I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, CUANDO EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LA PROMUEVE CONTRA LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, AL SER UN CONFLICTO COMPETENCIAL DE NATURALEZA VERTICAL, ES DECIR, ENTRE UN ÓRGANO FEDERAL Y OTRO LOCAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 14/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2025. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA Y LORETTA ORTIZ AHLF. LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ VOTARON EN CONTRA. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RAMÓN JURADO GUERRERO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 14/2025-CA, derivado de la controversia constitucional 20/2025, interpuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del auto dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco por la Ministra instructora, Yasmín Esquivel Mossa, en el que determinó desechar de plano la demanda presentada en vía de controversia constitucional; ello por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
El problema jurídico que corresponde resolver a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la determinación adoptada por la Ministra instructora, consistente en el desechamiento de plano de la controversia constitucional por falta de legitimación activa, como causa manifiesta e indudable de improcedencia, está ajustada o no a derecho.
ANTECEDENTES
1. Publicación de los Decretos Número 218 y 224. El veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Decretos 218 y 224, por los que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como del Código Electoral para el Estado de Coahuila, en materia de reforma al Poder Judicial de dicha entidad federativa.
2. Presentación de la Controversia Constitucional. Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE, ostentándose como su representante legal, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
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3. Radicación y turno. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en funciones en ese momento dispuso la formación y registro del expediente relativo a la controversia constitucional 20/2025, ordenando su turno a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para los efectos legales conducentes.
4. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora resolvió desechar la demanda de controversia constitucional presentada por el INE. Tal determinación se sustentó en la consideración de que el órgano actor careció de legitimación procesal activa para promover dicho medio de control constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza; ello al no encontrarse comprendido en los supuestos expresamente previstos en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Inconforme con lo anterior, el INE interpuso el presente recurso de reclamación con el objeto de que este Tribunal Pleno examine el desechamiento y, en su caso, declare procedente la admisión de la demanda de controversia constitucional.
TRÁMITE DEL RECURSO
6. Presentación del recurso de reclamación. El recurso fue depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de marzo de dos mil veinticinco.
7. Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso. Mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de reclamación, al que le correspondió el número 14/2025-CA; ordenó correr traslado a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; y, turnar el asunto la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, una vez concluido el trámite del recurso.
8. En auto de seis de mayo de dos mil veinticinco la entonces Ministra Presidenta de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a su ponencia.
9. Auto recurrido. El auto recurrido por el que se desechó la demanda de controversia constitucional el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco es del tenor siguiente:
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Agravios. La parte recurrente hace valer en su escrito los siguientes agravios:
PRIMERO. El auto impugnado transgrede el principio consistente en que en el sistema jurídico mexicano debe garantizarse la existencia de un recurso judicial efectivo, sencillo y expedito, que reúna las características de eficacia e idoneidad previstas en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(1)
• El Instituto recurrente refiere que el auto impugnado vulnera el principio previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige un recurso judicial sencillo, rápido, eficaz e idóneo.
• Por lo que la Ministra instructora debió interpretar favorablemente dicho precepto a efecto de que no sean mermadas las facultades del INE. Además de que a dicho Instituto le debe ser aplicable el criterio consistente en la interpretación más favorable a la persona.
• De modo que, la Ministra instructora desechó indebidamente la controversia constitucional promovida por el INE contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el argumento de falta de legitimación activa. Esta decisión dejó al INE en estado de indefensión y sin medio de defensa frente a la invasión de sus competencias constitucionales en materia de fiscalización.
• Además, argumenta que el desechamiento valida indebidamente que el Instituto Estatal Electoral de Coahuila de Zaragoza asuma facultades exclusivas del INE, lo que afecta tanto la competencia del organismo como los derechos político-electorales de la ciudadanía al impedir una adecuada fiscalización de los procesos electorales.
SEGUNDO. La Ministra instructora, en perjuicio de mi representada, sustenta la determinación que se combate a través del presente recurso, con base en lo resuelto en los recursos de reclamación 178/2022-CA, 293/2023-CA y 351/2023-CA, derivados de las controversias constitucionales 200/2022, 268/2023 y 351/2023, respectivamente, casos o supuestos que no son coincidentes con la transgresión constitucional hecha valer por el INE.(2)
• Señala que dichos precedentes trataban de conflictos competenciales “horizontales” (federal-federal o estatal-estatal), mientras que en el caso concreto se plantea un conflicto “vertical” (órgano autónomo federal vs. poderes locales), lo que impide aplicar la analogía invocada.
• Por esta razón, afirma que la controversia constitucional presentada por el INE plantea un auténtico conflicto de competencias constitucionales en materia de fiscalización, y no simples cuestiones de legalidad como en los casos referidos.
TERCERO. Contrario a lo determinado en el acuerdo que se recurre, la improcedencia en que sustenta el desechamiento de la demanda de controversia constitucional no es manifiesta ni indudable.(3)
• Menciona que el precedente de la controversia constitucional 73/2020 confirma que el INE está facultado para impugnar normas estatales que invadan su competencia exclusiva en materia de fiscalización.
• Dado que no existe otro medio de defensa, la controversia constitucional es el recurso procedente. En consecuencia, la improcedencia invocada por la Ministra instructora no es manifiesta ni indudable, por lo que la demanda debió admitirse y analizarse en el fondo. Sostener lo contrario equivale a permitir que cualquier órgano local vulnere la esfera competencial del INE, en detrimento del texto constitucional.
10. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Dichas autoridades, no formularon manifestaciones a pesar de estar debidamente notificadas.
11. Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero de septiembre de dos mil veinticinco las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación rindieron protesta ante el Senado de la República.
12. Continuación del conocimiento del asunto. En términos del Sexto Transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos radicados ante Ministras y Ministros de la integración anterior continuarían siendo conocidos por los mismos, sin requerir acuerdo de returno.(4)
I. COMPETENCIA
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 14/2025-CA, derivado de la controversia constitucional 20/2025, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 16, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(5) así como el Punto Segundo, fracción I del ACUERDO General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(6)
II. PROCEDENCIA
14. El recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) ya que se interpuso en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco dictado por la Ministra instructora, por el que se desechó la demanda de controversia constitucional 20/2025.
III. OPORTUNIDAD
15. El recurso de reclamación se interpuso dentro del plazo de cinco días que para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) toda vez que el acuerdo recurrido se notificó al Instituto recurrente por lista el doce de marzo de dos mil veinticinco, por lo que el plazo transcurrió del catorce de marzo al veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.(9)
16. De tal manera que, si el recurso fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, consecuentemente, su interposición es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
17. El recurso de reclamación lo presentó Claudia Arlett Espino, Secretaria Ejecutiva del INE, ostentándose como su representante legal. Lo anterior, en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.(10) De ello se sigue que se interpuso por persona legitimada, de conformidad con el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de la materia.(11)
V. ESTUDIO DE FONDO
18. Dado que los agravios formulados por el recurrente se limitan a controvertir las consideraciones que sustentaron el acuerdo impugnado, en el presente asunto se procederá a su análisis con el fin de determinar si, a partir de dichos planteamientos, el recurrente logra demostrar la corrección o incorrección de la determinación contenida en el auto recurrido, consistente en desechar la controversia constitucional.
19. Cabe precisar que dicho desechamiento obedeció a la consideración de que el Instituto actor carece de legitimación procesal activa para promover este medio de control en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que la norma no contempla la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos federales —como lo es el Instituto actor— puedan entablar controversias constitucionales frente a los poderes legislativo y ejecutivo de una entidad federativa. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 10/2007(12) sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro siguiente: “RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO”.
20. Para atender los agravios previamente identificados, es menester precisar la facultad que corresponde a la Ministra instructora respecto de la admisión o, en su caso, el desechamiento de la demanda.
21. En este sentido, los artículos 24 y 25 de la Ley Reglamentaria de la materia disponen que, una vez recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará —según el turno que corresponda— a una o un Ministro instructor, encargado de poner el proceso en estado de resolución. Dicha persona juzgadora está facultada para desechar de plano la demanda de controversia constitucional cuando advierta la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A continuación, se transcriben los preceptos referidos:
“Artículo 24. Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.
Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano”. [Énfasis añadido]
22. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por “manifiesto” debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones. Por su parte, lo “indudable” se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.(13)
23. Se destaca que las causas de improcedencia tienen naturaleza de orden público y, por tanto, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, su actualización requiere estar plenamente acreditada, pues no basta con presunciones o conjeturas. En consecuencia, para que proceda el desechamiento de una demanda, es indispensable contar con la certeza de que el motivo de improcedencia se actualiza de manera manifiesta e indudable, de lo contrario se correría el riesgo de restringir injustificadamente el acceso a la justicia constitucional.
24. Lo anterior obedece a que el auto inicial en el procedimiento tiene un carácter meramente preliminar y de trámite, en el que no resulta procedente realizar un análisis exhaustivo de fondo, dado que éste no corresponde a esta etapa procesal. En este momento únicamente pueden considerarse las manifestaciones vertidas en la demanda y las pruebas que la acompañan. Pretender un pronunciamiento de fondo en esta fase implicaría desnaturalizar el alcance del acuerdo inicial y, además, vaciar de contenido la hipótesis normativa prevista en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia, que reserva el desechamiento para supuestos de improcedencia evidentes y fuera de toda duda.(14)
25. Con base en lo expuesto, conviene recordar que la Ministra instructora, en el auto recurrido, desechó la demanda de controversia constitucional al considerar que el Instituto actor carece de legitimación procesal activa para promover dicho medio de control en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, en razón de que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal no contempla la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos federales —como lo es el INE— interpongan controversias constitucionales frente a los poderes legislativo y ejecutivo de una entidad federativa.
26. Ello se debe a que la literalidad de los incisos k) y l) de la disposición constitucional citada establece dos supuestos claramente diferenciados: uno circunscrito al ámbito local y otro referido exclusivamente al ámbito federal, los cuales deben interpretarse de manera independiente. Bajo esa lógica, la legitimación reconocida a dichos órganos opera únicamente en un plano horizontal dentro de cada ámbito —federal o local—, sin que pueda proyectarse de manera cruzada, esto es, de forma vertical. Para sostener esta conclusión, la Ministra instructora apoyó su razonamiento en lo sostenido por la entonces Segunda Sala al resolver el recurso de reclamación 178/2022-CA,(15) así como en lo determinado por la otrora Primera Sala en los recursos de reclamación 293/2023-CA y 351/2023-CA.(16)
27. En estos precedentes se concluyó, esencialmente, que un presupuesto básico para la procedencia de la controversia constitucional es que el conflicto competencial se ubique en alguno de los supuestos expresamente previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución. Incluso con la reforma constitucional en materia judicial del once de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se reconoció la legitimación activa de los órganos constitucionales autónomos en dos hipótesis específicas —previstas en los incisos k) y l) de la citada disposición—, lo cierto es que el texto constitucional establece supuestos diferenciados, como se dijo antes, uno referido de manera exclusiva al ámbito local y otro al ámbito federal. Dichos supuestos deben interpretarse de manera independiente; de modo que la legitimación activa reconocida en cada nivel de gobierno opera únicamente de forma horizontal, sin que pueda extenderse por analogía a situaciones no contempladas por el precepto en cita.
28. En esta tesitura, la Ministra instructora estimó aplicables, por analogía, los precedentes invocados. No obstante, advirtió una diferencia sustancial respecto del caso presente, ya que en aquellos supuestos las controversias constitucionales fueron promovidas por un órgano constitucional autónomo local en contra de un órgano constitucional autónomo federal, mientras que, en esta ocasión, se trata de un órgano constitucional autónomo federal que pretende controvertir actos de los poderes locales.
29. Para efectos de la aplicación de dichos precedentes, la Ministra instructora precisó que el núcleo de la decisión que sustentó el desechamiento radica en la aplicación literal de los incisos k) y l) del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal. Conforme a esta lectura, los supuestos de procedencia de la controversia constitucional contemplados en dichos preceptos atienden a conflictos competenciales de carácter horizontal —esto es, entre órganos del mismo ámbito, sea federal o local—, sin que sea posible extenderlos a conflictos de naturaleza vertical, como los que se presentarían entre autoridades federales y locales, o viceversa.
30. Sobre esa base, como se adelantó, corresponde ahora examinar los agravios formulados por el Instituto recurrente, encaminados a sostener que sí cuenta con legitimación procesal activa para promover la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
31. En esencia, los motivos de inconformidad del INE giran en torno a dos líneas argumentativas: por un lado, cuestiona la aplicabilidad de los precedentes utilizados por la Ministra instructora en el caso concreto; y, por otro, alega que debió realizarse una interpretación favorable al ejercicio de su legitimación.
32. A juicio de este Tribunal Pleno, los agravios expuestos resultan infundados, por las razones que a continuación se desarrollan.
33. En primer lugar, por lo que hace al agravio en el que el recurrente sostiene que la Ministra instructora debió interpretar de manera amplia y favorable el artículo 105, fracción I, incisos k) y l), de la Constitución Federal —a fin de permitir la procedencia de la controversia constitucional— con fundamento en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este Tribunal Pleno considera que no le asiste razón.
34. Lo anterior, pues si bien la Convención en cita consagra el derecho a contar con un recurso judicial efectivo, dicha garantía debe ejercerse dentro de los cauces normativos expresamente previstos por el orden constitucional interno, sin que ello habilite al juzgador a extender, por vía interpretativa, los supuestos de procedencia de los medios de control constitucional más allá de lo que el propio constituyente determinó.
35. En efecto, el recurrente insiste en cuestionar los precedentes que sirvieron de sustento para el desechamiento de la demanda, y en solicitar una reinterpretación del artículo 105, fracción I, incisos k) y l), de la Constitución Federal que amplíe los supuestos de legitimación activa de los órganos constitucionales autónomos. No obstante, tales manifestaciones no logran desvirtuar la razón esencial del acuerdo impugnado: que conforme al criterio adoptado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos de reclamación 293/2023-CA y 351/2023-CA, la legitimación de los órganos constitucionales autónomos en controversias constitucionales opera únicamente en conflictos de carácter horizontal —federal-federal o estatal-estatal— y no en los de naturaleza vertical, como ocurre en la especie.
36. De ahí que resulte incorrecto afirmar que la aplicación literal del artículo 105, fracción I, de nuestra Carta Magna restrinja al INE el ejercicio de un derecho, pues se advierte que no ha detentado una titularidad originaria para promover este tipo de controversias constitucionales, sino que dicho instituto pretendió su apertura; de modo que en este contexto no se le coloca en estado de indefensión, ya que el modelo de control constitucional diseñado por el Constituyente no le reconoce dicha vía de impugnación, y, es que contrario a lo sostenido por el Instituto, la improcedencia de la controversia constitucional en este caso no implica una ausencia de tutela, sino el reconocimiento de los límites competenciales de este mecanismo; además, de que, la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la salvaguarda de la función electoral cuentan con instrumentos jurisdiccionales específicos, previstos tanto en la Constitución como en la legislación electoral, a través de los cuales se garantiza una protección eficaz.
37. En segundo lugar, como se expuso en líneas precedentes, el Instituto recurrente sostiene que resultó incorrecta la aplicación análoga de los recursos de reclamación 178/2022-CA, 293/2023-CA y 351/2023-CA al caso concreto. Argumenta que tales precedentes difieren sustancialmente de lo manifestado en su demanda. En primer término, debido a que en aquellos asuntos se analizaron cuestiones de mera legalidad, mientras que en la especie se denuncia una invasión a competencias de rango constitucional. Por otra parte, porque en los precedentes en comento se trató de un conflicto entre un órgano constitucional autónomo local y uno de carácter federal, supuesto distinto al presente en el que un órgano constitucional autónomo federal promueve la controversia constitucional en contra de poderes locales. Finalmente, el recurrente afirma que, conforme a lo resuelto en la controversia constitucional 73/2020, cuenta con legitimación activa para promover este medio de control.
38. Este Tribunal Pleno también considera infundados estos agravios del recurrente, debido a que la otrora Segunda Sala(17) interpretó el alcance de los incisos k) y l) de la fracción I del artículo 105 constitucional(18) relativos a la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para promover controversias constitucionales. En dichas resoluciones, concluyó —entre otros aspectos— que la legitimación prevista en esos preceptos opera únicamente en el plano horizontal, tratándose de órganos constitucionales autónomos, criterio que fue reiterado posteriormente por la entonces Primera Sala al resolver los recursos de reclamación 293/2023-CA y 351/2023-CA.(19)
39. De manera más precisa, en los recursos de reclamación 293/2023-CA y 351/2023-CA, derivados de las controversias constitucionales 268/2023 y 351/2023, respectivamente, la Fiscalía General del Estado de Morelos pretendió impugnar el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Fiscalía General de la República respecto de diversas carpetas de investigación. El Ministro instructor determinó desechar las demandas por diversas razones, y frente a dicha determinación, la Fiscalía local interpuso los recursos de reclamación referidos.
40. La extinta Primera Sala declaró infundados ambos recursos, al considerar que la Fiscalía General del Estado de Morelos carecía de legitimación procesal activa para promover controversias constitucionales en contra de la Fiscalía General de la República. En consecuencia, confirmó los acuerdos de desechamiento, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria. Ello, porque el artículo 105, fracción I, de la Constitución no contempla un supuesto de procedencia entre un órgano autónomo local y uno federal, sino que, en sus incisos k) y l), prevé de forma expresa dos supuestos independientes, uno federal y uno local.
41. Con relación al recurso de reclamación 20/2021-CA, derivado de la controversia constitucional 8/2021,(20) el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pretendió impugnar una resolución emitida por el Pleno del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En esa ocasión, la Ministra instructora admitió la demanda, sin embargo, el INAI interpuso recurso de reclamación en su contra.
42. Al resolverlo, la extinta Segunda Sala declaró fundado el recurso y revocó el acuerdo impugnado, al concluir que el Instituto local carecía de legitimación activa para promover una controversia constitucional en contra del INAI.
43. En dicho asunto, la otrora Segunda Sala, precisó que el texto constitucional vigente no contempla un supuesto de procedencia de controversia entre un órgano constitucional autónomo local y uno federal, pues el artículo 105, fracción I, incisos k) y l), prevén de manera expresa dos hipótesis independientes: una, aplicable al ámbito local, para controversias entre órganos constitucionales autónomos de esa misma entidad, o frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales; y otra, en el ámbito federal, para controversias entre órganos constitucionales autónomos federales, o frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación.
44. Consecuentemente, la extinta Segunda Sala subrayó que la reforma constitucional del once de marzo de dos mil veintiuno(21) delimitó con claridad estos supuestos de procedencia; de modo que esta Suprema Corte no puede ampliar la legitimación activa más allá de lo expresamente previsto por el Constituyente.
45. Finalmente, en el recurso de reclamación 178/2022-CA, derivado de la controversia constitucional 200/2022,(22) la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla promovió demanda de controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al pretender impugnar diversas actuaciones dentro de un expediente de queja. El Ministro instructor, desechó la demanda, y la comisión local recurrió dicha determinación.
46. En dicho asunto, la entonces Segunda Sala resolvió confirmar la determinación, al declarar infundado el recurso de reclamación, al sostener —entre otros argumentos— que la Comisión de Derechos Humanos local carecía de legitimación procesal activa para promover una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
47. Ello, en concordancia con lo resuelto previamente en el recurso de reclamación 20/2021-CA, derivado de la controversia constitucional 8/2021, donde se precisó que el artículo 105, fracción I, incisos k) y l), de la Constitución, si bien reconoce legitimación activa a los órganos constitucionales autónomos locales y federales para promover controversias constitucionales, prevé tal facultad para conflictos de carácter horizontal, es decir, entre órganos pertenecientes al mismo orden de gobierno. En cambio, no contempla un supuesto de procedencia de tipo vertical, en el que un órgano constitucional autónomo local pretenda controvertir actos de un órgano constitucional autónomo federal.
48. Lo anterior, se refuerza en el hecho de que, si el Constituyente hubiera tenido la intención de habilitar un supuesto de esa naturaleza, lo habría plasmado de manera expresa en el texto constitucional. Sin embargo, ni de la literalidad del artículo 105 constitucional ni de los trabajos preparatorios de la reforma al Poder Judicial de la Federación de once de marzo de dos mil veintiuno se desprende que exista tal hipótesis.
49. De los precedentes en cita se advierte que, este Tribunal ha construido una línea jurisprudencial a partir de la reforma constitucional en materia judicial publicada el once de marzo de dos mil veintiuno. Dicha reforma adicionó los incisos k) y l) al artículo 105, fracción I, de la Constitución, estableciendo dos supuestos expresos de legitimación activa para órganos constitucionales aut
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34232-426705f4/i-controversia-constitucional-se-actualiza-una-causa-manifiesta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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