I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, INCISO D), NUMERALES 1 Y 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, POR NO HABER ALCANZADO LA VOTACIÓN CALIFICADA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 2 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 2 de diciembre de 2025, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se desestima la Controversia Constitucional 40/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, respecto del artículo 15, fracción III, inciso d), numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2024.
En el proyecto de sentencia se proponía declarar inválida la normativa impugnada, no obstante, se desestimó al no alcanzar una mayoría calificada de seis votos a favor de la invalidez.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Antecedentes. De las constancias de autos se advierte que el 20 de diciembre de 2024, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2025, Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió la presente controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla, de quienes impugnó la mencionada Ley, en particular, el artículo 15, fracción III, inciso d), numerales 1 y 2, que dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 15
Los derechos por obras materiales se pagarán de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.
...
III. Permisos
...
d) Estación de almacenamiento y/o distribución por unidad:
1. Estación de almacenamiento y/o distribución de gas L.P. o natural en cualquiera de sus modalidades $2,728.00
2. Estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y/o petróleo por superficie construida en metros cuadrados y/o en el caso de tanques de almacenamiento por metro cúbico. $2,727.50
...
3. Conceptos de invalidez. El Poder actor formula como conceptos de invalidez los siguientes:
a) Se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal, dado que el artículo 15 impugnado establece regulación en materia de hidrocarburos, cuya competencia está reservada exclusivamente para la Federación.
b) Las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, ni pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las legislaciones estatales que emitan sus congresos locales en materia hacendaria.
c) La facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso de suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos.
d) Si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de uso de suelo y de construcción, debido a que establece un pago de acuerdo con la clasificación de tarifas que establece la ley.
e) Además, regula el pago sobre la emisión del permiso para establecimientos que lleven a cabo el almacenamiento o distribución de gas LP o natural, que integran a la industria de los hidrocarburos.
f) El municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía, dado que la licencia sirve para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro de la esfera territorial del municipio, lo que invade la competencia federal pues constituye una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos.
g) La hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales de manera inconstitucional, que devienen de las actividades que se desarrollan en la industria de los hidrocarburos y no se puede realizar una doble tributación a través de una ley municipal.
h) Al respecto, se cita la controversia constitucional 65/2024, en la que se resolvió que el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación de hidrocarburos es competencia de la Federación.
4. Admisión y trámite. El 20 de febrero de 2025, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el número de expediente 40/2025 y designó como instructor al entonces Ministro Javier Laynez Potisek.
5. El 31 de marzo de 2025, se dictó acuerdo en el que se admitió a trámite la demanda, se tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla y se ordenó su emplazamiento. En el mismo acuerdo se les requirieron los antecedentes legislativos del Decreto, así como su publicación en el Periódico Oficial, respectivamente.
6. Se tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla; por tanto, se ordenó correrles traslado con copia simple del escrito de demanda, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Finalmente, dio vista del asunto a la Fiscalía General de la República para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7. Opiniones de los terceros interesados, Senado de la República, Cámara de Diputados y Municipio de Cuautlancingo. El delegado del Senado(1) de la República emitió opinión respecto de la demanda presentada por el Poder Ejecutivo Federal, en el sentido de que eran fundados los conceptos de invalidez formulados. Asimismo, el Presidente de la Cámara de Diputados(2) también realizó diversas manifestaciones. Por su parte, el Municipio de Cuautlancingo(3), a través de su síndica, formuló su opinión en el sentido de rechazar los argumentos de la demandante.
8. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Puebla. El Poder Legislativo Estatal dio contestación(4) a la demanda por medio del Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudio y de Proyectos Legislativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el siguiente sentido:
a) Del contenido de las normas impugnadas, relacionadas con la expedición de licencias, permisos y autorizaciones, no se desprende una intromisión en la esfera competencial de las autoridades federales.
b) La expedición de los permisos regulados en la norma constituye una materia en la que los Congresos locales tienen facultades para legislar. Lo que se corrobora del estudio del artículo 124 constitucional que establece la distribución de competencias entre la Federación y los Estados. Las facultades que no se encuentren expresamente conferidas a la Federación, se entenderán reservadas para los Estados.
c) El artículo 115 fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos en el suelo que controla. Dicha atribución implica que los Estados podrán legislar en ese ámbito. Ello derivado de las distintas reformas al precepto en la que se enriquecieron las facultades de los municipios.
d) La autorización del uso de suelo, que les permitan ejercer funciones de control y vigilancia sobre el desarrollo urbano, por lo que la atribución es fundamental para garantizar el desarrollo ordenado de la infraestructura municipal, asegurando que las obras y construcciones se realicen con las medidas de protección necesarias, en beneficio del desarrollo armónico y del interés general de la sociedad.
e) Que el proceso legislativo se inicia con la facultad de presentar iniciativas de Leyes o Decretos, en términos de lo que dispone el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, corresponde al Gobernador del Estado, a los Diputados, al Tribunal Superior de Justicia, en lo relacionado a la Administración de Justicia, los Ayuntamientos en lo relativo a la Administración Municipal y los ciudadanos de la entidad, debidamente identificados y cuyo número sea cuando menos el dos punto cinco por ciento de los inscritos en el Registro Federal de Electores.
9. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Por su parte, el Poder Ejecutivo contestó la demanda a través del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en los términos siguientes:
a) La sanción, promulgación y publicación de la Ley impugnada no es inconstitucional, ya que el Gobernador del Estado cuenta con atribuciones que emanan del artículo 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como del diverso 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
b) El proceso legislativo para la emisión de la Ley impugnada fue seguido puntualmente.
c) Al Ejecutivo estatal no le compete la imposición y el cobro del impuesto, ya que su esfera de competencia no incurre instruir el contenido de las leyes tributarias.
d) El Congreso del Estado que expidió la ley tiene facultades para ello, por lo que el Ejecutivo estatal ordenó la promulgación respectiva.
e) Corresponde a los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo, previa autorización de cuando menos dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, el día 15 de noviembre la iniciativa de Ley de ingresos que deberá regir al año siguiente, en la que propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y aprovechamientos, así como presentarán las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.
f) Del artículo 115 constitucional, se desprende la facultad de los ayuntamientos para administrar su patrimonio y formular, aprobar y dirigir su presupuesto, otorgar licencias y permisos para construcciones, como características del municipio libre y autónomo que asegura el fortalecimiento de su economía a nivel constitucional, lo que se ve reflejado en la Ley que se impugna, al contar con fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas, para que en el ámbito de sus competencias propongan las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y otorgar licencias de construcción, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.
g) La porción normativa impugnada no versa o intenta regular alguno de los elementos que conforman las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, constitucionalmente reservadas para el Gobierno Federal.
h) La porción normativa no regula actividades que conforman la cadena de producción de hidrocarburos o que se relacionen directamente con las actividades de exploración y extracción de los mismos, puesto que la teleología de la norma tiene por objeto regular el uso "doméstico" en el almacenamiento y distribución de uso común y cotidiano, no así en los aspectos que atañen a la economía nacional, o que incidan en el marco macroeconómico, toda vez que las licencias que otorga el municipio son en torno al uso del suelo, facultades propias del municipio que son ajenas de la materia de hidrocarburos.
i) El almacenamiento y distribución de hidrocarburos constituye una actividad recurrente en la vida de los gobernables, cuya disponibilidad asegura el correcto desarrollo de las actividades económicas, laborales, profesionales y personales.
j) La norma no tiene por objeto establecer reglas y condiciones respecto a las asignaciones, contratos y concesiones que se otorgan a las sociedades constituidas, para llevar a cabo la exploración y extracción de hidrocarburos. No intenta cambiar el control sobre organismos y empresas públicas del Estado establecidas en el país, encargadas de dichas áreas estratégicas.
k) La norma tiene relación con el ordenamiento de los asentamientos humanos y protección civil, facultades que tienen los municipios en términos del artículo 115 constitucional.
l) Aun cuando las normas refieran como conceptos todo establecimiento que almacene o distribuya gas LP o natural, gasolina, diésel, petróleo, sus derivados (excepto combustibles), nada tiene que ver con actividades propias de reconocimiento y exploración superficial, explotación y extracción de hidrocarburos, tratamientos, refinación, enajenación, comercialización, transporte, procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión, y regasificación de gas LP o natural, gasolina, diésel, petróleo y sus derivados, con lo que no se trastoca algún derecho humano.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.
11. Agotados los trámites respectivos, se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como alegatos, el 9 de julio de 2025. En ésta se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y se hizo constar que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado de Puebla, así como el Poder Ejecutivo Federal formularon alegatos.
12. Finalmente, mediante auto de Presidencia de 11 de agosto de 2025, se cerró la instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
13. El 4 de septiembre de 2025,(5) el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó turnar el presente asunto a la ponencia del Ministro Irving Espinosa Betanzo para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
II. COMPETENCIA
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a),(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 16, fracción I,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), de 3 de septiembre de 2025, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; en virtud de que se plantea un conflicto entre normas de una entidad federativa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMAS IMPUGNADAS
15. En su capítulo sobre actos y normas impugnadas, el Poder Ejecutivo Federal se refirió a la fracción III, inciso d), numerales 1 y 2, del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, para el ejercicio fiscal 2025, el cual se reproduce a continuación:
ARTÍCULO 15
Los derechos por obras materiales se pagarán de acuerdo a lo establecido en el presente artículo.
...
III. Permisos
...
d) Estación de almacenamiento y/o distribución por unidad:
1. Estación de almacenamiento y/o distribución de gas L.P. o natural en cualquiera de sus modalidades $2,728.00
2. Estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diésel y/o petróleo por superficie construida en metros cuadrados y/o en el caso de tanques de almacenamiento por metro cúbico. $2,727.50
IV. OPORTUNIDAD
16. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de 30 días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: (a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; (b) a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución; o (c) a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(9)
17. En el caso que nos ocupa, el Poder Ejecutivo Federal impugna el Decreto cuya naturaleza es de un acto legislativo. Este Decreto fue publicado el 20 de diciembre de 2024, por lo que el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional transcurrió del 2 de enero al 14 de febrero de 2025.(10) Por tanto, si la demanda se presentó el 13 de febrero de 2025, se concluye que es oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla. Al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal puede ser representado por el secretario de estado, el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
19. En el caso concreto, el Poder Ejecutivo Federal compareció por conducto de Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que se tiene por acreditado con la copia certificada de su nombramiento de 1 de octubre de 2024, expedido por la Presidenta de la República.
20. Además, dicha funcionaria cuenta con facultades para representar al titular del Poder actor en términos del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2001,(11) por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional está facultado para tal efecto.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
21. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla, de acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(12) que señala que tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
22. De acuerdo con lo previsto en la Ley Reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen. En el caso, el Poder Ejecutivo local es representado por Edgar Badillo Morales, en su carácter de Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, en representación del Gobernador del Estado, quien acreditó su personalidad con la copia de su nombramiento de 1 de agosto de 2023.
23. Asimismo, el artículo 82(13) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el Consejero Jurídico será el representante jurídico del Estado y quien podrá otorgar esa representación a los funcionarios que le auxilien. Al respecto, las fracciones I y II del artículo 22(14) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establecen las atribuciones que le corresponderán a la Consejería Jurídica.
24. Entre ellas se encuentra la de representar legalmente al Estado y al Gobernador en todo tipo de juicios, procedimientos, recursos, acciones y controversias, así como promover medios preparatorios a juicio, medidas precautorias, demandas, denuncias, contestaciones, reconvenciones, incidentes y recursos; ofrecer pruebas, presentar alegatos e intervenir en todos los demás actos procesales en los asuntos en los que el Gobernador o Gobernadora sea parte o tenga interés, hasta la conclusión y ejecución de los juicios correspondientes.
25. Finalmente, el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Estado de Puebla señala en su artículo 5,(15) fracción III.1.1., que dicha institución podrá auxiliarse de una Dirección de Procedimientos Constitucionales, y en su artículo 25,(16) establece las atribuciones de la Dirección de Procedimientos Constitucionales, entre las que se encuentran la de fungir como delegado en las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.
26. Por consiguiente, el funcionario acreditó tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
27. Ahora bien, respecto del Poder Legislativo, compareció Jesús Juárez Lezama, quien se ostentó como Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso de Puebla, quien acreditó tal carácter con el nombramiento respectivo, de 2 de octubre de 2024, el cual fue otorgado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política mediante acuerdo de 9 de octubre de 2024.
28. Asimismo, se hace notar que el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su fracción III, se delega en la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ejercer la representación legal del Poder Legislativo del Estado, pudiendo delegar dicha representación al Secretario General o al Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos cuando lo considere adecuado.
29. Además, el artículo 189, fracción XV, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, contempla las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, en cuanto a ejercer la representación legal del Poder Legislativo por delegación expresa del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en términos de la Ley Orgánica, de ahí que también se encuentra acreditada su legitimación pasiva.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
30. En el caso, si bien el Poder Ejecutivo demandado en su contestación no hace valer expresamente una causal de improcedencia, alega que su participación en el proceso de creación de las normas combatidas se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual sostiene que la impugnación resulta infundada respecto a esos actos.
31. Dicho argumento debe desestimarse acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010(17) de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES".
VIII. ESTUDIO DE FONDO
32. El Poder actor hace valer la invalidez del artículo 15, fracción III, inciso d), numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal de 2025, contenida en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2024, bajo la consideración esencial referente a que al prever el cobro de tarifas por concepto de almacenamiento y distribución de gas LP o natural en cualquiera de sus modalidades, así como de gasolina, diésel y/o petróleo, para cualquier establecimiento, se vulneran diversos preceptos constitucionales, por invadir competencias exclusivas de la Federación en materia de hidrocarburos.
33. En sus conceptos de invalidez, el Poder demandante señala que se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2, de la Constitución Federal, dado que el artículo 15 impugnado establece regulación en materia de hidrocarburos, cuya competencia está reservada exclusivamente para la Federación.
34. Indica que las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, ni pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las legislaciones estatales que emitan sus Congresos locales en materia hacendaria. En ese sentido, dice que la facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso de suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos.
35. Así, señala que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales de manera inconstitucional, que devienen de las actividades que se desarrollan en la industria de los hidrocarburos, siendo que no se puede realizar una doble tributación a través de una ley municipal. Al respecto, se cita la controversia constitucional 65/2024, en la que se resolvió que el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación de hidrocarburos es competencia de la Federación.
36. En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se proponía declarar fundados los anteriores argumentos y, en consecuencia, declarar la invalidez de la normativa impugnada. No obstante, al tomarse la votación se registró una mayoría de cinco votos a favor de la propuesta de las Ministras Ríos González, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf y de los Ministros Espinosa Betanzo y Guerrero García. Votaron en contra las Ministras Herrerías Guerra y Batres Guadarrama y los Ministros Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz.
37. Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IX. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se desestima en la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; conforme a derecho corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cinco votos de las personas Ministras Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Guerrero García, respecto de los apartados VIII, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 15, fracción III, inciso d), numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2025, y IX, relativo a los efectos, consistente en 1) determinar que la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Puebla y 2) notificar la presente sentencia al municipio involucrado por ser la autoridad encargada de la aplicación de la ley de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas. Las personas Ministras Herrerías Guerra, Batres Guadarrama, Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz votaron en contra.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
_________________
1. Cuaderno de la controversia constitucional 40/2025, foja 145.
2. Ídem, foja 166.
3. Ídem, foja 243.
4. Ídem, foja 189.
5. Cuaderno de la controversia constitucional 40/2025, foja 340.
6. Artículo 105 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa; (...)
7. Artículo 1 de la Ley Reglamentaria de Las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
8. Artículo 16.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada;
[...].
9. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34176-7659466e/i-controversia-constitucional-debe-desestimarse-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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