INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O DEL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el dieciséis de junio de dos mil dos el toca 11/2002, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en esa entidad federativa, en el juicio de amparo 853/2001 promovido por ... sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"QUINTO. En el caso, resulta innecesario el análisis de la sentencia recurrida, así como de los conceptos de agravio hechos valer en su contra por el tercero perjudicado recurrente, toda vez que se advierte, como lo hace valer el promovente de la revisión, que en la especie se configura una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente y aun de oficio, por ser esta una cuestión de orden público, atento a lo dispuesto en la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, aun y cuando no haya sido advertida por el Juez de Distrito. Encontrando apoyo el anterior razonamiento, en la jurisprudencia publicada bajo el número 940, localizable en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. Similar criterio sostuvo al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en su tesis visible en la página 111 del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, DECLARACIÓN DE LA. AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. En atención a que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, conforme al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número 940, publicada en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1989, debe hacerse valer de oficio por el juzgador del amparo, aun cuando las partes no la hayan alegado y esta facultad compete no sólo a los Jueces de Distrito en la primera instancia del juicio constitucional, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de un recurso de revisión, a pesar de que en los agravios no se haga alusión a la causal y de que en la sentencia que se revisa, se haya concedido o negado la protección federal, pues en tal caso, deberá revocarse el fallo recurrido y sobreseerse en el juicio de garantías.’. En efecto, ha de precisarse primeramente, que del examen de la demanda de garantías formulada por el apoderado de la quejosa, se desprende que como acto reclamado se indica la interlocutoria emitida el dos de julio de dos mil uno, por la cual se resolvió el incidente de liquidación de sentencia, resolución reclamada cuya copia certificada es visible a fojas 286 a 294 del expediente de amparo. Se dice que resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que se estima que, en el caso, se actualiza la causal prevista en la fracción XIII del precitado artículo 73 de la Ley de Amparo; lo anterior, en razón de lo que a continuación se expone: El artículo 164 del Código Administrativo del Estado dispone en lo conducente: ‘El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores.’. De lo antes expuesto se advierte que el citado código autoriza al Tribunal de Arbitraje del Estado para resolver en revisión las impugnaciones que se enderecen en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas Arbitrales, en relación al mencionado tipo de conflictos; facultad de conocer en revisión de esas cuestiones que no sólo se circunscriben a resolver sobre el fondo de la controversia planteada a través de ese medio de impugnación, sino también sobre las interlocutorias dictadas en ejecución de laudo, entre otras. Lo anterior se ve aún más reforzado, por el hecho de que el artículo 77 del referido Código Administrativo del Estado dispone que en lo no previsto por dicha legislación o por disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo las leyes del orden común, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho y equidad; luego, si la Ley Federal del Trabajo en su artículo 849 prevé el recurso de revisión en contra de los actos de ejecución dictados por los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, por ende, es factible acudir a esa precisa disposición legal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 77 del Código Administrativo del Estado. Entonces, comparando lo ordenado por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, con lo dispuesto por el artículo 164 del Código Administrativo del Estado, bien puede concluirse que ambos conceptos regulan recursos equiparables entre sí, esto es, el de revisión en contra de los actos de ejecución del laudo, pues ambos artículos hacen referencia a la revisión de los actos de ejecución en comento, por el superior de la autoridad que inicialmente resolvió sobre la cuestión apuntada. Por tanto, ante la existencia de la semejanza expuesta con antelación y conforme a lo preceptuado por el aludido artículo 77 del Código Administrativo, es factible aplicar de manera supletoria lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en relación al recurso de revisión en cita; consecuentemente y en aplicación supletoria de esto último, es evidente que procede el recurso de revisión en contra de la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación de laudo que se dicte en los juicios laborales seguidos por los trabajadores al servicio del Estado, en contra de los funcionarios de alguna unidad burocrática o de la administración. Es decir, el artículo 164 del Código Administrativo vigente en el Estado prevé la existencia de un recurso de revisión respecto de los conflictos seguidos ante la Junta Arbitral para los Trabajadores del Estado; empero, cierto es también que tal ordenamiento legal es omiso en fijar contra qué tipo de resoluciones dictadas en los juicios seguidos ante dicha Junta procede ese recurso, o sea, si contra autos, interlocutorias o laudos, en tanto que no limita ni especifica esa circunstancia de manera alguna; por tanto, con apoyo en el citado artículo 77 del Código Administrativo del Estado debe aplicarse supletoriamente en ese aspecto, concretamente y por equiparación, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de ejecución, pues en ambos recursos se revisa la resolución dictada, para así poder concluir con mayor claridad, que procede el recurso de revisión en contra de las interlocutorias emitidas en relación al aspecto en comento, en los indicados juicios laborales. Ahora bien, se dice que en el caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que no se advierte de las constancias del juicio laboral de origen, aportadas al expediente de amparo, que la resolución señalada como acto reclamado hubiera sido recurrida en revisión ante el Tribunal de Arbitraje, de manera previa a la interposición del presente juicio de amparo, conforme al precitado artículo 164 del Código Administrativo del Estado. Ello es así, puesto que el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Por tanto, previo a la promoción del presente juicio de garantías era necesario que la parte quejosa hubiera interpuesto el mencionado recurso de revisión, en contra de la referida interlocutoria que fue adversa a sus intereses, para que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida; resolución ésta que sería, en todo caso, aquella susceptible de reclamarse en vía de amparo indirecto, mas no la que se reclama, emitida por la Junta Arbitral; de ahí que al no haberse dado cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que el presente juicio es improcedente y debe, desde luego, sobreseerse en el mismo, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo. Consideraciones similares adoptó este propio Tribunal Colegiado de Circuito, en su tesis visible en la página 816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, que dice: ‘REVISIÓN. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN RELACIÓN A LA PERSONALIDAD, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE DICHO RECURSO. El artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado, dispone que el Tribunal de Arbitraje será competente para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores; de donde se sigue que el citado código autoriza a dicho Tribunal de Arbitraje para resolver en revisión las impugnaciones que se enderecen en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas Arbitrales en relación al mencionado tipo de conflictos; facultad que no sólo debe circunscribirse a resolver sobre el fondo de la controversia planteada, sino también respecto de las interlocutorias que decidan acerca de la personalidad de las partes, pues aunque dicho precepto legal es omiso en fijar contra qué tipo de resoluciones procede ese recurso, cierto es también que con apoyo en el artículo 77 del Código Administrativo del Estado, debe aplicarse supletoriamente en ese aspecto, el Código de Procedimientos Civiles vigente en este Estado, concretamente y por equiparación lo dispuesto en el artículo 825, inciso b), en el que se prevé la procedencia del recurso de apelación en contra de los autos que resuelvan sobre la personalidad de las partes, por ser este medio de impugnación de naturaleza similar al de revisión mencionado, pues en ambos recursos se revisa por el superior la resolución dictada por el inferior, siendo así posible concluir que procede el recurso de revisión en comento en contra de las resoluciones emitidas en relación a ese presupuesto procesal en los indicados juicios laborales.’. Semejante criterio sostiene el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su tesis visible en la página 1100 del Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.’. Similar criterio sostuvo también el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en su tesis de jurisprudencia publicada bajo el número 986, visible en la página 678 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el veinticuatro de agosto de dos mil el toca 185/2000, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito de esa entidad federativa, en el juicio de amparo 138/2000 promovido por ... sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. Los agravios expresados por el recurrente resultan infundados. La Juez de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la sentencia aquí recurrida resolvió conceder el amparo a la parte quejosa, quien reclamó de la responsable Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, el acuerdo de tres de febrero del año en curso, mediante el cual resolvió que no había lugar a acordar de conformidad, en relación con el incidente de liquidación de laudo que promovió la actora aquí quejosa, porque el Código Administrativo del Estado que es aplicable, no contempla esa figura, y por disposición del artículo 77 de dicho ordenamiento es aplicable en forma supletoria la Ley Federal del Trabajo, pero únicamente por cuanto al procedimiento se refiere, y el mismo ya había concluido. La Juez de Distrito determinó que del examen del capítulo VII del Código Administrativo del Estado, no se desprende el procedimiento a seguir para la ejecución de laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje o las Juntas Arbitrales del Estado, en tanto que el numeral 77 del citado ordenamiento establece que en lo no previsto en el mismo o en disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente en el orden que indica, en primer término, la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad; siendo que la primera, en el capítulo XIII (del título catorce) contempla por exclusión el incidente de liquidación, que tiene por objeto determinar en cantidad, mediante simples operaciones numéricas, aquellas prestaciones que no lo están, como en el caso lo es el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cinco horas extras dobles. Por lo que la mencionada juzgadora concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el auto reclamado y dicte otro en el que admita a trámite el incidente de liquidación que le fue planteado por la actora, ahora quejosa. La parte tercero perjudicada, aquí recurrente, por conducto de su apoderado expresa como agravios que la resolución recurrida no se apegó a los lineamientos establecidos por la Constitución Federal y el Código Administrativo del Estado, porque si bien es cierto que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en su primera parte, se refiere a los laudos cuando se trate de prestaciones económicas, señalando las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución, también lo es que el mismo precepto únicamente será aplicable para determinar el salario en el supuesto de que no se haya determinado en el juicio, mismo que sirva de base a la condena, mas no para otras prestaciones y, en la especie, se advierte del laudo condenatorio que ya fue establecido el salario en setecientos veinte pesos quincenales; y por lo que toca a la segunda parte del precepto legal invocado, sólo por excepción podrá ordenarse se abra el incidente de liquidación en aquellos casos en que por causas imputables a las partes, las Juntas laborales se encuentran imposibilitadas para cumplir con el precepto en comento, por lo que al no existir el supuesto de excepción, no resulta aplicable el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo. Que es infundada la apreciación de la Juez de Distrito, al señalar que el Código Administrativo del Estado no contempla un capítulo de ejecución de laudos, siendo que sí se establece en el artículo 178 que: ‘Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y serán cumplidas desde luego por las autoridades correspondientes. La Tesorería General del Estado se atendrá a ellas para ordenar los pagos de sueldos, indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas resoluciones.’, es decir, señala como ejecución de los laudos la orden de la citada tesorería, atendiendo a la resolución dictada por la autoridad laboral, sin más que realizar su pago, como se hizo en la comparecencia que realizó el promovente ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para depositar el cheque que cubre todas las prestaciones que estableció el laudo condenatorio de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos con sesenta y cuatro centavos. Por tanto, al existir disposición en el Código Administrativo del Estado para la ejecución de los laudos condenatorios, no resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, porque el hacerlo sería violatorio de garantías, como tampoco las ejecutorias en que apoya el Juez de Distrito su resolución. Los agravios resultan infundados, en virtud de que no es verdad que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo únicamente sea aplicable para determinar el salario en el caso de que no se haya establecido en el juicio, pues dicho precepto ordena: ‘Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.’. De lo que se desprende que la finalidad de dicha disposición, tal como lo resolvió la Juez de Distrito, es que se determinen en cantidad líquida las prestaciones establecidas en un laudo condenatorio, lo que se logra a través del incidente de liquidación, que en el presente caso fue solicitado por el quejoso que se abriera para cuantificar las prestaciones, que según se advierte del laudo condenatorio, consisten en salarios caídos en el periodo que se señala en dicha resolución, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cinco horas extras dobles. Y es evidente que se está en el supuesto del invocado precepto legal, puesto que de su texto no solamente se advierte que exija que se determine el salario que sirva de base a la condena, sino que hecho ello debe cuantificarse el importe de las prestaciones, es decir, calcular su monto, lo que no ocurrió en la especie, porque sólo se estableció la condena al pago de esas prestaciones con base en el salario de setecientos veinte pesos quincenales. Por tanto, la Ley Federal del Trabajo y los demás que se refieren al trámite de los incidentes. Por otra parte, es inexacto que el artículo 178 del Código Administrativo del Estado contemple un procedimiento para la ejecución de laudos condenatorios, ya que el mismo sólo señala que las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad laboral, en el caso, el Tribunal de Arbitraje, como son inapelables, deben ser cumplidas desde luego por las autoridades (que tienen el carácter de patrón), y que la Tesorería General del Estado debe ordenar los pagos de las diversas prestaciones de la condena, pero en momento alguno precisa cómo habrán de cuantificarse esas prestaciones, es decir, cómo deberán realizarse los cálculos relativos y así obtener las cantidades líquidas que deban pagarse y con ello lograr la ejecución de los laudos, pues no puede considerarse, como aduce la parte recurrente, que dicha ejecución sea posible llevarla a cabo legalmente con la sola orden de la citada tesorería, como en el caso tuvo lugar el pago, y originó que la trabajadora quejosa, inconforme, solicitará la apertura del incidente de liquidación, petición a la que recayó el acuerdo reclamado, dado que indebidamente se cuantificaron las prestaciones en forma unilateral por la parte patronal. De ello resulta evidente que sí es aplicable la Ley Federal del Trabajo, así como las tesis que invocó la Juez de Distrito en apoyo a la resolución recurrida."
QUINTO. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es necesario precisar algunos antecedentes de los asuntos en que se emitieron los criterios jurídicos divergentes, así como sintetizar las consideraciones sustentadas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
I. De la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el toca de revisión 11/2002, derivado del juicio de amparo 853/2001 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, destaca lo siguiente:
a) Ante la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, la quejosa ... demandó del gobierno de esa entidad federativa la reinstalación en su empleo, entre otras prestaciones laborales.
b) Dicha Junta Arbitral dictó un primer laudo condenatorio el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y seis, contra el cual la parte demandada interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de Arbitraje del Estado. Este tribunal modificó el laudo impugnado, absolviendo del concepto de reinstalación.
c) La parte actora y quejosa promovió amparo directo y obtuvo la protección de la Justicia Federal, motivo por el cual el tribunal responsable dictó un segundo laudo que nuevamente fue impugnado en revisión por la autoridad demandada y, posteriormente, la resolución recaída a ese medio de defensa ordinario también fue impugnado por la actora quejosa en otro amparo directo, en el cual volvió a obtener la protección de la Justicia Federal.
d) La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado, en cumplimiento del amparo dictó un tercer laudo condenatorio; por su parte, la autoridad de primer grado, Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la fase de ejecución fijó fecha para la reinstalación de la parte actora.
e) El actuario encargado de ejecutar la reinstalación de la parte actora manifestó que ello no fue posible, porque le informaron que el puesto en el que debía efectuarse tal reinstalación no se encontraba previsto en el presupuesto de egresos correspondiente.
f) La parte actora solicitó el seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la indemnización que legalmente le corresponde; posteriormente, promovió incidente de liquidación de laudo, a efecto de cuantificar las prestaciones a que tiene derecho.
g) Por proveído de tres de febrero de dos mil, la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado desestimó dicho incidente de liquidación, y contra ese proveído la parte actora promovió amparo indirecto, del cual conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado (expediente 138/2000), concediéndose a la quejosa la protección de la Justicia Federal mediante sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil, terminada de engrosar el día treinta y uno siguiente.
h) La anterior sentencia de amparo fue recurrida por la parte tercero perjudicada, demandada en el juicio de origen, lo que dio lugar al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el toca de amparo en revisión 185/2000, cuya ejecutoria de veinticuatro de agosto de dos mil, en la que se confirmó la concesión del amparo, es materia de estudio en esta contradicción de tesis.
i) En cumplimiento de la mencionada ejecutoria de amparo, la Junta responsable resolvió el incidente de liquidación de laudo que planteó la parte actora, declarándolo improcedente mediante resolución interlocutoria de dos de julio de dos mil uno (expediente JA/013/95).
j) Tal resolución interlocutoria constituye el acto reclamado en el amparo indirecto 853/2001 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, cuyo titular emitió la sentencia que fue materia del toca en revisión 11/2002, fallado el diecisiete de junio de dos mil dos, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
Con base en los mencionados antecedentes, dicho Tribunal Colegiado de Circuito revocó la sentencia del Juez de Distrito y sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no agotó el recurso de revisión ordinario que prevé el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que dice:
"Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente:
"I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores."
Sobre el particular, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito emitió las consideraciones esenciales siguientes:
> Se advierte que el citado código autoriza al Tribunal de Arbitraje del Estado para resolver en revisión la impugnación de las resoluciones emitidas por las Juntas Arbitrales.
> La facultad de conocer en revisión no sólo se circunscribe a resolver sobre el fondo de la controversia planteada a través de ese medio de impugnación, sino también sobre las interlocutorias dictadas en ejecución de laudo, entre otras.
> El artículo 77 del referido Código Administrativo del Estado dispone que en lo no previsto por dicha legislación o por disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho y equidad.
> Como la Ley Federal del Trabajo en su artículo 849 prevé el recurso de revisión en contra de los actos de ejecución, dictados por los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, resulta factible acudir a la aplicación supletoria de esa disposición legal.
> Al comparar lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, con lo previsto por el artículo 164 del Código Administrativo del Estado, se puede concluir que ambos contemplan recursos equiparables entre sí, esto es, el de revisión en contra de los actos de ejecución de laudo.
> El artículo 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua prevé la existencia de un recurso de revisión respecto de los conflictos seguidos ante la Junta Arbitral para los Trabajadores de esa entidad federativa, y como tal ordenamiento legal no precisa contra qué tipo de resoluciones procede el recurso, con apoyo en el diverso artículo 77 debe aplicarse supletoriamente el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de ejecución.
> En apoyo a su decisión, el referido Tribunal Colegiado de Circuito invocó la tesis que él mismo sustentó, de rubro: "REVISIÓN. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN RELACIÓN A LA PERSONALIDAD, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE DICHO RECURSO.".
II. De la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en el toca de revisión 185/2000, derivado del juicio de amparo 138/2000 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, destaca lo siguiente:
a) El acto reclamado es el proveído de tres de febrero de dos mil, por el que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua negó dar trámite al incidente de liquidación promovido por la parte actora, en el mismo juicio laboral burocrático del que emanó el diverso acto reclamado materia del amparo fallado en revisión por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
b) En otras palabras, el acto reclamado en este asunto es el proveído de la Junta responsable, por el que inicialmente fue desestimado el incidente de liquidación de laudo promovido por la misma quejosa, dentro del juicio laboral de referencia, mientras que el acto reclamado en el diverso amparo del que conoció en revisión el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, lo constituye la resolución que finalmente resolvió dicho incidente.
c) El Juez de Distrito del conocimiento concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Junta Arbitral responsable admitiera a trámite el referido incidente de liquidación.
d) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en su ejecutoria, no expuso consideraciones en el sentido de que no es necesario agotar el recurso de revisión ordinario que prevé el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, ya que tácitamente estimó procedente el amparo y entró al estudio de los agravios formulados por la demandada recurrente, los cuales estimó infundados y confirmó la sentencia que concedió el amparo.
SEXTO. De los antecedentes y consideraciones que han quedado precisados, se advierte que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua.
De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17629-6a6e0c8d/incidente-de-liquidacion-de-laudo-en-contra-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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