I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 5; Y FRACCIÓN IV, INCISO B), NUMERAL 2.1.8, DE LA TARIFA ANEXA A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, PUBLICADA EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 11 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIA: CRISTINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Norma impugnada: Fracciones I, inciso b), numeral 5; y IV, inciso b), numeral 2.1.8 de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro, que prevé el cobro de derechos por la expedición de permisos de construcción y licencias de cambio de uso de suelo de proyectos de infraestructura industrial para gasoductos y conducción de gas natural por metro lineal.
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Ciudad de México. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de febrero del dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 26/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, demandando la invalidez de las fracciones I, inciso b), numeral 5; y IV, inciso b), numeral 2.1.8, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Escrito inicial. La Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la persona titular de la Consejería Jurídica Federal, promovió controversia constitucional en la que impugnó las fracciones I, inciso b), numeral 5; y IV, inciso b), numeral 2.1.8, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa, la cual será precisada en el apartado correspondiente.
2. Radicación y turno del asunto. La entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente en la Controversia Constitucional 26/2025 y, por razón de turno, designó al entonces Ministro Alberto Pérez Dayán para que instruyera el procedimiento.
3. Admisión. El entonces Ministro instructor admitió el asunto y, entre otras cuestiones, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los efectos legales conducentes.
4. Manifestaciones de los terceros interesados. Mediante sendos oficios, el delegado de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, manifestaron, esencialmente, que corresponde al mencionado congreso legislar en toda la República sobre hidrocarburos, así como establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la Nación, por lo que, a juicio del primero de los mencionados, las disposiciones legales impugnadas son inconstitucionales.
5. Contestación de la demanda. La Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo y el Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, formularon sus respectivas contestaciones a la demanda en las que sostuvieron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
6. Por otra parte, el Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, no compareció, aun cuando fue emplazado en este asunto.
7. Vista por parte de la Fiscalía General de la República. Dicho organismo no desahogó la vista correspondiente.
8. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el veinticinco de junio del dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia y el veintiséis de junio siguiente se determinó cerrar la instrucción del asunto.
9. Returno. Toda vez que en sesión de uno de septiembre del dos mil veinticinco, tomaron protesta las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de ese mes y año, el Ministro Presidente turnó el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra para que propusiera la resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del mencionado precepto 105 constitucional, y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; ya que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LA NORMA CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
11. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal controvierte la constitucionalidad de las fracciones I, inciso b), numeral 5; y IV, inciso b), numeral 2.1.8 de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa.
12. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro.
IV. OPORTUNIDAD
13. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(1) establece que el plazo de treinta días hábiles para promover una controversia constitucional, cuando se impugnen normas generales, se computará a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. En el caso concreto, la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se publicó el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial de la mencionada entidad federativa, por lo que el plazo de treinta días para impugnar la referida ley transcurrió del dos de enero al catorce de febrero del dos mil veinticinco, descontando del cómputo los sábados y domingos, así como del veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro al uno de enero del dos mil veinticinco por formar parte del segundo período de receso de la Suprema Corte correspondiente al dos mil veinticuatro; y el tres y cinco de febrero del dos mil veinticinco, por ser días inhábiles, en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(3)
14. Por tanto, si la demanda fue depositada el trece de febrero del dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.
V. LEGITIMACIÓN
15. Conforme al artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los numerales 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.(4)
A. Legitimación activa
16. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, por estimar que invadieron competencias federales con la expedición de la norma impugnada, por lo que se estima que la actora tiene legitimación para accionarla, ya que es criterio de este Alto Tribunal que el reconocido Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para acudir a la controversia constitucional en defensa de los intereses de la Federación, de acuerdo con el criterio 2a. XLVII/2003 de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.”
17. Por otra parte, el escrito inicial de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento otorgado el uno de octubre del dos mil veinticuatro, por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cuenta con legitimación procesal activa para promover la controversia, ya que en términos del artículo 11(5) de la ley reglamentaria de la materia, el numeral 43, fracción X,(6) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la citada Consejería Jurídica representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte.
18. De estas disposiciones se advierte que la Consejera Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este Alto Tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien en el momento de su presentación contaba con facultades para representar al Ejecutivo Federal, entonces debe concluirse que el presente mecanismo de regularidad constitucional fue promovido por parte legitimada.
B. Legitimación pasiva
B.1. Del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
19. El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua compareció por conducto del Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso local, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento de diecinueve de septiembre del dos mil veinticuatro expedido por la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.
20. Luego, si en términos del artículo 130, fracciones XX y XXI,(7) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso local de forma conjunta o separadamente con quien presida la Mesa Directiva, en los juicios en que sea parte el Congreso, entonces la citada autoridad cuenta con legitimación pasiva en este asunto.
21. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua compareció por conducto de la Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, quien acreditó tal personalidad con la copia certificada de su nombramiento de seis de diciembre del dos mil veintiuno; y en términos del artículo 30, fracción V,(8) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, la mencionada funcionaria cuenta con la atribución para representar al titular del Ejecutivo local en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, cuenta con legitimación pasiva en este expediente.
C. Legitimación de los terceros interesados
22. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados comparecieron en este asunto, la primera por conducto de su delegado autorizado por el Presidente de su Mesa Directiva; mientras que la segunda, por el Presidente de su Mesa Directiva, quienes acreditaron tal carácter con las actas correspondientes, en términos de los artículos 22, párrafo primero,(9) y 67, párrafo primero,(10) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que ambas Cámaras del Congreso de la Unión están legitimadas para participar en este asunto.
23. Cabe precisar que el Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, no realizó manifestación alguna, aun cuando fue emplazado a este asunto.
VI. SOBRESEIMIENTO
24. Este Alto Tribunal advierte que se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) al haber cesado en sus efectos la norma cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
25. El referido artículo prevé como causa de improcedencia de la controversia constitucional cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.
26. Los artículos 105, fracción I y III, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria,(12) establecen, entre otras cosas que la declaración de invalidez de las resoluciones no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la cual regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esa materia; y las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la declaración de invalidez no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones aplicables en la materia.
27. Las disposiciones normativas referidas con anterioridad, en lo que respecta al tópico de la cesación de efectos, ya han sido materia de análisis por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se vio reflejado en el criterio jurisprudencial P./J. 54/2001, de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”.(13)
28. Del referido criterio jurisprudencial, se advierte que tratándose de la controversia constitucional se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
29. En el caso cobra aplicación el criterio anterior, pues de la demanda de controversia constitucional se advierte que la parte actora impugna las fracciones I, inciso b), numeral 5; y IV, inciso b), numeral 2.1.8 de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicada el veinticinco de diciembre del dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
30. En ese sentido, se estima que hoy no es posible emitir algún pronunciamiento sobre tal disposición, toda vez que ya cesaron sus efectos al estar condicionada para el ejercicio fiscal de dos mil veinticinco.
31. Este Alto Tribunal ha sentado el criterio de que en relación con las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos se rigen por el principio de vigencia anual, pues constituyen instrumentos jurídico-financieros cuyo propósito fundamental es poner los medios para el funcionamiento y desarrollo del Gobierno y de la gestión financiera general de los asuntos públicos durante un año fiscal determinado.
32. En términos de la colaboración legal y constitucionalmente fijada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo —tanto federales como locales, en la esfera de sus respectivas competencias—, tienen la responsabilidad de emitir estas normas para obtener los ingresos necesarios para saldar los gastos que la gestión de los asuntos públicos requerirá durante el mencionado período temporal.
33. En consecuencia, si ese tipo de leyes tienen vigencia anual, resulta evidente que la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, ha dejado de producir efectos, dado que los mismos han agotado su vigencia, máxime que han sido sustituidos por otras leyes que gozaron igualmente de vigencia anual.
34. Con base en las razones expuestas, se estima que la causa de improcedencia referida se actualiza al caso concreto, en virtud de que la parte actora solicitó la invalidez de una determinación que se hizo en la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, y el ejercicio fiscal para el cual debió estar vigente la norma cuya invalidez se demanda ya concluyó.
35. Esta conclusión se robustece al considerar que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Decreto mediante el cual se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiséis,(14) cuyo primer artículo transitorio establece que dicha ley entró en vigor el primero de enero de dos mil veintiséis.(15) Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir la parte promovente en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.
36. Lo anterior es así, dado que aún y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegara a declarar, en su caso la invalidez, la sentencia no podría surtir plenos efectos,(16) pues, como se señaló, no tendría efectos retroactivos, al existir la limitante expresa del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: (...) II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y (...).
2. “Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”
“Artículo 3. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes: (...) II. Se contarán sólo los días hábiles, y III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
3. “Artículo 3. La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.”
“Artículo 143. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley.”
4. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: a) La Federación y una entidad federativa; (...).”
“Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y
IV. El Procurador General de la República.”
“Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...).”
5. Artículo 11. (...) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de estado, por el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. (...).
6. Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (...) X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; (...).
7. Artículo 130. A la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos corresponde el despacho de lo siguiente: (...) XX. Atender los asuntos legales del Congreso en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos. XXI. Representar al Congreso, conjunta o separadamente con quien presida la Mesa Directiva, en los juicios en que sea parte. (...).
8. Artículo 30. Compete a la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos: (...) V. Representar a la persona titular del Poder Ejecutivo con idénticas facultades y en cualquier procedimiento de los enunciados en la fracción que antecede, en los que la persona titular del Poder Ejecutivo sea llamada, salvo los casos donde dicha representación sea asumida por la Secretaría de Coordinación de Gabinete; (...).
9. Artículo 22.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo. (...).
10. Artículo 67.
1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones: (...).
11. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...) V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).
12. Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
III. (...) La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
13. Jurisprudencia P./J. 54/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 882, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
14. La publicación respectiva puede ser consultada en: https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/anexos/2025-12/ANEXO%20104-2025%20LI%20CASAS%20GRANDES-2026.pdf
15. Artículo Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil veintiséis previa publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua.
16. Cobra aplicación por identidad de razón el criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 9/2004, de rubro siguiente: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.” Registro digital 182049.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34339-3b305976/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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