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Modo: Corpus Pro

I. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. ANÁLISIS DE LA NORMA QUE PREVÉ EL COBRO DE UNA TARIFA POR LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, Y DEL NUMERAL 5.12, DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2025. · Registro digital (IUS): 33982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-24
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.485.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 3 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA SEPARÁNDOSE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, LORETTA ORTIZ AHLF Y ARTÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. DISIDENTES: MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, LENIA BATRES GUADARRAMA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y BERENICE GARCÍA HUANTE.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al tres de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se desestima la Controversia Constitucional 25/2025 promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, respecto del artículo 76, fracción I, en su porción normativa “construcción de subestaciones eléctricas”, así como el numeral 5.12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal dos mil veinticinco del Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, publicada el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

En el proyecto de sentencia se proponía declarar inválida la normativa impugnada, no obstante, se desestimó al no alcanzar una mayoría calificada de seis votos a favor de la invalidez.

I. ANTECEDENTES

1. Publicación de la norma impugnada. El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el Decreto 104 por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.

2. Promoción de la controversia constitucional y conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo de la Federación, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua la invalidez del numeral 5.12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco del Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua.

3. Concepto de invalidez. En su concepto de invalidez, el poder ejecutivo federal alega que la norma impugnada es inconstitucional por las razones siguientes:

Único. Competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica. La norma impugnada invade la competencia exclusiva de la federación para regular el sector de la energía eléctrica en términos de los artículos 25, quinto párrafo; 27, séptimo párrafo; 28, cuarto párrafo; y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Conforme a esos artículos, corresponde a la federación la planeación y vigilancia del Sistema Eléctrico Nacional, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica, con el fin de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación.

• La competencia federal en el sector de la energía eléctrica se materializa en dos vertientes: por una parte, la facultad del congreso de la unión para imponer contribuciones en materia de energía eléctrica; por otra parte, la facultad de vigilancia y ejecución normativa del Sistema Eléctrico Nacional, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía.

• La industria eléctrica está sujeta a la jurisdicción federal. Tal industria comprende la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista.

• Si bien el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo en su territorio, así como para expedir licencias o permisos de construcción, lo cierto es que dicha facultad está limitada por la regulación federal en las materias reservadas, como es la industria de la energía eléctrica, cuya ley establece los términos y condiciones a las que se sujeta el uso del suelo para ese sector.

• El Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades exclusivas para regular el uso de suelo en las actividades relacionadas con la materia de energía eléctrica, lo que restringe la competencia municipal para expedir permisos de construcciones de instalaciones relacionadas.

• Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de la industria eléctrica, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de subestaciones eléctricas.

• La legislación impugnada permite al municipio obtener ingresos relacionados con la materia de energía eléctrica, a pesar de que no puede imponerse una doble tributación sobre dicha actividad. Imponer contribuciones en materia de energía eléctrica es una facultad reservada al Congreso de la Unión. Por tanto, corresponde en exclusiva a la federación regular e imponer contribuciones en la materia de uso de suelo y permisos de construcción relacionados con la industria eléctrica.

4. Admisión. La controversia constitucional se admitió con el número 25/2025, se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua y, como terceros interesados, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. El titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, formuló contestación a la demanda, en la que manifestó, en esencia:

• La norma cuestionada es válida, pues se refiere a las licencias de construcciones y no particularmente la materia eléctrica. Los municipios tienen las facultades sobre la regulación del suelo, excavaciones y sus permisos.

• La norma impugnada no faculta al Municipios de Chihuahua a invadir la esfera de competencia de la federación tratándose de energía eléctrica, pues sólo lo faculta para emitir permisos y licencias de construcción para obras, entre otras, de construcción, pero nunca a regular lo concerniente a la energía eléctrica, uso o aprovechamiento; de ahí que las normas relativas regulan aspectos diferentes sin que se dé la alegada invasión de competencias.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El Senado de la República, por conducto de su delegado, realizó las siguientes manifestaciones.

• Los artículos 25, quinto párrafo, 27, sexto párrafo, y 28, cuarto párrafo, constitucionales establecen que corresponde en exclusiva a la federación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación de dicho servicio público.

• El artículo 25 constitucional establece que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto (energía eléctrica), manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan para cumplir con dichos fines.

• Corresponde al Estado, en forma exclusiva, la generación, transformación y distribución de la energía eléctrica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley de Industria Eléctrica. El Congreso de la Unión y la Federación son los únicos facultados para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar en el ámbito de sus competencias el cumplimiento de las normas jurídicas referentes a la planeación del control del Sistema Eléctrico Nacional, el servicio de transmisión y distribución de las actividades de la industria eléctrica y su desarrollo sustentable: Las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia energética.

• El artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las facultades que no se encuentren expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas para las entidades federativas, por tanto, las atribuciones que se otorguen se entienden expresa a la Federación no pueden ejercerse por los Estados.

7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. La Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, formuló contestación a la demanda en donde manifestó, esencialmente:

• No es cierto que la norma impugnada invada competencias exclusivas de la federación, pues no tiene por objeto regular actividades que correspondan a ese orden de gobierno.

• La expedición de la norma impugnada no es atribuible al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, pues deriva del proceso legislativo llevado a cabo ante el Congreso local y el Poder Ejecutivo Federal no formuló argumentos contra la promulgación, ni le atribuye vicio alguno. En todo caso, el Ejecutivo local se encuentra obligado a publicar las leyes que le remite el Poder Legislativo, de acuerdo con la fracción II del artículo 93 de la Constitución local.

• Los Ayuntamientos del estado cuentan con facultades para establecer el pago de derechos por diferentes servicios administrativos, entre ellos licencias de construcción. En consecuencia, no se invade la competencia federal pues no se incide en actividades de la industria eléctrica, sino únicamente en el desarrollo urbano, función protegida por el principio de autonomía municipal que reconoce el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El argumento del Ejecutivo Federal parte de una interpretación extensiva y restrictiva del federalismo: extensiva respecto de las competencias federales, y restrictiva respecto de las atribuciones estatales y municipales. Si considerara fundado el argumento, se establecería un procedente altamente regresivo en términos de la autonomía municipal, pues permitiría que cualquier actividad del gobierno federal sirviera como excusa para despojar a los municipios de sus facultades tributarias.

• Sostener que cualquier regulación municipal que incida, indirectamente, en actividades de entes federales implica una invasión de competencias, resulta en una interpretación expansiva de las facultades federales, en detrimento de la autonomía constitucionalmente reconocida a los municipios y entidades federativas.

8. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, formuló, en síntesis, lo siguiente:

• Del artículo 124 constitucional, se desprende el principio rector en el sistema jurídico mexicano, según el cual existen competencias expresas a favor de la Federación y residuales para los Estados. En términos del artículo 73, fracciones X y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la federación legislar en materia de energía eléctrica, así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de bienes de la nación.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República. La citada dependencia no formuló manifestación o pedimento alguno.

10. Audiencia y cierre de la instrucción. Previa formulación de alegatos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el once de junio de dos mil veinticinco se celebró la audiencia y, por acuerdo del doce de junio siguiente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.

11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta Suprema Corte, en el que se precisan los asuntos de su competencia.

III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA

13. El Poder Ejecutivo Federal señaló como norma impugnada el numeral 5.12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal dos mil veinticinco del Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, publicada en el Folleto Anexo del Periódico Oficial local, No. 104, el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

14. Del análisis integral de la demanda se desprende que el precepto efectivamente impugnado es el artículo 76, fracción I, en su porción normativa “construcción de subestaciones eléctricas”, así como el numeral 5.12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal dos mil veinticinco del Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, publicada en el Folleto Anexo del Periódico Oficial local, No. 104, el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro. Esa norma es del contenido siguiente:

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[...]

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

DERECHOS

Artículo 75.- Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Municipio, en sus funciones de derecho público. También son derechos, las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Municipio.

Artículo 76.- Se causarán las tarifas correspondientes por los siguientes derechos:

I. Por las licencias de construcción, ampliación, adecuaciones y mejoras de inmuebles; renovación de licencias; construcción de estructuras para antenas de telecomunicaciones y radio comunicaciones, así como antenas de telefonía celular y similar; construcción de subestaciones eléctricas; instalaciones temporales (carpas, circos, lonas, teatros, etc.); rompimiento de pavimento, concreto, terracería o apertura de zanjas en vía pública; revisión de planos; cobro por disposición final de escombro; subdivisión, segregación o fusión de lotes; y por cualquier licencia expedida por el Municipio de Chihuahua.

[...]

Para el cobro de los derechos indicados en la relación precedente, el Municipio se ajustará a la Tarifa aprobada para el Ejercicio Fiscal de 2025.

[...]

TARIFA

De acuerdo a lo dispuesto con el artículo 169, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, previo estudio del proyecto de la Ley de Ingresos presentado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, y conforme a los artículos l O-A, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y 39, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios, se expide las presentes Tarifas que, salvo en los casos que se señale de otra forma, se expresa en número de veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que regirá durante el Ejercicio Fiscal 2025, para el cobro de derechos que deberá percibir la Hacienda Pública Municipal de Chihuahua.

Es responsabilidad de cada Dependencia Municipal vigilar la correcta y oportuna aplicación de la presente Tarifa, de acuerdo a las facultades establecidas en el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua y normatividad aplicable.

Ver tarifa

15. Existencia de la norma impugnada. La existencia del precepto normativo que se combate quedó debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

IV. OPORTUNIDAD

16. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la controversia constitucional en contra de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o bien, a partir de su primer acto de aplicación.

17. En el caso, el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(1)

18. Por tanto, es oportuna la demanda que presentada el trece de febrero de dos mil veinticinco.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

19. De conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, las partes en las controversias constitucionales deben comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.

20. La presente controversia constitucional fue promovida por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, por la invasión a la esfera de competencias federales derivado de la emisión del Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, por tanto, fue presentada por parte legitimada.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. Legitimación del Poder Ejecutivo local. El poder ejecutivo local intervino en la promulgación de la norma impugnada, por lo que tiene legitimación pasiva. Además, fue representado por la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

22. Legitimación del Poder Legislativo local. El poder legislativo local emitió la norma impugnada, por lo que tiene legitimación pasiva. Además, fue representado por la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso de Chihuahua.

23. Legitimación de las partes terceras interesadas. Por otra parte, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión están legitimadas para intervenir en la presente controversia constitucional con el carácter de terceras interesadas.

24. En términos de los artículos 10, fracción III,(2) y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, son terceros interesados en las controversias constitucionales los poderes, entidades u órganos que, sin ser actores o demandados, pudieran resultar afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, los terceros interesados deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

25. La Cámara de Senadores compareció por conducto su delegado, a quien se le reconoció dicho carácter durante el trámite de este asunto mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veinticinco.

26. Por su parte, la Cámara de Diputados compareció por conducto del Presidente de la Mesa Directiva quien cuenta con la representación legal de dicho órgano legislativo, y a quien se le reconoció dicho carácter durante el trámite de este asunto mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veinticinco.

27. Finalmente, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinticinco se consideró que el apoderado para pleitos y cobranzas del presidente municipal de Chihuahua carecía de las facultades necesarias para representar al municipio.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO

28. El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en su contestación alega que su participación en el proceso de creación de la norma combatida se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual sostiene que la impugnación resulta infundada respecto a esos actos.

29. Este Tribual Pleno determina que es infundado el motivo de improcedencia alegado, pues la Ley Reglamentaria de la materia asigna el carácter de partes demandadas en las controversias constitucionales a las entidades federativas, los poderes u órganos que emitieron el acto impugnado, lo que implica que su participación y la constitucionalidad de sus actos son susceptibles de ser analizados en dicha instancia.

30. Al no haberse hecho valer alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento, ni advertirse de oficio alguna otra por esta Suprema Corte, procede el estudio de los conceptos de invalidez.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

31. En su único concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal alega que el artículo 76, fracción I, y el numeral 5.12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal dos mil veinticinco del Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, al prever un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de subestaciones eléctricas.

32. Explica que, de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, cuarto párrafo, y 73, fracción X y XXIX, numeral 5o., de la Constitución del país, la Federación, por conducto del Congreso de la Unión, tiene la facultad exclusiva de legislar en toda la República la materia de energía eléctrica, lo que se concretó con la expedición de la abrogada Ley de la Industria Eléctrica, la cual reitera que corresponde a la federación la facultad de ejercer el control y la planeación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, cuyos objetivos son preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación.

33. Asimismo, alega que, la competencia federal en el sector de la energía eléctrica se materializa en dos vertientes: por una parte, la facultad del congreso de la unión para imponer contribuciones en materia de energía eléctrica; por otra parte, la facultad de vigilancia y ejecución normativa del Sistema Eléctrico Nacional, que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía.

34. Señala que el artículo 115 otorga facultad a los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y otorgar licencias o permisos para construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial. Sin embargo, dicha facultad constitucional es limitada por las regulaciones jurídicas federales, por tratarse de materias reservadas a esta última esfera competencial, como lo que acontece en la Ley de Industria Eléctrica, pues instituyen los términos y condiciones jurídicas que deben satisfacerse para el uso de suelo en la industria eléctrica.

35. En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se proponía declarar fundados los anteriores argumentos y, en consecuencia, declarar la invalidez de la normativa impugnada. No obstante, al tomarse la votación se registró una mayoría de cinco votos a favor de la propuesta las Ministras Ríos González, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf y los Ministros Espinosa Betanzo y Guerrero García. Votaron en contra las Ministras Herrerías Guerra y Batres Guadarrama y los Ministros Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz.

36. Ante el resultado obtenido, el Pleno determinó desestimar la propuesta de declarar la invalidez de la normativa impugnada, al no alcanzarse una mayoría calificada de seis votos a favor de la invalidez, con fundamento en los artículos 105, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política del país, y 42, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. DECISIÓN

37. Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se desestima en la presente controversia constitucional.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se expresó una mayoría de cinco votos de las personas Ministras Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa separándose de algunas consideraciones, Ortiz Ahlf y Guerrero García. Las personas Ministras Herrerías Guerra, Batres Guadarrama, Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los preceptos reclamados, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.

Firman el señor Ministro Presidente y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

________________

1. Debiéndose descontar del cómputo los días veintinueve de diciembre de dos mil veinticuatro al uno de enero de dos mil veinticinco, por formar parte del segundo periodo de receso de esta Suprema Corte correspondiente al año dos mil veinticuatro; cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, así como uno, dos, ocho y nueve de febrero de dos mil veinticinco, por corresponder a sábados y domingos; y los días tres y cinco de febrero de dos mil veinticinco, por ser todos inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales; 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el acuerdo Primero, incisos c), d) y e), del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal, y 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

2. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: [...]

III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y [...].

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33982-d66829d1/i-contribuciones-especiales-sobre-energia-electrica-analisis-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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