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Modo: Corpus Pro

BIENES COMUNALES. LOS PROPIETARIOS DE PREDIOS ENCLAVADOS EN TERRENOS CONFIRMADOS O RECONOCIDOS A UNA COMUNIDAD AGRARIA, QUE CUENTEN CON TÍTULOS DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, NO TIENEN QUE PROBAR LA POSESIÓN CALIFICADA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 252 DE LA DEROGADA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18524
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 602.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el once de septiembre de dos mil tres, el amparo directo 192/2003, promovido por la comunidad indígena San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, respecto del tema materia de contradicción sostuvo:

"En otro aspecto, de la sentencia reclamada se advierte que el Tribunal Agrario responsable, respecto de la acción de exclusión intentada por la ahora tercera perjudicada, consideró toralmente lo siguiente:

"‘Cabe precisar que para que prospere la acción de exclusión se deben determinar los requisitos a cubrir, conforme a lo que establecen los artículos 66 del Código Agrario de 1942 y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que al efecto establecen: (los transcribe). Así como lo resuelto en la tesis que a la letra se transcribe: «PEQUEÑAS PROPIEDADES COMPRENDIDAS EN TERRENOS TITULADOS COMO COMUNALES, LOS DUEÑOS O POSEEDORES, PREVIAMENTE AL AMPARO, DEBEN PROMOVER EL PROCEDIMIENTO QUE PREVIENEN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 13 DEL REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE BIENES COMUNALES.» (la transcribe) De lo anteriormente transcrito se desprende que los requisitos son los siguientes: a) que ocurra el promovente a solicitar la exclusión de los terrenos; b) demostrar la propiedad con título debidamente legalizado o bien, poseer el predio materia de la exclusión a nombre propio y a título de dominio de manera continua, pacífica y pública; c) que la superficie no rebase el límite fijado para la propiedad inafectable; o en su caso, d) demostrar que se ha poseído el predio cuando menos cincos años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del cuerdo (sic) que inicie un procedimiento agrario. SÉPTIMO. ... Ahora bien, de un análisis minucioso realizado a las pruebas aportadas, se concluye que por lo que se refiere al primer requisito de procedibilidad para que prospere la acción de exclusión, María Frania Padilla Padilla lo acredita, ya que no se puede tomar como referencia para que la actora haya promovido la exclusión de tierras, la fecha en que se ejecutó la resolución presidencial, dado que no hay evidencia alguna que nos lleve a concluir que la demandante se haya enterado en esa época de la emisión y ejecución de la resolución presidencial de doce de noviembre de mil novecientos setenta, pues es hasta el seis de enero de mil novecientos noventa y nueve en que es demandada por la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, en el diverso expediente 11/15/99 y emplazada el quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por tanto el plazo de los cinco años comienza a correr en la fecha en que se hizo sabedora del contenido de la resolución presidencial aludida ... En razón de lo anterior, se concluye que María Frania Padilla Padilla solicitó en tiempo y forma la exclusión del predio materia de la litis, en consecuencia devienen infundadas las excepciones de falta de acción y de prescripción planteadas por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria. Por otra parte, a fin de acreditar la propiedad de la superficie materia de la exclusión María Frania Padilla Padilla exhibió las escrituras números 5758 y 5759 del siete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, visibles a fojas 8 a 12, de cuyo contenido se advierte que la promovente de la exclusión compra a Laura Hermelinda, Jorge Alberto y Miguel Ángel todos de apellidos Pérez Partida los predios «sin nombre» y «Agua Prieta» (aquí relata historia, medidas y linderos de los predios) ... el terreno materia de la exclusión es una auténtica propiedad, ya que el predio «sin nombre» fue detentado con esa característica desde antes de mil novecientos treinta y seis, por lo que al constituir el predio «sin nombre» una propiedad de origen, dicho terreno se podía comerciar, toda vez que la resolución presidencial se emitió el doce de noviembre de mil novecientos setenta, y se ejecutó hasta el día veinte de marzo de mil novecientos setenta y dos, ya que es a partir de la diligencia de posesión definitiva, cuando el núcleo de población se convierte en propietario de las tierras que efectivamente posee y es hasta entonces que a la tierra se le imponen modalidades y limitaciones que prescriben las leyes agrarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 del Código Agrario de 1942. ... En tal virtud, se concluye que el terreno denominado «Agua Prieta» es una auténtica propiedad particular, ya que dicho terreno fue detentado con esa característica desde antes de mil novecientos sesenta y tres, por lo que dichos bienes se podían comerciar, toda vez que la resolución presidencial se emitió el doce de noviembre de mil novecientos setenta, y se ejecutó hasta el día veinte de marzo de mil novecientos setenta y dos, ya que como se dijo, es a partir de la diligencia de posesión definitiva, cuando el núcleo de población se convierte en propietario de las tierras que efectivamente posee y es hasta entonces que a la tierra se le imponen modalidades y limitaciones que prescriben las leyes agrarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 del Código Agrario de 1942, que dice. (lo transcribe). Aunado a lo anterior el hecho de que la solicitud de tierras, no fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el día veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y cinco, lo que se evidencia de las documentales que obran a fojas 13 a 21, por lo que no se podían imponer todavía modalidades ni limitaciones a la superficie confirmada y titulada. En razón de que la promovente de la exclusión cuenta con títulos debidamente requisitados, ya que acredita que los terrenos materia de la exclusión se tratan de una propiedad de origen y dado que la superficie materia de la exclusión se encuentra dentro de lo confirmado y titulado a la comunidad indígena de referencia, lo que se evidencia del resultado de la prueba pericial a cargo del perito común de las partes, que adminiculada al informe técnico rendido por la brigada de ejecuciones adscrita a este unitario, hace prueba plena de acuerdo a lo que disponen los artículos 197 y 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles (transcribe parte del dictamen). De lo transcrito se evidencia que efectivamente el terreno materia de la exclusión, se encuentra dentro de lo titulado y confirmado a la comunidad indígena de que se trata, por tanto, procede se excluya la superficie consistente en 8,438.28 metros cuadrados, ya que como se dijo, los predios se amparan con documento legal, y la citada resolución presidencial contiene la cláusula de exclusión, además que la superficie no rebasa el límite fijado para la propiedad inafectable establecido en el artículo 104 del Código Agrario de 1942, que en lo conducente dispone: (lo transcribe). En tal virtud, procede la exclusión del predio materia de la solicitud promovida por María Frania Padilla Padilla. Por tanto, la comunidad indígena San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, deberá respetarle a María Frania Padilla Padilla la propiedad de la superficie que amparan los documentos relacionados en párrafos precedentes, toda vez que se acreditó que los predios adquiridos por la persona mencionada, son una propiedad con títulos debidamente requisitados, en tal virtud se condena a la comunidad indígena de referencia a respetar dichos terrenos.’.

"Ahora bien, la comunidad indígena quejosa aduce, medularmente, que el Tribunal Agrario responsable no atendió el hecho de que la solicitante de la exclusión, conforme a lo que preceptúan los artículos 66 del Código Agrario y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, debía probar no sólo que contaba con títulos debidamente requisitados sino que además tenía que acreditar la posesión de la superficie del terreno a excluir, cuando menos cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la solicitud de confirmación y titulación de bienes comunales efectuada por el poblado quejoso; esto es, que para la procedencia de la exclusión de un predio inmerso en terrenos comunales no bastaba con mostrar un título de propiedad, sino que además se tenía que probar la posesión del bien; y que al no haberse demostrado, la responsable debió declarar improcedente la acción de exclusión.

"El sintetizado concepto de violación, como ya se dijo, suplido en su deficiencia en la medida que lo requiere, conforme lo establecen los artículos 76 bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.

"En efecto, el Magistrado responsable inadvirtió que los preceptos 66 del Código Agrario y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establecen los requisitos que deben satisfacerse, para la procedencia de la acción de exclusión de bienes titulados y confirmados.

"Al respecto, resulta importante precisar que el artículo 16 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, en vigor a partir del seis de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, disponía:

"‘Artículo Decimosexto. Los propietarios o poseedores de pequeñas propiedades incluidas dentro del perímetro de terrenos comunales confirmados, tendrán derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades siempre que las resoluciones confirmatorias respectivas contengan alguno de los puntos resolutivos que enseguida se consignan:

"‘I. Las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de los terrenos comunales que se confirman, quedarán excluidas de esta titulación si reúnen los requisitos establecidos por los artículos 66 y 306 del Código Agrario vigente, a cuyo efecto se dejan a salvo los derechos de esos poseedores.

"‘II. Todas las superficies de propiedad particular que quedaran incluidas dentro del perímetro de los terrenos que se confirman, no serán materia de confirmación en el presente caso. ...’ -lo resaltado es nuestro-

"Por su parte, el artículo 66 del Código Agrario, establecía:

"‘Artículo 66. Quienes en nombre propio y a título de dominio posean, de modo continuo, pacífico y público, tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, tendrán los mismos derechos que los propietarios inafectables que acrediten su propiedad con títulos debidamente requisitados, siempre que la posesión sea cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento agrario.’ -lo resaltado es nuestro-

"Asimismo, el artículo 306 del Código Agrario, decía:

"‘Artículo 306. El Departamento Agrario, de oficio o a petición de parte, iniciará los procedimientos para reconocer y titular correctamente los derechos sobre bienes comunales cuando no haya conflictos de linderos, así como los que correspondan individualmente a los comuneros, teniendo en cuenta lo que se dispone el artículo 66.’ -lo resaltado es nuestro-

"Además, el artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establecía:

"‘Artículo 252. Quienes en nombre propio y a título de dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo continuo, pacífico y público, de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, y las tengan en explotación, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados, siempre que la posesión sea, cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, y no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden en el estado comunal. Tratándose de terrenos boscosos, la explotación a que este artículo se refiere únicamente podrá acreditarse con los permisos de explotación forestal expedidos por la autoridad competente.’ -lo resaltado es nuestro-.

"De los transcritos dispositivos legales, se deduce que los requisitos básicos que exigían los ordenamientos legales vigentes en aquella época, para que procediera la exclusión de una propiedad particular que se encontrara dentro del perímetro de tierras reconocidas, confirmadas y tituladas a una comunidad indígena, en lo sustancial son los siguientes:

"1. Que de conformidad a lo que preceptúa el artículo 16 del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de los terrenos comunales que se confirman, quedarán excluidas de esta titulación si reunían los requisitos establecidos por los artículos 66 y 306 del Código Agrario; y

"2. Que el artículo 66 del Código Agrario y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, establecieron como requisitos indispensables para la procedencia de la exclusión, que el pequeño propietario debía acreditar su propiedad con títulos debidamente requisitados, siempre que la posesión fuera cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que iniciara el procedimiento agrario.

"Como se ve de lo anterior, contrario a lo determinado por el Magistrado responsable, el título que acredita la propiedad del predio a excluir no era suficiente para acceder a las pretensiones del accionante de la exclusión, dado que se exigía, además, la posesión calificada de tal bien, lo que inadvirtió.

"En efecto, el Magistrado responsable no atendió debidamente el aspecto de la posesión en la forma y términos que debía analizarse y comprobarse, ya que, como se adelantó en párrafos que anteceden, la promovente de la acción de exclusión debía acreditar con elementos de convicción suficientes que reunía los requisitos establecidos por los artículos 66 del Código Agrario y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, los cuales exigían como requisitos indispensables para la procedencia de la exclusión que el pequeño propietario acreditara su propiedad con títulos debidamente requisitados, siempre que la posesión fuera cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que iniciara el procedimiento agrario.

"Luego, resulta evidente que el Magistrado responsable inatendió la esencia del aspecto posesorio en la acción intentada conforme a los lineamientos legales aplicables, pues únicamente refirió, en lo medular, que al haberse demostrado la propiedad de origen, a través de los títulos debidamente requisitados -exhibidos por la actora- y dado que la superficie materia de la exclusión se encuentra dentro de lo confirmado y titulado a la comunidad indígena de referencia, procedía su exclusión consistente en 8,438.28 (ocho mil, cuatrocientos treinta y ocho, punto veintiocho metros cuadrados); empero, como quedó apuntado, no basta que la solicitante de la exclusión demuestre contar con el título de propiedad debidamente legalizado, sino que, además, debe acreditar la posesión del bien a excluir, bajo el parámetro de que la misma se acredite cuando menos cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de referencia, con las notas distintivas de tal hecho fáctico, como lo son el de que dicha posesión se ejercita a nombre propio y a título de dueño, de manera continua, pacífica y pública; aspectos que el Tribunal Agrario desatendió al emitir la sentencia reclamada, pues únicamente consideró como requisito toral el que la actora contara con títulos de propiedad debidamente legalizados.

"Dichos títulos de propiedad, desde luego, no son suficientes para tener por acreditado el hecho posesorio exigido por los preceptos en cuestión; pues al respecto así se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis localizable en la página 13, del Volumen 50 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

"‘AGRARIO. POSESIÓN PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA (66 DEL CÓDIGO AGRARIO DEROGADO). TÍTULOS DE PROPIEDAD NO BASTAN PARA DEMOSTRARLA.’ (se transcribe)

"No sobra señalar que este órgano colegiado en sus diferentes integraciones sostuvo similar criterio al resolver los amparos directos números 294/99, en sesión de tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; 57/2003, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil tres y 102/2003, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil tres.

"En otro contexto, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el argumento de la responsable en el sentido de que al no haber sido publicada la solicitud de reconocimiento y titulación de tierras comunales en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el siete de abril de mil novecientos sesenta y cinco -como quedó precisado en el resultando primero de la resolución en cuestión- según dedujo de las constancias agregadas al sumario, visibles a fojas 13 a 21 -a través de las cuales se observa una copia certificada relativa al referido medio de información-, con lo que, razonó, no se podían imponer modalidades ni limitaciones a la superficie confirmada y titulada. Empero, tal consideración no varía el sentido de este fallo, pues en el caso, no es estrictamente necesario tener a la vista tal publicación, en tanto que debe tomarse en cuenta que la quejosa adquirió los predios materia de la controversia en el año de mil novecientos ochenta y cinco, mientras que la resolución de reconocimiento y titulación se emitió el doce de noviembre de mil novecientos setenta; esto es, si es posterior la compra de los terrenos a la fecha de la referida resolución presidencial, es evidente que la quejosa no cuenta con los cinco años de posesión anteriores a la fecha en que se haya publicado la solicitud de la comunidad indígena.

"En esas condiciones, al ser sustancialmente fundados los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y prescindiendo de las consideraciones y fundamentos que se estimaron incorrectos, dicte una nueva resolución siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, previo análisis del acervo probatorio.

"Como la concesión del amparo tiene por efecto que se nulifique la sentencia reclamada, resulta innecesario que este Tribunal Colegiado estudie los conceptos de violación restantes. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 113, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, de la Quinta Época, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el doce de septiembre de dos mil tres, el amparo directo 195/2003 promovido por la comunidad indígena San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco, respecto del tema materia de contradicción sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:

"Por otro lado, en contestación a lo que sigue alegando la quejosa, el tribunal responsable para declarar procedente la exclusión de propiedad particular promovida en el caso, e improcedente la reconvención intentada por la comunidad indígena de que se trata, sí expresó con claridad y precisión, las razones y circunstancias por las cuales resolvió como lo hizo, tomó en cuenta las pruebas que ofertó la comunidad quejosa y los argumentos de defensa que ésta le hizo valer, e invocó los preceptos legales en que sustentó su resolución, existiendo además adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas; por lo que la sentencia hoy reclamada, sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Resolución que, repítese, se considera correcta, pues como acertadamente lo estimó el tribunal responsable, ningún precepto del Código Agrario, o de la Ley Federal de Reforma Agraria, dispone que no surten efectos legales o son nulos de pleno derecho los contratos de compraventa o cualquier otro acto por el que se transmitan inmuebles, realizados con posterioridad a la fecha de publicación de una solicitud de reconocimiento de bienes comunales. Los artículos 66 del Código Agrario y 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como lo estableció la responsable, únicamente señalan: ‘Artículo 66. Quienes en nombre propio y a título de dominio posean, de modo continuo, pacífico y público, tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, tendrán los mismos derechos que los propietarios inafectables que acrediten su propiedad con títulos debidamente requisitados, siempre que la posesión sea cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario.’ y ‘Artículo 252. Quienes en nombre propio y a título de dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo continuo, pacífico y público, de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, y las tengan en explotación, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados, siempre que la posesión sea, cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, y no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden en el estado comunal. ...’. Como se ve, tales preceptos (que se encuentran incluidos en dichas leyes dentro de los respectivos capítulos sobre bienes afectables), hablan de cuando un poseedor sin título debidamente legalizado tiene los mismos derechos que los propietarios inafectables. En los títulos de esas leyes, que regulan la titulación y deslinde de bienes comunales, no existe disposición alguna que prive de eficacia jurídica a las transacciones posteriores a la publicación de la solicitud o del acuerdo oficioso en el procedimiento de confirmación de bienes comunales. Por tanto, la nulidad que se previene en el artículo 64 del Código Agrario, sobre que: ‘La división y el fraccionamiento de predios afectables se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria, a las siguientes reglas: I. No producirán efectos realizados con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud, o de la del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio ...’, como lo estableció la responsable, únicamente opera respecto a procedimientos de dotación, ampliación, restitución o creación de nuevos centros de población, por estar ese precepto comprendido dentro de esa ley en el respectivo título que se refiere a la dotación de tierras y aguas. Ya así lo señaló con absoluta claridad, como lo dijo el Tribunal Agrario, el artículo 210, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, al establecer: ‘Artículo 210. La división y el fraccionamiento, así como la transmisión íntegra por cualquier título de predios afectables, se sujetarán por cuanto toca a la materia agraria, a las reglas siguientes: I. No producirán efectos los realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de restitución, ampliación, dotación, ni de las relativas a nuevos centros de población en las que se señalen los predios afectables, o de la publicación del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio, ni los que se realicen con posterioridad a la notificación a que se refiere el artículo 332. Los propietarios de los predios que se señalen como afectables en las solicitudes de creación de nuevos centros de población agrícola, podrán ocurrir ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización dentro de un plazo de diez días, contados a partir de la fecha en que sean notificados, exhibir sus títulos de inafectabilidad o bien rendir las pruebas que a juicio de estas autoridades sean bastantes para desvirtuar la afectabilidad atribuida a esos predios, en cuyo caso se mandará tildar la inscripción; de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 328.’ (el subrayado proviene de este colegiado), por todo lo expuesto, es claro pues, que tratándose de resoluciones sobre confirmación y titulación de bienes comunales, no operan los supuestos de ineficacia jurídica previstos por los citados artículos. La razón está en que la ley pretende, por un lado, evitar el ilegal comercio de tierras ejidales o comunales (ya tituladas y reconocidas), para que no se vea obstaculizada en su caso, la restitución que de las tierras correspondientes se haya intentado por los núcleos de población respectivos; y por otro lado, desalentar el fraudulento fraccionamiento de predios afectables, que se pudiera dar respecto de terrenos que ex profeso se hayan solicitado para que de ellos se dote a ejidos o se amplíen los mismos. Tratándose de procedimientos sobre confirmación y titulación de bienes comunales, a la publicación de la solicitud respectiva, no se le da ese alcance de afectar la validez de transacciones posteriores, porque esa acción no tiene efectos restitutorios, sino exclusivamente el de reconocer y titular tierras que la comunidad efectivamente posea en forma pacífica, pública y continua desde antes que presenta la solicitud o se inicia de oficio el procedimiento, y por ello, la resolución presidencial correspondiente establece que quedarán excluidas de la confirmación las propiedades particulares que existan dentro de los linderos titulados a la comunidad agraria, siempre que los interesados cuenten con títulos debidamente legalizados o se encuentren amparados por lo dispuesto en el artículo 66 del Código Agrario. Esto es, basta que la propiedad conste en documento pasado ante fedatario público en ejercicio de sus funciones (escritura pública) inscrito en algún registro público, para que proceda la exclusión, o bien se tiene que acreditar, que se está en el supuesto del artículo 66 del Código Agrario, es decir, que se trata de un poseedor sin título debidamente legalizado, pero que ha mantenido esa posesión desde cuando menos cinco años antes de la publicación de la solicitud de confirmación, a nombre propio y de modo continuo, pacífico y público; pues, la resolución presidencial, no exige que se acrediten ambos supuestos (tanto la existencia de títulos debidamente legalizados, como la posesión calificada de que se habla), sino sólo requiere que se justifique uno u otro. Por consiguiente, si en la especie el inmueble en conflicto está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, como bien particular, desde antes de que se emitiera la resolución presidencial que confirmó y tituló los terrenos a la comunidad agraria (inclusive, existen registros catastrales, como lo señaló el tribunal responsable, en el sentido de que es propiedad particular, desde mil novecientos uno -que ciertamente prueban la propiedad, en tanto que sólo a los que demuestran la titularidad de predios se abren cuentas de esa naturaleza-), es claro, entonces, que sí demostró la procedencia de la exclusión solicitada en el caso, y la improcedencia de la reconvención intentada por la comunidad hoy quejosa, pues de acuerdo con los motivos y razones que expuso el Tribunal Agrario y que aquí se comparten, en autos quedó probada, con pericial y trabajos técnicos informativos, la ubicación e identidad de los terrenos en cuestión, en relación con la escritura y sus antecedentes correspondientes, y que desde hace más de cincuenta años la comunidad no tiene la posesión del predio de mérito (el título virreinal y demás documentos exhibidos por la agraviada, no lo demuestran, como lo sostuvo la responsable). Además de que, también se comparte lo dicho por el Tribunal Agrario en el sentido de que: ‘... deviene infundada la aseveración hecha por el comisariado de bienes comunales en el sentido de que por lo mismo no se puede excluir de los bienes comunales un terreno que no reúne los requisitos de la fracción VIII en sus incisos a), b) y c) del artículo 27 constitucional; además que los mencionados incisos del artículo de referencia no establecen requisito alguno, como lo afirma la comunidad demandada, sino que se trata de causas de nulidad, ya que señalan lo siguiente: «VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierra, aguas pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores (sic) los Estados, o cualquiera otra comunidad, en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el 1o. de diciembre de 1876 hasta la fecha con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento, o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población; c) Todas las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, Jueces y otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población. Quedan exceptuados de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas, en nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas ...». En la especie no se puede declarar nulo el acto jurídico por el que el causahabiente adquirió el terreno materia de la exclusión, dado que no se trata de una enajenación hecha por un jefe político, gober

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18524-10d0dc62/bienes-comunales-los-propietarios-de-predios-enclavados-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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