Corpus
Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR ASCENDENCIA. ES POSIBLE OTORGARLA AL FAMILIAR QUE FUNGIÓ COMO PROGENITOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA FALLECIDA, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3320/2025. · Registro digital (IUS): 33998
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-08
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.61.

Ver resumen de la sentencia

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3320/2025. 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, SEPARÁNDOSE DE LA METODOLOGÍA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ E ITZEL DE PAZ OCAÑA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de once de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la presente resolución se analiza el amparo directo en revisión 3320/2025 interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de la sentencia dictada el dos de abril de dos mil veinticinco por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el juicio de amparo directo 178/2023.

El problema jurídico que corresponde resolver a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social es incompatible con los derechos a la igualdad, seguridad social y protección de la familia, al excluir del derecho a la pensión por ascendencia a otros parientes que hayan tenido una relación de dependencia económica con el trabajador fallecido.(1)

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(2) Desde marzo de dos mil cinco hasta su fallecimiento en septiembre de dos mil diecinueve, el sobrino de la promovente laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar.

2. Juicio especial laboral (número del expediente Laboral). El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la tía del trabajador, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de la pensión por ascendencia, prevista en el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Este instrumento constituye un anexo del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores con esta institución pública.

3. En su escrito, la tía del trabajador refirió los siguientes antecedentes fácticos para sostener su solicitud:

a) Su sobrino no contrajo matrimonio ni procreó hijos o hijas;

b) Los progenitores de su sobrino fallecieron cuando él tenía doce años y desde entonces vivió con la solicitante;

c) Desde ese momento, ella mantuvo a su sobrino y le proporcionó educación;

d) Una vez que su sobrino se graduó como médico, ella dependió económicamente de él por los últimos veinte años, y

e) El trabajador fallecido y ella vivieron juntos como "madre e hijo" por más de cuarenta años.

4. Contestación de la demanda. El Instituto Mexicano del Seguro Social negó que la actora cumpliera con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión por ascendencia, de acuerdo con el artículo 14, inciso C), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del contrato colectivo de trabajo de dicho instituto, ya que no tenía el carácter de ascendiente del trabajador fallecido, por lo que opuso las excepciones de falta de legitimación activa e improcedencia de la acción.

5. Laudo. El quince de noviembre de dos mil veintidós, la Junta Especial número cuarenta y ocho de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el laudo definitivo, en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de diversas prestaciones en favor de la tía del trabajador, incluyendo la pensión por ascendencia solicitada, al reconocerle como legítima beneficiaria.

6. En su resolución, la Junta responsable declaró la inconstitucionalidad de los artículos 127 de la Ley del Seguro Social y 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social,(3) al considerar que vulneraban los principios constitucionales de seguridad y previsión social, pues no existía justificación alguna para restringir el acceso a esta prestación a otros integrantes de la familia que acreditaron una dependencia económica en relación con el trabajador fallecido.

7. Juicio de amparo directo (expediente 178/2023). En desacuerdo con el laudo, el dos de enero de dos mil veintitrés, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió un juicio de amparo directo, en el que planteó los siguientes conceptos de violación:

a) La resolución reclamada no está fundada ni motivada, ya que la Junta responsable no justificó la procedencia de la pensión por ascendencia contemplada en el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que rige el contrato colectivo de trabajo, pues la solicitante reconoció expresa y espontáneamente que tiene el carácter de tía en segundo grado del trabajador fallecido, por lo que claramente carece de legitimación para solicitarla.

b) Esta condena es ilegal e infundada, ya que la solicitante de la pensión no es ascendiente directa del médico fallecido (madre, abuela o bisabuela), sino que tiene parentesco transversal con el trabajador, la cual no se encuentra expresamente prevista por dicho numeral ni por cualquier otra disposición legal o contractual.

c) La Junta responsable vulneró los principios de claridad, precisión y congruencia, ya que fijó incorrectamente la litis, no analizó todas las excepciones opuestas y valoró erróneamente las pruebas aportadas, pues determinó que era procedente el pago de una pensión por ascendencia en favor de la parte actora, sin que corroborara si tenía el carácter de ascendiente y si dependía económicamente del trabajador fallecido.

d) La Junta laboral no justificó la condena del pago de diversas prestaciones de carácter extralegal, así como su incremento progresivo, pues no precisó las pruebas en las que se basó ni expresó las razones por las cuales consideró que la parte actora cumplía con los requisitos previstos en el reglamento del contrato colectivo de trabajo, sino que se limitó a justificar su procedencia con base en la declaración que hizo la parte quejosa respecto a que estas prestaciones serían otorgadas a quien se designara como legítimo beneficiario.

e) La Junta laboral ordenó erróneamente abrir el incidente de liquidación para cuantificar las vacaciones y el aguinaldo correspondientes al último año laborado por el trabajador fallecido, sin embargo, esto no era procedente, ya que existían elementos suficientes para que se calcularan en la sentencia los importes que, en todo caso, debían pagarse en favor del trabajador.

8. Amparo adhesivo. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, la tía del trabajador se adhirió al juicio de amparo principal, en el que sostuvo que la Junta laboral actuó correctamente al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 127 de la Ley del Seguro Social y 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, ya que la decisión de otorgarle una pensión por ascendencia garantizaba su derecho a la previsión social, al reconocer que otro tipo de parentescos son susceptibles de protección a la luz de un concepto amplio de la familia y de la tesis aislada I.7o.A.175 A (10a.).(4)

9. Sentencia de amparo. El dos de abril de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito concedió la protección constitucional al Instituto Mexicano del Seguro Social para que dejara insubsistente el laudo y emitiera uno nuevo en el que absolviera a dicha autoridad del pago de la pensión por ascendencia en favor de la actora, así como de otras prestaciones extralegales derivadas de dicho reconocimiento. La resolución se basó en las siguientes consideraciones:

a) Amparo principal. Por regla general, las normas laborales deben interpretarse en favor del trabajador o de sus beneficiarios. Sin embargo, esta regla admite ciertas excepciones, como en el caso de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo o de los reglamentos en donde se establezcan prestaciones superiores a las contempladas en ley, pues en estos casos la interpretación es estricta y conforme a los principios de buena fe y equidad, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.128/2010 de la Segunda Sala.(5)

b) Si bien el Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones no constituye un contrato colectivo de trabajo, sí se trata de un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa el plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada, muerte y riesgos de trabajo. Por ello, sus cláusulas deben interpretarse de forma estricta.

c) El artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones contempla una pensión que es adicional a la que reciben las personas que son declaradas como beneficiarias por la muerte del trabajador en términos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, por lo que si este precepto es de interpretación estricta al contemplar un beneficio distinto al legal, entonces es incuestionable que solamente las personas ahí contempladas pueden ser acreedoras a esa prestación, sin que pueda hacerse extensivo a otro tipo de familiares.

d) En ese sentido, no era procedente condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión por ascendencia en favor de la tía del trabajador, ya que no se encuentra en los supuestos normativos dispuestos para este reconocimiento, es decir, que sea ascendiente en línea recta del trabajador fallecido (madre, abuela, bisabuela), sino que tiene el carácter de tía. Esto no implica dejarla en indefensión, ya que la autoridad responsable le reconoció el carácter de beneficiaria de las prestaciones legales derivadas del fallecimiento de su sobrino.

e) Aunque la actora sostuvo su solicitud en que siempre estuvo al cuidado de su sobrino, lo cierto es que tampoco aportó elementos de prueba para evidenciar que estaba en una situación equiparable a la de una madre o abuela, o que tuviera reconocidos derechos u obligaciones en relación con el trabajador.

f) Este precepto no vulnera el derecho a la igualdad jurídica, en tanto que la distinción entre los ascendientes y otros parientes que dependen del trabajador tiene una justificación jurídicamente válida, pues otorga un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones jurídicas diversas. Esta diferencia obedece a dos cuestiones: una de carácter natural y otra estrictamente legal.

g) La primera distinción de carácter natural se justifica en que los progenitores y los abuelos son los familiares más cercanos al trabajador por ser sus consanguíneos en línea recta ascendente, mientras que los tíos son sus parientes en tercer grado en línea colateral o transversal; de ahí que la distinción que hace la norma basada en el grado de parentesco y la afinidad que tiene la persona trabajadora con sus ascendientes y respecto a otros familiares es válida y se encuentra justificada.

h) La segunda distinción atiende a aspectos de reciprocidad legal, ya que las obligaciones alimentarias recaen, en primer término, de los progenitores hacia sus descendientes, pues ello deriva de la patria potestad. Sin embargo, ante su ausencia, en grado ulterior recae en los abuelos, quienes tienen un deber de solidaridad familiar con sus nietos y una expectativa de asistencia recíproca.

i) La Junta laboral incorrectamente ordenó abrir el incidente de liquidación para determinar las condenas de vacaciones y aguinaldos, ya que contaba con los recibos de pago del trabajador fallecido para cuantificarlas en el laudo correspondiente, por lo que no existía razón legal que justificara su omisión.

j) Amparo adhesivo. El argumento sostenido por la actora respecto a que fue correcto que se le reconociera el carácter de beneficiaria de la pensión por ascendencia es infundado por las razones expuestas en la resolución. Además, la tesis referida en su escrito no es de observancia obligatoria, ya que es de otro órgano colegiado y se trata de un criterio aislado, sumado a que no se comparten sus consideraciones.

10. Recurso de revisión. El catorce de mayo de dos mil veinticinco, la tía del trabajador interpuso recurso de revisión, en el que planteó los siguientes agravios y solicitó que se supliera la deficiencia de la queja por su condición de adulta mayor:

a) La sentencia reclamada es injusta, ilegal y regresiva, ya que desestimó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos y revocó la pensión de ascendencia previamente reconocida. La Junta responsable actuó correctamente al reconocer que, a la luz de un concepto amplio de familia, otros familiares de los derechohabientes eran susceptibles de protección y tenían derecho a gozar de una pensión por el fallecimiento de uno de sus integrantes.

b) Contrario a lo determinado por el Tribunal Colegiado, las normas impugnadas vulneran el derecho a la igualdad, al excluir formas de familia y parentesco que, en la realidad social, desempeñan el mismo rol de padres o abuelos, tratando de manera desigual a situaciones equivalentes.

c) El Tribunal Colegiado se abstuvo de analizar la inconstitucionalidad del artículo 127 de la Ley del Seguro Social, limitándose de manera indebida al artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta omisión resulta trascendente, pues el primer precepto fue el fundamento jurídico principal de la decisión laboral, por lo que su constitucionalidad debía ser objeto de un examen expreso por parte del Colegiado.

11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta registró el asunto con el número de expediente 3320/2025 y ordenó su admisión, ya que advirtió que se surtía una cuestión constitucional de interés excepcional en torno a la constitucionalidad de los artículos 127 de la Ley del Seguro Social y 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones a la luz de los derechos a la igualdad, a la familia y a la seguridad social.

12. Turno. El dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz turnó el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, en atención al orden cronológico de ingreso del asunto y al número de votos obtenidos en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(6)

II. OPORTUNIDAD

14. El recurso de revisión fue interpuesto de forma oportuna. La sentencia de amparo se notificó personalmente al autorizado de la parte quejosa el jueves veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el veinticinco de abril de dos mil veinticinco. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes veintiocho de abril al miércoles catorce de mayo de dos mil veinticinco.(7)

15. De este plazo deben descontarse los días veintiséis y veintisiete de abril, así como el uno, dos, tres, cuatro y cinco de mayo por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo,(8) y la circular 1/2025 de 29 de enero de 2025, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

16. Por ello, si la recurrente presentó su recurso de revisión el catorce de mayo dos mil veinticinco, se concluye que el medio de impugnación se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

17. El señor que dio trámite al recurso cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, ya que tiene el carácter de autorizado en términos amplios de la tía del trabajador,(9) quien ostenta el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo directo 178/2023.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión interpuesto por la tía del trabajador es procedente.

19. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo establecen que el recurso de revisión es procedente cuando concurren los siguientes requisitos:

a) Se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general.

b) Se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o se omita el estudio de la cuestión constitucional planteada en la demanda de amparo.

c) Se fije un criterio de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, a través del análisis del problema jurídico planteado.

20. En relación con el primer requisito, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el objeto de estudio del recurso de revisión en los juicios de amparo directo comprende las denominadas “cuestiones propiamente constitucionales”, las cuales se refieren a la interpretación directa de normas constitucionales o a la validez de normas generales. Al respecto, para la procedencia de este medio de impugnación se han identificado, entre otros, los siguientes escenarios:

a) La cuestión propiamente constitucional fue planteada por la quejosa en su demanda de amparo y, en consecuencia, fue estudiada por el Tribunal Colegiado;

b) La cuestión propiamente constitucional fue planteada por la quejosa en su demanda de amparo, pero su estudio fue omitido por el Tribunal Colegiado; y

c) La cuestión propiamente constitucional no fue planteada por la quejosa en su demanda de amparo, pero fue abordada oficiosamente por el Tribunal Colegiado.

21. Ahora, se entiende que un asunto cumple el requisito de tener un interés excepcional en los supuestos en que:

a) Se advierta que su resolución dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b) La determinación de la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con una cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o cuando se hubiere omitido su aplicación.

22. Conforme a lo anterior, del análisis de la secuela procesal que dio lugar al presente medio de impugnación, este Tribunal Pleno concluye que el recurso de revisión satisface los requisitos necesarios para su procedencia.

23. En relación con el primer requisito de procedencia, conviene recordar que la tía del trabajador fallecido demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de la pensión por ascendencia contemplada como parte del contrato colectivo de trabajo, conforme el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de dicho instituto,(10) bajo el argumento de que el trabajador fallecido y ella vivieron juntos como "madre e hijo" por más de cuarenta años y que dependía económicamente de él.

24. La Junta laboral condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de la pensión por ascendencia en favor de la solicitante, al concluir que los artículos 127 de la Ley del Seguro Social y 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social vulneraban los principios constitucionales de seguridad y previsión social, pues no existía justificación alguna para restringir el acceso a esta prestación a otros integrantes de la familia que acreditaron una dependencia económica en relación con el trabajador fallecido. 25. En desacuerdo, el citado Instituto promovió un juicio de amparo directo, en el que planteó que la resolución reclamada no estaba debidamente fundada y motivada, ya que la actora carecía de legitimación para solicitar la pensión por ascendencia, pues no tenía el carácter de madre, abuela o bisabuela, por lo que no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento del contrato colectivo de trabajo para acceder a esta prestación.

26. Al analizar este planteamiento, el Tribunal Colegiado concedió el amparo al Instituto referido y lo absolvió de pagar la pensión por ascendencia en favor de la solicitante, al concluir que las cláusulas que establecen mayores prestaciones a las legales en favor de las personas trabajadoras deben ser interpretadas de forma estricta y conforme a los principios de buena fe y equidad.

27. En ese sentido, el órgano colegiado determinó que, al ser la pensión por ascendencia una prestación adicional que complementaba el plan de pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces los supuestos de procedencia previstos en el artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social debían ser interpretados de forma estricta y, en consecuencia, solamente las personas ahí contempladas podían ser acreedoras a esa prestación, sin que se pudiera hacer extensivo a otro tipo de familiares.

28. Además, el órgano colegiado determinó que dicho artículo no vulneraba el derecho a la igualdad jurídica, en tanto que la distinción entre los ascendientes y otros familiares que dependen del trabajador tiene una justificación jurídicamente válida, pues otorga un trato distinto a quienes se encuentran en situaciones jurídicas diversas. Esta diferencia, a su parecer, obedece a dos cuestiones: una de carácter natural y otra estrictamente legal.

29. Por un lado, señaló que la primera distinción se justifica en que los progenitores y los abuelos son los familiares más cercanos al trabajador por ser sus consanguíneos en línea recta ascendente; mientras que la segunda distinción atiende a aspectos de reciprocidad legal, ya que las obligaciones alimentarias recaen en principio en los progenitores, pues ello deriva de la patria potestad y, ante su ausencia, en los abuelos, quienes tienen un deber de solidaridad familiar y una expectativa de asistencia recíproca.

30. Inconforme, la tía del trabajador planteó que las normas que limitan el acceso a la pensión por ascendencia contempladas en el régimen de pensiones del Instituto eran inconstitucionales, ya que restringían su acceso únicamente a los ascendientes en línea recta, excluyendo otras formas de familia y parentesco que, en la realidad social, desempeñaban el mismo rol de progenitores o abuelos.

31. En ese sentido, este Tribunal Pleno determina que en el caso subsiste una cuestión constitucional consistente en determinar si el artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social vulnera los derechos a la igualdad, a la familia y a la seguridad social, al limitar el acceso a la pensión prevista únicamente a los ascendientes del trabajador fallecido, o bien, si dicho precepto resulta constitucional al tratarse de una prestación ajena al régimen legal que exige una interpretación estricta.

32. Este planteamiento reviste un interés excepcional, ya que si bien este Alto Tribunal ha emitido diversos precedentes relacionados con la pensión por ascendencia y el derecho a la igualdad,(11) lo cierto es que no se ha analizado si esta prestación puede ser extensiva a otros familiares, distintos a los ascendientes en línea recta, que acrediten una situación de dependencia económica y un vínculo de cuidado, afecto y solidaridad con el trabajador fallecido.

33. No se desconoce que en el amparo directo en revisión 826/2025,(12) la extinta Segunda Sala analizó el artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto –precepto impugnado en el presente asunto—. Sin embargo, en esa oportunidad, el estudio consistió en determinar si era posible que la pensión por ascendencia concurriera con la otorgada a otros beneficiarios (cónyuge, concubina e hijos), lo que difiere sustancialmente del problema jurídico planteado en el presente asunto.

34. Por estas razones, este Tribunal Pleno considera que el presente recurso de revisión es procedente, ya que su análisis permitirá sentar un criterio novedoso y trascendente para el orden jurídico nacional que defina si un familiar distinto a los ascendientes puede solicitar la pensión por ascendencia prevista en el reglamento del contrato colectivo de trabajo cuando acredite que era dependiente económicamente del trabajador fallecido y que mantuvieron un vínculo familiar basado en los principios de solidaridad, afecto, asistencia y apoyo mutuo.

35. Finalmente, no pasa inadvertido que, en su escrito de agravios, la recurrente planteó que el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 127 de la Ley del Seguro Social, el cual fue analizado en el laudo a través del cual se reconoció su derecho de acceso a la pensión solicitada. Sin embargo, como se desprende de la secuela procesal detallada con anterioridad, dicho precepto no fue aplicado en su perjuicio, por lo que no se está en condiciones de analizar su constitucionalidad.

36. A la luz de lo anterior, este Tribunal Pleno procede a analizar la constitucionalidad del artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a la luz de los derechos a la igualdad, a la seguridad social y a la protección familiar.

V. ESTUDIO DE FONDO

37. La materia del presente recurso consiste en determinar si el artículo 14, inciso c), del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social vulnera los derechos a la seguridad social y a la protección familiar, al limitar el acceso a la pensión por ascendencia únicamente a los ascendientes en línea recta de la persona trabajadora fallecida, excluyendo a otros familiares que pudieron ser dependientes económicamente de ésta.

38. En principio, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no desconoce que la norma cuya inconstitucionalidad se reclama se encuentra prevista en un instrumento anexo al contrato colectivo de trabajo firmado entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con esta institución pública, en el que se contempla una amplia gama de prestaciones superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

39. Al respecto, se considera pertinente realizar dos precisiones. Por un lado, esto no constituye un impedimento para analizar dicho precepto, ya que, si bien estas normas no constituyen disposiciones generales en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza materialmente normativa. Por ello, basta que dicha cláusula sea sustento de alguna de las pretensiones materia de la litis para que pueda analizarse en el juicio de amparo si su contenido es congruente con el marco constitucional o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.(13)

40. Por otro lado, no se desconoce que el Tribunal Colegiado del conocimiento le negó la pensión por ascendencia a la tía del trabajador, al concluir que esta prestación sólo podía otorgarse a las personas expresamente previstas en el artículo impugnado, es decir, a los ascendientes en línea recta del trabajador o pensionado, ya que las cláusulas del contrato colectivo de trabajo debían interpretarse de forma estricta.

41. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 57/2010,(14) esta Suprema Corte determinó que las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que establecen prestaciones en condiciones superiores a las previstas por la Ley Federal del Trabajo deben ser objeto de interpretación estricta, pues los beneficios adicionales otorgados por la negociación colectiva obligan a lo expresamente pactado por las partes, en atención a los principios de buena fe y equidad.

42. Particularmente, en relación con el tema de interpretación del clausulado de los contratos colectivos, la extinta Segunda Sala estableció las siguientes cuestiones:(15)

a) La interpretación es estricta y, por ende, no resulta admisible otorgar las prestaciones extralegales respecto de supuestos distintos a los expresamente previstos en la cláusula contractual respectiva.

b) La justificación de no emplear una interpretación más favorable para el trabajador o poder acudir a la analogía o mayoría de razón en la determinación del alcance de la cláusula contractual radica en la necesidad de no imponer cargas indebidas o superiores al patrón respecto a las expresamente convenidas con sus trabajadores.

c) Esta delimitación interpretativa tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social entre los factores de la producción: trabajo y capital. Es decir, pretende evitar que una interpretación extensiva o amplia de las cláusulas laborales, por parte del órgano jurisdiccional, provoque la ruptura del equilibrio de tales factores y en algunos casos, la desaparición misma de la fuente laboral.

d) Los principios que subyacen a esta labor de interpretación contractual son los de buena fe y equidad, conforme a los cuales se aceptaron tales derechos y obligaciones extralegales, y, por ende, el intérprete cuenta con la obligación de vigilar que sean plenamente respetados al momento de decidir sobre su otorgamiento.

43. Lo anterior evidencia que no pueden otorgarse prestaciones extralegales respe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33998-d2b5b5b5/pension-por-ascendencia-es-posible-otorgarla-al-familiar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.