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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [ARTÍCULO 24, FRACCIÓN II, INCISO K), NUMERAL 1, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "VÍAS DE FERROCARRIL", "INSTALACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA" Y "DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2025. · Registro digital (IUS): 34179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-14
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.125.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.

SÍNTESIS

El Poder Ejecutivo Federal impugna diversas porciones normativas del artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, de S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

El artículo impugnado establece el cobro de derechos por la expedición de licencias de uso de suelo para actividades constructivas, en instalaciones especiales e infraestructura, entre las que se ubican instalaciones generadoras de energía eléctrica, vías de ferrocarril y depósitos de explosivos, impugnadas por el Poder Ejecutivo Federal bajo el argumento de que dichos cobros invaden la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica.

Ver síntesis

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la controversia constitucional 66/2025, suscitada entre el Poder Ejecutivo Federal y los poderes legislativo y ejecutivo de San Luis Potosí, con motivo de la regulación en materia de energía eléctrica que establece el artículo 24, fracción II, inciso k), numeral 1, en sus porciones normativas “vías de ferrocarril”, “instalaciones generadoras de energía”, y “depósitos de explosivos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante Decreto 0137, publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El trece de febrero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional contra los poderes legislativo y ejecutivo de San Luis Potosí, en la que impugnó el artículo 24, fracción II, inciso k), numeral 1, en sus porciones normativas “vías de ferrocarril”, “instalaciones generadoras de energía”, y “depósitos de explosivos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante Decreto 0137, publicado en el periódico oficial local el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

2. En su único concepto de invalidez, la demandante alegó, esencialmente, que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, prevista en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

3. La promovente afirmó que, si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de la industria eléctrica, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de uso de suelo. En esos términos, considera que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de dicha actividad, los cuales se relacionan directamente con la regulación en materia de energía eléctrica. Por tanto, concluye que la ley de ingresos impugnada invade las competencias de la Federación, ya que las entidades federativas carecen de facultades para regular e imponer contribuciones en las actividades de la industria eléctrica.

4. Radicación y turno. El veinte de febrero de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta SCJN acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 66/2025, y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.

5. Admisión y trámite. El veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional; emplazó a los poderes legislativo y ejecutivo de San Luis Potosí para que contestaran la demanda en el plazo de treinta días, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada del periódico oficial en el que constara la publicación del decreto controvertido. Tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, a los que dio vista con la demanda para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que resultara conveniente.

6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El dos de junio de dos mil veinticinco se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, escrito de la Cámara de Senadores con las siguientes manifestaciones:

• El concepto de invalidez de la parte actora de la controversia constitucional resulta fundado y motivado.

• La norma impugnada tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del municipio de un servicio relacionado con la regulación en materia de energía eléctrica, exclusivo de la Federación, por lo que resulta claro que el congreso local invadió las facultades de ésta, ya que no puede realizar una doble tributación en dicha actividad, ni regular e imponer contribuciones por las actividades de la industria eléctrica. En consecuencia, la entidad federativa demandada invadió las esferas competenciales de la Federación, razón por la cual es inconstitucional el decreto combatido.

7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El veinticinco de junio de dos mil veinticinco se recibió en esta SCJN escrito del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que señaló que el fondo de la litis constitucional se centra en determinar si la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2025 es contraria a los artículos 25, párrafo quinto; 27 párrafo séptimo; 28 párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., y 124 de la CPEUM, dado que dicho ordenamiento invade facultades de la Federación respecto de la regulación de contribuciones en materia de energía eléctrica, razón por la cual el órgano legislativo estará al tanto de la resolución que sobre el particular adopte la SCJN.

8. Contestación del poder legislativo de San Luis Potosí. El seis de junio de dos mil veinticinco se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN la contestación del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, en la que, esencialmente, señaló lo siguiente:

• Este Poder Legislativo no reconoce la presunta invasión de esferas competenciales a que hace referencia la promovente.

• Es inconcuso que este Poder Legislativo tiene atribuciones para prever a favor de los municipios de esta Entidad Federativa, el cobro de derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada, en sus respectivas leyes de ingresos, tal como se realizó en el caso que nos ocupa.

• La norma impugnada no establece una contribución respecto de las actividades de la industria eléctrica, ni de vías de comunicación, sino que tiene como sustento la prestación de un servicio técnico de la administración, individualizado y determinado, con motivo del cual se establece una relación singularizada entre el municipio y el usuario, quien se coloca en una situación de desventaja respecto de las demás personas, puesto que el servicio no lo recibe la sociedad en su conjunto, sino que tiene un beneficiario concreto, que es a favor de quien se otorga la licencia, por lo que si la actuación de la autoridad administrativa municipal es provocada por una persona física o moral, y en consecuencia, se deben llevar a cabo tareas adicionales que no tienen permanencia y generalidad, ni se prevén por un mandato constitucional o legal, pero que tienen el carácter de individualizables e identificables y que su aprovechamiento puede ser medido, se puede imponer a la parte beneficiada, el pago de un derecho por ese concepto, si se encuentra dentro de las atribuciones del municipio.

• En el caso concreto, el contribuyente recibe la contraprestación consistente en el otorgamiento de una licencia mediante la cual se remueve el obstáculo que le ha impuesto la ley a fin de salvaguardar la seguridad de las personas, el orden y la moralidad públicos, que podrán verse lesionados en caso de que los particulares gozaran de libertad absoluta en el uso de los inmuebles destinados a albergar los elementos necesarios para la generación de energía eléctrica, o colocación de vías de ferrocarril, sin sujetarse a un control administrativo.

• Este servicio consiste en el conjunto de actos materiales, técnico y jurídicos que la administración municipal desarrolla en beneficio particular y directo del contribuyente a quien se le expide la licencia; y de manera indirecta hacia la colectividad, puesto que mediante ella se corrobora el cumplimiento de los requisitos legales para la autorización de instalaciones de estructuras, postes que soporten líneas de cableado, generación de energía eólica, anuncio o cualquier otro tipo, como generadores de energía, colocación de vías de ferrocarril y depósitos de explosivos.

• Esta contribución, reitera, no está relacionada propiamente con la generación de energía eléctrica, no con las vías de comunicación, o los depósitos de explosivos, lo que sí se encuentra dentro del ámbito de competencia exclusivo de la federación; sino con los actos relacionados con los efectos materiales de un acuerdo de voluntades dentro del territorio del Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, respecto de los cuales rigen las disposiciones locales en materia de desarrollo urbano, lo cual es facultad del Poder Legislativo Local.

• Señala que ha sido criterio de la SCJN, que la autorización para la prestación de un servicio público normado por el ámbito federal, no implica la aprobación del uso de inmuebles para este fin en territorio municipal, pues para esto último es necesario cumplir con las disposiciones de desarrollo urbano, mismas que requieren la intervención de la autoridad administrativa municipal y el despliegue material de sus capacidades técnicas relacionadas con su ámbito de competencia.

9. Contestación del poder ejecutivo de San Luis Potosí. Mediante oficio recibido el ocho de julio de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Consejero Jurídico del gobierno de San Luis Potosí señaló lo siguiente:

• El Poder Ejecutivo se encuentra invariablemente implicado en la promulgación y publicación de la norma que se impugna en la controversia constitucional.

• El artículo 115 constitucional otorga a los municipios personalidad jurídica propia, autonomía en la administración de su hacienda y atribuciones para el uso de suelo, desarrollo urbano y construcción.

• Los municipios pueden establecer contribuciones, como derechos, en el marco de las leyes de ingresos aprobadas por las legislaturas locales, cuando derivan de servicios administrativos individualizados, en este caso la expedición de licencias.

• La norma impugnada no grava la actividad sustantiva de generación de energía eléctrica. Ello, porque el cobro del derecho no recae sobre la operación técnica de generación o distribución de energía (actividad sustantiva), sino sobre un acto administrativo municipal de control territorial que verifica y autoriza el uso del suelo y las construcciones dentro del ámbito de su competencia territorial.

• La relación jurídica es individualizada, no general ni permanente. En ese sentido, se trata de servicios técnicos y jurídicos que en modo alguno puede considerarse que constituyen la regulación de un servicio público federal (actividad sustantiva reservada), si no, en todo caso, una mera intervención local derivada de la interacción entre particulares y la administración municipal para fines de desarrollo urbano.

• El municipio de Zaragoza, San Luis Potosí., no está regulando ni interviniendo en la operación técnica de la industria eléctrica, lo que hace es ejercer sus facultades de control administrativo sobre el uso del suelo y ordenamiento urbano.

• La expedición de licencias es un acto meramente administrativo y no sustantivo. Su finalidad y racionalidad se encuentra en proteger la seguridad pública, la moral y el orden urbano en la instalación de infraestructura, sea cual sea su fin último (energético, ferroviario, hidráulico o industrial). Dicho control se encuentra sustentando tanto en el artículo 115 constitucional, como en la legislación estatal y municipal.

• La competencia exclusiva de la Federación se limita a legislar sobre la organización, operación y regulación sustantiva de los servicios públicos estratégicos; otorgar concesiones en materia energética y de telecomunicaciones, y determinar los aspectos técnicos y operativos de tales servicios.

• Por otra parte, la construcción de infraestructura dentro de un municipio requiere permisos locales, sin que ello constituya una intromisión en la función sustantiva federal. El uso de suelo, aun para instalaciones que servirán a un servicio público federal, debe sujetarse a los controles municipales por razones de seguridad, salubridad, impacto ambiental y orden urbano.

• La norma fundamental referida, bajo una interpretación sistemática e integral, permite una debida armonización entre el federalismo cooperativo y la autonomía municipal. Es decir, sin conflicto de competencias, por virtud de la distinción entre lo sustantivo (federal) y lo instrumental y territorial (municipal).

• Las autorizaciones de uso de suelo no regulan la esencia del servicio concesionado (energía, telecomunicaciones, etc.), sino la forma en que éste se materializa en un espacio físico.

• La legitimidad de la construcción (derecho) se ancla en la prestación de un servicio individualizado por parte de la autoridad local, no en la imposición arbitraria sobre una actividad regulada federalmente.

• En conclusión, este tipo de cobros, al derivar de funciones legítimas de control y ordenamiento territorial, deben considerarse válidos dentro del sistema de distribución de competencias de la CPEUM. La afirmación de invalidez por invasión competencial desconoce no sólo el texto del artículo 115 constitucional, sino también su interpretación sistemática en la jurisprudencia de la SCJN.

10. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento.

11. Audiencia. El doce de noviembre de dos mil veinticinco, una vez sustanciado el procedimiento correspondiente, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria de la materia), se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo Federal y se puso el expediente en estado de resolución.

12. Cierre de instrucción. El diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora dictó el auto de cierre de instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. El artículo 105, fracción I, inciso a,(1) de la CPEUM, así como otras normas secundarias,(2) facultan a la SCJN para resolver las controversias que, sobre la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones, se susciten entre la Federación y una entidad federativa.

14. En este caso, se actualiza la competencia de la SCJN, dado que el Poder Ejecutivo Federal cuestionó la constitucionalidad de diversas porciones normativas del artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2025.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

15. En su demanda, el Poder Ejecutivo Federal señaló expresamente como norma impugnada el artículo 24, fracción II, inciso k, numeral 1, en sus porciones normativas “vías de ferrocarril”, “instalaciones generadoras de energía”, y “depósitos de explosivos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal del año 2025, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante Decreto 0137, en el Periódico Oficial del estado, que a la letra establece:

Ver artículo 24

III. OPORTUNIDAD

16. El artículo 21, fracción II,(3) de la Ley Reglamentaria de la materia establece que, tratándose de normas generales, el plazo para interponer la controversia constitucional es de treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

17. En este caso, la norma impugnada se publicó el lunes treinta de diciembre de dos mil veinticuatro en el periódico oficial del gobierno de San Luis Potosí, por lo que el plazo de treinta días hábiles para presentar la demanda transcurrió del jueves dos de enero de dos mil veinticinco al viernes catorce de febrero del mismo año.

18. Por tanto, la demanda se presentó de manera oportuna, al promoverla mediante Buzón Judicial, el trece de febrero de dos mil veinticinco.

IV. LEGITIMACIÓN

IV.1 Legitimación activa

19. El accionante, Poder Ejecutivo Federal, está legitimado para interponer la presente controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 10, fracción I,(5) y 11, párrafos primero y tercero,(6) de la Ley Reglamentaria de la materia, en la inteligencia de que dicho poder promovió esta controversia constitucional por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en su carácter de representante legal, como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 90 constitucional y artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(7)

IV.2. Legitimación pasiva

20. Tienen legitimación pasiva los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del estado de San Luis Potosí, conforme a los artículos 10, fracción II,(8) y 11, párrafo primero, de la citada Ley Reglamentaria. Por cuanto hace al Poder Legislativo de la entidad la demanda fue contestada por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien acreditó ese carácter con copia certificada de las actas de las sesiones: preparatoria y de instalación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del catorce de septiembre de dos mil veinticuatro, en las que tomó protesta con el cargo referido.

21. Con relación al Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, este contestó la demanda por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de esa entidad, quien acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

V. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

22. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sin embargo, este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(9) pues ha sobrevenido la cesación de efectos de la norma impugnada.

23. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal señaló expresamente como norma impugnada el artículo 24, fracción II, inciso k, numeral 1, en sus porciones normativas “vías de ferrocarril”, “instalaciones generadoras de energía”, y “depósitos de explosivos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal del año 2025, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante Decreto 0137, en el Periódico Oficial del estado, que a la letra establece:

Ver numeral 24

24. En su único concepto de invalidez, la demandante alegó, esencialmente, que la norma impugnada invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, prevista en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

25. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”.

26. Esta SCJN ha sostenido en sus precedentes que, a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

27. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la CPEUM, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

28. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

29. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la CPEUM.(10)

30. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1o. de la Ley de Ingresos Municipal que se combate, determina expresamente que tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que podía obtener el municipio de Zaragoza, S.L.P., durante el ejercicio fiscal que comprendió del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.

31. De esta forma, resulta evidente para este Tribunal Pleno que los efectos de la norma impugnada, al ser aplicables exclusivamente para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, cesaron cuando concluyó la vigencia de la ley en la que está contenida, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

32. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del Poder Legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por éste se constriñe a un período determinado.

33. Si bien no pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de dichos ordenamientos, lo cierto es que ello sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo, lo cual no se actualiza en la especie, pues ni de las disposiciones transitorias de la ley de ingresos municipal impugnada(11) ni de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se advierte una anuencia que permita prorrogar su vigencia para el ejercicio fiscal posterior.

34. Aunado a ello, es de resaltar que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable por supletoriedad conforme al artículo 1o. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, que el treinta de diciembre de dos mil veinticinco se publicó en el Plan de San Luis, Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí, el Decreto 0439, mediante el cual se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, S.L.P. para el ejercicio fiscal del año 2026, lo que hace evidente y refuerza el criterio de que la ley de ingresos del ejercicio fiscal anterior, materia de este asunto, ha cesado en sus efectos, pues ya no se encuentra vigente.

35. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006,(12) de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”.

36. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, debe sobreseerse en la controversia constitucional a que se refiere este expediente, tal y como lo autoriza el artículo 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento.

37. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 9/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS”.

38. Similares consideraciones han sido sustentadas por la extinta Segunda Sala al sobreseer la controversia constitucional 209/2024 y la acción de inconstitucionalidad 118/2024 y su acumulada 122/2024,(13) en sesión de cinco de marzo y veintinueve de enero de dos mil veinticinco respectivamente, respecto de disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el primero de junio y el cuatro de mayo de dos mil veinticuatro, respectivamente.

39. Por estas razones, al concluir su vigencia, este Tribunal Pleno estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II,(14) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

40. En consecuencia, lo procedente es sobreseer respecto de los actos u omisiones combatidos, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

VI. DECISIÓN

Por lo antes expuesto, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;

(...)

2. Artículo 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.

3. ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

(...)

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

(...)

4. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa; (...)”.

5. Artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; (...)

6. Artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las normas que les rigen, estén facultadas para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34179-de5c511c/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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