I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN [ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XII, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66-217, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XII, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 66-217, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.
SÍNTESIS
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 27, fracción XII, incisos a y b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, expedida mediante Decreto 66-217, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
La norma impugnada establece el cobro de derechos por la expedición de licencia de construcción de ductos subterráneos y aéreos (gas natural, cable para televisión y demás empresas privadas que requieren ocupar territorio municipal para brindar sus servicios); o sustitución de cable de cobre por cable de fibra óptica en líneas ya existentes. Al respecto, el Poder Ejecutivo Federal refiere que el decreto impugnado invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 84/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, en la que impugna el 27, fracción XII, incisos a y b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. El trece de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional, en donde impugnó el Decreto 66-217, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante la cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, en específico el artículo 27, fracción XII, incisos a y b.
2. En su escrito de demanda, la parte accionante en el único concepto de invalidez hizo valer sustancialmente que se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28 párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo siguiente:
• El artículo 27, fracción XII, incisos a y b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, es inconstitucional porque establece regulación en materia de hidrocarburos cuya competencia está reservad exclusivamente a la Federación, por lo que existe una invasión de atribuciones que amerita la declaración de invalidez de tales preceptos.
• La competencia federal en materia de hidrocarburos se aprecia desde dos perspectivas. La primera, en la potestad legislativa y contributiva que asume el Congreso de la Unión, conforme a las fracciones X y XXIX, numeral 2o. del artículo 73 de la CPEUM y la segunda, se delinea en la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, conforme al artículo 131 de la Ley de Hidrocarburos.
• La Ley de Hidrocarburos, indica que esta industria es de jurisdicción federal, por ello es el único que puede dictar disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas que se vinculen con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, acorde con el artículo 95, párrafo primero, de la ley en cita.
• La Federación tiene la competencia exclusiva para legislar, imponer contribuciones, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas referente a las actividades de reconocimiento, explotación, tratamiento, refinación, enajenación, comercialización y almacenamiento de petróleo, gas natural, petrolíferos y de petroquímicos que integran esta industria, desde la fuente de suministro, hasta la venta de los productos en el mercado mayorista, conforme a los artículos aludidos de este sistema normativo.
• Las entidades federativas quedan excluidas para el ejercicio y distribución de facultades en materia de hidrocarburos, por lo que deben atender púnicamente, a las atribuciones que le confiere el texto constitucional para su esfera local, en la vertiente legislativa y ejecutiva, acorde a la interpretación en sentido contrario del artículo 124 de la CPEUM.
• De acuerdo al artículo 115, fracción V, inciso d, de la CPEUM, es facultad de los municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, y otorgar licencias o permisos para las construcciones conforme a los planes de desarrollo urbano que emitan dentro de su jurisdicción territorial, en observancia los términos de las leyes federales y estatales relativas; sin embargo, dicha facultad esta limitada por tratarse de materias reservadas a la Federación, tales como las leyes de hidrocarburos.
• Los Municipios quedan excluidos de la facultad de conceder licencias y permisos para el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, toda vez que, como disponen los artículos 49, fracción II, 50, fracción I, 51, fracción I y 52 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la emisión de los permisos en actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en territorio nacional, así como de la revisión previa de cumplimento de las especificaciones técnicas y de diseño sobre las instalaciones.
• La facultad constitucional otorgada a los municipios no abarca la materia de hidrocarburos, pues el único poder facultado para ello es el Poder Ejecutivo Federal.
• El decreto impugnado invade la competencia de la Federación dado que las entidades federativas no cuentan con facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y/o vigilancia sobre las actividades de hidrocarburos, además que tampoco pueden otorgar facultades a los municipios por medio de las leyes estatales que emitan sus Congresos locales en materia hacendaria, ya que esas materias son de competencia federal, de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXI, de la CPEUM.
• La entidad federativa vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal relacionadas con la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría Energía, dado que la licencia de funcionamiento servirá para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro de la esfera territorial del municipio, a fin de que ese establecimiento continúe con su operación comercial, lo que evidencia la invasión a la esfera competencial de la Federación, pues constituye en una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.
• El Pleno de esta SCJN, en la acción de inconstitucionalidad 65/2024, resolvió que si la norma en análisis tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio de explotación y regulación de hidrocarburos exclusivas de la Federación, resulta claro que el legislador invadió las facultades de ésta, por lo que resulta inconstitucional.
3. Radicación y turno. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el escrito de demanda, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 84/2025 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Admisión y trámite. El veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional, emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que contestaran la demanda en el plazo de treinta días, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada del periódico oficial en el que constara la publicación del decreto controvertido. Tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los que se ordenó dar vista con la demanda para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que resultara conveniente.
5. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (tercero interesado). El dos de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado, y expuso diversos argumentos por los que sostuvo la invalidez del Decreto impugnado:
• En términos del artículo 124 de la CPEUM, las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.
• La fracción X del artículo 73 de la CPEUM establece que es competencia del Congreso de la Unión legislar la materia de hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, así como para expedir las leyes del trabajo.
• Dicha facultad exclusiva también se advierte de los artículos 27 y 28 de la Norma Fundamental, de los que se desprende que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales son actividades que sólo se pueden realizar a través de las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, aunado a que no constituyen monopolio las funciones del Estado en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.
• La fracción XXXI del artículo 73 de la CPEUM habilita al Congreso de la Unión para expedir cláusulas habilitantes, a través de las cuales faculta a los órganos administrativos del Estado para que, a partir de bases y parámetros generales, regulen determinadas materias.
• El Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos con la que se reitera que corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico.
• En los artículos 95, párrafo primero y 131 de la Ley de Hidrocarburos se indica que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarías y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria y que la facultad de ejecución y vigilancia de las normas en la materia corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos.
• Respecto a la regulación de licencias y permisos para construcción, el artículo 115, apartado V, incisos d y f, de la CPEUM otorga al orden municipal la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, conceder licencias y permisos para construcciones de conformidad con los términos de las leyes federales y estatales de la materia; pero su facultad está limitada por las normas jurídicas federales, ya que por mandato constitucional existen materias reservadas a esta última esfera competencia, tal como lo es el caso de hidrocarburos y lo concerniente a equilibrio ecológico y protección al medio ambiente.
• De los artículos 1, 3, fracción XI, y 7, fracción VII, de la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos; 5, fracción X, 6, 7, fracción XVI, 8, fracción II, 11, fracción III, inciso f), y 35, Bis 2 y Bis 3, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 2 y 5 de su Reglamento, se desprende que respecto al uso de suelo en zonas forestales para efectuar actividades de hidrocarburos, es competencia del Poder Ejecutivo Federal realizar el cambio de uso de suelo, lo que restringe de manera absoluta las facultades de los municipios para llevar a cabo esta actividad.
• La Ley de Hidrocarburos prevé que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva del Estado, de manera excepcional, asignaciones para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos. De igual forma, establece que para el otorgamiento de una asignación la Secretaría de Energía deberá motivar que se trata del mecanismo más adecuado para el interés del Estado en términos de producción y garantía de abasto de hidrocarburos. Que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público podrán celebrar contratos para la exploración y extracción, los cuales establecerán invariablemente que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
• La entidad federativa demandada invadió la esfera competencial de la Federación, prevista en los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción X, de la CPEUM, toda vez que los municipios no tienen facultades para la expedición de licencias de uso del suelo y de permisos de construcción impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, ya que si bien es cierto que el artículo 27, fracción XII incisos a y b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para llevar a cabo diversas actividades de hidrocarburos, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de ductos subterráneos y aéreos para gas natural.
6. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (tercero interesado). El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus manifestaciones en calidad de tercero interesado y expuso medularmente lo siguiente:
• Conforme al orden constitucional establecido en los artículos 25, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo, 28, párrafo cuarto, 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o. y 124 de la Constitución Federal, el municipio invade las facultades en materia de hidrocarburos exclusivas de la Federación.
• De acuerdo a dichos preceptos constitucionales, el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar en toda la República sobre hidrocarburos; así como para establecer contribuciones con relación al aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la Nación, así como de aquellos derivados del petróleo; por lo que la norma impugnada invade facultades de la Federación.
7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la persona Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de demanda, recibido el tres de julio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, y básicamente expuso los siguientes argumentos:
• En primer lugar, solicita el sobreseimiento de la controversia constitucional, pues mediante Decreto 66-308 el Congreso del Estado de Tamaulipas derogó la fracción XII del artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2025, y en consecuencia cesaron los efectos de la norma impugnada.
• Por otra parte, refiere que es inexacto que con la expedición del Decreto impugnado se invada la competencia de la Federación en materia de hidrocarburos, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X, y XXIX, numerales 2; y 124 de la CPEUM.
• Señala que la norma confrontada, no invade las atribuciones de la Federación, toda vez que si bien es cierto, la Ley del Hidrocarburos, dispone que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, la porción normativa que se analiza no establece normatividad técnica, ni reglamentaria, ni regula tampoco ningún aspecto en materia de reconocimiento o exploración, superficial o de extracción de hidrocarburos, tampoco regula aspectos relacionados con el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
• Manifiesta que el artículo 115 de la CPEUM otorga expresamente a los municipios diversas facultades, entre ellas la de otorgar licencias y permisos en el suelo que controla, pero ello no significa que la norma controvertida invada la distribución al público de petrolíferos, ni tampoco su transporte por ductos.
• Señala que las licencias y permisos de construcción, es una facultad concedida a los municipios en el artículo 115 de la CPEUM, sin que ello signifique que se arrogue atribuciones de la Federación, solo por establecer el pago de derechos de construcción en materia ductos subterráneos o aéreos.
• Los Estados y Municipios contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento; mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia; por lo que los municipios están obligados a colaborar o coordinarse para contribuir al desarrollo de proyectos en la materia, inclusive en la distribución, agilizando y garantizando el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.
• Manifiesta que la normatividad impugnada no establece distinción en cuanto al tipo de instalación, es decir no define el cobro basado en la circunferencia de los ductos, ni su profundidad, ni el tipo de ductos, ni ninguna otra basada en medición técnica, toda vez que se limita a establecer el único aspecto regulable de su competencia que es la construcción y la única forma medible que se encuentra dentro del margen de sus atribuciones, es la longitud de la construcción para la instalación de aquellos.
• Al respecto, señala que el artículo 115, fracción IV, de la CPEUM, establece que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El tres de junio de dos mil veinticinco, el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del estado Libre y Soberano de Tamaulipas, depositó en la oficina de Correos de México, el escrito de contestación de demanda, recibido el diez de junio del mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, y básicamente argumentó lo siguiente:
• Los actos señalados por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal son ciertos única y exclusivamente en lo que respecta a la promulgación y publicación del Decreto impugnado.
• Propone el sobreseimiento de la presente Controversia Constitucional, ya que se actualiza la hipótesis prevista en por el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, en relación con diverso 20, fracción II, de la referida Ley Reglamentaria.
• Lo anterior debido a que mediante Decreto 66-308 el Congreso del Estado de Tamaulipas derogó los incisos a y b, de la fracción XII, del artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2025, y en consecuencia cesaron los efectos de la norma impugnada.
9. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el doce de noviembre de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Ley Reglamentaria de la materia”), se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la CPEUM(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I,(3) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta SCJN, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo Federal.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
12. En términos de los artículos 39 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente controversia constitucional.
13. De la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la norma impugnada es el artículo 27, fracción XII, incisos a y b, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, que ordena lo siguiente:
Ver artículo 27
14. En cuanto a la existencia de dicha norma, debe decirse que ha quedado debidamente acreditada con su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia en sus fracciones I y II(5) establece el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales se computará de la siguiente manera:
a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
16. En este caso, el Poder Ejecutivo Federal impugnó el Decreto número 66-217 con motivo de su publicación el veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días hábiles para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco.(6)
17. Por lo tanto, si la demanda se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, se determina que la controversia constitucional que nos ocupa se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
18. La presente controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, por la invasión a la esfera de competencias federales derivada de la emisión del Decreto 66-217, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2025, cuyo artículo 27, fracción XII, incisos a y b, establecen el cobro de derechos por la expedición de licencia de construcción de ductos subterráneos y aéreos (gas natural, cable para televisión y demás empresas privadas que requieren ocupar territorio municipal para brindar sus servicios); o sustitución de cable de cobre por cable de fibra óptica en líneas ya existentes.
19. Esta SCJN ha reconocido facultades al Poder Ejecutivo Federal, para acudir en defensa de los intereses de la Federación, como consta en el criterio 2a. XLVII/2003.(7)
20. El escrito de demanda fue suscrito por la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acreditó con la copia certificada del nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro, emitido por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
21. Al respecto, el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de la materia establece lo siguiente:
Artículo 11. (...)
La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos será representado o representada por el secretario o secretaria de estado, por el jefe o jefa del departamento administrativo o por el Consejero o la Consejera Jurídica del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente o Presidenta, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estas personas servidoras públicas y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.
22. Por su parte, el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone:
Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
(...)
X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas;
23. Finalmente, el punto único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno señala lo siguiente:
ÚNICO. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.
24. De las disposiciones que preceden, se advierte que la persona titular de la Consejería Jurídica cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal ante este Alto Tribunal. En consecuencia, si el escrito inicial de demanda fue suscrito por dicha funcionaria, quien cuenta con facultades para representar al Ejecutivo Federal, se concluye que la presente controversia constitucional se promovió por parte legitimada.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
25. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, debido a que se les atribuye la aprobación de la norma impugnada.
26. En representación del Poder Legislativo referido compareció Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, carácter que acreditó con la copia certificada del Decreto 66-225, expedido por ese legislativo el quince de enero de dos mil veinticinco.
27. De conformidad con lo dispuesto con el artículo 22, inciso I, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(8) en relación con los diversos 8, 10, fracción II,(9) 11, párrafo primero, y 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la CPEUM, corresponde a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado representarlo, quien podrá delegar esta representación en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos del Congreso, otorgando el poder legal correspondiente. Por lo tanto, la Presidenta de la Mesa Directiva referida cuenta con la representación de dicho Congreso.
28. Por su parte, en representación del Poder Ejecutivo local, compareció Jorge Luis Beas Gámez en su carácter de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, cargo que acreditó con copia certificada de su nombramiento.
29. Conforme al artículo 26, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas,(10) en relación con el 44 fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas,(11) es atribución de la persona titular de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaria referida, representar legalmente al gobierno del Estado de Tamaulipas. Por lo tanto, Jorge Luis Beas Gámez cuenta con la representación de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
VI.1. Promulgación y publicación de la norma impugnada
30. El Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, al contestar la demanda expuso que en cumplimiento a las disposiciones constituc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34193-789b7cef/i-controversia-constitucional-es-infundada-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA E HIDROCARBUROS. LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [ARTÍCULO 24, FRACCIÓN II, INCISO K), NUMERAL 1, EN SUS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SÓLO SE IMPUGNA UNA NORMA DE VIGENCIA ANUAL Y HAN CESADO SUS EFECTOS. (P./J. 81/2026 (12a.))
- HIDROCARBUROS. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU EXPLORACIÓN O EXTRACCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA F (P./J. 61/2026 (12a.))
- MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ENERGÉTICA. LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN I Y DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 QUE (2a. LXIII/2018 (10a.))
- ENERGÍA ELÉCTRICA. EL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VINCULADAS CON SU GENERACIÓN, TRANSMISIÓN O DISTRIBUCIÓN, INVADE LA COMPETENCIA (P./J. 60/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis