I. CONTRIBUCIONES SOBRE HIDROCARBUROS. LA NORMA LOCAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, VULNERA LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 2o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XXII, NUMERALES 1, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 142, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ EL PAGO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES PRODUCTORAS DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA, TÉRMICA SOLAR, HIDROELÉCTRICA, EÓLICA, FOTOVOLTAICA, AEROGENERADORES O SIMILARES, INVADE LA COMPETENCIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE A LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XXII, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 142, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XXII, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 142, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 27 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: JULIO CÉSAR CANELA MAYORAL.
Norma impugnada: Artículo 33, fracción XXII, numerales 1 a 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 142, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.
Problemas jurídicos que se plantean: La norma impugnada al establecer un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de edificaciones para extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como por la perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimiento convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo y de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, así como de edificaciones productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores o similares ¿invade las competencias exclusivas de la Federación en materias de hidrocarburos y de energía eléctrica?
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
En la que se resuelve el expediente relativo a la controversia constitucional identificada al rubro, promovida por el Poder Ejecutivo Federal contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que demanda la invalidez del artículo 33, fracción XXII, numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 142, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES
1. Promoción de la controversia. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la presidenta de la República, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que impugnó el decreto 142 por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, de la mencionada entidad, para el Ejercicio Fiscal 2025, específicamente, el artículo 33, fracción XXII, numerales 1 a 6.
2. La parte actora hizo valer dos conceptos de invalidez, en los que, en esencia, alega que la norma impugnada vulnera la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, ya que establecen el pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento para distintas actividades que se desarrollan en esos sectores, sin que el legislador local tenga facultades para regular el uso de suelo y permisos de construcción en las industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica.
3. Registro de la demanda. La presidencia de este Alto Tribunal registró el expediente y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento.
4. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la controversia; ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su calidad de demandados, para que contestaran la demanda y enviaran junto con ésta los antecedentes legislativos de la norma impugnada y una copia del periódico oficial local en el que se publicó, respectivamente; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que estimase necesario.
5. Manifestaciones. El delegado de la Cámara de Senadores y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, manifestaron esencialmente que corresponde al mencionado Congreso legislar en toda la república sobre hidrocarburos y energía eléctrica, así como establecer contribuciones en relación con el aprovechamiento y explotación de recursos naturales propiedad de la nación, por lo que, a juicio del primero de los mencionados, el artículo impugnado resultaba inconstitucional.
6. Contestación de demanda. El director de asuntos jurídicos del Congreso y el consejero jurídico del Gobierno, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, formularon sus respectivas contestaciones a la demanda en las que sostuvieron la constitucionalidad de la norma impugnada.
7. Cierre de instrucción. Una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
8. Con motivo de la nueva integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional se turnó a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra para que actuara como instructora del asunto.
II. COMPETENCIA
9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del mencionado precepto 105 constitucional, y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(1) ya que se plantea un conflicto entre el Poder Ejecutivo Federal con los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
III. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
10. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario fijar el acto impugnado en esta controversia y verificar las pruebas aportadas para definir si se tiene por demostrado.
11. En ese sentido, de la lectura de la demanda se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 33, fracción XXII, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, expedida mediante decreto 142, publicado en el periódico oficial local el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyo ejemplar fue exhibido por el Poder Ejecutivo demandado, lo que, además, acredita su existencia.
IV. OPORTUNIDAD
12. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en las controversias constitucionales que se impugnen normas generales, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación o al de su primer acto de aplicación.
13. El caso, la norma impugnada se publicó el diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo legal de treinta días hábiles transcurrió del dos de enero de dos mil veinticinco al catorce de febrero del mismo año; descontándose los sábados y domingos, así como del veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro al uno de enero de dos mil veinticinco por formar parte del segundo periodo de receso de este Alto Tribunal correspondiente a dos mil veinticuatro, y el tres y cinco de febrero de dos mil veinticinco, todos por ser considerados inhábiles en términos de los artículos 2º de la ley reglamentaria que rige las controversias constitucionales y 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto primero, inciso c), del Acuerdo General 18/2013 de este Tribunal Pleno.
14. Por ello, si la demanda se recibió el catorce de febrero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.
V. LEGITIMACIÓN
15. De acuerdo con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal en relación con los preceptos 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deben comparecer a través de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio tiene capacidad para hacerlo en representación de la parte correspondiente, salvo prueba en contrario.
Legitimación activa.
16. En el caso, la controversia constitucional fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza por estimar que se invadieron competencias federales con la expedición de la norma impugnada, por lo que se estima que la parte actora tiene legitimación para accionarla, ya que es criterio de este Alto Tribunal que el mencionado Poder Ejecutivo Federal puede acudir a este medio de control constitucional a defender los intereses de la Federación, tal como se observa en la tesis de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN.(2)
17. Por último, la demanda fue suscrita por la titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con la copia certificada de su nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro, por lo que cuenta con legitimación procesal activa para promover la controversia, ya que, en términos de los artículos 11 de la ley reglamentaria de la materia y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la citada Consejería Jurídica representar al Poder Ejecutivo Federal ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Legitimación pasiva.
18. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció por conducto del director de asuntos jurídicos del Congreso local, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento de once de octubre de dos mil veinticuatro expedido por la presidenta de la junta de gobierno de ese órgano legislativo y con el acuerdo emitido por la presidenta de la mesa directiva a través del cual le otorga un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración.
19. Luego, si en términos del artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la presidenta de la mesa directiva ejerce la representación legal y la puede delegar en cualquiera de los titulares de los órganos técnicos por medio del poder legal respectivo, entonces la citada autoridad cuenta con legitimación pasiva en este asunto.
20. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza compareció por conducto de su consejero jurídico del gobierno del Estado, quien acreditó tal personalidad con la copia certificada de su nombramiento de uno de diciembre de dos mil veintitrés; y en términos del artículo 25, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado, el mencionado funcionario cuenta con la atribución para representar al titular del Ejecutivo local en las controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, cuenta con legitimación pasiva en este expediente.
Terceros interesados.
21. En representación de la Cámara de Senadores compareció el delegado autorizado por el presidente de su mesa directiva, y por la Cámara de Diputados compareció el presidente de su mesa directiva; quienes acreditaron tal carácter con las actas correspondientes, en términos de los artículos 22, párrafo primero y 67, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que ambas Cámaras del Congreso de la Unión están legitimadas para participar en este procedimiento.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y DE SOBRESEIMIENTO
22. En el caso, si bien no se argumentó alguna causa de improcedencia de manera expresa, se aprecia que en su contestación de demanda el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza señaló que no se formuló concepto de invalidez contra la promulgación de la norma impugnada.
23. Al respecto, se precisa que aun cuando se ha considerado como motivo de improcedencia la ausencia de conceptos de invalidez, en el caso no hay motivo para decretar el sobreseimiento por ese motivo, puesto que el Poder Ejecutivo demandado forma parte del proceso de creación del decreto por el que se expidió la norma impugnada y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
24. Finalmente, al no existir otro motivo de improcedencia planteado, ni advertirse alguno de oficio, procede realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO
25. Para efectos prácticos, el estudio se divide en dos subapartados, el primero en relación con la violación a la competencia exclusiva de la Federación para regular la industria de los hidrocarburos y, el segundo, en cuanto a la transgresión de la facultad federal en el sector de energía eléctrica.
VII.1. Invasión de competencia de la Federación en materia de hidrocarburos.
26. En el concepto de invalidez primero, la parte actora plantea que el artículo 33, fracción XXII, numerales 1, 3, 4, 5 y 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025, al prever un pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de edificaciones para extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como por la perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a yacimiento convencionales (Roca Reservorio) en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo y de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, vulnera las facultades del Poder Ejecutivo Federal sobre la vigilancia técnica de las construcciones y establecimientos que ejecuta por medio de la Secretaría de Energía.
27. Asimismo, alega que la facultad constitucional cedida a los municipios sobre la emisión de licencias de uso del suelo y de permiso de construcción no alcanza para recaudar contribuciones impuestas a la cadena de valor de los hidrocarburos, aunado a que si la licencia de funcionamiento sirve para verificar el cumplimiento de disposiciones técnicas dentro del territorio del municipio a fin de que el establecimiento continue con su operación comercial, ello evidencia la invasión de la competencia de la Federación, puesto que constituye una revisión técnica sobre la infraestructura de los hidrocarburos, cuya competencia es federal.
28. Es fundado el concepto de invalidez y para desarrollar tal consideración es necesario transcribir la norma impugnada.
Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Artículo 33.- Son sujetos del derecho a que se refieren esta sección las personas físicas y/o morales que soliciten los servicios específicos a que se refieren los artículos en cuestión.
El pago de estos derechos será de acuerdo a las cuotas siguientes:
(...)
XXII.- Por la expedición de Licencia de Funcionamiento de las centrales productoras de energía termoeléctrica, térmica solar, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, aerogeneradores, o similares, así como de las edificaciones para la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural, gas no asociado y los pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, se cobrará anualmente la siguiente tarifa:
1.- Edificación para la extracción de gas de lutitas o gas shale $40,354.00 por cada unidad.
(...)
3.- Edificación para la extracción de Gas Natural $40,354.00 por cada unidad.
4.- Edificación para la extracción de Gas No Asociado $40,354.00 por cada unidad.
5.- Por perforación en pozos verticales y direccionales en el área específica a Yacimientos Convencionales (Roca Reservorio) en Trampas Estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo $40,354.00 por cada pozo.
6.- Por perforación de pozo para la extracción de cualquier hidrocarburo $40,354.00 por cada pozo.
(...)
29. Como se puede observar, la norma impugnada prevé el pago de derechos por la expedición de licencias de funcionamiento de edificaciones destinadas a la extracción del gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como para la perforación en pozos verticales y direccionales establecidos para la extracción de hidrocarburos que se encuentren en la roca reservorio y para la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo.
30. De la interpretación de la norma se advierte que en el caso se trata del cobro de una licencia de funcionamiento por las actividades desglosadas en los diversos numerales de la propia norma, los cuales sólo establecen el costo de cada una de ellas.
31. Máxime que la base gravable de los supuestos establecidos se determinan a partir del número de unidades de extracción o de pozos, es decir, para la tarifa determinada se consideran las unidades de extracción o el número de pozos, lo que evidencia que el legislador local gravó el funcionamiento a través de la explotación de hidrocarburos, porque a mayor número de unidades o de pozos, mayor será el ingreso de la hacienda municipal.
32. De tal suerte, se concluye que no se trata de una licencia para la construcción, relacionada con la facultad municipal de regular el uso de suelo, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, sino que el costo que pagará el particular se calcula a partir de lo extraído o del número de pozos por las actividades necesariamente vinculadas a la exploración y extracción de hidrocarburos.
33. Es de destacarse que diferentes conceptos que utiliza la norma analizada se encuentran definidos y regulados en la Ley del Sector Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.
34. Al respecto, el término “Gas Natural” se encuentra definido en la fracción XXIII del artículo 5 de la Ley del Sector Hidrocarburos como la “Mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del procesamiento industrial y que está constituida principalmente por metano y otros gases hidrocarburos más pesados. Asimismo, puede contener nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico, entre otros compuestos. Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado, gas asociado al carbón mineral o gas del procesamiento industrial. En el caso de gas natural proveniente de los centros procesadores nacionales o de importación es el que cumple con las especificaciones de calidad prevista en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes”.
35. Por su parte, la fracción XXIV del referido precepto define al “Gas Natural Asociado”, como el “Gas Natural disuelto en el Petróleo o libre de éste, bajo las condiciones de presión y de temperatura originales en un yacimiento”; en tanto que su diversa fracción XXV señala que el “Gas Natural No Asociado”, es el “Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales del yacimiento”.
36. Las fracciones XIX y XX del mismo artículo 5 de la ley invocada, definen, respectivamente, “Exploración” como la “Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos e indirectos, incluyendo entre otras, la perforación de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida” y la “Extracción”, a la “Actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos, incluyendo entre otras, la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la Recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción”.
37. En ese sentido, se tiene que las actividades reguladas en la norma impugnada consistentes en la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, constituyen supuestos expresamente previstos en la Ley del Sector Hidrocarburos.
38. Es importante precisar que el gas natural convencional se caracteriza por encontrarse en yacimientos porosos y permeables (areniscas), donde el gas puede fluir libremente hacia los pozos, por lo que su extracción se realiza mediante perforación vertical tradicional, sin necesidad de técnicas especiales de estimulación.
39. En contraste, el gas natural no convencional es aquel que se encuentra atrapado en formaciones geológicas de baja permeabilidad, más densas o compactas, como lutitas (shale), areniscas compactas o formaciones de carbón, lo que impide su flujo libre y natural al exterior y requiere de tecnologías avanzadas para su extracción, como la fractura hidráulica (fracking) o la perforación horizontal.
40. Bajo esa clasificación, el gas de lutitas o gas shale que refiere la norma impugnada, constituye una variante del gas natural no convencional, puesto que se encuentra contenido en formaciones de roca sedimentaria denominadas lutitas o esquistos, con características muy compactas que demandan procesos técnicos especializados para liberar el gas y permitir su aprovechamiento. Esta condición geológica y tecnológica sitúa su exploración y extracción dentro de un ámbito altamente regulado a nivel federal, dado su potencial impacto ambiental y estratégico.
41. Por ello, las actividades reguladas en la norma impugnada consistentes en la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado, así como la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, constituyen supuestos expresamente previstos en la Ley del Sector Hidrocarburos.
42. Ahora, del análisis integral de los artículos 25, párrafos primero y quinto, 27, párrafos cuarto y sexto, y 28, párrafos cuarto y octavo,(3) de la Constitución Federal, corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de ciertos recursos naturales, como los hidrocarburos, los cuáles se declaran áreas estratégicas cuya rectoría económica corresponde al Estado y que, por ello, el Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Asimismo, que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, tales como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.
43. Al respecto, si bien las normas constitucionales dejan entrever que existe la posibilidad de otorgar autorizaciones para que particulares o sociedades constituidas realicen el uso o aprovechamiento de ciertos recursos naturales, como los hidrocarburos, dicha actividad se llevará a cabo bajo la supervisión del Estado y, para ejercer esa vigilancia las normas constitucionales señalan que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con las atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica; así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley.
44. Finalmente, en términos del artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., Constitucional(4) el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en toda la República, entre otras materias, sobre hidrocarburos y para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional.
45. Por otro lado, el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sector Hidrocarburos, reglamentaria de los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1, párrafo segundo, dispone que “Corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los Hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico”.
46. El artículo 3 de dicha Ley, dispone que tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio nacional:
I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, y la Exploración y Extracción de Hidrocarburos;
II. El Tratamiento, refinación, importación, exportación, Comercialización, Transporte y Almacenamiento del Petróleo;
III. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como la importación, exportación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, Comercialización y Expendio al Público, de Gas Natural;
IV. La Formulación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, importación, exportación, Comercialización, Expendio al Público y despacho para autoconsumo de Petrolíferos, y
V. La importación, exportación, Comercialización, el Transporte y el Almacenamiento de Petroquímicos.
47. En esa línea, el artículo 6, párrafo primero, de la referida Ley del Sector Hidrocarburos, señala que “Las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a que se refiere la fracción I del artículo 3 de esta Ley, se consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la Nación las lleva a cabo, por conducto de personas Asignatarias y Contratistas, en términos de la presente Ley”.
48. Por su parte, el artículo 10 de la Ley en cita, dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar asignaciones a Petróleos Mexicanos, a través de dos modalidades: i) Asignaciones para Desarrollo Propio, y ii) Asignaciones para Desarrollo Mixto. Por su parte, el diverso 13 de esa legislación determina que la Secretaría de Energía puede otorgar o modificar las Asignaciones para Desarrollo Propio para realizar la Exploración y Extracción de Hidrocarburos exclusivamente a Petróleos Mexicanos quien debe fungir como Operador Petrolero.(5)
49. Sentado lo anterior, esta Suprema Corte reconoce la facultad de los gobiernos municipales de imponer gravámenes a la propiedad inmobiliaria, a través del otorgamiento de licencias o permisos de construcción y verificación, en términos del artículo 115, fracciones IV y V, de la Constitución Federal; sin embargo, en el caso, la disposición se refiere a licencias de funcionamiento, respecto de lo cual, el citado precepto constitucional no otorga facultades a los municipios para cobrarlas, ya que corresponde la Federación verificar el funcionamiento de las áreas estratégicas establecidas en la Constitución Federal.
50. En el caso, si bien la norma impugnada no dispone literalmente el cobro por el otorgamiento de autorizaciones para la explotación de hidrocarburos, sí prevé un pago por el otorgamiento de licencias de funcionamiento para edificaciones dedicadas a la extracción de gas de lutitas o gas shale, gas natural y gas no asociado y la perforación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, así como permisos para la perforación de pozos verticales y direccionales que se encuentran en la roca reservoria, en el que la tarifa se acota a cada unidad extraída o a cada pozo, circunstancia que implica que a la hacienda municipal se enterarán montos con motivo de la expedición de estas autorizaciones por cualquiera de los supuestos antes descritos, los cuales se relacionan directamente con las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, recurso natural que, como se explicó, su dominio directo, inalienable e imprescriptible corresponde a la Nación y constituye un área estratégica cuya rectoría económica corresponde al Estado, a través de la Federación en términos de las disposiciones constitucionales y legales que la rigen.
51. Además, como se precisó la Constitución Federal establece que el Gobierno Federal mantendrá no solo la propiedad sino el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado tratándose de áreas estratégicas, lo que abarca a todo lo concerniente con el funcionamiento de establecimientos y actividades relacionados con la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.
52. Conforme a ello, si la norma local en análisis tiene como consecuencia el cobro a los contribuyentes por parte del Municipio de un ámbito reservado a la Federación conforme a los supuestos señalados, es de concluirse que el legislador local invadió sus facultades, en términos de los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la Constitución Federal, por lo que la norma en estudio resulta inconstitucional.
53. Ahora, conviene precisar que no pasa inadvertido que conforme al artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el cien por cierto de los ingresos recaudados se destina a las entidades federativas donde se encuentran las pareas de producción y éstas deben distribuir al menos un veinte por ciento de esos recursos a los municipios donde se ubican las áreas de extracción:
Artículo 57.- El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados por el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34410-608d44da/i-contribuciones-sobre-hidrocarburos-la-norma-local-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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