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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19409
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1210.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 139/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el trece de mayo de dos mil cinco, el recurso de revisión 133/2005 (improcedencia), son los siguientes:

a) La quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la resolución contenida en el oficio número SR-2005/79 de catorce de enero de dos mil cinco, dictada por el subcontralor de Responsabilidades de la Contraloría de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en el expediente de queja administrativa 037/2003 y su acumulada 44/2003.

b) El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal desechó la demanda registrada con el número 237/2005, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico de la quejosa para impugnar en el juicio de garantías la resolución dictada en la queja administrativa que promovió.

Los antecedentes del acto reclamado, son los siguientes:

• La quejosa promovió queja administrativa en contra del actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, por considerar que éste incurrió en diversas irregularidades.

• La autoridad responsable ordenó tramitar la citada queja administrativa que fue radicada con el número 37/2003 a la que posteriormente se acumuló la diversa 44/2003.

• La parte quejosa promovió excitativa de justicia con el fin de que la autoridad responsable resolviera la queja promovida, en razón de que transcurrieron en exceso los seis meses que tiene para hacerlo.

• En el oficio reclamado en amparo se notificó a la promovente que la referida queja fue archivada por no existir elementos para determinar la responsabilidad administrativa del actuario denunciado.

c) El referido Tribunal Colegiado de Circuito, al fallar el recurso de revisión 133/2005 (improcedencia) confirmó el auto que desechó la demanda de amparo con base en las consideraciones esenciales siguientes:

"QUINTO. Son inoperantes los agravios en los cuales la recurrente señala que el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado, por lo cual es violatorio de sus garantías individuales y se le debe conceder el amparo solicitado.

"Lo anterior, en virtud de que en el caso el recurso de revisión se interpuso en contra del acuerdo por el que el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías, por estimarla como manifiesta y notoriamente improcedente. Entonces, la materia del presente recurso versa sobre la procedencia del juicio de amparo y no sobre cuestiones de fondo del mismo, esto es, decidir respecto de la constitucionalidad del acto reclamado y su posible consecuencia: que se conceda el amparo solicitado.

"Por otro lado, son infundados los agravios en los cuales la disconforme afirma que el acuerdo recurrido es incorrecto, porque ‘el recurso de queja’ es intrínsecamente distinto a un ‘procedimiento de denuncia’, pues en el caso, se trata de un ‘procedimiento de queja’ en contra de un funcionario que le causó un grave perjuicio, pues quien se ‘querella’, lo hace en calidad de directamente afectado, como una auténtica parte afectada, por lo cual ‘el recurso de queja’ se establece para determinar si se le han violentado derechos y se relaciona con el derecho a obtener justicia.

"En efecto, en el caso, el antecedente del acto señalado como reclamado es una queja por hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa, atribuidos a un servidor público de la Junta Especial Número Cinco de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, por lo que contrariamente a lo aseverado por la recurrente, no se trata de un recurso, de un procedimiento o de una querella propiamente dicha, sino que se trata de un concepto con naturaleza propia, pues a través de la resolución que se dicte con motivo de la queja, no obtiene que el acto que consideró que vulneró sus derechos quede insubsistente.

"Al respecto, en el artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente para los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal, en términos del precepto segundo transitorio del decreto que expidió la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que derogó a la primera, se establece lo siguiente:

"‘Artículo 49. En las dependencias y entidades de la administración pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

"‘La secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.’

"De lo anterior se advierte que, previo el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público, se requiere de una queja o de una denuncia presentada por el interesado.

"Como se ve, esa queja o denuncia no implica la impugnación de un acto administrativo que tenga como objeto su revocación o modificación, por lo que no puede tener el carácter de recurso; tampoco se trata de un procedimiento, sino de un solo acto que, en su caso, dará lugar al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público.

"Por tanto, se trata de la potestad que tiene una persona para dar noticia a la autoridad competente, de que se ha visto afectada por la conducta de un servidor público, que considera conlleva el incumplimiento de sus obligaciones, para que, en su caso, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y se le imponga una sanción.

"Así, del artículo transcrito se desprende que las personas sólo tienen derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y, las unidades administrativas, la obligación correlativa de recibirlas y, en su caso, iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente en contra del servidor público acusado, quedando obligadas en todos los casos a emitir una resolución e informar a los interesados el resultado de sus investigaciones y gestiones.

"Ahora bien, el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos previsto en el artículo 109 constitucional, pertenece a lo que se conoce como defensa de la Constitución, como un medio de control interno que tiene como principal finalidad, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el objetivo del procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 473, que dice:

"‘RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.’ (se transcribe su texto).

"En consecuencia, si el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos se establece como un medio de control interno, que tiene como finalidad investigar la conducta de los servidores públicos y sancionarlos cuando se demuestre el incumplimiento de sus obligaciones, el que las personas puedan presentar quejas o denuncias en contra de un servidor público, conlleva como únicos derechos para aquéllas: el que se les reciba la queja o denuncia, que se le dé el trámite correspondiente, que se resuelva y que se les haga saber.

"Por tanto, no le asiste la razón a la quejosa cuando afirma que ‘el recurso de queja se establece como un mecanismo previsto para quienes consideren que han sido afectados en su esfera de derechos ... a fin de determinar si en el caso se han o no violentado esos derechos’, que se relaciona con su derecho a obtener justicia y que tiene el carácter de una auténtica parte afectada.

"Lo anterior, en virtud de que la única intervención que tiene la persona que presenta la queja o la denuncia en el procedimiento respectivo, consiste en dar noticia a la autoridad de la conducta de un servidor público que considera el incumplimiento de sus obligaciones, así como que dicha denuncia se resuelva y se le dé a conocer el resultado.

"Efectivamente, la ley de la materia no tutela intereses particulares, sino públicos, dado que la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o un perjuicio directo para quien la presentó, en virtud de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un solo individuo, de tal suerte que la actuación del particular se agota en la queja o en la denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad que de ella conozca, quien está obligada a notificarle el resultado.

"Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. LXXXI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 167, que dice: ‘TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA.’ (se transcribe su texto).

"Así, tal como lo consideró el Juez de Distrito, en el caso, la quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de la resolución recaída a la queja que presentó en contra de un servidor público de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, en consecuencia, para promoverlo en contra del oficio por medio del cual se le dio a conocer dicha resolución, pues en todo caso sólo podría reclamar en la vía constitucional que no se le hubiere dado respuesta a su queja administrativa, o que no le hayan dado a conocer el resultado de la misma.

"Sin que obste a lo anterior, el agravio en el cual la recurrente señala que conforme al sistema jurídico mexicano, por el simple hecho de presentar una promoción ante una autoridad, adquiere el derecho a que la autoridad emita una respuesta debidamente fundada y motivada.

"Lo anterior, en virtud de que ello se refiere al derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, supuesto distinto al que ocupa, relativo a la queja o a la denuncia en contra de un servidor público por el incumplimiento de sus obligaciones, para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 109, fracción II, constitucional.

"Tampoco le asiste razón a la recurrente cuando menciona que tiene un derecho jurídicamente tutelado para exigir la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En efecto, es cierto que en los artículos constitucionales invocados se establecen requisitos que deben observar los actos de autoridad, pero ello se refiere sólo a los actos que trascienden a la esfera jurídica de los gobernados, esto es, actos que producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, regulados por el artículo 14 como privativos o actos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes, que se rigen por el diverso numeral 16 como de molestia.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 71, al Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, página 100, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe su texto).

"Por tanto, para que una persona tenga el derecho para promover el juicio de amparo en contra de un acto que considera no cumple con la debida fundamentación y motivación, es necesario que ese acto le cause un perjuicio en su esfera jurídica.

"Finalmente, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, ello no implica que no tiene derecho a que se le imparta justicia, pues para la defensa de los intereses particulares, existen diversas instancias previstas por la ley, ante las cuales puede acudir para buscar la revocación, la modificación o la anulación del acto del servidor público a quien imputó el incumplimiento de sus obligaciones, incluso, la restitución del daño que, en su caso, considere haber sufrido.

"En consecuencia, resulta evidente que las tesis que invocó la recurrente son inaplicables, pues, como ya se dijo, en el caso a estudio no se duele de que la autoridad responsable no le haya dado respuesta a la queja administrativa que presentó en contra de un servidor público ni que no se la haya dado a conocer, sino lo que reclamó es que la responsable, no fundó ni motivó el oficio por medio del cual le dio a conocer que determinó que no existían elementos para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público y archivar el asunto como concluido.

"Cabe señalar que, en la demanda de garantías se señaló como acto reclamado ‘La resolución contenida en el oficio número SR-2005/79 de 14 de enero de 2005 (el «acto reclamado») emitido por la responsable en el expediente 037/2003 y acumulado 44/2003, por la que se resolvió la queja presentada por mi mandante el 14 de febrero de 2003’ sin embargo, de dicha resolución que corre agregada a foja 22 de autos del cuaderno de desechamiento 237/2005, se advierte que consiste en un documento por medio del cual, el subcontralor de Responsabilidades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le da a conocer la resolución recaída a su queja, y no la resolución misma.

"Lo anterior, podría considerarse como una irregularidad de la demanda motivo de aclaración respecto del acto o de los actos reclamados, empero, si sólo se tiene como tal al oficio por el cual se le da a conocer a la quejosa el resultado de su queja, o si también se tiene con tal carácter la propia resolución recaída a su queja, tal como lo consideró el Juez de Distrito, al ser el primero derivado de la segunda, ‘debe concluirse que si la promovente no tiene interés jurídico para impugnar la resolución aludida, igualmente ocurre con el oficio reclamado’ por lo cual, en nada variaría el sentido de este fallo."

CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que sustentan la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el amparo en revisión 994/95 (improcedencia), son los siguientes:

a) El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la resolución contenida en el oficio número CS/LAFM/QDR/0026/95 de doce de enero de mil novecientos noventa y cinco, dictada por el director de quejas y denuncias de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el cual le comunica el archivo de la queja que promovió contra varios servidores públicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; así como en la resolución del titular de la "Unidad Interna de Control" de esta última secretaría, por el que se archiva la queja administrativa.

b) El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, desechó la demanda registrada con el número 23/95, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico de la quejosa para impugnar en el juicio de garantías la resolución dictada en la queja administrativa que promovió en contra de varios servidores públicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

c) El referido Tribunal Colegiado de Circuito, al fallar el recurso de revisión 994/95 (improcedencia) revocó el auto que desechó la demanda de amparo, con base en las consideraciones esenciales siguientes:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los agravios propuestos por el recurrente.

"En virtud de encontrarse íntimamente relacionados los agravios que expresa dicha parte, por razones de orden y de método se estudiarán en su conjunto.

"El primer agravio que esgrime el recurrente es fundado pues, efectivamente de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 114 de la ley de la materia, el amparo indirecto se pedirá ante Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en la especie, si el agraviado solicitó el amparo en contra de una autoridad administrativa que, evidentemente, no constituye un tribunal de los enunciados, en consecuencia, no es la razón invocada por el a quo fundamento legal para no haber admitido su demanda, pues contrariamente a lo aducido sí se da esa hipótesis de procedencia.

"Por otra parte, el acto que reclamó en la vía de amparo la parte quejosa afecta directamente sus intereses jurídicos, intereses que devienen de un ordenamiento legal pues, efectivamente, la acción de responsabilidad que ejercitó se encuentra consignada en los artículos que menciona (47, 49, 50 y 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) le da derecho al interesado para que pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; y con ellas obviamente iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, y si bien no puede obligarse a las autoridades, ante las que se ventila este tipo de instancias, a necesariamente resolver positivamente la denuncia a través del procedimiento sancionador en contra de los funcionarios denunciados, pues pudiera no encontrar elementos suficientes de juicio para concluir que existe responsabilidad administrativa, esas autoridades sí se encuentran obligadas a emitir una resolución debidamente fundada y motivada en acatamiento del artículo 16 constitucional e informar a los interesados el resultado de sus investigaciones y de sus gestiones, y no únicamente a comunicarles que no procedió su queja, como sucedió en la especie; tal es el sentido que quiso imbuir el legislador en el espíritu de los dispositivos legales citados, pues, inclusive, al reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgó el derecho a los gobernados para impugnar las resoluciones del Ministerio Público, cuando éste decide sobre el no ejercicio y el desistimiento de la acción penal; lo que implica un cambio sustancial en la irresponsabilidad absoluta tutelada antes de la citada reforma.

"Por otra parte, se hace notar que el interés jurídico de los gobernados en este tipo de asuntos, también surge cuando concluido el procedimiento administrativo disciplinario se determina la responsabilidad administrativa de algún servidor público, y que dicha falta haya causado daños y perjuicios a los particulares, que es entonces cuando éstos podrán acudir a las diversas dependencias del Ejecutivo Federal o ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para que una vez que reconozcan dicha responsabilidad, tengan el derecho a que se les indemnice la reparación del daño sufrido en cantidad líquida, sin necesidad de ninguna otra instancia oficial, tal como lo previene el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente.

"Por último, no es cierto que el Juez Federal haya violado en perjuicio de la promovente el contenido del artículo 193 de la Ley de Amparo, respecto a la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, pues si en la especie citó las dos jurisprudencias en el proveído que desechó la demanda, fue en virtud de que trató de ser más ilustrativo, pues en ningún momento mencionó que dichas tesis fueran exactamente aplicables al caso concreto, y sí por el contrario, indicó que por el espíritu que las rige, las citaba.

"En las relacionadas circunstancias, lo único procedente es declarar parcialmente fundados los argumentos contenidos en los agravios que hace valer la recurrente, para el efecto de que se revoque el proveído dictado por el a quo; y, en su lugar dicte otro en el que admita a trámite la demanda de garantías presentada por la parte recurrente."

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: I.4o.A.31 A

"Página: 552

"LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL PROMOVENTE DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD, SÍ TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA QUE SE RESUELVA Y SE LE HAGA SABER. Los artículos 47, 49, 50 y 77 bis, del ordenamiento en cita dan derecho a los interesados para poder presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente; y si bien no puede obligarse a las autoridades ante las que se ventila esa instancia a resolver positivamente la denuncia, dichas autoridades sí se encuentran obligadas a emitir una resolución debidamente fundada y motivada en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional e informar a los interesados el resultado de sus investigaciones y gestiones, y no únicamente a comunicarles que no procedió su queja, tal es el sentido que quiso imbuir el legislador en el espíritu de los dispositivos legales citados, pues inclusive al reformarse el artículo 21 constitucional, se otorgó derecho a los gobernados para impugnar las resoluciones del Ministerio Público, cuando éste decide sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Por otra parte, el interés jurídico de los gobernados en este tipo de asuntos, surge cuando concluido el procedimiento administrativo disciplinario se determina la responsabilidad administrativa de algún servidor público, y que dicha falta haya causado daños y perjuicios a los particulares, que es entonces cuando éstos podrán acudir a las diversas dependencias del Ejecutivo Federal o ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para que una vez que reconozcan dicha responsabilidad, tengan el derecho a que se les indemnice la reparación del daño sufrido en cantidad líquida, sin necesidad de ninguna otra instancia judicial, tal como lo previene el artículo 77 bis de la ley invocada.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 994/95. Arturo Camilo Williams Rivas. 24 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Francisco Alonso Fernández Barajas."

QUINTO. Para estimar existente la contradicción de criterios jurídicos, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, la cual tiene por objeto decidir cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que exista oposición de criterios respecto de cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que tal oposición de criterios surja entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Los anteriores requisitos han sido precisados en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Así, para constatar si se reúnen o no los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis, es necesario resumir las consideraciones esenciales que sustentan el sentido de cada uno de los fallos correspondientes.

A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el trece de mayo de dos mil cinco, el recurso de revisión 133/2005 (improcedencia) confirmó el desechamiento de una demanda de amparo promovida contra la resolución dictada por el subcontralor de Responsabilidades de la Contraloría de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en la cual se ordenó el archivo de la queja administrativa presentada por la parte quejosa (denunciante), en contra de un actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Dicho tribunal confirmó el desechamiento de la demanda, al considerar que la parte quejosa, denunciante en la queja administrativa, carece de interés jurídico dado que no se trata de un recurso o de la impugnación de un acto administrativo que tenga como objeto su revocación o modificación, sino de un medio de control interno, que tiene como finalidad investigar la conducta de los servidores públicos y sancionarlos cuando se demuestre el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que no se tutelan intereses particulares, sino públicos, ya que la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o un perjuicio directo para quien la presentó.

B) En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, el recurso de revisión 994/95 (improcedencia) revocó el auto que desechó la demanda de amparo, al considerar que la resolución del director de quejas y denuncias de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que archiva como asunto concluido una queja administrativa formulada en términos de los artículos 47, 49, 50 y 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sí afecta los intereses jurídicos del denunciante, porque las autoridades se encuentran obligadas a emitir una resolución debidamente fundada y motivada en acatamiento al artículo 16 constitucional e informarle el resultado de sus investigaciones y gestiones y no limitarse a manifestarle que no procedió su queja.

En estas condiciones, sí existe contradicción entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión 133/2005 (improcedencia), y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 994/95 (improcedencia), dado que llegaron a conclusiones diversas respecto de una misma cuestión jurídica, a saber, si el denunciante de una queja administrativa en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene o no interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución que ordena el archivo del asunto, por considerar que es improcedente la queja o que no existen elementos para determinar la responsabilidad del servidor público.

Ambos tribunales llegaron a conclusiones diversas, dado que el primero de los nombrados sostuvo la improcedencia del juicio de amparo, por falta de interés jurídico de la parte quejosa, al considerar que la queja administrativa no constituye un recurso y, por ende, no tutela intereses particulares, sino que tiene como finalidad investigar la conducta de los servidores públicos y sancionarlos cuando se demuestre el incumplimiento de sus obligaciones, cuyo aspecto es de orden público y no representa un beneficio o un perjuicio directo para quien presenta la queja, mientras que el segundo de los referidos tribunales, sostuvo que sí es procedente el juicio de garantías, porque las autoridades se encuentran obligadas a emitir una resolución debidamente fundada y motivada en acatamiento al artículo 16 constitucional e informarle al denunciante de la queja administrativa el resultado de sus investigaciones y de sus gestiones y no limitarse a manifestarle que no procedió su queja.

No obsta la circunstancia de que en un caso, la queja administrativa se refiera a un servidor público de una Junta de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y en otro, a un servidor público de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pues finalmente los órganos encargados de resolver respecto de la responsabilidad administrativa se apoyaron en la misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Lo anterior es así, porque el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 994/95 (improcedencia) se apoyó en los artículos 47, 49, 50 y 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y el Segundo Tribunal Colegiad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19409-39835f69/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-el-denunciante-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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