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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA ANUAL (ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN IX, NUMERAL 4, Y 40, FRACCIÓN XI, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 158, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2025. · Registro digital (IUS): 34361
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Poder Ejecutivo Federal.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 11 DE FEBRERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL.

Normas impugnadas: Artículos 27, fracción IX, numeral 4 y 40, fracción XI, numerales 1 a 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 158, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

Problemas jurídicos que se plantean: Las normas impugnadas al establecer un pago de derechos por la expedición de licencias de construcción de obras lineales para el transporte de hidrocarburos y de funcionamiento para edificaciones de extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como por la perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimiento convencionales (roca reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo y de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, así como de edificaciones productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares ¿invaden las competencias exclusivas de la Federación en materias de hidrocarburos y de energía eléctrica?

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

En la que se resuelve el expediente relativo a la controversia constitucional identificada al rubro, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que demanda la invalidez de los artículos 27, fracción IX, numeral 4 y 40, fracción XI, numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 158, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES

1. Promoción de la controversia. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la Presidenta de la República, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que impugnó el Decreto 158 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, de la mencionada entidad, para el Ejercicio Fiscal 2025, específicamente, los artículos 27, fracción IX, numeral 4 y 40, fracción XI, numerales 1 a 6.

2. La parte actora hizo valer dos conceptos de invalidez, en los que, en esencia, alega que las normas impugnadas vulneran la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, ya que establecen el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción y de funcionamiento para distintas actividades que se desarrollan en esos sectores, sin que el legislador local tenga facultades para regular el uso de suelo y permisos de construcción en las industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica.

3. Registro de la demanda. La presidencia de este Alto Tribunal registró el expediente y lo turnó a la entonces ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento.

4. Admisión de la demanda. La ministra instructora admitió a trámite la controversia; ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su calidad de demandados, para que contestaran la demanda y enviaran junto con ésta los antecedentes legislativos de la norma impugnada y una copia del periódico oficial local en el que se publicó; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación interesara.

5. Manifestaciones. El delegado de la Cámara de Senadores y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, manifestaron esencialmente que corresponde al mencionado congreso legislar en toda la república sobre hidrocarburos y energía eléctrica, así como establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la nación, por lo que, a juicio del primero de los mencionados, los artículos impugnados resultaban inconstitucionales.

6. Contestación de demanda. El Director de Asuntos Jurídicos del Congreso y el consejero jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, formularon sus respectivas contestaciones a la demanda en las que sostuvieron la constitucionalidad de las normas impugnadas.

7. Cierre de instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, la ministra instructora declaró cerrada la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

8. Con motivo de la nueva integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional se turnó a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra para la emisión de la resolución que corresponda.

II. COMPETENCIA

9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del mencionado precepto 105 constitucional, y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(1) ya que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

10. En términos del artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario fijar el acto impugnado en esta controversia y verificar las pruebas aportadas para definir si se tiene por demostrado.

11. En ese sentido, de la lectura de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna los artículos 27, fracción IX, numeral 4 y 40, fracción XI, numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 158, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyo ejemplar fue exhibido por el Poder Ejecutivo demandado, lo que, además, acredita su existencia.

IV. OPORTUNIDAD

12. El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en las controversias constitucionales que se impugnen normas generales, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación o al de su primer acto de aplicación.

13. En el caso, la norma impugnada se publicó el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo legal de treinta días hábiles transcurrió del dos de enero de dos mil veinticinco al catorce de febrero del mismo año; descontándose los sábados y domingos, así como del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro al uno de enero de dos mil veinticinco por formar parte del segundo periodo de receso de este Alto Tribunal correspondiente a dos mil veinticuatro, y el tres y cinco de febrero de dos mil veinticinco, todos por ser considerados inhábiles en términos de los artículos 2º de la ley reglamentaria que rige las controversias constitucionales y 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del punto primero, inciso c) del Acuerdo General 18/2013 de este Tribunal Pleno.

14. Por ello, si la demanda se recibió el catorce de febrero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

V. LEGITIMACIÓN

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción I, inciso a) de la Constitución Federal en relación con los preceptos 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deben comparecer a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio tiene capacidad para hacerlo en representación de la parte correspondiente, salvo prueba en contrario.

Legitimación activa

16. En el caso, la controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza por estimar que se invadieron competencias federales con la expedición de las normas impugnadas, por lo que se estima que la parte actora tiene legitimación para accionarla, ya que es criterio de este Alto Tribunal que el mencionado Poder Ejecutivo Federal puede acudir a este medio de control constitucional a defender los intereses de la Federación, tal como se observa en la tesis de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.(2)

17. Por último, la demanda fue suscrita por la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro, por lo que cuenta con legitimación procesal activa para promover la controversia, ya que, en términos de los artículos 11 de la ley reglamentaria de la materia y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la citada Consejería Jurídica representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Legitimación pasiva

18. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció por conducto del director de asuntos jurídicos del Congreso local, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento de once de octubre de dos mil veinticuatro expedido por la presidenta de la junta de gobierno de ese órgano legislativo y con el acuerdo emitido por la presidenta de la mesa directiva a través del cual le otorga un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración.

19. Luego, si en términos del artículo 48, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la presidenta de la mesa directiva ejerce la representación legal y la puede delegar en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos por medio del poder legal respectivo, entonces la citada autoridad cuenta con legitimación pasiva en este asunto.

20. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció por conducto de su consejero jurídico del gobierno del Estado, quien acreditó tal personalidad con la copia certificada de su nombramiento de uno de diciembre de dos mil veintitrés; y en términos del artículo 25, fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, el mencionado funcionario cuenta con la atribución para representar al titular del Ejecutivo local en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, cuenta con legitimación pasiva en este expediente.

Terceros interesados

21. En representación de la Cámara de Senadores compareció el delegado autorizado por el presidente de su mesa directiva, y por la Cámara de Diputados compareció el presidente de su mesa directiva; quienes acreditaron tal carácter con las actas correspondientes, en términos de los artículos 22, párrafo primero y 67, párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que ambas Cámaras del Congreso de la Unión están legitimadas para participar en este procedimiento.

VI. SOBRESEIMIENTO

22. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal solicita la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, por considerar que invaden esferas competenciales exclusivas de la Federación.

23. Sin embargo, este Tribunal Pleno advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) porque han cesado los efectos de la norma impugnada.

24. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio plasmado en la jurisprudencia de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.(4)

25. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes(5) que las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan, esto a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación).

26. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV, segundo párrafo,(6) de la Constitución Federal, de acuerdo al cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre de cada año; por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

27. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

28. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.(7)

29. En el caso, el artículo 1 de la ley de ingresos municipal que se combate, dispone expresamente: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general, y tiene por objeto el establecimiento de las cuotas, tasas o tarifas de aquellas fuentes de ingresos que se perciban en cada ejercicio fiscal. Así mismo, se establecerán aquellas disposiciones de vigencia anual que se consideren necesarias para el ejercicio de las atribuciones fiscales (...) específicamente en lo referente a los ingresos para el ejercicio fiscal del año 2025 (...)".

30. De esta forma, resulta evidente para este Tribunal Pleno que los efectos de la norma impugnada, al ser aplicables exclusivamente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, cesaron cuando concluyó la vigencia de la ley en la que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de la anualidad referida.

31. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del Poder Legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por este se constriñe a un periodo determinado.

32. Es verdad que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de estos ordenamientos, pero ello sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo en términos del artículo 67, fracción XXXIII, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza que establece: "En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor".

33. No obstante, constituye un hecho notorio, de acuerdo con el artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares(8) aplicable por supletoriedad conforme al artículo 1°. de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales(9) que el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2026, la cual, conforme a su artículo primero transitorio, entró en vigor el uno de enero del año dos mil veintiséis, lo que hace evidente y refuerza que la ley de ingresos del ejercicio fiscal anterior, materia de este asunto, ha cesado en sus efectos, puesto que ya no se encuentra vigente.

34. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.(10)

35. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, debe sobreseerse en la controversia constitucional a que se refiere este expediente, tal como lo autoriza el artículo 20, fracción II, de ese mismo ordenamiento.(11)

36. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.(12)

VII. DECISIÓN

Por lo expuesto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución por medio de oficio a las partes; devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

_________________

1. SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas;

(...)

2. Tesis: 2a. XLVII/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, abril de 2003, página 862, novena época, registro digital: 184512.

3. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuanto hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

(...)

4. Tesis P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 882, novena época, registro digital: 190021.

5. Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 3 de febrero de 2021, párrafos 16-22.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 13/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 3 de febrero de 2021, párrafos 11-17.

Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 16/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 10 de febrero de 2021, párrafos 31-37.

Sentencia recaída a la Controversia Constitucional 19/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 17 de febrero de 2021, párrafos 18-24.

Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 9/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat, por unanimidad de cinco votos, 17 de febrero de 2021, párrafos 14-20.

6. Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

(...)

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

(...)

7. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

(...)

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

(...)

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

(...)

8. Artículo 269. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y la autoridad jurisdiccional puede invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.

9. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

10. Tesis P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, junio de 2006, página 963, novena época, registro digital: 174899.

11. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

(...)

12. Tesis P./J. 9/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, marzo de 2004, página 957, novena época, registro digital: 182049.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34361-70e17241/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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