RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA RESTRICCIÓN PARA MODIFICAR O CAMBIAR LA OPCIÓN ADOPTADA, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2007).
AMPARO EN REVISIÓN 292/2024. ÉDGAR IGNACIO ANDRADE MUÑOZ. 5 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Determinar si el artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en el que se prohíbe el cambio de régimen pensionario una vez que los gobernados han elegido o se les ha asignado por el referido Instituto, es violatorio del derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, inciso XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 292/2024, interpuesto por Édgar Ignacio Andrade Muñoz, y en la vía adhesiva por el Presidente de la República, en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el cuaderno auxiliar 449/2023, de su índice, en auxilio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 663/2023.
El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si el artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en el que se prohíbe el cambio de régimen pensionario una vez que los gobernados han elegido o se les ha asignado por el referido Instituto, es violatorio del derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, inciso XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De las constancias que integran los autos del juicio de amparo 663/2023, se desprenden los antecedentes siguientes:
a. El quejoso y recurrente señala que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, le asignó el régimen pensionario denominado “Cuentas individuales”.
b. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó al Subdirector de Afiliación y vigencia de derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que lo asignara en el régimen pensionario previsto en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
c. Por oficio 120.121/SAVD/924/2023, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad administrativa informó al quejoso que su solicitud de cambio de régimen era improcedente, dado que el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, señala que la elección del régimen pensionario es definitiva, irrenunciable y que no podrá modificarse.
2. Juicio de amparo. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Édgar Ignacio Andrade Muñoz, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y los actos siguientes:
a. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se reclama la discusión y aprobación del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, en específico, la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del mencionado ordenamiento.
b. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se reclama la discusión y aprobación del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, en específico, la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del mencionado ordenamiento.
c. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, en específico, la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del mencionado ordenamiento.
d. Del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se reclama la orden general de negar el cambio de régimen pensionario a los trabajadores del Estado, en términos del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
e. De la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se reclama la emisión del oficio 120.121/SAVD/924/2023 de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, mismo que constituye el primer acto de aplicación del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
3. Sustanciación del juicio y sentencia de amparo. Correspondió conocer del asunto, por razón de turno, al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés ordenó formar el expediente respectivo que registró bajo el número 663/2023, admitió a trámite la demanda, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió los informes justificados respectivos a las autoridades señaladas como responsables y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
4. Seguidos los trámites legales, el doce de julio de dos mil veintitrés, el juez de distrito celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, el dos de octubre de esa misma anualidad tuvo por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo Coahuila, en el que le informó que dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, relativo al cuaderno auxiliar 449/2023, derivado del juicio de amparo 663/2023, en la que resolvió sobreseer en el juicio ante la inexistencia del acto atribuido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y negar el amparo al quejoso al estimar que el artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no era inconstitucional, al no transgredir su derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, inciso XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Interposición y resolución del recurso de revisión. En desacuerdo con la sentencia referida en el párrafo precedente, por escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el seis de noviembre de dos mil veintitrés, el quejoso por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Mario Alberto Quiroz Guerrero, interpuso recurso de revisión.
6. Por razón de turno, correspondió conocer de ese recurso al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y lo registró con el expediente número 547/2023.
7. Revisión adhesiva. Mediante escrito presentado en vía electrónica el catorce de diciembre de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Coordinador de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, en suplencia de la Directora General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, y ésta, a su vez, de la Directora General de Amparos contra actos administrativos, del Director General de Amparos contra Leyes, quien actúa en suplencia por ausencia de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, presentó recurso de revisión adhesiva, la cual fue admitida por auto de dos de enero de dos mil veinticuatro por el Magistrado Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
8. Seguidos los trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó la resolución de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, a través de la cual tuvo por interpuesta la revisión de manera oportuna, por acreditada la legitimación de la parte recurrente y de la recurrente adhesiva, y remitió el asunto a este Alto Tribunal a efecto de que analizara el tema de constitucionalidad respecto del artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
9. Trámite ante la Suprema Corte. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta determinó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumía su competencia originaria para conocer del asunto, admitió el recurso a trámite y ordenó turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como enviarlo a la Sala de su adscripción para su radicación.
10. Finalmente, a través del auto de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidente, además de que se tuvo por integrado el expediente, por lo que se ordenó su remisión a la ponencia correspondiente a efecto de que se elaborara el proyecto de solución respectivo.
11. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
12. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, párrafo penúltimo,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo;(2) y, 21, fracción III,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(4) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante el instrumento normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés; porque fue interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto por un juez de distrito en materia administrativa, en la que subsiste el problema de constitucionalidad respecto de una ley federal.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
14. No es el caso de analizar la oportunidad del recurso de revisión principal, de la revisión adhesiva, así como de la legitimación de sus promoventes, pues de estos temas se ocupó debidamente el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.
III. ACTO RECLAMADO
15. El acto impugnado por el quejoso y recurrente principal consiste en:
• La discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en específico el párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio.
• La orden general de negar el cambio de régimen pensionario.
• El oficio 120.121/SAVD/924/2023 de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se atendió la solicitud del quejoso, y se le informó que el régimen de pensión que le corresponde en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es el correspondiente a la cuenta individual, determinando improcedente su solicitud de que se le inscribiera en el régimen de pensión que establece el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
IV. SENTENCIA DE AMPARO DE PRIMERA INSTANCIA
16. El Juez de Distrito se pronunció en los términos siguientes:
A. Por lo que hace a la procedencia del juicio:
A.1. Sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la orden general de negar el cambio de régimen pensionario a los Trabajadores del Estado en términos del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, por inexistencia.
A.2. Desestimó las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, específicamente en sus fracciones XX (definitividad); XI en relación con la fracción X (existencia de juicios de amparo promovidos previamente por el quejoso); XIV (extemporaneidad de la demanda); y XII (falta de interés jurídico).
B. Por lo que hace al fondo: Negó el amparo respecto del artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
• Los artículos Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 3o. del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores, en relación con los artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, únicamente establecen que el derecho de opción de elección de régimen en favor de los trabajadores que estuvieren cotizando al régimen de pensiones del Instituto al treinta y uno de marzo de dos mil siete y que se encuentren activos al momento en que se manifieste la elección, será definitivo, irrenunciable y no podrá modificarse.
• Tales preceptos no vulneran el derecho a la seguridad social ni el principio de previsión social, establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste sólo consigna las bases fundamentales de tal derecho, quedando a cargo del legislador ordinario regular los presupuestos de acceso al referido derecho, la forma de calcular su monto y, en general, la regulación de tales aspectos para establecer planes sostenibles que permitan lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente.
• El artículo 3o. del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores en relación con los artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, únicamente desarrolla el contenido de los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, conforme a los cuales los trabajadores contaban con el término de seis meses contados a partir del uno de enero de dos mil ocho, para optar por el régimen previsto en el Artículo Décimo Transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del Instituto en sus cuentas individuales, lo cual debía ser comunicado por escrito ante éste a través de las dependencias y entidades, siendo la opción adoptada definitiva, irrenunciable e inmodificable. Del mismo modo, se estableció que cuando el trabajador no manifestara la opción dentro de dicho plazo, se le debía informar en los términos del reglamento que se emitiera para tales efectos.
• Es así que, a través del artículo 3o. del Reglamento referido, se desarrolló lo previsto en los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales a su vez establecen los lineamientos para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores del Estado, esto es, el derecho fundamental de seguridad y previsión social a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• En consecuencia, el precepto reclamado no transgrede en perjuicio del quejoso el derecho a la seguridad y previsión social, ni limita o restringe su derecho a una pensión de jubilación al establecer que la elección del régimen de pensión es irrenunciable, definitiva e inmodificable, puesto que corresponde al legislador ordinario fijar los términos, condiciones y modalidades en que habrá de accederse a las pensiones y, en general, a los derechos de previsión social.
V. FALLO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
17. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento se pronunció al tenor de las consideraciones torales siguientes:
A. No es materia del recurso el sobreseimiento en el juicio decretado respecto del acto atribuido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde se declaró su inexistencia (resolutivo tercero).
B. Tampoco es materia de revisión la desestimación de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables, al no haber sido impugnada por éstas (resolutivo quinto).
C. Dado que no quedaba pendiente algún aspecto vinculado con la procedencia del juicio de amparo, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de fondo de constitucionalidad respecto del artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
VI. CONCEPTOS DE AGRAVIO
18. La quejosa, en su calidad de recurrente, esgrimió contra la sentencia de primera instancia, en la parte en la que negó el amparo respecto del artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero, del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil siete, los argumentos siguientes:
• La sentencia recurrida es ilegal, porque el juez de conocimiento consideró que el acto reclamado constituye un acto consentido, cuyo fundamento se encuentra en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del mismo ordenamiento, sin embargo, tal razonamiento es incorrecto pues omite estudiar la litis efectivamente planteada. • En efecto, la demanda de amparo tenía como finalidad controvertir la constitucionalidad de una norma general a través de su primer acto de aplicación, específicamente el artículo Séptimo Transitorio, párrafo tercero del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil siete, dado que restringe a una sola ocasión el ejercicio del derecho de opción elegida por el trabajador, al señalar que ésta tiene el carácter de definitiva, irrenunciable e inmodificable, lo cual resulta violatorio al derecho fundamental y humano de seguridad social.
• En este sentido, la sentencia recurrida es ilegal y contraria a derecho porque no estamos en presencia de un acto consentido, así como tampoco de uno derivado de otro consentido, porque la restricción de poder ejercer el derecho de opción a una sola ocasión no se actualiza en el momento en que se ejerce dicha prerrogativa, sino cuando se pretende realizar un cambio y/o asignación de régimen pensionario de forma posterior al ejercicio del derecho de opción. No obstante, la afectación a la esfera jurídica no se generó con el ejercicio del derecho de opción, sino a través de un acto posterior el cual genera la restricción de cambio de régimen de pensión.
• En el concepto de violación “PRIMERO” se postula la vulneración al derecho humano de seguridad social. En este sentido se ha reconocido que las acciones relacionadas y/o vinculadas con el derecho fundamental a la seguridad social gozan intrínsicamente de la característica de imprescriptibilidad. De tal suerte, en el presente asunto se pretende declarar la inconstitucionalidad de una norma general que incide en el modo en que se pagará la pensión al quejoso, por lo que las acciones que se hacen valer para obtener mejores beneficios pensionarios son de carácter imprescriptible.
• Por lo anterior, se solicita revocar la sentencia recurrida y se ordene al Juzgado de Distrito emitir una nueva, en la que se inaplique la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX y 63, fracción V de la Ley de Amparo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
19. Son inoperantes los agravios esgrimidos por la parte recurrente, en los que sostiene que fue incorrecta la decisión del Juez de Distrito de considerar que el acto reclamado constituye un acto consentido teniendo así por actualizada la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, dado que la finalidad de su demanda fue controvertir la constitucionalidad del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como su primer acto de aplicación, por los cuales se limitó a una sola ocasión el ejercicio de su derecho de optar por un régimen pensionario.
20. Lo anterior es así, pues el recurrente parte de una premisa falsa, pues de la sentencia recurrida se advierte que el único sobreseimiento que decretó el juez de distrito se reflejó en el considerando tercero de la sentencia recurrida, donde se tuvo por actualizado el supuesto previsto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, decretando el sobreseimiento únicamente respecto del acto atribuido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al estimarlo inexistente, dado que dicha autoridad al rendir su informe justificado negó su existencia, la cual no fue desvirtuada por el quejoso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.”.(5)
21. A mayor abundamiento, es inexacto que se haya sobreseído en los términos afirmados por el recurrente. Por el contrario, de la lectura de la sentencia impugnada, concretamente en el Considerando Sexto, se advierte que el Juez de Distrito analizó la constitucionalidad del párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, al señalar lo siguiente:
“(...) Es así que los artículos séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 3º del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que Tienen los Trabajadores, en relación con los artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, únicamente establecen que el derecho de opción de elección de régimen en favor de los trabajadores que estuvieren cotizando al régimen de pensiones del Instituto al treinta y uno de marzo de dos mil siete y que se encuentren activos en el momento en que se manifieste la elección, será definitivo, irrenunciable y no podrá modificarse.
Sin embargo, tales preceptos no vulneran el derecho a la seguridad social ni el principio de previsión social, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, puesto que conforme a los criterios sostenidos por el alto tribunal, éste sólo establece las bases fundamentales de tal derecho, quedando a cargo del legislador ordinario regular los presupuestos de acceso al invocado derecho, la forma de calcular su monto, y en general, la regulación de tales aspectos para establecer planes sostenibles que permitan lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente.
Lo que en la especie aconteció, pues el artículo 3 del Reglamento en cita, sólo desarrolla el contenido de los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación treinta y uno (sic) de marzo de dos mil siete, conforme a los cuales los trabajadores contaban con el término de seis meses contados a partir del primero de enero de dos mil ocho, para optar por el régimen previsto en el Artículo Décimo Transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del Instituto en sus cuentas individuales, lo cual debía ser comunicado por escrito ante éste a través de las dependencias y entidades, siendo la opción adoptada definitiva, irrenunciable e inmodificable.
Asimismo, se estableció que cuando el trabajador no manifestara la opción dentro de dicho plazo se le debía informar en los términos del reglamento que se emitiera para tales efectos.
Es así que a través del artículo 3º del reglamento se desarrolló lo previsto en los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales a su vez desarrolla (sic) los lineamientos para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores del Estado, esto es, el derecho fundamental de seguridad y previsión social a que alude el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consecuentemente, el precepto reclamado no transgrede en perjuicio del quejoso el derecho a la seguridad y previsión social, ni limita o restringe su derecho a una pensión de jubilación al establecer que la elección del régimen de pensión es irrenunciable, definitiva e inmodificable; puesto que, conforme a los criterios del alto tribunal, corresponde al legislador ordinario fijar los términos, condiciones y modalidades en que habrá de accederse a las pensiones y, en general, a los derechos de previsión social. (...)”.
22. Por otra parte, del escrito de revisión se advierte que el recurrente, insiste en señalar que el párrafo tercero del artículo Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, transgrede el derecho humano de seguridad social, en cuanto prohíbe a los trabajadores al servicio del Estado modificar o cambiar el régimen pensionario de forma posterior a que ejercieron su derecho de opción, o bien, de que les fuera asignado éste, al ordenarse en el precepto en cuestión que la elección será definitiva, irrenunciable e inmodificable.
23. El agravio hecho valer es infundado.
24. Este Alto Tribunal en las sentencias de amparo en revisión 218/2008, 219/2008, 220/2008, 221/2008 y 229/2008, resueltas por el Pleno de la Suprema Corte el diecinueve de junio de dos mil ocho, analizó, entre otros temas, el proceso legislativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, la retroactividad de la misma, los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, la exposición de motivos de la nueva ley, el sistema de transición, los dos regímenes de pensión, determinando entre otros aspectos, que la ley en cuestión no viola la garantía de irretroactividad que consagra el artículo 14 constitucional y que tampoco viola derechos adquiridos.
25. Similares consideraciones también se sostuvieron al resolver los amparos en revisión 167/2018(6) y 369/2022.(7)
26. En lo que respecta al derecho a la seguridad social, en las sentencias referidas en el punto que antecede, se concluyó que el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo fija las garantías mínimas de seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, y deja a la ley secundaria su regulación, es deci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32842-41fb6510/regimen-pensionario-de-los-trabajadores-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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