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Modo: Corpus Pro

COSA JUZGADA. NO EXISTE RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UNA COMUNIDAD AGRARIA, CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE FUNDÓ EN EL HECHO DE NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN I, DE LA LEY AGRARIA, SI TAL CRITERIO FUE SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18749
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 519.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el trece de enero de dos mil cuatro el amparo directo 394/2003, promovido por el Comisariado de Bienes Comunales del Poblado San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, respecto del tema materia de contradicción sostuvo:

"CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, es preferente al análisis de fondo de la controversia constitucional planteada, conforme al espíritu que anima el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. El tercero perjudicado sucesión de Sirak Miguel Baloyan Pashgian, por conducto de su autorizado José Antonio Soto Becerra, en escrito de dos de diciembre de dos mil tres (fojas 28 a 31 del expediente de amparo 394/2003), manifiesta: ‘Como la propia quejosa lo señala en los antecedentes de su demanda de amparo, previamente a promover el presente juicio de amparo directo, promovió el amparo directo que se registra con el número de toca AD. 282/2000, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, señalando como acto reclamado la misma sentencia que hoy reclama, de fecha 27 de marzo de 2000, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, en el juicio agrario 584/97, amparo que concluyó con sentencia ejecutoria de sobreseimiento. Es evidente que la comunidad indígena quejosa promueve nuevamente la presente demanda de manera dolosa y especulativa, porque no obstante los razonamientos que señala en sus antecedentes, tratando de convencer al Tribunal Colegiado de que aún está en la oportunidad legal de promover, la realidad es que no lo está. No pasa desapercibido para la parte tercero perjudicada que represento, que por diversos criterios sustentados en la jurisprudencia se han sostenido situaciones particulares en donde puede ser posible la promoción de una nueva demanda cuando no se juzgó el fondo del negocio en el primera (sic), y las circunstancias especiales del caso lo permiten, pero no en el caso de presentar una nueva demanda extemporáneamente, como ocurre en la especie con la demanda que se contesta. A tres años de distancia de la fecha en que se dictó la sentencia que se reclama. Argumenta la quejosa que el primer juicio de amparo directo, número 282/2000, le fue erróneamente sobreseído, porque la jurisprudencia por contradicción de tesis número 27/02-SS de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el criterio legal de que las sentencias agrarias sobre exclusión de bienes comunales deben ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo. Pero resulta que la sentencia del primer juicio de amparo directo No. 282/2000 se dictó en el año 2000, y la jurisprudencia por contradicción de tesis que invoca ahora a su favor se pronunció y publicó en el año 2002, por tanto, lo que la quejosa pretende es equiparable a la aplicación retroactiva de dicha jurisprudencia en contravención al artículo 14 constitucional y en perjuicio del tercero que represento; pues dice que como el primer juicio fue sobreseído con un criterio que posteriormente resultó equívoco, ello le da lugar a promover nuevamente demanda de amparo directo para el efecto de que el Tribunal Colegiado entre al estudio del fondo del negocio que no hizo en el juicio anterior. Lo que resulta a todas luces contrario a la legalidad, pues en concepto de la parte que represento violentaría nuestro sistema de derecho en su conjunto, dando con ello lugar a una cadena o serie de demandas contra un mismo acto reclamado, no obstante haber sido resuelto en última instancia por la autoridad judicial federal, violentando el principio de cosa juzgada que tienen las ejecutorias de amparo emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Sobre todo cuando la demanda que se promueve por segunda o ulterior ocasión resulta a todas luces extemporánea, por haber sido promovido años más tarde de que se resolvió en definitiva el asunto. Pues aun cuando es cierto que nuestro más Alto Tribunal del país ha sustentado el criterio de que el juicio de garantías no es improcedente cuando se reclaman actos que han sido materia de otro amparo que fue sobreseído, por no haber entrado al estudio de su constitucionalidad, pero determina expresa y categóricamente que ante la existencia de circunstancias que hacen improcedente el amparo, tales como la presentación extemporánea de la nueva demanda, tal determinación es considerada como consentida y, por ello, causa ejecutoria, convirtiéndose en irrevocable, en cuyo caso sí es aplicable la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Se reitera que si bien es cierto que existen casos de excepción, las causas de improcedencia de cosa juzgada operan también por diversas circunstancias, y no sólo por la invocada por el quejoso en los antecedentes de su demanda, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria no se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando existan razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia de que el primer juicio haya sido sobreseído, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que dicho acto ha sido consentido al no haber promovido la nueva demanda con la oportunidad que la ley establece, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías por el tribunal que conoce sobre la nueva demanda. Este criterio encuentra sustento legal en las tesis de jurisprudencia que a continuación se invocan, que aparecen publicadas oficialmente la primera de ellas en la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, junio de 1991. Página 287, con el rubro y texto que dicen: «IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS QUE YA FUERON MATERIA DE OTRA EJECUTORIA EN LA QUE SE DETERMINARON EXPRESAMENTE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.» (se transcribe su texto). Y la segunda de ellas correspondiente a la Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte HO. Tesis 1111. Página 767. «COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.» (se transcribe su texto).’

"De la demanda de garantías se aprecia que Daniel Anguiano Huerta, José Olivares López y Federico Santos Espinoza, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del Poblado San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, promovieron juicio de amparo directo señalando como acto reclamado la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, en el expediente número 584/97, en la cual (sic) sentencia se resolvió acerca de la acción de exclusión de tierras comunales que hicieron valer Sirak Miguel Baloyan Pashgian y la empresa Cigarrera de Occidente, en contra de la comunidad aquí quejosa.

"Esto es así, ya que este colegiado declaró improcedente un diverso amparo número 282/2000 promovido por el propio poblado, en ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil (fojas 643 a 667 del juicio agrario 584/97), en donde se dijo:

"‘IV. El presente análisis no se hará a la luz de lo considerado en la sentencia reclamada, ni con base en los conceptos de violación expresados en su contra (las transcripciones que se han efectuado son únicamente por la información que ministran), pues, como enseguida se verá, en el caso se actualiza una causal de improcedencia que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, de acuerdo con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. De la demanda de garantías se aprecia que Gaudencio Ramos Ayala, Elpidio Santos Juárez y José Expectación Flores Ramos, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del Poblado San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, promovieron juicio de amparo directo señalando como acto reclamado la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, en el expediente número 584/97, en la sentencia se resolvió acerca de la acción de exclusión de tierras comunales que hicieron valer Sirak Miguel Baloyan Pashgian y la empresa Cigarrera de Occidente, en contra de la comunidad aquí quejosa. En esa sentencia, en los puntos resolutivos, se dijo: «PRIMERO. Es procedente la exclusión de propiedad particular promovida por Sirak Miguel Baloyan Pashgian y Cigarrera de Occidente, Sociedad Anónima, respecto de los bienes comunales de la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco. SEGUNDO. Se excluyen los predios rústicos denominados Ixtlahuaq e Ixtlahuaque, con superficie total de 8-20-58.895, cuyas medidas y colindancias se precisan en el resultando cuarto de esta sentencia, de los bienes agrarios que fueron reconocidos y titulados a la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derechos que se precisan en la parte considerativa de esta sentencia, propiedad actual de Afife Virginia Bárbara Hourani viuda de Baloyan, Guadalajara Aretesana, S.A. de C.V. y Efraín Miranda Gómez, y para efectos agrarios, propiedad de Sirak Miguel Baloyan Pashgian y Cigarrera de Occidente, S.A. TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes, entregándoles copia certificada de este fallo. Envíese copia certificada de este fallo a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional para su inscripción; de igual modo remítase copia certificada de esta resolución a la asamblea de comuneros de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, por conducto de su órgano de representación legal, para que realice las anotaciones respectivas en el libro de la comunidad. CUARTO. Publíquese esta resolución en los estrados de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente 584/97 como asunto totalmente concluido. QUINTO. Cúmplase ...» (fojas 629 y 630 del expediente agrario). Ahora bien, el numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías es improcedente: contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. ... Por su parte, el artículo 198 de la Ley Agraria, en lo que interesa, dispone: «El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. ...». De lo antes transcrito se colige que para que la acción intentada por la quejosa fuese procedente, se hacía necesario que ésta previamente hubiera agotado el susodicho recurso, porque, como antes se vio, es evidente que la sentencia que aquí constituye la materia del acto reclamado es susceptible de impugnarse, previo a la promoción del juicio de garantías a través del recurso de revisión a que se refiere el numeral antes transcrito, ya que tal dispositivo, como quedó sentado, refiere que es procedente tal medio de impugnación en contra de las sentencias de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, numeral que se complementa con lo dispuesto en el diverso artículo 9o., fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que determina que el Tribunal Superior Agrario es competente para conocer del indicado recurso de revisión. A fin de evidenciar que la cuestión planteada en este caso encuadra en los supuestos normativos de referencia, resulta conveniente reseñar sus orígenes legislativos. La Constitución proyectada en 1916 y promulgada en 1917, no contenía en el artículo 27 disposición alguna que expresamente refiriera a los conflictos por límites, esto es, aquellas controversias que se suscitaban en torno a la identificación de la propiedad rural, a fin de elucidar qué extensión de terreno correspondía a las comunidades, ejidos y pequeños propietarios. Fue a través de la segunda reforma que se dio al numeral 27 constitucional en la que se propuso este tipo de procedimientos, precisamente por iniciativa del senador Wilfrido C. Cruz, la cual fue analizada en sesión de veinte de octubre de mil novecientos treinta y seis, exponiéndose en ésta, en lo que interesa, lo siguiente: «Considerando que en obvio de dificultades el criterio que debe seguirse para la eliminación de los conflictos de límites pendientes, es el de reconocer como válidos aquellos títulos o documentos traslativos de dominio y básicos para la posesión y usufructo o aprovechamiento de tierras cuando aquéllos llenen todos los requisitos legales de la época en que fueron otorgados o cuando en su contra no existan instrumentos que afecten a los derechos en ellos contenidos o sancionados; que si por los términos de dichos documentos no es posible identificar y localizar los linderos de los terrenos en disputa o determinar el derecho consignado en el título, debe atenderse a la distribución equitativa de la tierra de acuerdo con las necesidades de los pueblos contendientes y demás circunstancias que sea necesario tomar en consideración para concederles los elementos naturales de vida indispensables a su sostenimiento hasta donde los permita la extensión de las tierras disponibles; considerando que esta iniciativa sólo puede ser viable mediante una adición al texto del artículo 27 de la Constitución Federal cuyos estatutos fijan las bases de nuestro régimen territorial y jurídico, pues ello implica el establecimiento de una jurisdicción distinta o la vigente para la resolución de las controversias de referencia, jurisdicción que ninguna ley de carácter ordinario podría fijar sin convicción de las disposiciones fundamentales de nuestra organización constitucional. Por todo lo expuesto, vengo a proponer el siguiente: Proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: Se declaran de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales existan entre los diversos núcleos de población y cuyo régimen jurídico proceda de las donaciones, mercedes o repartimientos hechos a los indios por las autoridades de la colonia, cualquiera que haya sido su denominación original, siempre que constituyan terrenos de comunidad. La ley fijará el procedimiento adecuado para la resolución de los conflictos pendientes o la ratificación de los fallos definitivos pronunciados por las autoridades de los Estados y de los convenios que hayan solucionado las contiendas resueltas oyéndose a los Gobiernos Locales, cuando lo pidan para que proporcionen los datos necesarios en los casos a discusión, debiendo tomarse en cuenta los títulos o documentos arreglados a las leyes vigentes en la época de su expedición, siempre que no exista grave contradicción entre los instrumentos que amparen posesiones limítrofes, caso en que habrá que atender preferentemente a las necesidades de los poblados contendientes, de acuerdo con su densidad demográfica, la situación topográfica de las tierras en disputa, su calidad y extensión, así como los demás factores que precise tomar en cuenta para hacer una distribución equitativa de los recursos comunales en litigio ...». En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de diecisiete de diciembre de mil novecientos treinta y seis, se dio primera lectura al dictamen relativo a la iniciativa del senador Wilfrido C. Cruz, antes transcrito, en donde se dijo: «H. Asamblea: A la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa presentada el 20 de octubre último, por el C. Licenciado y senador Wilfrido C. Cruz, a fin de que se adicione el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República, con un inciso en el que se declaren de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales, procedentes de donaciones, mercedes o repartimientos hechos por las autoridades de la colonia, existen entre los diversos núcleos de población, reservando a la ley la fijación del procedimiento adecuado para resolver los conflictos pendientes o la ratificación de los fallos definitivos pronunciados por los Gobiernos Locales, así como los convenios que se hayan celebrado. Se establece en la misma iniciativa que serán oídos los expresados gobiernos, cuando así lo pidieren; que deberán tomarse en cuenta los títulos o documentos arreglados a las leyes vigentes en la época de su expedición, siempre que no exista grave contradicción con los instrumentos que amparen propiedades limítrofes; y que en este último caso se atenderá preferentemente a las necesidades de los pueblos contendientes, de acuerdo con su densidad demográfica, topografía de las tierras en disputa, su calidad y extensión y, en general, tomando en consideración los factores indispensables para una distribución equitativa de los recursos comunales en litigio. El principal fundamento de la adición propuesta es la existencia de numerosos conflictos por límites de terrenos comunales, que no han podido ser solucionados por las autoridades de los Estados, habiéndose creado muy serios problemas de persistencia crónica sostenida a través de varias generaciones, con quebranto de la tranquilidad social y de la debida explotación de esos inmuebles. Como causa de las pugnas mencionadas señala el C. Licenciado y senador Cruz la defectuosidad de los títulos, la carencia de criterio y de coordinación al expedirlos y la indefinida situación jurídica en que se encuentran los llamados terrenos comunales. Los terrenos comunales, tierras de parcialidades o comunidades de indígenas, tuvieron su origen en nuestro régimen territorial por donaciones que la Corona Española hizo a los pueblos de la colonia. El señor licenciado Silvestre Moreno Cora, en su reseña histórica de la propiedad territorial en México, dice: <... Además de estas tierras poseídas en común (fundo legal, ejidos), los pueblos recibieron por donaciones de la Corona, vastas extensiones que continuaron poseyendo casi hasta nuestros días, y que se llamaron tierras de parcialidades o de comunidades de indígenas, las cuales destinaban a ciertos gastos comunes y que tampoco podían ser enajenadas. Tenemos, pues, que además de las propiedades particulares que pertenecían a los indios, las cuales, según acabamos de ver, no podían enajenarse sin licencia de las autoridades, una buena porción del territorio nacional fue destinado a lo que se llamó fundo legal de los pueblos y a los ejidos, quedando todavía una parte de terrenos que se llamaron de comunidad y que estaban destinados a las necesidades comunes de los mismos. Los terrenos de la primera y de la segunda clase, por su propia naturaleza eran inajenables, puesto que constituían por decirlo así los pueblos mismos; los de la tercera lo eran igualmente, por cuanto que poseídos en común en ellos no podía haber propiedad individual ...>. Consumada la Independencia Nacional, se dieron algunas disposiciones aisladas para reducir a propiedad particular determinados terrenos comunales, como las parcialidades de San Juan y Santiago de esta capital, mencionadas por el señor licenciado Moreno Cora. Posteriormente, las Leyes Desamortización y la Constitución de 1857, que privó de capacidad para adquirir o administrar bienes raíces a las corporaciones civiles o eclesiásticas, impusieron la obligación de repartir los terrenos comunales y los ejidos entre los vecinos de los pueblos, reduciéndolos a propiedad individual. Intervinieron en el reparto tanto las autoridades federales como las de los Estados, hasta que llegó a definirse la competencia de la Federación en cuanto a ejidos y terrenos baldíos, quedando confuso este punto respecto a las tierras de común repartimiento. Algunos Estados, como el de Veracruz, según cita del señor licenciado Moreno Cora en su reseña mencionada, dictaron disposiciones para el reparto de terrenos comunales, y ya entonces se presentó la dificultad de haber muchos litigios pendientes por cuestiones de límites entre los diversos pueblos, habiéndose establecido arbitrajes forzosos y otras medidas encaminadas a la resolución de esas pugnas. No obstante los repartos que llegaron a efectuarse, existen todavía un regular número de terrenos comunales, pero ahora contrariamente a las normas del siglo pasado, la Constitución de 1917 ha reconocido capacidad a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, para disfrutar en común de las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o se les restituyeren. Simultáneamente la misma Constitución estableció la nulidad de las enajenaciones de tierras de los pueblos, efectuadas en perjuicio de los mismos y contraviniendo la ley de 25 de junio de 1858, y la restitución y dotación de ejidos. El primitivo concepto de terrenos comunales, en razón al destino de los mismos -gastos comunes-, y a su origen -donación de la Corona-, ha variado y queda reducido a un concepto histórico, ya que ahora, según el texto constitucional citado, esas tierras son las que pertenecen y disfrutan en común pueblos que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, inconfundibles con los llamados por la legislación civil bienes de uso común, que siendo del dominio del poder público, pueden ser aprovechados por todos los habitantes del lugar con las restricciones establecidas por la ley. Ahora bien, es efectivamente cierto, como explica el autor de la iniciativa, que existen desde remoto tiempo conflictos entre pueblos por cuestiones de límites de terrenos comunales, sin que hasta ahora hayan podido solucionarlos las autoridades locales, ya de orden administrativo o judicial. En frecuentes ocasiones, ha habido choques armados y por más que fácilmente se haya podido establecer el orden público, las pugnas continúan latentes, siendo causa de intranquilidad de los pueblos, de dificultades para su organización política y social y de quebranto para la economía regional. Caso típico de esa situación es el Estado de Oaxaca, en el que por largos años se han venido suscitando conflictos de tal género, que en la mayoría de las veces no han podido ser solucionados por el Gobierno Local debido a múltiples circunstancias. Asimismo, en la capital de la República hay viejos litigios con pueblos del vecino Estado de México. De acuerdo con la fracción II del artículo 121 de la Constitución, que establece el estatuto real de los bienes muebles e inmuebles, toca a los Estados la resolución de esas controversias, en consecuencia, también con el artículo 124 de la misma Constitución que reserva a los Estados las facultades que no estén expresamente asignadas en ella a la Federación. Ante la magnitud del problema, los daños que originan su falta de resolución definitiva, la ineficaz práctica de la ingerencia de las autoridades de los Estados y la tensión que el poder público está obligado a prestar al asunto, por su importancia y también porque dentro del movimiento social mexicano problemas de este género, que afectan al campesino y en especial a la población indígena, no deben diferirse por más tiempo, parece acertada y eficaz la solución que propone el C. Licenciado y senador Cruz, declarando esos conflictos de jurisdicción federal, ya que es indudable que la Federación, por sus mayores recursos económicos y técnicos, por su independencia de la política interna de los Estados y hasta por su mayor autoridad moral, como representativa de todo el país, puede decirse que se encuentra en mayores posibilidades prácticas que los Gobiernos Locales para resolver el problema en forma definitiva. Cierto es que por este medio se restringen las facultades de los Estados, bastante mermadas ya; pero este argumento tiene que ceder cuando hay motivo justificado y fundado para una nueva restricción. La comisión dictaminadora estima solamente, que a fin de que la adición propuesta sea más efectiva y tenga un alcance más general, conviene que no se limite a las controversias de límites de terrenos comunales, cuyo origen provenga de dotaciones de la época colonial, sino que comprenda todos los casos en que los pueblos guarden un estado comunal, ya por el origen mencionado, o bien, como consecuencia de la aplicación de las leyes vigentes, toda vez que el concepto de terrenos comunales ha variado y que la misma razón hay para diferir a la Federación el conocimiento de los viejos conflictos existentes, que el de los que puedan aparecer en lo sucesivo. Declaradas de jurisdicción federal las controversias de que se trata, faltaría definir qué clase de autoridades federales deberían abocarse al conocimiento y resolución de aquéllas. En el texto de la adición propuesta no se especifica este punto, pero en la parte considerativa de la misma se menciona la conveniencia de dar intervención decisiva al departamento de asuntos indígenas de reciente creación y, por otra parte, el C. Licenciado y senador Cruz ha recibido la opinión del citado departamento en el sentido de que deberá ser el presidente de la República quien resuelva finalmente esos conflictos. Conviene dejar expresamente definido este punto, porque si solamente se hace la expresada declaración, en estricto rigor tendrá que entenderse que son del resorte del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una controversia de derecho. Dentro de las serias dificultades que presenta la caracterización intrínseca y no puramente formal de la función administrativa y de la jurisdiccional, puede establecerse, como afirma el señor licenciado Gabino Fraga en su obra titulada Derecho Administrativo, que la primera está constituida por la actividad del Estado que se realiza bajo un orden jurídico y que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para casos individuales, distinguiéndose la función administrativa en que no supone una situación preexistente de conflicto, ni interviene con el fin de resolver una controversia para dar estabilidad al orden jurídico, como la jurisdiccional. La función administrativa, dice el autor mencionado, es una actividad ininterrumpida que puede prevenir conflictos por medidas de policía, pero cuando el conflicto ha surgido se entra al dominio de la función jurisdiccional. Los elementos esenciales de esta última, según asienta el expresado autor, son: la preexistencia de un conflicto; la decisión que venga a ponerle fin, restituyendo y haciendo respetar el derecho ofendido; y la autoridad de cosa juzgada de esa decisión, como presunción absoluta de verdad que no admite prueba en contrario. Nuestra Constitución establece la división tripartita de poderes y la prohibición de que dos o más de éstos se reúnan en una sola persona o corporación, y consagra como garantía individual que a nadie podrá privarse de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Fuera de los conflictos de capital y trabajo, que por su especial naturaleza son del resorte de la autoridad administrativa por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y de los asuntos agrarios, a los que se ha dado el carácter de expropiaciones por causas de utilidad pública, no hay en nuestro sistema constitucional otra clase de controversias de derechos con las características de los actos que son materia de la función jurisdiccional que competen al poder administrativo. Así pues, el conocimiento y resolución de las controversias por cuestiones de límites de terrenos comunales, estrictamente cae en la esfera de lo jurisdiccional y no de lo administrativo, esto es, corresponde a los tribunales federales y no al Ejecutivo. Sin embargo, la urgencia de resolver esas controversias a la brevedad posible, y lo lento y complicado de los procedimientos judiciales que implicarían dos instancias, además de la posibilidad de llegarse hasta el juicio de amparo, llevan a pensar en un camino más expedito y rápido dentro del orden constitucional, como podría ser el siguiente: facultar al presidente de la República para abocarse el conocimiento de los conflictos por cuestiones de límites y proponer a los interesados la resolución definitiva procedente; si se conformaren con ella, darle el valor de decisión definitiva e irrevocable, con toda la fuerza de cosa juzgada; en caso contrario, cualquiera de las partes contendientes o todas podrían reclamar la resolución del Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en única instancia y en procedimiento rápido que fijara la ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18749-16f57d66/cosa-juzgada-no-existe-respecto-de-una-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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