INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A LOS PENSIONADOS A APORTAR EL 10% DE SU PERCEPCIÓN AL FONDO DE PENSIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL INMERSO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 85/2012. ROSA MEDINA RÍOS. 12 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR GUILLERMO MALDONADO MALDONADO. SECRETARIA: ROCÍO MONTER REYES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios segundo, cuarto y quinto son fundados, y los demás de estudio innecesario.
La recurrente aduce sustancialmente, que contrario a lo sostenido por el Juez, la retención efectuada a los pensionados con motivo de la creación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es contraria a la Constitución.
Para la recurrente es así, pues si los pensionados ya erogaron las aportaciones al fondo de pensiones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, durante su vida laboral activa, ahora que se encuentra en la hipótesis legal de pensionada, no puede equipararse su situación jurídica respecto de los trabajadores que se encuentran aportando las cuotas correspondientes para en un futuro obtener una pensión.
Arguye también que es errónea la determinación del Juez de Distrito, pues está obligando a los pensionados a seguir contribuyendo al gasto social, cuando ya lo hicieron siendo trabajadores en activo, lo anterior con el argumento de contribuir a la seguridad social prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI constitucional, esto es, en atención al principio de solidaridad social.
La inconforme aduce que la anterior conclusión es inexacta, toda vez que el principio de solidaridad contempla el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado para garantizar el otorgamiento de prestaciones constitucionales mínimas, entre ellas, las pensiones; empero, el principio de solidaridad social es inaplicable al caso, pues su naturaleza es distinta a la norma tildada de inconstitucional, ya que el principio de mérito alude a las aportaciones que realizan los trabajadores activos y el Estado, pero en momento alguno se mencionan aportaciones a realizar por los pensionados.
Agrega que el principio en cita se creó con la finalidad de que el Estado y los trabajadores aportaran cierta cantidad o porcentaje cada uno de ellos, para que en un futuro y satisfechos los requisitos legales, tuviesen segura una pensión, la cual se pagaría con las aportaciones realizadas; sin embargo, en dichas reformas jamás se impuso una nueva carga a los pensionados, como la analizada en la especie, por tanto, es inaplicable, pues las reformas realizadas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no guardan similitud con las reformas realizadas en materia federal.
Asimismo, manifiesta que en el caso de los trabajadores del Estado de Sonora, las aportaciones efectuadas son administradas por el propio instituto y es éste quien paga las pensiones; en cambio, las reformas realizadas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo obligan a sus afiliados a que en su vida laboral aporten una parte de su sueldo al fondo de pensiones, el cual es administrado por una administradora -PENSIONISSSTE y Afore- y es ésta quien realiza los pagos.
De esta forma, señala, los institutos de seguridad social federales, con las reformas realizadas a sus regímenes de pensiones, no se encargan de pagar a sus beneficiarios una pensión durante toda su vida, siendo aquí donde opera el principio de solidaridad y no como lo estableció el a quo.
Por último, para la recurrente, las reformas estructurales realizadas en materia federal no fueron hechas por los legisladores locales, razón por la cual, si hubiese sido su finalidad ayudar al instituto de seguridad social y evitar una crisis irreversible de insolvencia en el régimen de pensiones, los legisladores habrían hecho las reformas estructurales como se realizaron en el ámbito federal y no imponer una carga contributiva a los pensionados.
Son fundados los agravios antes reseñados, como se anticipó.
En principio, es pertinente señalar que sobre el tópico nuestro Más Alto Tribunal en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 109/2008, estableció:
"Por último, es importante precisar que la implementación del nuevo sistema de pensiones denominado de ‘cuentas individuales’ tampoco puede dar lugar a estimar que la ley impugnada viola la garantía de irretroactividad que consagra el artículo 14 constitucional, ya que para efectos de la seguridad social, el principio de solidaridad no puede entenderse en el sentido de que es responsabilidad del Estado financiar y proporcionar todos los beneficios respectivos como lo son las pensiones y menos aún que éstas deban cubrirse con las aportaciones de los trabajadores en activo y el subsidio del Gobierno Federal.
"En efecto, del análisis histórico de la seguridad social en México, se advierte que en su origen, se concibió por el Constituyente como una previsión individual del trabajador, para hacer frente a sus necesidades cuando -por cualquier motivo- dejara de percibir un salario. Para tal efecto, inspirado en la figura de los seguros implementada en otros países -conforme al cual con el pago de una ‘prima’ se asegura una futura contingencia por una determinada cantidad- el Constituyente impuso al Gobierno Federal y al de los Estados el deber de fomentar el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo y otros con fines análogos, para infundir e inculcar la previsión popular, pues así se desprende del texto original del artículo 123 constitucional.
"Cabe destacar que en aquella época no se incluyó a los servidores públicos en el sistema constitucional de protección a la clase obrera debido a su especial relación con el Estado, no obstante, el legislador ordinario se preocupó por otorgarles similares beneficios en la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro de mil novecientos veinticinco que regulaba un sistema en el que el propio trabajador con la ayuda del Estado contribuía ‘voluntariamente’ al fondo de pensiones.
"Posteriormente, en virtud de que la previsión voluntaria del empleado público no había logrado por sí sola organizar una eficaz protección social, en la Ley de Pensiones Civiles de mil novecientos cuarenta y siete se estableció que el fondo de pensiones se integraría ‘por el descuento forzoso’ a los trabajadores del cinco por ciento -5%- de su sueldo, así como las aportaciones que debían hacer la Federación, los Estados y los organismos públicos descentralizados.
"El treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve se expidió la primera Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se incorporan las prestaciones de seguridad social que el resto de los trabajadores habían conquistado en 1943 con la creación del IMSS y en diciembre de mil novecientos sesenta, se adicionó el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, a fin de establecer los principios de protección para el trabajo de los servidores del Estado.
"En febrero de mil novecientos setenta y dos se reformó el apartado A del artículo 123 constitucional para crear el fondo de vivienda con el fin de afrontar ‘globalmente’ el problema de vivienda, mediante un sistema amplio de solidaridad social a favor de los trabajadores, que opere mediante el reparto de las cargas económicas y la generalización de las obligaciones a escala nacional. Lo anterior obedeció a que la mayoría de los patrones se veían imposibilitados para afrontar, en forma individual, la obligación de proporcionar vivienda a todos sus trabajadores. En congruencia con lo anterior, en noviembre de ese mismo año se reformó el apartado B del artículo 123 constitucional para establecer el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"Por último, destaca que el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, actualmente derogada, que se sustentó en el ‘concepto de solidaridad social’, estableciendo un régimen conforme al cual las prestaciones en especie se otorgan a todos los trabajadores sin distingo de nivel salarial o antigüedad, y en los servicios que tienen como referencia el ‘salario’ -como son las pensiones- se definieron prioridades y ‘topes’ para evitar disparidades buscando igualar las seguridades básicas en beneficio de los derechohabientes de menores ingresos. Por tal motivo, se estableció que la base para otorgar las prestaciones económicas serían el sueldo básico y el cómputo de los años de servicios y se precisa un límite para dicho sueldo que también será el límite para el otorgamiento de esas prestaciones.
"Lo expuesto con antelación evidencia que la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones inherentes a la seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones. Tampoco implica que los beneficios de los pensionados (renta vitalicia y asistencia médica) necesariamente deban cubrirse con las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo (sistema de reparto) y con la ayuda subsidiaria del Estado.
"Incluso de la exposición de motivos de la Ley del Pensiones Civiles de mil novecientos cuarenta y siete, se advierte que la intención del legislador al crear a la Dirección de Pensiones (antecesor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) como un organismo descentralizado y dotarlo de facultades de inversión de los recursos obtenidos por las cuotas y aportaciones de seguridad social, fue la de eximir el Estado como tal de la obligación de cubrir los beneficios respectivos, el cual únicamente estaría obligado a cubrir las aportaciones correspondientes en su carácter de patrón. Así se desprende de la parte conducente que se lee en el penúltimo párrafo de la página 17 del referido documento que a la letra se lee:
"‘Como consecuencia de la descentralización que se otorga a pensiones y de la posibilidad de inversiones productivas de que se le dota, será la misma institución la que reporte el pago de su propio presupuesto, exonerando en consecuencia de esa carga al erario federal, quien únicamente quedará obligado a las aportaciones por las sumas iguales a los descuentos hechos para el fondo de los trabajadores al servicio del Estado.’
"Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que la ley derogada en su artículo 177, impone a las dependencias y entidades el deber de cubrir, en la proporción que a cada una corresponda, el déficit que llegara a existir en el instituto y le impidiera cumplir con sus obligaciones -como lo es el pago de las pensiones- no así al Estado como tal.
"Por tanto, es inconcuso que en el ámbito de la seguridad social de los trabajadores del Estado, el concepto de ‘solidaridad’ se traduce en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado en sí mismo considerado y en su calidad de patrón para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas y proteger a quienes menos tienen, mediante una distribución equitativa de las cargas económicas, no así en la obligación exclusiva del Estado de financiar, administrar y otorgar dichas prestaciones.
"...
"En principio, debe tenerse presente que en la exposición de motivos de la ley impugnada se precisó lo siguiente:
"• Debido a la transición demográfica y epidemiológica, así como a la ampliación de beneficios sin el correspondiente aumento en cotización, actualmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presenta un déficit actuarial en el sistema de pensiones, así como un déficit de caja, por lo que depende del presupuesto federal para poder afrontar sus obligaciones.
"• Tratándose del fondo de pensiones, el instituto conserva un sistema de reparto también conocido como de beneficios definidos, en el cual, las aportaciones de los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados; sin embargo, con el progreso económico y el mejoramiento de las condiciones de salud, la gente tiende a vivir más años y a tener menos hijos, lo que genera que con el paso de los años y de las generaciones, disminuya el número de trabajadores por pensionado y aumente la duración de las pensiones, cuestión tal que explica y refleja que el problema más grave del ISSSTE sea el de las pensiones, el cual enfrenta desde hace varios años un déficit actuarial importante, en otras palabras, los ingresos presentes y futuros del sistema no alcanzan para pagar las obligaciones pensionarias del instituto.
"• La iniciativa presenta una reforma que permitirá al instituto superar la difícil situación que atraviesa y asegura el cumplimiento de sus objetivos, asimismo, es congruente y complementaria con las reformas que han venido gestándose en los últimos años en el otro pilar principal de la seguridad social en el país: el IMSS. Los trabajadores del sector privado ya gozan hoy de una cuenta individual de su propiedad que les da rendimientos transparentes y les brinda certeza jurídica sobre los recursos que pagará su pensión, ya que la cuenta es de su propiedad e inembargable. Con esta reforma los trabajadores podrán migrar entre el sector público y privado llevando consigo los recursos de su pensión sin perder las aportaciones que ellos mismos y sus patrones han hecho.
"• Para facilitar la portabilidad de los derechos de seguridad social, la iniciativa agrupa, sin eliminar ninguno, los 21 seguros, servicios y prestaciones que tiene la ley vigente del ISSSTE en cuatro seguros análogos a los que tiene el IMSS y en un rubro de servicios sociales y culturales.
"• El ramo de seguros que mayor trascendencia tiene por la cantidad de recursos que maneja y por el impacto social que tiene, es el de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e indemnización global. El primer cambio que se propone es dividirlos en dos de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos a cubrir: (i) seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV); y, (ii) seguro de invalidez y vida (IV). El RCV más que proteger ante una contingencia, busca prever que un trabajador tenga la certeza de tener una vejez digna y decorosa; el IV cubrirá los riesgos a que está expuesto un trabajador durante su vida laboral activa: accidentes y/o enfermedades no profesionales que le impidan desempeñar su labor y la debida protección a sus beneficiarios en caso de muerte.
"• En tal sentido, la iniciativa propone un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales, en el que las aportaciones están ligadas a los beneficios, ya que la pensión para cada trabajador sería, en la mayoría de los casos, igual a sus aportaciones más los intereses de toda su vida laboral.
"• Asimismo, se propone un esquema de transición que consiste en dejar elegir a los trabajadores activos entre mantenerse en el régimen actual, con modificaciones que se implementarán gradualmente o recibir un bono de reconocimiento de derechos pensionarios que les permita migrar inmediatamente al nuevo sistema. No es una alternativa viable para los nuevos trabajadores, pero se debe tener como un mecanismo de transición equitativo, donde el costo de transición deberá ser cubierto por el Estado.
"• La primera opción, consiste en que los trabajadores puedan mantenerse en el sistema de pensiones antiguo, el cual será modificado de manera gradual. Por lo que se refiere a la edad mínima de jubilación, ésta se irá incrementando hasta llegar a sesenta años de edad en un plazo de veinte años. En un lapso ligeramente menor, se incrementará gradualmente el requisito para el retiro por edad y tiempos de servicios de 55 a 60 años de edad. Asimismo, las contribuciones de los trabajadores se incrementarán gradualmente del 3.5% hasta alcanzar el 6.125% del nuevo sistema.
"• La segunda opción consiste en migrar inmediatamente al nuevo sistema de cuentas individuales mediante la entrega de un bono de reconocimiento de derechos pensionarios. En el sistema de reparto actual, los trabajadores activos pagan las pensiones a los jubilados. En un sistema de cuentas individuales, cada trabajador ahorra para su propio retiro. Entonces, la pregunta es ¿quién le paga la pensión a un trabajador que ha estado pagando la jubilación a otro trabajador y con la reforma se muda a cuentas individuales? Sería injusto no reconocer las aportaciones que estos trabajadores han hecho en el pasado. Además, en ausencia de algún tipo de reconocimiento, las aportaciones que hicieran estos trabajadores a partir de la reforma resultarían insuficientes para financiar su retiro, particularmente para los que hayan cotizado muchos años a la fecha de la reforma.
"Lo hasta aquí expuesto permite advertir que, con la finalidad de resolver el grave déficit actuarial del antiguo sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como de reparto o de beneficios definidos -conforme al cual, las pensiones de los jubilados se pagan con las cuotas de los trabajadores en activo-, el legislador ordinario estimó necesario crear un nuevo sistema de cuentas individuales -en el que cada trabajador ahorra para su propio retiro-, habida cuenta que con ello los trabajadores podrán migrar entre el sector público y el privado llevando consigo los recursos de su pensión.
"...
"VIGÉSIMO OCTAVO. Funcionamiento del PENSIONISSSTE. El quejoso se duele que el organismo que manejará importantes recursos financieros de los trabajadores, llamado PENSIONISSSTE, se presta a especular con dichos recursos ya que se regirá con base en estrategias políticas y no reglas financieras.
"A fin de dar respuesta al argumento sustentado por el quejoso, resulta necesario detallar las notas características sobre las que descansa el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE.
"En primera instancia, cabe mencionar que las razones que dieron lugar a la creación de dicho fondo se ubican dentro del texto de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de quince de marzo de dos mil siete, como a continuación queda ilustrado:
"‘La creación de un órgano público que administre las pensiones de los trabajadores: el PENSIONISSSTE.
"‘...
"‘El nuevo órgano coadyuvará a la consolidación y fortalecimiento de la estabilidad financiera del país al canalizar el ahorro a sectores prioritarios para el desarrollo nacional al tiempo que garantice el mayor rendimiento y seguridad para el ahorro de los trabajadores, que por esta vía se convertirán prácticamente en socios accionistas de los grandes programas de inversión en los sectores estratégicos del país, con los beneficios que esto implica para ellos mismos y para la nación como un todo.
"‘...
"‘Sin menoscabo de lo anterior, las inversiones que administre el PENSIONISSSTE se llevarán a cabo siempre a través del mercado de valores y mediante instrumentos incluidos en el régimen de inversión de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la más alta calidad que garanticen el mejor rendimiento con el menor riesgo posible para el trabajador.
"‘...
"‘El PENSIONISSSTE tendrá un objetivo social, no de lucro, y los rendimientos de la inversión serán canalizados a fortalecer el ahorro de los trabajadores. El PENSIONISSSTE operará con recursos obtenidos por las comisiones por administración de los recursos que le corresponden y no recibirá subsidio del gobierno o del instituto.’
"Aunado a lo anterior y con el propósito de brindarle mayor claridad al estudio de mérito, resulta necesario mencionar que el PENSIONISSSTE se encuentra reglamentado por los artículos 103 a 113 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de treinta y uno de marzo de dos mil siete.
"Ahora bien, de la lectura de tales disposiciones se desprenden los siguientes aspectos relevantes con miras a desentrañar el sentido financiero de las funciones y facultades desarrolladas por el PENSIONISSSTE:
"a) La naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE es ser un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dotado de facultades ejecutivas y con competencia funcional propia en los términos de la ley de la materia.
"b) El PENSIONISSSTE tendrá, entre otras, las facultades para invertir los recursos de las cuentas individuales en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre, así como constituir y operar sociedades de dicha índole.
"c) El PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter general que emita dicha comisión aplicables a las administradoras.
"d) La comisión ejecutiva del PENSIONISSSTE deberá establecer el régimen de inversión de los recursos cuya administración se encuentre a cargo del mismo órgano, buscando otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores.
"e) El PENSIONISSSTE deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su comisión ejecutiva, el cual deberá observar en todo momento las reglas de carácter general que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para la inversión de los recursos invertidos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.
"f) Dentro de las atribuciones y funciones de la comisión ejecutiva del PENSIONISSSTE está el proponer a la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la estrategia de inversión de los recursos de pensiones.
"g) Dentro de las obligaciones y facultades del vocal ejecutivo del PENSIONISSSTE está el presentar a la comisión ejecutiva del mismo órgano para su consideración, la estrategia de inversión de los recursos de pensiones.
"Asimismo, los artículos 226 y 227 de la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, disponen que:
"(i) El instituto deberá constituir un comité de inversiones que se compondrá por cinco miembros, de los cuales cuando menos dos serán personas independientes con experiencia en la materia y los otros tres designados respectivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y el propio instituto; y,
"(ii) El comité de inversiones tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto de la inversión de los fondos de las reservas que constituya el instituto.
"Como se observa de lo anterior, resulta evidente que el PENSIONISSSTE es un participante activo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, asemejándose formal y materialmente a las denominadas administradoras de fondos para el retiro (Afores), distinguiéndose en que tiene la característica de ser un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos fondos que administre deberán ser canalizados preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar la actividad productiva nacional, la construcción de vivienda, la generación de energía, la producción de gas y petroquímica y la construcción de carreteras, mientras que las segundas son entidades de carácter privado, cuyas inversiones se canalizarán si bien también a la actividad productiva nacional y a la construcción de vivienda, así como a la mayor generación de empleo, al desarrollo de infraestructura estratégica para el país y al desarrollo nacional, no pueden destinar tales recursos a la generación de energía, la producción de gas y petroquímica.
"Por ello, es oportuno hacer referencia, en la parte que interesa, a lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis a fin de comprender el origen de la creación de dichos sistemas, en específico, las Afores:
"‘De esta manera, se contempla que, los recursos de las cuentas individuales sean administrados por entidades financieras especializadas, denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), mismas que serán elegidas, libremente por cada trabajador. Las Afores invertirán los fondos en instrumentos financieros bajo una estricta regulación y supervisión del Gobierno Federal por medio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
"‘...
"‘Las cuentas individuales administradas por las Afores, traerán importantes beneficios para los mercados financieros y para la economía en su conjunto. El crecimiento económico se estimulará al canalizarse el ahorro que se genere hacia la inversión productiva.
"‘...
"‘Para estos efectos, se prevé que la CONSAR sea un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, así como de competencia funcional propia, fortaleciendo a la vez sus atribuciones como autoridad.
"‘...
"‘El nuevo régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro Social estableció que para la individualización y manejo de las cuentas de los trabajadores se deberán constituir intermediarios financieros especializados en la administración e inversión de los recursos que correspondan a dichas cuentas.
"‘...
"‘Las Afores serán entidades financieras encargadas de individualizar los recursos de los trabajadores canalizándolos a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro (Siefores). Ello con la finalidad de que cada trabajador obtenga un rendimiento sobre las aportaciones recibidas en su cuenta individual.
"‘...
"‘La aparición de fondos de pensiones con capitalización individual benefician a las economías que, como la de México, aun no cuentan con un sistema financiero lo suficientemente diversificado. Ante las nuevas condiciones económicas y sociales del país y de nuestros crecientes intercambios con el exterior, se plantea la necesidad de que a través de las Afores se impulse el desarrollo de los mercados financieros, sobre la base de reglas claras que regulen en forma eficiente, equitativa y competitiva, salvaguardando en todo momento los intereses de los trabajadores.
"‘En la medida en que las Afores se desarrollen y consoliden en el mercado financiero, se producirá la intermediación financiera con lo que se diversificarán y aparecerán nuevos instrumentos financieros. El aumento en la disponibilidad de recursos en los mercados financieros repercutirá en la disminución de las tasas de crédito para las empresas, en el desarrollo de nuevos instrumentos de deuda y en el crecimiento de los mercados de capitales.
"‘En este sentido las Afores se constituirán como sociedades anónimas de capital variable cuyo objeto exclusivo será el de individualizar la cuenta de cada trabajador y otorgar los beneficios que expresamente le señale la ley.
"‘...
"‘Con la finalidad de procurar una adecuada inversión de los recursos de los trabajadores, la iniciativa prevé que la CONSAR, oyendo la opinión del comité consultivo de vigilancia y de otras autoridades financieras, expida los lineamientos generales de política sobre el régimen de inversión de las Siefores. Adicionalmente, en esta iniciativa se contempla la creación de los comités de análisis de riesgos, que también quedaran integrados por las principales autoridades financieras, y cuya prioridad será establecer los criterios necesarios para (sic) realización y la calificación y valoración correcta de los valores, garantizando así una mayor transparencia y seguridad a los trabajadores.’
"Al respecto, cabe señalar que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de veintiocho de junio de dos mil siete, tiene por objeto regular el funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes previstos en la misma ley y en las Leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Además, dicha ley también dispone que la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estarán a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la propia ley.
"...
"De la lectura del marco jurídico que reglamenta el Sistema Nacional de Previsión y Seguridad Social en vigor, se desprende que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, desarrolla actividades primordialmente de carácter financiero, toda vez que aun cuando se desempeña como un órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, administra e invierte sin ánimo de lucro, con seguridad y transparencia, los recursos de las cuentas individuales en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre. ..."
De la anterior ejecutoria deriva la jurisprudencia 109/2008, que dice:
"ISSSTE. CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). De la exposición de motivos de la Ley de Pensiones Civiles de 1947, se advierte que la intención del legislador al crear a la Di
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23876-ea59ce23/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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