I. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DISPOSICIÓN LOCAL QUE ESTABLECE UN COBRO POR LA EXPEDICIÓN Y REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA INSTALACIONES ESPECIALES E INFRAESTRUCTURA, SOBRE PLANTAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y TORRES O MÁSTILES (POSTES, ESTRUCTURAS, TORRES, ETC.), IMPLICA QUE A LA HACIENDA MUNICIPAL SE ENTERARÁN MONTOS CON MOTIVO DEL COBRO DE ESTOS DERECHOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA PLANEACIÓN Y EL CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, POR LO QUE INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, 27, 28 Y 73, FRACCIONES X Y XXIX, NUMERAL 5o., DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS PRIMERO, NUMERAL 16, Y SEGUNDO, NUMERAL 16, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PLANTAS, SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TORRE O MÁSTIL (POSTES, ESTRUCTURAS, TORRES, ETC.)" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS PRIMERO, NUMERAL 16, Y SEGUNDO, NUMERAL 16, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PLANTAS, SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TORRE O MÁSTIL (POSTES, ESTRUCTURAS, TORRES, ETC.)" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 68/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 1 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: El artículo 23, párrafos primero, numeral 16, y segundo, numeral 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2025, que prevé cobros por la expedición de licencias de funcionamiento para instalaciones especiales e infraestructura respecto a “Plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (Postes, estructuras, torres, etc.)”.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 68/2025, promovida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinticinco ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por los siguientes actos:
"IV. Norma general, cuya invalidez se demanda, y el medio oficial en el cual se publicó.
El decreto 0132 el cual expide la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Ramos, SLP, para el ejercicio fiscal 2025 cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 23. Por la expedición de Licencias de Funcionamiento se cobrarán las siguientes cuotas:
[...]
16. Instalaciones especiales e infraestructura Plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (Postes, estructuras, torres, etc.), potabilizadoras, lagunas de control y regularización, basureros, rellenos y plantas de tratamiento, acueductos, colectores, vías de ferrocarril, estaciones milites, presas, depósito de desechos industriales o similar.
Las licencias de funcionamiento expedidas por el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P., deben ser refrendadas durante los meses de Febrero y Marzo de cada Ejercicio Fiscal y por la expedición de dichos refrendos deben cubrirse los siguientes derechos;”
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafos cuarto, sexto y séptimo; 28 párrafo cuarto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2° y 5°, inciso a; y 124 de la Constitución Federal.
3. Concepto de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• Único. Se invade competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28, párrafo cuarto y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5°, inciso a, de la Constitución Federal.
• El Poder Ejecutivo Federal sostiene que las entidades federativas no ostentan facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre la industria eléctrica, ni menos pueden otorgar facultades a los municipios por medio de leyes secundarias que emita su Congreso Local, toda vez que es competencia Federal, de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXI, de la Constitución Federal.
• Añade que, si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esta industria, sí prevé un pago de derechos por la expedición de licencias de uso de suelo.
• Concluye que la hacienda municipal obtendrá ingresos adicionales con motivo de dicha actividad, los cuales se relacionan directamente con la regulación en materia de energía eléctrica. Lo anterior, aunado al hecho de que no se puede realizar una doble tributación en dicha actividad, pues es una facultad otorgada por el Congreso de la Unión.
• Por tanto, la entidad federativa al emitir la Ley de Ingresos impugnada invade las competencias de la Federación, ya que no cuenta con facultades para regular e imponer contribuciones en las actividades de la industria eléctrica.
• Por último, reitera que las facultades constitucionales de los municipios para otorgar licencias o permisos sobre uso de suelo de construcciones de obras y de funcionamiento están restringidas para ser ejercidas cuando se refiera a alguna materia reservada a la Federación, como es el caso de energía eléctrica, más aún cuando se grave dicho servicio, una parte de él o los servicios que lo integren e incida en los aspectos técnicos relativos a la instalación, operación y mantenimiento de sus insumos esenciales.
4. Admisión y trámite. La entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinticinco, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 68/2025 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
5. Posteriormente, el Ministro instructor, por acuerdo de cinco de marzo del mismo año, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, de igual manera requirió al Poder Ejecutivo de dicha entidad para que, al contestar la demanda, enviara copia certificada o ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se haya publicado la norma cuya constitucionalidad se reclama.
6. Asimismo, reconoció como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Municipio de Villa de Ramos, Estado de San Luis Potosí, y ordenó darles vista con la demanda y los anexos. Por último, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
7. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por acuerdo de quince de abril dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda con respecto al Poder Ejecutivo de la entidad, en la que sostuvo:
• Afirmó que resultaban indiscutibles los actos que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal refiere, única y exclusivamente, respecto a la promulgación del decreto impugnado, que se sustentan en el artículo 80, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y con el debido ajuste a las disposiciones legales aplicables a la Ley del Periódico Oficial del Estado y la Ley para la regulación de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de San Luis Potosí.
• Toda vez que el Poder Ejecutivo del Estado es respetuoso de las facultades y funciones que establece la división de poderes que consagra la Constitución Federal, así como la Constitución del Estado de San Luis Potosí, para otorgarle plena validez y eficacia a las leyes en comento, expresó que se encontraba invariablemente implicado en la promulgación y publicación de la norma impugnada y por ello se comparecía en tiempo para rendir el informe requerido.
• No obstante, destacó que no advirtió que la ley impugnada vulnerara derechos fundamentales de manera restrictiva, esto es, violaciones directas o indirectas de derechos fundamentales, motivo por el cual el poder ejecutivo local no observó el proyecto de ley que se discutió y votó en el Congreso estatal, en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
8. Contestación del Poder Legislativo de la Entidad. Mediante auto de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda en relación con el Poder Legislativo de la entidad, así como dando cumplimiento al requerimiento de copias certificadas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que contiene la publicación de las normas combatidas. En el escrito de contestación sostuvo esencialmente lo siguiente:
• El poder legislativo local demandado manifestó que no reconoce la presunta invasión de esferas competenciales a que hace referencia la promovente.
• Lo anterior, toda vez que el artículo 115, párrafo primero, fracciones II, párrafo primero, IV, párrafo primero, y V, párrafo primero, e incisos c), d) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el municipio libre es la base de la división territorial de un Estado, así como su organización política y administrativa.
• Asimismo, el municipio libre está investido de personalidad jurídica y la propia Constitución Federal le confiere a éste la facultad de manejar su patrimonio. De igual forma, el municipio tiene atribuciones para emitir, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en su territorio y otorgar licencias y permisos de construcciones.
• En ese tenor, es claro que el poder legislativo local tiene atribuciones para prever a favor de los municipios de esa entidad federativa el cobro de derechos por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para construcciones en la vía pública o en propiedad privada, en sus respectivas leyes de ingresos, tal y como se realizó en el caso que nos ocupa.
• En efecto, la disposición controvertida no establece una contribución respecto de las actividades de la industria eléctrica, sino que tiene como sustento la prestación de un servicio técnico de la administración, individualizada y determinada, con motivo de la cual se establece una relación entre el municipio y el usuario, quien se coloca en una situación de ventaja respecto de las demás personas, puesto que el servicio no lo recibe la sociedad en su conjunto, sino que tiene un beneficiario concreto, que es a favor de quien se otorga la licencia.
• Por lo que si la actuación de la autoridad administrativa municipal es provocada por una persona física o moral, y, en consecuencia, se deben llevar a cabo tareas adicionales que no tienen permanencia y generalidad, ni se prevén por un mandato constitucional o legal, pero que tienen el carácter de individualizables e identificables y que su aprovechamiento puede ser medido, se puede imponer a la parte beneficiada, el pago de un derecho por ese concepto, si se encuentra dentro de las atribuciones del municipio.
• En el caso, el contribuyente recibe la contraprestación consistente en el otorgamiento de una licencia mediante la cual se remueve el obstáculo que le ha impuesto la ley a fin de salvaguardar la seguridad de las personas, el orden y la moralidad, que podrán verse lesionados en caso de que los particulares gozaran de libertad absoluta en el uso de los inmuebles destinados a albergar los elementos necesarios para la generación de energía eléctrica, sin sujetarse a un control administrativo.
• Este servicio consiste en el conjunto de actos materiales, técnicos y jurídicos que la administración municipal desarrolla en beneficio particular y directo del contribuyente a quien se le expide la licencia, y de manera indirecta hacia la colectividad, puesto que mediante ella se corrobora el cumplimiento de los requisitos legales para la autorización de instalaciones especiales e infraestructura, plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (postes, estructuras, torres, etc.) potabilizadores, lagunas de control, y regularización, basureros, rellenos y plantas de tratamiento, acueductos, colectores, vías de ferrocarril, estaciones militares presas, depósitos de desechos industriales o similares.
• En efecto, ha sido un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la autorización para la prestación de servicios de un servicio público normado por el ámbito federal, no implica la aprobación del uso de inmuebles ara este fin en territorio municipal, pues para esto último es necesario cumplir con las disposiciones de desarrollo urbano, mismas que requieren la intervención de la autoridad administrativa municipal y el despliegue material de sus capacidades técnicas relacionadas con su ámbito de competencia.
• Lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la contradicción de tesis 89/2010, en la que se analizó si los municipios pueden o no cobrar derechos por las autorizaciones que otorgan a efectos de que abran zanjas en la vía pública o se instalen casetas para poder prestar el servicio público concesionado de telefonía o, por el contrario, toda vez que este servicio corresponde a la materia de telecomunicaciones si su competencia es federal.
• En ese tenor, resulta inconcuso que no existe la presunta invasión de esferas competenciales por parte de este Poder Legislativo, en perjuicio de la Federación, por lo que se solicita al Alto Tribunal que, al momento de resolver el presente juicio, se declaren infundados los argumentos de la accionante y se confirme la validez de las normas controvertidas.
9. Desahogo de manifestaciones de los terceros interesados. Por acuerdos de diez y veintitrés de abril de dos mil veinticinco, las Cámaras de Senadores y de Diputados ambas del Congreso de la Unión, manifestaron lo que a su derecho convino con el presente medio de control y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes.
10. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y no expresó manifestación alguna.
11. Municipio tercero interesado. Mediante acuerdo de diecinueve de agosto dos mil veinticinco, el Ministro instructor dio cuenta del escrito presentado por la Síndica del Municipio de Villa de Ramos, Estado de San Luis Potosí, en el cual designó delegados, exhibió documentales, solicita acceso al expediente electrónico y a quien se tiene por presentada con la personalidad que ostenta.
12. Returno. Visto el estado procesal, en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco se señaló que toda vez que en sesión de uno de septiembre de dos mil veinticinco tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y SEXTO Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, se returnó el presente asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, para actuar como instructora en este asunto.
13. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintidós de octubre de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.
I. COMPETENCIA
14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General(4) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en el Punto Segundo, fracción I,(6) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí y el Poder Ejecutivo Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) se precisa la norma que es objeto de la presente controversia constitucional.
16. En el presente caso se demandó la invalidez del el Decreto 0132, por medio del cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2025, en particular el artículo 23, numeral 16, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 23. Por la expedición de Licencias de Funcionamiento se cobrarán las siguientes cuotas: [...]
Ver cuotas
Las licencias de funcionamiento expedidas por el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P., deben ser refrendadas durante los meses de Febrero y Marzo de cada Ejercicio Fiscal y por la expedición de dichos refrendos deben cubrirse los siguientes derechos; [...]
Ver derechos
17. Dada la amplitud en el contenido de estas normas que regulan distintos ámbitos y conceptos, este Tribunal Pleno estima necesario limitar y especificar su impugnación con base en una lectura del contenido íntegro de la demanda y los argumentos que fueron señalados.
18. Si bien la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal señaló que impugnaba el artículo 23, numeral 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, en el apartado VI de la demanda, titulado “Antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda”, la actora refiere que se establece un cobro por la expedición de licencias de funcionamiento así como sus refrendos, lo que a su parecer invade competencias exclusivas de la Federación particularmente en materia de energía eléctrica. Asimismo, del concepto de invalidez formulado, se desprende que sus argumentos hacen referencia exclusivamente a una afectación competencial en materia de energía eléctrica.
19. Conforme a lo anterior, se considera que en el presente caso solo se debe tener por controvertida lo referente a la licencia de funcionamiento y su refrendo, en las porciones normativas vinculadas con la materia de energía eléctrica.
20. Por lo tanto, este Tribunal Pleno precisa que se debe tener únicamente por impugnada la porción normativa “Plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (Postes, estructuras, torres, etc.)”, expresada en el artículo 23, párrafo primero, numeral 16 y párrafo segundo, numeral 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.
III. EXISTENCIA DE LAS NORMAS RECLAMADAS
21. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, este Tribunal Pleno estima que la existencia de la norma reclamada se encuentra plenamente acreditada, toda vez que obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado San Luis Potosí de treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual se publicó el Decreto 0132 y las normas cuya constitucionalidad se reclama.
IV. OPORTUNIDAD
22. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
23. En efecto, si el Decreto combatido fue publicado el lunes treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, por tanto el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del jueves dos de enero al viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco, descontando los días veintiséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro por tratarse del período vacacional, de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero y uno, tres, cinco, dos, ocho y nueve de febrero, todos del dos mil veinticinco, por haber sido inhábiles, según el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 74 de la Ley Federal del Trabajo.
24. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó el trece de febrero de dos mil veinticinco, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que su presentación resulta oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
25. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa; [...]
26. Por su parte, los artículos 10, fracción I,(9) y 11, párrafos primero y tercero,(10) de la Ley Reglamentaria, señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo; siendo que, respecto al titular del Poder Ejecutivo Federal, puede ser representado por el secretario de estado, el jefe del departamento administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.
27. En el sumario que se examina, se tiene que la demanda fue promovida por Ernestina Godoy Ramos, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de uno de octubre de dos mil veinticuatro, expedido por la Presidenta de la República.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tendrán el carácter de parte demandada en las controversias constitucionales, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.
VI.1. El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí
29. En representación del Poder Legislativo, compareció Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, en su carácter de Presidente de la Directiva, lo que acreditó con una la copia certificada de las Sesiones Preparatoria y Solemne de Instalación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del catorce de septiembre del dos mil veinticuatro.
30. De acuerdo con el artículo 57, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.(11) Asimismo, de conformidad con los artículos 8, 10, fracción II,(12) 11, párrafo primero, y 26, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho Poder tiene legitimación para comparecer en esta controversia, al haber emitido la norma impugnada.
VI.2. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí
31. Respecto del Poder Ejecutivo, compareció Miguel Ángel Méndez Montes, en su carácter de Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, en representación de José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) lo que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, expedido el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés y en términos del artículo 45, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.(14)
VI.3. De los terceros interesados
32. Por otro lado, en cuanto a los terceros interesados, se estima que las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, también cuentan con legitimación para participar en este procedimiento.
33. De acuerdo con lo que disponen los artículos 10, fracción III, y 11(15) de la Ley de la materia el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. El tercero interesado es aquel poder, entidad u órgano que, sin ser actor o demandado, pudiera resultar afectado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
34. Por lo que hace a la representación de la Cámara de Senadores, compareció al presente procedimiento Gerardo Fernández Noroña, quien se ostentó como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; mientras que, por la Cámara de Diputados, compareció Sergio Carlos Gutiérrez Luna, con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambas de la Sexagésima Sexta Legislatura. Dicho carácter lo acreditaron con las actas correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 22,(16) párrafo primero, y 67,(17) párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
35. Finalmente, por cuanto hace al Municipio, compareció la Síndica propietaria del Municipio de Villa de Ramos, Estado de San Luis Potosí, quien acreditó su personalidad por medio de un extracto de la publicación del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, correspondiente al tres de octubre de dos mil veinticuatro, que contiene la Declaración de Validez de la elección de los 58 ayuntamientos del Estado para el periodo constitucional comprendido del primero de octubre de dos mil veinticuatro, al treinta de septiembre de dos mil veintisiete, en términos del artículo 75, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.(18)
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
36. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
37. El Poder Ejecutivo Federal explica que se invade la competencia exclusiva de la Federación en materia de energía eléctrica, contemplada en los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo séptimo; 28 párrafo cuarto; y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5°, inciso a), de la Constitución Federal.
38. En su demanda, expresa que el decreto impugnado invade la competencia de la Federación dado que las entidades federativas no ostentan las facultades legislativas, contributivas ni de ejecución y vigilancia sobre la industria eléctrica; ni mucho menos otorgan facultades a los municipios por medio de las leyes secundarias que emita su Congreso local, toda vez que es competencia federal, de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracciones X y XXI, de la Constitución Federal.
39. Además, argumenta que, si bien la norma impugnada no dispone de manera literal el cobro por el otorgamiento de una concesión o permiso para ejecutar actividades de esta industria, sí prevé un pago de derecho por la expedición de licencias.
40. Asimismo, el poder accionante establece que las facultades constitucionales de los municipios sobre el otorgamiento de licencias o permisos sobre uso de suelo, de construcciones de obras y funcionamiento están restringidas para ser ejercidas cuando se refiera a alguna materia reservada a la Federación, como es el caso de energía eléctrica, más aún cuando se grave dicho servicio, una parte de él o los servicios que lo integren, e incida en los aspectos técnicos relativos a la instalación, operación y mantenimiento de sus insumos esenciales.
41. Concluye con que, la Federación es la única autoridad competente para regular e imponer contribuciones en materia de uso de suelo y permisos de construcción en materia de energía eléctrica conforme la interpretación integral de la Constitución Federal y las leyes federales de la materia, por lo que afirma que la norma impugnada invade la esfera competencial de la Federación y, por tanto, debe declararse inválida.
42. Como se señaló anteriormente, el texto del artículo 23 en su porción normativa efectivamente impugnadas establece lo siguiente:
Artículo 23. Por la expedición de Licencias de Funcionamiento se cobrarán las siguientes cuotas: [...]
Ver tarifa
Las licencias de funcionamiento expedidas por el Municipio de Villa de Ramos, S.L.P., deben ser refrendadas durante los meses de Febrero y Marzo de cada Ejercicio Fiscal y por la expedición de dichos refrendos deben cubrirse los siguientes derechos; [...]
Ver monto
43. De lo anterior, se advierte que la norma impugnada prevé el cobro por la expedición y refrendo de licencias de funcionamiento por la cantidad de 370 y 350 UMÁs, para instalaciones especiales e infraestructura, consistentes en plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (Postes, estructuras, torres, etc.).
44. Entonces, interpretando la norma de forma íntegra y en conjunto con el resto de disposiciones, es claro advertir que en el caso estamos ante la presencia de licencias de funcionamiento para instalaciones especiales e infraestructura; en particular, para plantas, sub-estaciones eléctricas, transformadores, torre o mástil (Postes, estructuras, torres, etc.).
45. Aspecto que resulta distinto a las actividades relacionadas con la construcción y uso de suelo que conforme lo establecido por la Constitución Federal corresponden a facultades de los municipios.(19) Pues estas licencias buscan regular las actividades y funcionamiento de instalaciones especiales e infraestructuras vinculadas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34206-427d07d8/i-contribuciones-especiales-sobre-energia-electrica-la-disposicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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