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Modo: Corpus Pro

I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE EL PAGO DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO O REFRENDO DE UNA LICENCIA (PERMISO O AUTORIZACIÓN) DE FUNCIONAMIENTO PARA DEPÓSITOS DE GAS L.P., GRAVA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD TÉCNICA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA MATERIA DE HIDROCARBUROS, POR LO QUE INVADE LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, NUMERAL 28, DE LA LEY NÚMERO 030 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51, NUMERAL 28, DE LA LEY NÚMERO 030 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2025. · Registro digital (IUS): 33929
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-03-27
Promovente: La Federación.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2025. LA FEDERACIÓN. 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. La Federación impugna el numeral 28 del artículo 51 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2025.

Ver índice temático

iudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 41/2025, promovida por la Federación en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. La Federación promovió controversia constitucional por escrito presentado en este Alto Tribunal el trece de febrero de dos mil veinticinco.

2. Conceptos de invalidez. En el único concepto de invalidez, se aduce, en síntesis, que cobrar por la expedición y refrendo de una licencia de funcionamiento de un establecimiento de depósito de gas L.P., invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, 27, 28 y 73 de la Constitución Federal.

3. En el apartado que denomina “parámetro de regularidad constitucional en materia de hidrocarburos” desarrolla lo que considera es el alcance de los artículos constitucionales mencionados, así como los que consideró pertinentes respecto de la Ley de Hidrocarburos. Posteriormente, en el apartado “marco constitucional y legal respecto de la limitación de los municipios en materia de hidrocarburos”, desarrolla, a su consideración, el contenido y alcance del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal.

4. En el apartado “argumentos que sustentan la invalidez de las normas” aduce que las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, por lo que no podía otorgar facultades a los Municipios por medio de leyes secundarias. Bajo la legislación impugnada, la hacienda municipal obtendría ingresos relacionados directamente con la regulación en materia de hidrocarburos, lo que invade las competencias de la Federación.

5. Considera aplicable la controversia constitucional 65/2024.

6. Los artículos constitucionales que el ente actor señala que fueron violados son los artículos 25, 27, 28 y 73 de la Constitución Federal.

7. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, quien en ese momento se desempeñaba como Ministra Presidenta ordenó turnar este expediente al entonces Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.

8. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Guerrero, a los que ordenó emplazarlos para que presentaran su contestación; y tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, a los que ordenó dar vista para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. En primer lugar, aduce que los hechos son ciertos.

10. Respecto del concepto de invalidez, sostiene que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de expedición de Leyes y Decretos. Con la norma impugnada no se invaden esferas de competencia de la Federación, porque la contribución prevista no tiene que ver en sentido estricto con extracción y exploración de hidrocarburos, sino únicamente con el funcionamiento de establecimientos de locales para su distribución. En ese sentido, la expedición de licencia de funcionamiento es un tributo a favor de la hacienda pública de los Municipios, por ser un servicio público exclusivo de estos.

11. Estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, pues la sola utilización de conceptos indeterminados no puede derivar en la inconstitucionalidad de una norma.

12. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. En primer lugar, manifiesta que son ciertos los hechos narrados en la demanda.

13. Por otra parte, afirma que el decreto impugnado no invade competencias exclusivas de la Federación. No obstante, señala que los actos impugnados son en esencia atribuidos al Congreso Estatal, por lo que debe ser este quien sostenga la validez de tal acto. Siendo que los actos de publicación y promulgación son válidos.

14. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Aduce, en síntesis, que el concepto de invalidez del ente actor es fundado, porque el artículo 73 de la Constitución Federal faculta de manera exclusiva al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia de hidrocarburos. Lo anterior se ve reforzado por los artículos 27 y 28 del mismo ordenamiento, que disponen que es un área estratégica la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. En ese contexto se expidió la Ley de Hidrocarburos que tiene por objeto regular dichas actividades.

15. La facultad de expedir licencias y permisos de construcción otorgado a los Municipios queda excluida cuando sean parte del desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, pues es una facultad exclusiva de la Federación.

16. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Aduce, en síntesis, que la litis se centrará en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, resulta contraria a los artículos 25, 27, 28, 73 y 124 de la Constitución Federal, así como si dicho ordenamiento invade facultades de la Federación en relación con la regulación de contribuciones en materia de hidrocarburos. Por lo que está al pendiente de la resolución que se adopte.

17. Opinión de la Fiscalía General de la República. Este servidor público no rindió opinión en esta controversia constitucional.

18. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y se relacionaron los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal.

19. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veinticinco, se puso el expediente en estado de resolución.

20. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

I. COMPETENCIA

21. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1o de la Ley Reglamentaria de la materia; y, punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal; dado que se trata de un conflicto competencial entre la Federación y una entidad federativa.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

22. De conformidad con los artículos 39 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(2) procede ahora precisar la norma impugnada que será motivo de análisis en la presente controversia constitucional.

23. Del análisis integral de la demanda se desprende que se impugna el numeral 28 del artículo 51, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, que establece los siguiente:

Artículo 51. Por el otorgamiento y refrendo de licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales comerciales cuyos giros no incluyan la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas, siempre que se encuentren en los supuestos siguientes, pagarán conforme a la siguiente tarifa:

Ver tarifa 1

III. OPORTUNIDAD

24. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la forma siguiente:(3)

25. Tratándose de actos:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

26. En el caso de normas generales:

a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

27. En el caso, la Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

28. Por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del dos de enero al catorce de febrero de dos mil veinticinco.(4)

29. La demanda se recibió en este Alto Tribunal el trece de febrero de dos mil veinticinco; por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

30. La Federación cuenta con legitimación activa para acudir a esta vía al ser uno de los entes facultados para ello en el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal.

31. En cuanto a la representación, este Tribunal Pleno ha reconocido que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación.(5)

32. Por su parte, de conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultadas para hacerlo.

33. Asimismo, el tercer párrafo del artículo en cita dispone que la persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será representada, conforme a su propia determinación, por el secretario o secretaria de estado, por el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o Consejera Jurídica del Gobierno.

34. A su vez, en el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dispone que corresponde a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la representación de la Presidenta de la República en las controversias constitucionales, cuando así se acuerde.(7)

35. Al respecto, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno, determinó que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en las controversias constitucionales.(8)

36. En el caso, la demanda fue presentada por Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Personalidad que acreditó con copia certificada de su nombramiento.

37. En ese tenor, se estima que la Federación puede plantear una controversia contra una entidad federativa y que la demanda fue suscrita por un servidor público con facultades para su representación.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

38. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guerrero cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, puesto que se les atribuye la aprobación de la norma impugnada; además, las entidades federativas son uno de los entes previstos en el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal.

39. Comparece en representación del Poder Legislativo referido el diputado Jesús Parra García ostentándose como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero. Lo que acredita con copia certificada de la Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidaturas a Diputaciones Locales emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en la que se hace constar su cargo como diputado; así como con las copias certificadas de las actas de las sesiones públicas y solemnes del Congreso de los días veintinueve de agosto y primero de septiembre, ambos de dos mil veinticuatro.

40. Conforme al artículo 131, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,(9) el Presidente de la Mesa Directiva tiene la representación legal del Congreso.

41. Por lo tanto, el diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local cuenta con la representación de dicho órgano.

42. Por su parte, comparece en representación del Poder Ejecutivo local Jorge Salgado Parra ostentándose como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

43. Conforme al artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Guerrero corresponde al Gobernador representar al Estado, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo.(10)

44. Por lo tanto, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo local.

45. Tercero interesado. El Congreso de la Unión cuenta con legitimación para participar en este procedimiento conforme a los artículos 10, fracción III, y artículo 11 de la Ley reglamentaria. La Cámara de Senadores compareció por conducto de su delegado —Sergio Ruiz Arias— y la Cámara de Diputados a través del Presidente de su Mesa Directiva —Sergio Carlos Gutiérrez Luna— acreditando debidamente su personalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 22, primer párrafo, y 67, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

46. El Poder Legislativo demandado aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, relativa a que en la demanda no se hagan valer violaciones a la Constitución Federal.

47. Esta causa de improcedencia se debe desestimar, pues este Tribunal Pleno advierte que sí se plantearon violaciones a los artículos 25, 27, 28 y 73 de la Constitución Federal, bajo el argumento esencial de que se vulneraron las competencias federales previstas en dichos preceptos. De ahí que no se actualice en el caso la causa de improcedencia planteada.

48. Al no existir diversa causa de improcedencia o de sobreseimiento aducido por las partes, ni al advertirse alguna de oficio, procede estudiar el fondo del asunto.

VII. ESTUDIO DE FONDO

49. La Federación sostiene que el artículo sometido a control de constitucionalidad invade su competencia exclusiva en materia de hidrocarburos, conforme a lo previsto en los artículos 25, 27, 28 y 73 de la Constitución Federal. Manifiesta que, mediante la legislación impugnada la hacienda municipal obtendría ingresos relacionados directamente con la regulación en materia de hidrocarburos.

50. Para una mejor sistematización del análisis, el estudio de fondo se dividirá en dos apartados: en el primero se examinará el parámetro de regularidad constitucional aplicable (A) y, en el segundo, se evaluará la compatibilidad de la disposición impugnada con dicho parámetro (B).

A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL

51. El artículo 25 de la Constitución Federal señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, con el propósito de garantizar que este sea integral y sustentable. En ese sentido, su párrafo quinto prevé que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto, de la propia Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que, en su caso, se establezcan. Asimismo, precisa que, tratándose de la planeación y el control de la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, dichas funciones serán ejercidas exclusivamente por la Nación conforme a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 constitucional.

52. Además, conforme al artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Federal corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, tales como los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

53. El párrafo sexto del referido artículo 27 dispone que, respecto de estos recursos, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

54. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Federal señala que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, tales como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica; así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley.

55. En relación con la facultad legislativa, la fracción X del artículo 73 de la Constitución Federal confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República sobre la materia de hidrocarburos. La fracción XXIX del mismo artículo le otorga la atribución para establecer contribuciones especiales vinculadas al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 (entre los que se encuentran los hidrocarburos).

56. Por otra parte, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se integrará por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como por las contribuciones y demás ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. En particular:

a. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

57. Asimismo, el citado artículo prevé que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

58. En esa línea, la fracción V del artículo 115 constitucional reconoce que los municipios estarán facultados, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

b) Participar en la creación y administración de reservas territoriales.

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios.

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones.

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

59. Adicionalmente, el último párrafo de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Federal señala que los Municipios, en lo conducente y conforme a los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, podrán expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. No obstante, se precisa que los bienes inmuebles de la Federación ubicados en territorio municipal estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i), antes transcrito.

B. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO IMPUGNADO

60. Este Tribunal Pleno estima que el planteamiento de la promovente resulta fundado.

61. La disposición en análisis establece lo siguiente:

Artículo 51. Por el otorgamiento y refrendo de licencias, permisos y autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales comerciales cuyos giros no incluyan la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyen el expendio de dichas bebidas, siempre que se encuentren en los supuestos siguientes, pagarán conforme a la siguiente tarifa:

Ver tarifa 2

62. El cobro controvertido se refiere al derecho exigido por el otorgamiento o refrendo de una licencia (permiso o autorización) de funcionamiento para depósitos de gas L.P., en un monto por expedición de $9,360.00 (nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional) o por refrendo de $4,680.00 (cuatro mil seiscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional).

63. Es importante tener presente que el Gas Licuado de Petróleo (conocido por su abreviatura Gas L.P.) es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales: el propano y butano. Se obtiene como un subproducto del petróleo o a través del gas natural.(11)

64. Como se analizó previamente, la regulación en materia de hidrocarburos es una materia reservada exclusivamente a la Federación. Esta comprende tanto la autorización técnica para desarrollar cualquier actividad directamente relacionada, incluido su almacenamiento y venta, así como la regulación económica y tributaria de dicha industria y, no solo actividades relacionadas con la extracción y exploración, como lo sostiene el Poder Legislativo demandado.

65. En el caso, la imposición de una licencia de funcionamiento por parte del Municipio para depósitos de gas licuado de petróleo excede el ámbito de competencias constitucionales locales. Esta licencia es un acto de control que implica el pago de una contribución respecto de la actividad económica relacionada con la materia de hidrocarburos, ya que condiciona su operación a la obtención de un permiso municipal y al pago de una contraprestación. Con ello, la norma impugnada se arroga una facultad de autorización que invade directamente la esfera federal.

66. De esta forma, si la norma impugnada grava el ejercicio de una actividad técnica directamente relacionada con la materia de hidrocarburos, que constituye una materia regulada exclusivamente por la Federación, entonces debe concluirse que el Congreso local está invadiendo la competencia tributaria del Congreso de la Unión.

67. En consecuencia, lo procedente es declarar la invalidez de la disposición en estudio.

VIII. EFECTOS

68. De conformidad con los artículos 41 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, las sentencias deben contener los alcances y efectos de estas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.

69. En atención a las consideraciones desarrolladas con antelación, se declara la invalidez del numeral 28, del artículo 51, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

70. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Guerrero.

71. La presente sentencia deberá notificarse al Municipio involucrado, por ser la autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Ingresos cuya disposición fue invalidada.

72. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 51, numeral 28, de la Ley Número 030 de Ingresos para el Municipio de Ajuchitlán del Progreso del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de dicho Estado, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz. La señora Ministra Batres Guadarrama votó en contra. Las personas Ministras Ríos González, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Guerrero García anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman el señor Ministro Presidente y el señor Ministro ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Nota: La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 06 de abril de 2026.

________________

1. La audiencia se celebró el catorce de julio de dos mil veinticinco.

2. Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].

3. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y [...].

4. Conforme al artículo 3 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para la presentación de la demanda debe contarse en días hábiles y sin correr durante los periodos de receso ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A su vez, de acuerdo con el artículo 139, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente en la época de la presentación de la demanda, el segundo receso de este Alto Tribunal concluyó el uno de enero de dos mil veinticinco. En ese contexto, el plazo comenzó a correr al día hábil siguiente de la publicación de la norma sujeta a control de regularidad constitucional, esto es, el dos de enero de dos m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33929-18f38d37/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-la-disposicion-local-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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