese extremo con los medios convictivos que estime pertinentes, ya que esa es una facultad que puede ejercer en cualquier momento, con la consecuencia, en caso de probar su pretensión, de modificar la suspensión en el aspecto debatido.

"Sin embargo, mientras se dé trámite a lo pretendido por el quejoso y se resuelva lo procedente a ese aspecto, el presidente de la Junta debe ajustarse a la ley y negar la suspensión a fin de que se garantice la subsistencia de los trabajadores.

"En efecto, conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, la suspensión solicitada en amparo directo se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia; esto implica que invariablemente y en forma inmediata a la solicitud de la medida suspensional, el presidente de la Junta, ajustándose a los lineamientos del citado dispositivo, debe negar la suspensión en cuanto baste para garantizar la subsistencia de los trabajadores, aun cuando el quejoso exprese su interés en ofertar pruebas para evidenciar que es innecesario asegurar su manutención, ya que sobre dicha petición debe prevalecer la obligación del presidente establecida en el reseñado numeral, con independencia de que con posterioridad o incluso a la par, se dé trámite a la pretensión del impetrante del amparo.

"Consecuentemente, esto último no impide al referido presidente proceder en los términos aludidos."

Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE SUBSISTIR DURANTE EL TÉRMINO QUE DURE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO, NO IMPIDE AL PRESIDENTE DE LA JUNTA NEGAR LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL MISMO. Conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, la suspensión solicitada en amparo directo se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de garantías, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia; esto implica que invariablemente y en forma inmediata a la solicitud de la medida suspensional, el presidente de la Junta, ajustándose a los lineamientos del citado dispositivo, debe negar la suspensión en cuanto baste para garantizar la subsistencia de los trabajadores, aun cuando el quejoso exprese su interés en ofertar pruebas para evidenciar que es innecesario asegurar su manutención, ya que sobre dicha petición debe prevalecer la obligación del presidente establecida en el reseñado numeral, con independencia de que con posterioridad o, incluso, a la par, se dé trámite a la pretensión del impetrante del amparo. Consecuentemente, esto último no impide al referido presidente proceder en los términos aludidos." (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: III.2o.T.59 L. Página: 1290).

QUINTO. Para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.

Para determinar si existe el conflicto de criterios, a continuación se sintetizan las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados participantes en la presente contradicción.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito considera que la potestad otorgada a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para negar la suspensión del acto reclamado cuando a juicio de sus presidentes se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir en tanto se resuelve el juicio de garantías, no puede ejercerse en forma indiscriminada, por lo que si el patrón ocurre a ofrecer pruebas que auxilien a normar el criterio a seguir, el órgano jurisdiccional debe respetar la garantía de defensa que a favor de todos los gobernados consigna el artículo 14 constitucional y en forma sumarísima proceder al desahogo de dichas pruebas, cuidando la expeditez del procedimiento para resolver en forma justa y apegada a derecho.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en lo que interesa a la solución de este asunto, estimó lo siguiente:

a) El hecho de que no se le hubiera otorgado al recurrente la oportunidad de probar incidentalmente que los actores podían válidamente subsistir durante el trámite del amparo, no lo deja sin defensa para justificar ese extremo con los medios convictivos que estime pertinentes, ya que esa es una facultad que puede ejercer en cualquier momento, con la consecuencia, en caso de probar su pretensión, de modificar la suspensión en el aspecto debatido.

b) Mientras se dé trámite a lo pretendido por el quejoso y se resuelve lo procedente a ese aspecto, el presidente de la Junta debe ajustarse a la ley y negar la suspensión a fin de que se garantice la subsistencia de los trabajadores.

c) Lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, implica que invariablemente y en forma inmediata a la solicitud de la medida suspensional, el presidente de la Junta, ajustándose a los lineamientos del citado dispositivo, debe negar la suspensión en cuanto baste para garantizar la subsistencia de los trabajadores, aun cuando el quejoso exprese su interés en ofrecer pruebas para evidenciar que es innecesario asegurar la manutención del obrero, con independencia de que con posterioridad o incluso a la par, se dé trámite a la pretensión del impetrante del amparo.

Deriva de lo anterior, que sí existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en virtud de que ambos llegaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuestión jurídica, a saber, si la pretensión del patrón de aportar pruebas para acreditar que el trabajador no se encuentra en peligro de subsistir mientras se resuelve el amparo, impone o no al presidente del tribunal del trabajo la obligación de proceder al desahogo de las pruebas ofrecidas al respecto, previamente a resolver sobre la medida suspensional.

Tales Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones distintas, ya que el citado en primer término, considera que el presidente de la Junta responsable, previamente a acordar sobre la suspensión, debe proceder al desahogo de las pruebas ofrecidas por el quejoso, en forma sumarísima, a fin de respetar la garantía de defensa que a favor de todos los gobernados consigna el artículo 14 constitucional; mientras que el diverso Tribunal Colegiado estima que invariablemente y en forma inmediata a la solicitud de la medida suspensional, el presidente de la Junta debe negarla en cuanto baste para garantizar la subsistencia de los trabajadores, sin perjuicio de que con posterioridad, o incluso a la par, se dé trámite a la pretensión del quejoso de ofrecer pruebas al respecto.

Además, los criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos, en razón de que ambos Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus respectivos criterios analizaron un caso concreto semejante, a saber, cuando el patrón demandado en un juicio laboral promueve amparo directo contra el laudo dictado en su contra, solicita la suspensión del acto reclamado y pretende demostrar que dicha medida es procedente porque el trabajador no se encuentra en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Amparo.

Por tanto, se surten los supuestos contenidos en la jurisprudencia 22/92, de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Cabe destacar que no es materia de contradicción el supuesto de si el patrón puede o no aportar pruebas una vez negada la suspensión de la ejecución del laudo por lo que ve al monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, ya que de ello no emitió pronunciamiento alguno el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el que sólo estima que el presidente del tribunal del trabajo debe mandar desahogar las pruebas que al respecto ofrezca el quejoso, previamente a decidir sobre la suspensión, en oposición a lo que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el sentido de que la autoridad en forma inmediata a la solicitud respectiva, debe negar la suspensión ajustándose a los lineamientos del artículo 174 de la Ley de Amparo.

Así, el punto central de la contradicción de criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consiste en dilucidar si el presidente del tribunal del trabajo responsable tiene o no obligación de proceder al desahogo de pruebas ofrecidas por el patrón, respecto a la subsistencia del trabajador, previamente a decidir sobre la suspensión del acto reclamado en amparo directo.

SEXTO. Determinada la existencia de la contradicción de tesis denunciada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer es el que sustenta la presente resolución.

Dado que la interpretación legal de la normatividad aplicable no es suficiente para llegar a resolver el referido punto de contradicción, resulta conveniente atender a la interpretación causal y teleológica de las normas constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado en amparo directo, concretamente, en lo que se refiere a los laudos que benefician a la parte obrera, destacando los artículos 107, fracciones X, párrafo primero y XI, de la Constitución General de la República, así como 173 y 174 de la Ley de Amparo, los cuales prevén:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

"...

"XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito ..."

Ley de Amparo.

"Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

"En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

"Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles."

"Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

"La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado."

De los preceptos constitucionales y legales antes transcritos, se desprende que tratándose del juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo favorable al trabajador, emitido por un tribunal del trabajo, es el presidente de éste quien debe resolver sobre la suspensión de la ejecución de dicho fallo en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, pronunciándose primero sobre su procedencia y después sobre las medidas necesarias para que ésta surta efectos.

El análisis del último numeral citado, lleva a concluir que la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores, dados los valores que con ello podrían afectarse, se rige tanto por principios específicos como por principios generales aplicables a la suspensión del acto reclamado, que por su interdependencia conforman un sistema propio del amparo en materia de trabajo.

Ahora bien, los principios específicos de la suspensión del acto reclamado en materia laboral, atienden a la naturaleza del mismo y a los efectos individuales y sociales que con ella se pueden provocar, de ahí que el legislador haya establecido un mecanismo especial para la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera, el cual data de la expedición de la actual Ley de Amparo, promulgada el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, y publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación, de cuya exposición de motivos resulta relevante lo siguiente:

" ... Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resolución de los conflictos de trabajo, se vería gravemente estorbada si, llevando la equiparación al máximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensión y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio artículo 107 constitucional, dado que ello resultaría antitético contra el carácter que distingue el llamado derecho industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad, y por ello la ejecución de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17346-571fe98e/suspension-del-acto-reclamado-en-amparo-directo-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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