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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN [ARTÍCULO 28, FRACCIONES X, INCISOS A) Y B) Y XXXIV, SUB-FRACCIÓN III, NUMERAL 4, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66-222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 28, FRACCIONES X, INCISOS A) Y B) Y XXXIV, SUB-FRACCIÓN III, NUMERAL 4, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMPICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66-222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2025. · Registro digital (IUS): 34195
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-21
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.50.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.

SÍNTESIS

El Poder Ejecutivo Federal impugnó el artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fracción III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, expedida mediante Decreto 66-222, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

La norma impugnada establece el cobro de derechos por la expedición de licencia de construcción de ductos subterráneos y aéreos (gas natural, cable para televisión y demás empresas privadas que requieren ocupar territorio municipal para brindar sus servicios) y el cobro de derechos por la utilización de la vía pública con motivo de instalación de infraestructura superficial o subterránea (distribución de gas, gasolina y similares), al respecto, el Poder Ejecutivo Federal refiere que el decreto impugnado invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 23/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Tamaulipas, en la que impugna el 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fracción III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El trece de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en donde impugnó el Decreto 66-222, y en específico el artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fracción III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

2. En su escrito de demanda, la parte accionante en el único concepto de invalidez hizo valer sustancialmente que se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28 párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo siguiente:

• El artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, apartado III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, es inconstitucional dado que invaden las facultades en materia de hidrocarburos reservadas exclusivamente a la Federación, contenidas en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la CPEUM.

• La competencia federal en materia de hidrocarburos se aprecia desde dos perspectivas. La primera, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 2o. del artículo 73, de la CPEUM y la segunda, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, conforme al artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos.

• La Ley de Hidrocarburos, establece que esta industria es de jurisdicción federal, por tanto es el único que puede dictar disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, particularmente el artículo 4, establece que corresponde exclusivamente a la Federación regular entre otras el almacenamiento, distribución, exploración y extracción de petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos que integran la industria de hidrocarburos. Las entidades federativas se encuentran excluidas de estas facultades, por lo que deben atender únicamente, a aquellas que les confiere el texto constitucional para su esfera local, en la vertiente legislativa y ejecutiva, acorde a la interpretación contrario sensu del artículo 124 constitucional.

• De acuerdo al artículo 115, fracción V, inciso d, de la CPEUM, es facultad de los municipios de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, observando los términos de las leyes federales y estatales relativas, sin embargo, dicha facultad esta limitada por tratarse de materias reservadas a la Federación, tales como las leyes de hidrocarburos y lo concerniente a equilibrio ecológico y protección al ambiente.

• Los Municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, toda vez que, como disponen los artículos 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I y 52, de la Ley de Hidrocarburos, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía (SENER), la emisión de los permisos en actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en territorio nacional, de revisión previa de cumplimento de las especificaciones técnicas y de diseño sobre las instalaciones.

• La facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso del suelo y de permiso de construcción, no alcanza para recaudar contribuciones, impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos. Si bien, la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de ductos subterráneos y aéreos.

• Por esa razón, el municipio vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría Energía, dado que la licencia de revisión y autorización servirá para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas exigidas por el municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye en una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.

• El Pleno de esta SCJN, en la acción de inconstitucionalidad 65/2024, resolvió que si la norma en análisis tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación de hidrocarburos exclusivas de la Federación, es claro que el legislador invadió las facultades de ésta, por lo que resulta inconstitucional.

3. Radicación y turno. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta SCJN tuvo por recibido el escrito de demanda, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 23/2025 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. El veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Tamaulipas para que contestaran la demanda en el plazo de treinta días, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada del periódico oficial en el que constara la publicación del decreto controvertido. Tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Tampico, Tamaulipas, a los que se ordenó dar vista con la demanda para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que resultara conveniente.

5. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El diez de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado, y expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del Decreto impugnado:

• En términos del artículo 124 de la CPEUM, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.

• La fracción X del artículo 73, de la CPEUM establece que es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, así como para expedir las leyes del trabajo.

• Dicha facultad exclusiva también se advierte de los artículos 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo y 28 de la CPEUM, de los que se desprende que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.

• La fracción XXXI, del artículo 73 de la CPEUM habilita al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.

• El Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.

• En los artículos 95, primer párrafo y 131 de la Ley de Hidrocarburos se indica que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarías y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria y que la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.

• Respecto a la regulación de licencias y permisos para construcción, el artículo 115, apartado V, incisos d y f, de la CPEUM otorga al orden municipal la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y conceder licencias y permisos para construcciones de conformidad con los términos de las leyes federales y estatales de la materia; pero quedan excluidos cuando la emisión de las licencias y permisos sean parte del desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, toda vez que dicha facultad es exclusiva de la Federación. Además, los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que se puedan celebrar.

• De acuerdo con los artículos 96 y 100 a 117 de la Ley de Hidrocarburos, la industria es de utilidad pública y las actividades de explotación y extracción se consideran de interés social y orden público. Además, la posesión o propiedad del derecho de vía para el desarrollo de las actividades derivadas de la industria de hidrocarburos, se otorga conforme a los permisos autorizados por la Federación.

• De los artículos 1, 3, fracción XI, 7, fracción VII de la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos; 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f, 35, Bis 2 y Bis 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 2 y 5, de su Reglamento, se desprende que respecto al uso de suelo en zonas forestales para efectuar actividades de hidrocarburos, es competencia del Poder Ejecutivo Federal realizar el cambio de uso de suelo, lo que restringe de manera absoluta las facultades de los municipios para llevar a cabo esta actividad.

• La Ley de Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos. De igual forma, establece que para el otorgamiento de una asignación la Secretaría de Energía deberá motivar que se trata del mecanismo más adecuado para el interés del Estado en términos de producción y garantía de abasto de hidrocarburos. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público podrán celebrar contratos para la exploración y extracción, los cuales establecerán invariablemente que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.

• La entidad federativa demandada invadió la esfera competencial de la Federación, prevista en los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción X, de la CPEUM, toda vez que los municipios no tienen facultades para la expedición de licencias de uso del suelo y de permisos de construcción impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que si bien es cierto que el artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fración III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de ductos subterráneos y aéreos para gas natural.

6. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso medularmente lo siguiente:

• Conforme al orden constitucional establecido en los artículos 25, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o. y 124 de la Constitución Federal, el municipio invade las facultades en materia de hidrocarburos exclusivas de la Federación.

• De acuerdo a dichos preceptos constitucionales, el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar en toda la República sobre hidrocarburos; así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la Nación, así como de aquellos derivados del petróleo; por lo que la norma impugnada invade facultades de la federación.

7. Contestación del Poder Legislativo del estado de Tamaulipas. El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la persona Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y soberano de Tamaulipas depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de demanda, recibido el 3 de julio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, y básicamente expuso los siguientes argumentos:

• En primer lugar, solicita el sobreseimiento de la controversia constitucional, pues mediante Decreto 66-310 el Congreso del estado de Tamaulipas derogó la fracción X y el numeral 4 de la sub-fracción III de la fracción XXXIV del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2025, y en consecuencia cesaron los efectos de la norma impugnada.

• Por otra parte, refiere que es inexacto que con la expedición del Decreto impugnado se invada la competencia de la Federación en materia de hidrocarburos, prevista en los artículos 25, párrafo quinto, 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X, y XXIX, numerales 2o.; y 124 de la CPEUM, toda vez que si bien es cierto que la Ley de Hidrocarburos dispone que únicamente el Gobierno Federal puede dictar disposiciones técnicas reglamentarias y de regulación en la materia, la porción normativa combatida no regula aspectos relacionados con el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

• El artículo 115 de la CPEUM otorga expresamente a los municipios diversas facultades, entre ellas la de otorgar licencias y permisos en el suelo que controla, pero ello no significa que la norma controvertida invada la distribución al público de petrolíferos, ni tampoco su transporte por ductos subterráneos o aéreos.

• Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público; sin embargo, el Decreto impugnado, en modo alguno dispone cobro por dichas actividades de exploración o extracción o aquellas que se le asemejen.

• Los Estados y Municipios contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento; mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia; por lo que los municipios están obligados a colaborar o coordinarse para contribuir al desarrollo de proyectos en la materia, inclusive en la distribución, agilizando y garantizando el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

• Lo anterior, no implica la condonación de esos permisos y autorizaciones, ya que solo están obligados a agilizar y garantizar, previa coordinación con la federación, la expedición de los mismos.

• El cobro de los derechos establecido en la norma controvertida es en función de la longitud de la obra y del tipo de instalación, y no existe distinción en cuanto al tipo de instalación, es decir, no define el cobro basado en el tipo de ductos, pues solo se limita a establecer el único aspecto regulable de su competencia que es la construcción y la única forma medible que se encuentra dentro del margen de sus atribuciones, es la longitud de la construcción.

• En el presente asunto no se configura una invasión de esferas competenciales por la mera existencia de derecho que corresponden legalmente a las autoridades estatales o municipales y su convivencia con actividades reservadas a las autoridades federales, pues como puede observarse lo que en el caso se grava en favor de los municipios es la expedición de licencias para vigilar el uso de suelo y construcción.

8. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas. El Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del estado Libre y Soberano de Tamaulipas, depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de demanda, recibido el 27 de junio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, y contestó la demanda esencialmente en los siguientes términos:

• Los actos señalados por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal son ciertos única y exclusivamente en lo que respecta a la promulgación y publicación del Decreto impugnado.

• Propone el sobreseimiento de la presente Controversia Constitucional, ya que se actualiza la hipótesis prevista en por el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo de la CPEUM, en relación al diverso artículo 20, fracción II de la referida Ley Reglamentaria.

• Lo anterior debido a que mediante Decreto 66-3310 el Congreso del estado de Tamaulipas derogó la fracción X y el numeral 4 de la sub-fracción III de la fracción XXXIV del artículo 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2025, y en consecuencia cesaron los efectos de la norma impugnada.

9. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Ley Reglamentaria de la materia”), se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la CPEUM(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta SCJN, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el Ejecutivo Federal.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

12. En términos de los artículos 39 y 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente controversia constitucional.

13. De la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la norma impugnada es el artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fracción III, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, que ordena lo siguiente:

Ver artículo 28

14. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia en sus fracciones I y II(5) establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales se computará de la siguiente manera:

a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

16. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugnó el Decreto número 66-222 con motivo de su publicación el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días hábiles para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)

17. Por lo tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, se determina que la controversia constitucional que nos ocupa se promovió de manera oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

18. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Tamaulipas, por la invasión a la esfera de competencias federales derivada de la emisión del Decreto 66-222, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2025, cuyo artículo 28, fracción X, incisos a y b y fracción XXXIV, sub-fracción III, numeral 4, establece el cobro de derechos por la expedición de licencia de construcción de ductos subterráneos y aéreos (gas natural, cable para televisión y demás empresas privadas que requieren ocupar territorio municipal para brindar sus servicios) y el cobro de derechos por la utilización de la vía publica con motivo de instalación de infraestructura superficial o subterránea (distribución de gas, gasolina y similares).

19. Esta SCJN ha reconocido las facultades del Poder Ejecutivo Federal, para acudir en defensa de los intereses de la Federación, como consta en el criterio 2a. XLVII/2003.(7)

20. El escrito de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento del uno de octubre de dos mil veinticuatro, emitido por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

21. Al respecto, el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia establece lo siguiente:

Artículo 11. (...)

La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será representado o representada por el secretario o secretaria de estado, por el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o la Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente o Presidenta, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estas personas servidoras públicas y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

22. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone:

Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

(...)

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;

23. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno señala lo siguiente:

ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.

24. De las disposiciones que preceden, se advierte que la persona titular de la Consejería Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este alto tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, se concluye que la presente controversia constitucional se promovió por parte legitimada.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Tamaulipas cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, debido a que se les atribuye la aprobación de la norma impugnada.

26. En representación del Poder Legislativo referido compareció Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y soberano de Tamaulipas, carácter que acreditó con la copia certificada del Decreto 66-225, expedido por ese poder legislativo el quince de enero de dos mil veinticinco.

27. De conformidad con lo dispuesto con el artículo 22, inciso I, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(8) en relación con los artículos 8, 10, fracción II,(9) 11, párrafo primero, y 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la CPEUM, corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado representarlo, quien podrá delegar esta representación en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos del Congreso, otorgando el poder legal correspondiente. Por lo tanto, la Presidenta de la Mesa Directiva referida cuenta con la representación de dicho Congreso.

28. Por su parte, en representación del Poder Ejecutivo local, compareció Jorge Luis Beas Gámez en su carácter de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, cargo que acreditó con copia certificada de su nombramiento.

29. Conforme al artículo 26, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,(10) en relación con el 44 fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas,(11) es atribución de la persona titular de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaria referida, representar legalmente al gobierno del estado de Tamaulipas. Por lo tanto, Jorge Luis Beas Gámez cuenta con l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34195-80510fd4/i-controversia-constitucional-es-infundada-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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