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INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1027/2005. · Registro digital (IUS): 19423
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUMECINDO HIDALGO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 253.

AMPARO EN REVISIÓN 1027/2005. GUMECINDO HIDALGO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La autoridad responsable recurrente argumentó en su segundo concepto de agravio, en síntesis:

1. Que en la sentencia recurrida se declaró la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin que para tal efecto el a quo hubiese analizado aspectos vitales para la correcta comprensión de la naturaleza específica de dicha norma, misma que contiene estrecha relación con la interpretación que se haga de la Ley del Seguro Social, puesto que, en principio, ambas disposiciones legales son reglamentarias del artículo 123 de la Constitución Federal y fueron expedidas por el Congreso de la Unión de acuerdo con las facultades otorgadas en las fracciones X y XXX del artículo 73 de la propia Constitución; además, el precepto legal cuya inconstitucionalidad fue declarada por el a quo, al establecer que los trabajadores deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, y los intereses que se hubieren acumulado, en tanto que las demás aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones, es en virtud de que es la Ley del Seguro Social la que contempla las bases para determinar el procedimiento y efectos de tales aportaciones, lo que contribuye a hacer más completa la identificación de los supuestos normativos aplicables al caso, por lo que no puede considerarse que la norma general reclamada violente la garantía de audiencia por el hecho de que en un cuerpo legal diferente se establezcan las bases a seguir para la determinación o destino de los fondos de la subcuenta mencionada.

Así, el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro, ya sea para la contratación correspondiente o su entrega, según proceda conforme a la Ley del Seguro Social, la cual, de sus artículos 120, 154 y 190 se desprende que cuando el trabajador tenga un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar los seguros de renta vitalicios y de sobrevivencia, podrá optar por, entre otras cuestiones, retirar la suma excedente en una sola exhibición de su cuenta individual o aplicar ese excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia; además, que el trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna las sumas de cotización necesarias, podrá retirar el saldo de la cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir la suma necesaria para que opere la pensión.

Que atento a lo anterior, la ley reclamada de ningún modo se contrapone al artículo 14 constitucional, sino que introduce reglas congruentes en el ámbito de seguridad social que conllevan la adopción de un sistema de ahorro para el retiro a través de cuentas individuales propiedad de los trabajadores, con la finalidad de que se pueda atender a la previsión social y a su protección, lo que va acorde con lo que al efecto prevé el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que el precepto legal reclamado cumple con los principios tributarios de proporcionalidad, de equidad y de legalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las aportaciones de seguridad social tienen el carácter de contribuciones, por tanto, el contribuyente no puede tener derechos adquiridos, puesto que las aportaciones a su cargo constituyen una obligación y no un bien que ingrese a su patrimonio; lo anterior, toda vez que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sí contiene, a propósito de las aportaciones de los patrones, todos los elementos del tributo dado que en su artículo 29, fracción II, párrafo segundo, en relación con los artículos 3o. y 5o. último párrafo establecen que las aportaciones efectuadas por los patrones son gastos de previsión social de las empresas y tienen por objeto aplicarse en su totalidad a constituir depósitos para formar parte del patrimonio de los trabajadores, los cuales deben entregarse a las administradoras de fondos para el retiro, a fin de aplicarse a las cuentas individuales de éstos, con lo cual se logra la permanente viabilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que pueda desarrollar su función de protección eficaz para el trabajador y su familia, dado que esas aportaciones se consideran una suma adicional a los recursos acumulables en la cuenta individual del trabajador, con el fin de integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión correspondiente.

El concepto de agravio, cuyos argumentos fueron sintetizados en primer término, resulta infundado toda vez que fue correcta la consideración del Juez de Distrito con la que concluyó declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal reclamada, por lo siguiente:

El artículo octavo transitorio de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y siete y cuya inconstitucionalidad fue declarada en la sentencia que se revisa, prevé:

"Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."

Del precepto legal reproducido, en lo que de momento interesa, se desprende que se trata de los derechos de los trabajadores para recibir el fondo acumulado de la subcuenta de vivienda, ya sea a través de su entrega total o bien mediante el abono para cubrir la pensión prevista en la Ley del Seguro Social.

La norma general reclamada, en su artículo 3o., establece:

"Artículo 3o. El instituto tiene por objeto:

"I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;

"II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

"a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,

"b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

"c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

"III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y

"IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece."

Del precepto legal transcrito se advierte que la norma general de mérito es reglamentaria del artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se contempla, en términos generales, el derecho constitucional de los trabajadores para obtener, por parte del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, lo que constituye una garantía de previsión social.

El precepto constitucional citado, en lo referente a la previsión social a favor de los trabajadores, prevé:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

(Reformada, D.O.F. 14 de febrero de 1972)

"XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

"Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

"Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

(Adicionado, D.O.F. 9 de enero de 1978)

"Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (sic) habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.

(Adicionado, D.O.F. 9 de enero de 1978)

"Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.

"...

"XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

"...

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1974)

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

"XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados."

Del precepto constitucional parcialmente reproducido, se desprende que en él se consagran diversos aspectos de la previsión y de la seguridad social a favor de los trabajadores, a saber:

a) El derecho a obtener, con cargo al patrón, una habitación cómoda e higiénica.

El patrón cumplirá con esa obligación mediante las aportaciones que haga a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos créditos baratos para adquirir en propiedad habitaciones; la ley que al efecto se emita regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir dichas habitaciones.

b) Los patrones serán responsables de los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejerciten.

En la Ley del Seguro Social se comprenderá, entre otros conceptos, seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y de accidentes encaminadas a la protección y al bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores y sus familiares.

c) Son de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.

De lo anterior se colige que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó en favor de los trabajadores, diversos derechos de previsión social que, en el caso que nos ocupa, se traducen en obtener por parte del patrón habitaciones cómodas e higiénicas, así como una pensión de vejez. Ambos derechos constitucionales de los trabajadores constituyen, a su vez, una obligación por parte del patrón para otorgarlos; obligaciones respecto de las cuales queda relevado, al entregar aportaciones tanto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en el caso de habitaciones), como al Instituto del Seguro Social (tratándose de pensiones). Derechos constitucionales éstos que, aunque tienen el carácter de previsión social, sus objetivos son totalmente diferentes, por lo que, para evitar confusión en su destino (manejo, administración, aplicación y en su caso entrega), se creó una institución para cada uno de esos derechos laborales, con el fin de hacer más eficiente la recaudación de aportaciones patronales y su transmisión a los trabajadores, cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados.

Por su parte, la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, en sus artículos 5o., fracción V, 29, fracción II, 37 y 40, establece:

"Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integra:

"...

"V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo.

"Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores."

"Artículo 29. Son obligaciones de los patrones:

"...

"II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.

"Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.

"Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

"El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el instituto.

"Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta."

"Artículo 37. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los diez años de que sean exigibles."

"Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83.

"A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior."

De las disposiciones legales transcritas, en lo que al caso interesa, se infiere que el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es independiente de las aportaciones patronales a las subcuentas de vivienda, las que son patrimonio de los trabajadores; que dichas aportaciones constituyen una obligación por parte del patrón, quien las cubrirá sobre la base del cinco por ciento del salario de los trabajadores a su servicio, cantidad que será abonada a la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores, aplicándose, únicamente, en lo conducente lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo, y la primera, además, para efectos de integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones; que es derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios recibir los recursos de la subcuenta de vivienda, los cuales, de no haber sido aplicados en la obtención de un crédito para la adquisición de vivienda, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro, para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, para lo cual el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al citado instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta indicada, a las referidas administradoras.

Atento a lo anterior, las disposiciones legales en comento tienen como finalidad el cumplir con el derecho de los trabajadores a adquirir un crédito barato para la obtención de vivienda, constituyendo los fondos necesarios para tal objeto y, de no aplicarse esos recursos para tal propósito, el trabajador una vez que se retire de su vida laboral, por alguna de las causas previstas en la Ley del Seguro Social, podrá optar por retirar la totalidad de los recursos económicos depositados a su favor en la subcuenta de vivienda, más los intereses devengados, o que se apliquen para el incremento de su pensión.

El criterio anterior encuentra apoyo en las tesis jurisprudenciales números P./J. 33/98 y P./J. 99/98 del Tribunal Pleno, consultables respectivamente, en la página 26, Tomo VIII, julio de 1998 y en la página 38, Tomo VIII, diciembre de 1998, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

"INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL. El texto de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente quince días después de la publicación del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación el catorce de febrero de mil novecientos setenta y dos), modificó sustancialmente la obligación de los patrones que el texto anterior del propio dispositivo establecía de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, pues dispone que aquéllos deben constituir depósitos a favor de éstos para que adquieran las viviendas en propiedad y establece un sistema de financiamiento que permite otorgarles un crédito barato y suficiente; además, prevé la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Por tanto, si son cosas distintas, el instituto, que administra los recursos del fondo, y éste, que es un patrimonio de los trabajadores unificado al solo fin de otorgar créditos baratos y suficientes para la adquisición de viviendas en propiedad, ha de concluirse que la reforma en examen no viola el precepto constitucional citado, como tampoco lo transgrede al establecer que si los trabajadores no hacen uso del crédito para adquirir viviendas puedan retirar los fondos de su propiedad, o bien, optar porque se acumulen a su fondo de pensiones, pues con ello sólo se reconoce que esos depósitos son propiedad del trabajador y pueden disponer de ellos. Asimismo, el que se establezca que las aportaciones se entreguen a entidades receptoras, generalmente instituciones bancarias, que manejen el fondo de vivienda separado del fondo de pensiones, tampoco contraría el texto constitucional, porque esas entidades actúan por cuenta y orden del instituto, lográndose un saneamiento en las finanzas de éste porque en lugar de que el Estado subsidie el rubro, se invierte el capital de lo recaudado y se generan intereses a favor de cada trabajador."

"INFONAVIT. EL ARTÍCULO 29, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO GENERA PERJUICIO AL PATRÓN, EN CUANTO ESTABLECE QUE LAS APORTACIONES DEBEN ENTREGARSE A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO. Acorde con lo previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el objeto de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es constituir depósitos en favor de los trabajadores para establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para la adquisición de habitaciones, es decir, para formar parte de su patrimonio; luego, la circunstancia de que en términos del artículo 29, fracciones II y III, de la ley de la materia, tales aportaciones deban entregarse a las Administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de aplicarse a las cuentas individuales de los trabajadores comprendidos dentro de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los términos que establezcan los ordenamientos respectivos para que se cumplan sus objetivos, como son, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas y demás relativos, no incide en la esfera jurídica del patrón, puesto que, independientemente de quién se constituya en receptor de las aportaciones, la obligación patronal de aportar subsiste, de suerte que si alguna deficiencia legal pudiera invocarse al respecto, sólo podría plantearse por el trabajador, por ser éste en favor de quien se constituye el beneficio en materia habitacional."

Una vez precisadas la naturaleza, integración y destino de las aportaciones patronales al fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, así como el derecho de los trabajadores sobre tales recursos, se pasa al análisis del artículo octavo transitorio de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y siete y cuya inconstitucionalidad fue declarada en la sentencia que se revisa, el cual resulta conveniente reproducirlo nuevamente:

"Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."

Como se señaló en párrafos precedentes, el precepto legal reclamado, en lo que de momento interesa, refiere a los derechos de los trabajadores para recibir el fondo acumulado de la subcuenta de vivienda hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, y las aportaciones subsecuentes se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores.

La disposición legal reclamada, como correctamente lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia materia de este recurso, limita el derecho de los trabajadores a decidir el destino de los recursos del fondo acumulado de la subcuenta de vivienda, puesto que se les da un destino diverso para el que fue constituido sin la previa autorización del trabajador, no obstante que dichos fondos son parte de su patrimonio.

En efecto, la autoridad recurrente confunde el derecho constitucional de los trabajadores para obtener del patrón habitaciones cómodas e higiénicas o en su caso, de no haberse aplicado para la obtención de un crédito barato para la obtención de vivienda, el poder disfrutar de la totalidad del fondo correspondiente que se aportó para aquel fin, al momento de su retiro de la vida laboral, con el derecho constitucional que por otra parte tienen los trabajadores a recibir la pensión al momento de su retiro; pues si bien ambos constituyen una garantía de seguridad social, tienen finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni darles el mismo destino, salvo que sea el propio trabajador el que decida utilizar los fondos de la subcuenta de vivienda para incrementar su pensión, manifestación que deberá hacerla en forma expresa, de lo contrario tiene el derecho a que el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, le entregue por conducto de la administradora de fondos para el retiro, en una sola exhibición, la totalidad de los fondos acumulados por ese concepto, de lo contrario, se le priva, como refiere el a quo, sin previa audiencia, de recursos que son parte de su patrimonio, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, resulta inoperante el segundo de los conceptos de agravio expuestos por la autoridad recurrente, en el sentido de que el precepto legal reclamado cumple con los principios tributarios de proporcionalidad, de equidad y de legalidad, consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación las aportaciones de seguridad social tienen el carácter de contribuciones; por tanto, el contribuyente no puede tener derechos adquiridos, puesto que las aportaciones a su cargo constituyen una obligación y no un bien que ingrese a su patrimonio.

Lo anterior, toda vez que dicho argumento no controvierte las consideraciones que tuvo el Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y siete.

En efecto, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del citado precepto legal y el acto de aplicación reclamado en vía de consecuencia, toda vez que el fondo de la subcuenta de vivienda constituido conforme a las aportaciones patronales de acuerdo con la citada ley, son patrimonio de los trabajadores y su destino es el otorgar a éstos créditos baratos para la obtención de vivienda y, de no aplicarse esos recursos le deben ser entregados, de lo contrario se conculca la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Así, en dichas consideraciones jurídicas no se tomó en cuenta la obligación por parte del patrón a aportar esos fondos, ni tampoco si para su determinación o cuantificación se respetan o no las garantías tributarias de legalidad, de equidad y de proporcionalidad contempladas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal dado que el solicitante del amparo es un trabajador quien reclamó la violación a sus garantías individuales al negársele la entrega de los referidos fondos, y no un patrón que se duele de la forma en que se determina la obligación de su parte para aportar al fondo en comento.

En tal virtud, es innegable que los anteriores argumentos expuestos en vía de agravio resultan inoperantes para revocar la concesión del amparo determinada por la Juez Federal, respecto del precepto legal reclamado.

Sirven de apoyo a lo expuesto, las jurisprudencias que llevan por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19423-5644ee21/infonavit-el-articulo-octavo-transitorio-del-decreto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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