RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE NO ESTÁ PREVISTO EN LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, QUINTO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo del Acuerdo del Tribunal Pleno 4/2002, relativo al envío de asuntos de su competencia originaria a las Salas, de fecha ocho de abril de dos mil dos, pues aun cuando el tema divergente se refiere a un tópico común, como lo es la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, en el considerando noveno del citado acuerdo plenario, se estableció "Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido.". Por tanto, aunque la competencia originaria corresponde al Tribunal Pleno dada la finalidad de la contradicción de tesis, resulta competente esta Segunda Sala para conocer del asunto, máxime que existen precedentes sobre el tema cuestionado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo que, respectivamente, dicen:
"Artículo 107. ...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
En el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por uno de los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que evidentemente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario destacar las consideraciones esenciales sustentadas por los órganos colegiados en las respectivas ejecutorias.
A) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco, el amparo en revisión (improcedencia) 102/2005, sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. Son fundados (sic) los agravios hechos valer por el recurrente.
"La Juez Federal en el acuerdo recurrido, desechó la demanda de garantías al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, al considerar que resultaba incuestionable que en el caso se actualizaba dicha causal de improcedencia, en virtud de que en contra del acto que por esa vía se impugnó, a saber, la resolución de trece de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, procedía el recurso de inconformidad, en virtud del cual la resolución podía ser modificada, revocada o nulificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura; asimismo, las sanciones en ella esgrimidas eran susceptibles de ser suspendidas con la interposición de dicho recurso, sin que fuere el caso que se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión que en la ley de la materia, puesto que con la admisión a trámite de dicho recurso quedaba suspendida la ejecución de la resolución impugnada.
"Cabe señalar que la Juez Federal llegó a la determinación anterior, al considerar que de la lectura integral del aviso emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, publicado en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha nueve de octubre de dos mil tres, en el cual se establece que ‘... en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario 13-57/2003, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha 8 de octubre de 2003 ...’, se autorizaba ‘... la adición de un párrafo a las bases segunda y sexta del Acuerdo General 25-30/2003 emitido por este órgano colegiado en sesión de fecha veintiuno de mayo del año en curso, mediante el cual se establece el procedimiento para la sustanciación del recurso de inconformidad previsto por los artículos 210, párrafo tercero y 232, párrafos segundo y tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ...’
"Al respecto, manifiesta sustancialmente el recurrente, que la anterior determinación le causa perjuicio, toda vez que la a quo indebidamente tiene por acreditada la causal de improcedencia consistente en que debió previamente agotar el recurso de inconformidad, no obstante que alega el inconforme el mencionado recurso no se encuentra previsto por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sino por el acuerdo a que se refiere la Juez Federal, y señala que la fuente legislativa a que se refiere la ‘ley federal de amparo, es contraria a la regulada para resolver la presente litis constitucional por la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común para el Distrito Federal vigente, y por razón de jerarquía prevalece la ley federal, por ser la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, una ley local, bajo esta tesitura siendo de mayor rango la ley federal que la local, de acuerdo a la estructura de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en apego a ello en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, debe estar regulado de manera imperativa por la H. Asamblea Legislativa el recurso de inconformidad.’
"Y reitera que en dicha ley orgánica no se regula el recurso de inconformidad citado, sino que el fundamento de la inferior lo es un acuerdo plenario, el cual no se equipara a la ley por no existir norma constitucional que lo faculte para ello.
"Concluye que la Juez Federal pretende fundamentar su decisión en un acuerdo que no tiene la calidad de ley y desconoce el contenido de un mandato legislativo, de tal manera que da mayor jerarquía a un simple acuerdo de carácter administrativo que a una disposición emitida por un Poder Legislativo integrante del Estado con facultades explícitas para legislar, y así invierte la pirámide jurídica propia de un marco de derecho como el del Estado mexicano, para evitar el estudio de una cuestión que afecta a un gobernado en su calidad de funcionario judicial.
"Sobre el particular, debe decirse que no le asiste razón al inconforme, toda vez que si bien es cierto que por medio de un acuerdo se establece el procedimiento para la sustanciación del recurso de inconformidad, ello no quiere decir que dicho medio de defensa no se encuentre previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, toda vez que como se desprende del texto de los siguientes artículos, el citado medio de defensa se encuentra previsto; además de que también se encuentra contemplado que el consejo, por medio de acuerdos generales, tiene la facultad amplia para establecer los mecanismos y medios para combatir las decisiones de la Comisión de Disciplina Judicial.
"‘Artículo 210. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura, los Jueces del fuero común del Distrito Federal, el visitador general, los visitadores judiciales, así como todos los servidores públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.
"‘El órgano encargado de sustanciar los procedimientos e imponer las sanciones por faltas de los servidores públicos de la administración de justicia del fuero común en el Distrito Federal, es el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; por conducto de la Comisión de Disciplina Judicial, en primera instancia.
"‘El consejo, por medio de acuerdos generales, establecerá los mecanismos y medios para combatir las decisiones de la Comisión de Disciplina Judicial, en todo caso el consejo resolverá en definitiva, en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’
"‘Artículo 232. Las sanciones previstas en esta ley serán impuestas por la Comisión de Disciplina Judicial, en primera instancia.
"‘El Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal conocerá de la imposición de sanciones en segunda instancia, pudiendo, en su caso, revisar, revocar o modificar la resolución dictada por la Comisión de Disciplina.
"‘En todo caso el Pleno del consejo resolverá de forma definitiva e inatacable.’
"Consecuentemente, al estar prevista la instancia que en el caso no se intentó con clara violación del principio de definitividad, así como la facultad para normar y reglamentar el procedimiento, es indiscutible que, como acertadamente dijo la Juez, se actualiza la causal de notoria improcedencia del juicio de amparo.
"En primer término, debe decirse que el citado órgano tiene atribuciones para emitir las disposiciones de observancia general que sean necesarias para la exacta observancia de la ley.
"También cabe señalar que la validez de la disposición de un acuerdo, para efectos de aplicación, o bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, está supeditada a que tales disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la materia específica de regulación de que se trate, a más de que se entienden sujetas, asimismo, a los principios jurídicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal que las disposiciones reglamentarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden válidamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los lineamientos normativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben interpretarse y aplicarse en forma armónica sin contrariar los principios rectores que emergen de la propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacía del sistema normativo que rige el orden legal; por consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal exegética, que de manera sistemática armonice los preceptos relativos frente a una interpretación puramente literal que soslaye una adecuada integración jurídica y se desentienda de la supremacía de las normas, de la cual depende precisamente la validez de las mismas, por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez, a otras normas de mayor jerarquía que culminan en la Ley Fundamental del país, la cual entraña la suprema razón de validez del orden jurídico.
"Y es claro que en el caso, la citada adición al acuerdo general, mediante el cual se establece el procedimiento para la sustanciación del recurso de inconformidad, no se opone a los lineamientos normativos contenidos en los artículos 210 y 232, sino que los complementa, como se señala a continuación:
"‘Se autoriza la adición de un párrafo a las bases segunda y sexta del Acuerdo General 25-30/2003 emitido por este órgano colegiado en sesión de fecha veintiuno de mayo del año en curso, mediante el cual se establece el procedimiento para la sustanciación del recurso de inconformidad previsto por los artículos 210, párrafo tercero y 232, párrafos segundo y tercero, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para quedar como sigue:
"‘...
"‘«Segunda. El término para interponer el recurso de inconformidad, será de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que le sea hecha la notificación de la resolución que se recurre.
"‘«En caso de no interponerse el recurso antes indicado, al fenecer el término concedido para hacerlo valer, se procederá a la ejecución y cumplimiento de la resolución dictada por la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
"‘«...
"‘«Sexta. Admitido el recurso por la Comisión de Disciplina Judicial, ésta lo remitirá conjuntamente con el expediente administrativo de que se trate, al presidente del Pleno del consejo para el efecto de que se turne al consejero que corresponda, que no podrá ser aquel que haya integrado la Comisión de Disciplina Judicial que emitió la resolución impugnada, a fin de elaborar el proyecto respectivo, y presentarlo ante el Pleno del consejo para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión respectiva.»
"‘Al admitirse a trámite el recurso de inconformidad, quedará en suspenso la ejecución de la resolución impugnada hasta en tanto se resuelva por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal el mismo y dicha resolución sea notificada al recurrente.
"‘La presente adición tendrá vigencia a partir de su primera publicación en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Para conocimiento de los Magistrados, Jueces, demás servidores públicos del propio tribunal, litigantes y público en general, publíquese por dos veces esta determinación en el Boletín Judicial referido y por una sola vez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su mayor difusión.
"‘Atentamente.
"‘Sufragio efectivo. No reelección.
"‘México, D.F., 8 de octubre de 2003
"‘La secretaria general del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
"‘Lic. Matilde Ramírez Hernández.’
"Por las consideraciones anteriores, resulta infundado el único agravio formulado por el recurrente, y lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido."
B) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 527/2004, en sesión de siete de marzo de dos mil cinco, respecto del tema materia de la contradicción de tesis, sostuvo las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. En su primer agravio, aduce la parte recurrente que la sentencia impugnada es contraria a derecho, por haber aplicado la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que dice el Juez indebidamente sostuvo que en contra del acto de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, debió agotarse el recurso de inconformidad previsto en los artículos 210 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con el Acuerdo 25-30/2003, emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, cuya interposición a consideración del a quo resultaba obligatoria.
"Señala que el recurso en cuestión no se establece en los artículos 210 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y que el Acuerdo 25-30/2003 que prevé el recurso de inconformidad en contra de los actos de la Comisión Disciplinaria del mencionado Consejo de la Judicatura, es una disposición de menor jerarquía, de manera que si la ley no establece recurso en contra de los actos o sanciones emitidos por la Comisión de Disciplina, tal laguna no puede suplirse por un simple acuerdo, por lo cual dice no tenía por qué agotar tal recurso. Para apoyar su argumento, invocó la tesis de rubro: ‘RECURSOS ESTABLECIDOS EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS. SUS ALCANCES.’ (del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito).
"Es fundado el anterior agravio, de acuerdo con las consideraciones de derecho que se expresan a continuación.
"En efecto, asiste la razón a la parte quejosa recurrente al indicar que en el caso a estudio no se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, atento a que el recurso de inconformidad aludido en la sentencia recurrida, se encuentra previsto en un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y no así en una ley.
"En efecto, en consideración del Juez Federal, la parte quejosa, antes de acudir al juicio constitucional, se encontraba obligada a agotar el recurso de inconformidad previsto en los artículos 210 y 232 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con el Acuerdo 25-30/2003, del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
"Dado lo resuelto por el a quo, es necesario acudir al texto de las disposiciones jurídicas que establecen el recurso de inconformidad de que se trata:
"Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
"‘Artículo 210. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura, los Jueces del fuero común del Distrito Federal, el visitador general, los visitadores judiciales, así como todos los servidores públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.
"‘El órgano encargado de sustanciar los procedimientos e imponer las sanciones por faltas de los servidores públicos de la administración de justicia del fuero común en el Distrito Federal, es el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; por conducto de la Comisión de Disciplina Judicial, en primera instancia. El consejo, por medio de acuerdos generales, establecerá los mecanismos y medios para combatir las decisiones de la Comisión de Disciplina Judicial, en todo caso el consejo resolverá en definitiva, en los términos de esta ley y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’
"‘Artículo 232. Las sanciones previstas en esta ley serán impuestas por la Comisión de Disciplina Judicial, en primera instancia.
"‘El Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal conocerá de la imposición de sanciones en segunda instancia, pudiendo, en su caso, revisar, revocar o modificar la resolución dictada por la Comisión de Disciplina.
"‘En todo caso el Pleno del consejo resolverá de forma definitiva e inatacable.’
"La interpretación sistemática de los anteriores preceptos permite conocer, en lo que al caso interesa, que quien se encuentra facultado para imponer sanciones por faltas administrativas cometidas por los servidores públicos de la administración de justicia del fuero común en el Distrito Federal, es la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y conforme al párrafo final del primer artículo transcrito, el citado Consejo de la Judicatura se encuentra facultado, además, para emitir acuerdos generales que establezcan los mecanismos y medios para combatir las decisiones de la Comisión de Disciplina Judicial.
"Por su parte, el Acuerdo 25-30/2003, establece:
"Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
"‘Acuerdo General 25-30/2003. Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Estados Unidos Mexicanos. Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. México)
"‘Acuerdo General 25-30/2003, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha veintiuno de mayo de dos mil tres, que establece el procedimiento para la sustanciación del recurso de inconformidad previsto por los artículos 210 párrafo tercero y 232 párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de acuerdo con las siguientes bases:
"‘Primera. El servidor público afectado por la resolución emitida por la Comisión de Disciplina Judicial, podrá interponer el recurso de inconformidad previsto por este acuerdo general.
"‘El recurso de inconformidad tiene por objeto que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal confirme, revoque o modifique la resolución dictada por dicha comisión.
"‘Segunda. El término para interponer el recurso de inconformidad, será de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que le sea hecha la notificación de la resolución que se recurre.
"‘Tercera. El recurso de inconformidad deberá de presentarse por escrito ante la propia Comisión de Disciplina, conteniendo los siguientes requisitos:
"‘I. El nombre y firma del recurrente, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos;
"‘II. Precisar la resolución administrativa que se impugna, así como la fecha en que fue notificado de la misma;
"‘III. Los motivos de inconformidad que considere le cause la resolución impugnada y los argumentos de derecho en contra de la resolución que se recurre.
"‘Cuarta. Interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término legal, el consejero semanero de la Comisión de Disciplina Judicial proveerá lo que corresponda.
"‘Quinta. En el caso de que el recurrente no cumpliere con alguno de los requisitos exigidos en la base tercera de este acuerdo, se tendrá por no interpuesto el recurso; igual circunstancia ocurrirá, cuando el recurso sea interpuesto fuera del término previsto en la base segunda de este acuerdo general.
"‘Sexto. Admitido el recurso por la Comisión de Disciplina Judicial, ésta lo remitirá conjuntamente con el expediente administrativo de que se trate, al presidente del Pleno del consejo para el efecto de que se turne al consejero que corresponda, que no podrá ser aquel que haya integrado la Comisión de Disciplina Judicial que emitió la resolución impugnada, a fin de elaborar el proyecto respectivo, y presentarlo ante el Pleno del consejo para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión respectiva.
"‘Este acuerdo deberá hacerse del conocimiento de los Magistrados, Jueces, demás servidores públicos del H. Tribunal, litigantes y público en general, para lo cual publíquese por dos veces el mismo en el Boletín Judicial, así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por una sola ocasión, para su debido conocimiento.’
"Esto es, de las anteriores disposiciones jurídicas se desprende que el recurso de inconformidad en cuestión, se encuentra previsto materialmente en un acuerdo general y no en una ley. Sobre el particular, debe destacarse que la ley del acto no contempla la existencia, concretamente, del ‘recurso de inconformidad’ como tal, esto es, en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no se menciona recurso alguno con el nombre que se dice en el acuerdo general de que se trata.
"Así las cosas, contrario a lo sostenido por el a quo, se estima que en el caso no resultaba aplicable la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues si bien es verdad que el juicio de garantías se rige por el principio de definitividad, no debe perderse de vista que conforme a la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, así como de los artículos 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, no existe la obligación de acatar el citado principio de definitividad cuando se reclaman, entre otros actos, aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, no se encuentren previstos en la ley que lo regula, sino que su existencia se establece en normas de menor jerarquía, como un reglamento o un acuerdo.
"Lo anterior se justifica si se atiende a la circunstancia de que los medios de defensa o recursos administrativos son los procedimientos que establece la ley para obtener que la autoridad, en sede administrativa, revise un acto y lo confirme, modifique o revoque. Una de las características principales de tales medios de impugnación, la constituye el hecho de que su existencia se encuentre específicamente determinada en una ley, condición de eficacia para que su observancia vincule a los gobernados, por tanto, no habrá recurso administrativo sin ley que lo autorice, la cual precisamente por ser un ordenamiento general, imperativo y abstracto, formal y materialmente legislativo (ley emanada del Congreso de la Unión), obliga ineludiblemente al particular a la interposición del recurso, como condición previa para instar o acceder al juicio constitucional.
"Consecuentemente, si el recurso de inconformidad de que se trata se encuentra previsto en un acuerdo general emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, resulta claro que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotarlo, por encontrarse frente a una excepción al principio de definitividad.
"Tal criterio se deduce de la tesis ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 82/99-SS, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XII, julio de 2000
"‘Tesis: 2a. LVI/2000
"‘Página: 156
"‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe su texto).
"De igual forma, en apoyo de lo resuelto, se invoca el criterio que informa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo punto de vista se comparte, la que se transcribe a continuación:
"‘RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO DICHOS MEDIOS DE DEFENSA SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO ADMINISTRATIVO Y NO EN LA LEY QUE ÉSTE REGLAMENTA. ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe su texto).
"Bajo esa perspectiva, resulta innecesario analizar si el recurso de inconformidad previsto en el Acuerdo 25-30/2003 establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que se obtenga, como se dijo, no podría exigirse que se agotara el recurso citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa que no se encuentra previsto en la ley, lo que conlleva a que se actualice una excepción al principio de definitividad y, por ello, no es necesario agotar el mencionado recurso.
"En esas condiciones, atento al resultado obtenido con el agravio examinado, es innecesario el de los restantes motivos de agravio planteados en el recurso, procediendo, en consecuencia, al estudio de las demás causas de improcedencia planteadas ante el Juez Federal."
C) El criterio que antecede fue reiterado por el mismo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 74/2005, en sesión de veinticinco de abril de dos mil cinco, con base en las consideraciones esenciales siguientes:
"CUARTO. Es fundado, en esencia, el agravio que formula el recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones.
"En primer lugar, cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 115/99, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, ha resuelto que sólo los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en una norma legal en sentido formal y material, son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento al principio de definitividad, y que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese recurso o medio de defensa de manera específica, aludiendo expresamente a él.
"La citada jurisprudencia es del tenor literal siguiente:
"‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19823-ee63a5fc/recurso-de-inconformidad-no-es-necesario-agotarlo-previamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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