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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO CUANDO LA NORMA IMPUGNADA ES SUSCEPTIBLE DE IMPACTAR EN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO ACTOR.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 170/2025. · Registro digital (IUS): 34293
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-02
Promovente: Poder Ejecutivo Federal.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 138/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 170/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: PAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA TORRE Y ABRAHAM MONTES MAGAÑA.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 138/2025-CA, interpuesto por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de su Consejería Jurídica, contra el acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil veinticinco por el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo, en la controversia constitucional 170/2025.

El problema jurídico a resolver por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar si fue correcta o no la determinación de admitir la demanda de la controversia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Controversia constitucional. Yadira Azucena Salas Aguilar, en su carácter de Síndica 1 del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación. Señaló como acto impugnado a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el veinte de marzo de dos mil veinticinco en el Diario Oficial de la Federación.

2. En su demanda, el Municipio propuso los siguientes argumentos en sus conceptos de invalidez:

• Consideró que el artículo 3, fracciones IV y V, de la Ley General impugnada vulnera la soberanía y autonomía municipal al excluir como “Autoridades garantes” a los órganos internos de control municipales, que están reconocidos en el artículo 109 de la Constitución Federal. Ello impide a estos órganos internos de control resolver el recurso de revisión en materia de transparencia, así como imponer medidas de apremio y sanciones a sus propios servidores públicos.

• Lo anterior, a juicio del Municipio es contrario al artículo 6°, apartado A, fracción VIII, y 109 de la Constitución Federal. Además, señaló que el primer artículo anteriormente referido, establece la competencia de las autoridades de control interno en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión, sin embargo, alegó que el ámbito “local” se refiere tanto a las entidades federativas, como a los municipios.

• Mencionó que la norma impugnada produce un estado de sometimiento de las autoridades municipales, como sujetos obligados a la jurisdicción de una autoridad estatal, afectando su autonomía y libertad reconocidas en la Constitución Federal. Explicó que la propia fracción I del artículo 115 Constitucional dispone que las competencias que se otorgan al gobierno municipal se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.

• Asimismo, que la Ley General impugnada otorga la facultad a una autoridad estatal para revisar y en su caso, revocar actos emitidos por una autoridad municipal. Ello ubica a la autoridad estatal en una posición de superioridad jerárquica sobre el municipio, lo cual está prohibido constitucionalmente. Dada la estructura de los niveles de gobierno definida por la Constitución Federal, las autoridades estatales no tienen competencia para revisar los actos de las autoridades municipales.

• Toda vez que la reforma constitucional eliminó a los organismos constitucionales autónomos en materia de transparencia, el Poder Legislativo remplazó a estas autoridades con las encargadas de control interno, sin embargo, estas autoridades no cuentan con competencia para revisar actos de otros órdenes de gobierno.

• El Municipio alegó que la Ley General impugnada es inconstitucional porque el hecho de que una autoridad estatal pueda revisar los actos emitidos por la autoridad municipal, se traduce en que éstos y su administración queden sujetos al Poder Ejecutivo local.

• Mencionó que, excluir la posibilidad de que el municipio resuelva recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información municipal, priva a la ciudadanía de un medio de defensa ágil y sencillo en el que el propio órgano interno de control revise si su decisión es acorde a derecho.

3. Trámite. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número 170/2025, y reservó su turno hasta que se materializara la nueva integración de la Suprema Corte.

4. Una vez que se incorporaron los nuevos integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo del cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia turnó el asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo como instructor, al estar relacionado el asunto con las controversias constitucionales 158/2025, 159/2025, 160/2025, 161/2025, 163/2025, 164/2025, 166/2025, 167/2025, 168/2025, 169/2025 y 172/2025, que también le fueron turnadas.

5. Acuerdo recurrido. Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo admitió a trámite la controversia constitucional 170/2025.

6. Recurso de reclamación. Inconforme con la admisión de la controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Federal interpuso el presente recurso de reclamación. En su único agravio, el recurrente alegó que:

• El Ministro instructor debió desechar de plano la controversia constitucional, porque el municipio actor carece de interés legítimo al no fungir como autoridad garante en materia de transparencia y acceso a la información.

• El artículo 115 constitucional no establece facultad alguna para los municipios sobre esa materia. Incluso, el artículo 3, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública categoriza como autoridad garante a los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, quienes también conocerán de los recursos en que se impugnen decisiones sobre transparencia y acceso a la información de los municipios.

• Por ello, los municipios únicamente son sujetos obligados que deben cumplir con las disposiciones de la Ley General mencionada. Tan es así, que la pretensión del municipio actor es que se le incluya en el concepto de autoridades garantes.

7. Turno. Mediante acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite el presente recurso de reclamación, y lo turnó al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la elaboración del proyecto de sentencia.

II. COMPETENCIA

8. Esta Suprema Corte es competente para conocer del recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción primera del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de esta Suprema Corte.(1) Lo anterior, ya que se trata del recurso de reclamación interpuesto contra la admisión de una controversia constitucional.

III. PROCEDENCIA, OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

9. Procedencia. El recurso es procedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) porque se interpuso en contra del acuerdo que admitió la demanda de controversia constitucional.

10. Oportunidad. El acuerdo recurrido fue notificado por oficio al Poder Ejecutivo Federal el quince de octubre de dos mil veinticinco y surtió efectos el día dieciséis siguiente. Por ello, el plazo de cinco días para interponer el recurso de reclamación transcurrió del diecisiete al veintitrés de octubre del dos mil veinticinco. Como el recurso se interpuso el veintidós de octubre del dos mil veinticinco, es oportuno.(3)

11. Legitimación. El Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para interponer el presente recurso de reclamación, al ser parte demandada en la controversia constitucional cuya admisión cuestiona.

IV. ESTUDIO DE FONDO

12. El punto por resolver en este asunto consiste en determinar si se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que propone el Poder Ejecutivo Federal y, por ende, si debe revocarse el auto que admitió a trámite la controversia constitucional para en su lugar, desecharla.

13. En su único agravio, el recurrente sostiene que el municipio actor carece de interés legítimo y que ello se advierte de forma manifiesta e indudable, ya que constitucionalmente no tiene reconocida alguna facultad como autoridad garante en materia de transparencia y acceso a la información. Incluso, señala que el artículo 3 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define como autoridad garante local únicamente a los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas.

14. Conforme a lo anterior, este Tribunal Pleno debe analizar si las razones que expone el Poder Ejecutivo Federal –aquí recurrente– son suficientes para sostener la existencia de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que justifique revocar el auto recurrido y, en consecuencia, el desechamiento de plano de la demanda de la controversia constitucional promovida por el municipio actor.

15. Para dar solución al argumento central que propuso el Poder Ejecutivo Federal, cabe señalar que conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estudio del Ministro instructor para admitir o desechar la demanda de la controversia constitucional es preliminar, esto es, se centra en analizar que no se configure una causa notoria y manifiesta de improcedencia, de lo contrario, deberá admitir a trámite la demanda.

16. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido esas condiciones de la siguiente manera: 1) el término “manifiesto”, como aquello que se advierte de forma clara y patente de la lectura de la demanda, anexos y escritos aclaratorios, e 2) “indudable”, como una condición de certeza y plena seguridad de la actualización de la causa de improcedencia, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a adoptar otra convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria, por improductiva para comprobar el interés legítimo.

17. Toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones ya que, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se cumplan las condiciones del motivo de improcedencia de manera manifiesta e indudable.(4)

18. Por tal razón, también se ha sostenido que el auto de admisión de la controversia constitucional involucra únicamente un estudio preliminar en el que no pueden realizarse pronunciamientos vinculados con el fondo del juicio, por no ser propios de este tipo de acuerdos, debido a que en ese estado procesal solo se debe de tener en cuenta lo que se hubiera expuesto en la demanda y las pruebas que a ella se adjunten, por lo que no es posible analizar alguna cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.(5)

19. Luego, atendiendo a la naturaleza del acuerdo de admisión de una controversia constitucional, en el recurso de reclamación que se llegue a interponer en su contra, el examen que se realice sobre las causas de improcedencia que proponga el recurrente, por regla general, debe efectuarse bajo el mismo parámetro, esto es, considerando que la inviabilidad de la acción se debe presentar de forma manifiesta e indudable, pues es el enfoque que corresponde al estado procesal del auto que se revisa.

20. Ahora, en relación con el interés legítimo, es necesario recordar que esta Corte ha establecido, a la luz de la interpretación de la Constitución y la Ley Reglamentaria, que la promoción de una controversia constitucional presupone como elemento indispensable la existencia de un agravio o un principio de afectación en perjuicio del promovente, el cual se traduce en el interés legítimo que tiene para acudir al referido procedimiento constitucional.(6)

21. Este interés debe entenderse como la afectación que resiente el promovente en sus atribuciones, o bien, en cualquier ámbito que incida en su esfera regulada desde la Constitución, como pueden ser las garantías institucionales establecidas en su favor u otro tipo de prerrogativas como las presupuestales, en aquellos supuestos en los cuales la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causarle un perjuicio o privarlo de un beneficio.(7)

22. De tal manera que el principio de afectación en la controversia constitucional es un presupuesto procesal para su viabilidad, por lo que su ausencia configura una causa de improcedencia que debe ser verificada incluso de oficio. Sin embargo, debe reiterarse que la intensidad de dicho escrutinio dependerá de la etapa procesal en la cual se analice, pues como se expuso en párrafos previos, no es el mismo análisis el que debe realizarse en el acuerdo inicial del proceso, que aquel que corresponde al dictado de la sentencia que resuelve la controversia constitucional.

23. Es importante destacar que, en cuanto a la improcedencia notoria y manifiesta de una controversia constitucional cuando se impugna una norma general, esta Corte ha sostenido que la inviabilidad de la acción resulta evidente cuando la norma que se impugna no es susceptible de afectar en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora o alguno de sus ámbitos regulados desde la Constitución, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la acción.

24. En otras palabras, cuando en una controversia constitucional se impugna una norma general, la inviabilidad de la acción se torna manifiesta e indudable, al grado de justificar el desechamiento de plano de una demanda por falta de interés legítimo, cuando la referida norma no es susceptible de afectar en sentido alguno el ámbito de atribuciones del accionante o algún elemento de su diseño constitucional, aspecto que puede apreciarse de la simple lectura del precepto, ya sea por lo que expresamente señala, o bien, por las implicaciones normativas que derivan de su contenido.

25. Es en función de dicho parámetro que procede entonces analizar si en el caso, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es susceptible o no de generar algún principio de agravio en el ámbito jurídico del municipio actor, que sea posible tutelar en este medio de control constitucional.

26. En el caso, el municipio actor impugnó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Entre otros contenidos que desarrolla esa Ley General, destacan los siguientes:

A) Los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales la Ciudad de México; y,

B) Distribución de las competencias de las autoridades garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

27. De la demanda, además se advierte que los argumentos sobre violación al principio de autonomía municipal y a la prohibición de establecer autoridades intermedias están anclados en el diseño normativo de la “Autoridad Garante Local” que prevé el artículo 3, fracción IV, de la propia Ley(8) en comento, en la medida de que se le atribuyeron facultades para “conocer de los asuntos en materia de transparencia de los municipios...”.

28. Esa facultad, desde la óptica del municipio actor, al haberse asignado a un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo de las entidades federativas, se traduce en una violación a ciertos principios constitucionales que se inscriben en el diseño mismo del orden de gobierno municipal, ya que se faculta a una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo local, a fungir como un ente revisor de las decisiones que, en materia de solicitudes de acceso a la información pública, adopten los sujetos obligados del orden municipal, lo cual atenta contra su autonomía y produce la existencia de una autoridad intermedia entre el orden local y municipal, que está prohibida por el artículo 115, fracción I, de la Constitución.(9)

29. Incluso, parte de sus argumentos se centran en tratar de identificar la violación a un ámbito competencial de los órganos internos de control municipales, regulado en el artículo 109, fracción III, último párrafo, constitucional, el cual desde su óptica, debe leerse en relación con el artículo 6, apartado A, fracción VIII de la propia Constitución,(10) a partir de lo cual concluye que la calidad de autoridad garante local debió otorgarse, en el ámbito municipal, a esos órganos internos de control, pero al no haberse previsto de tal manera en la Ley General impugnada, se viola el ámbito competencial mencionado.

30. Visto de esta manera, es posible concluir que esos apartados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública son susceptibles de incidir en la esfera municipal tutelable en esta controversia constitucional: 1) en lo referente a la competencia de sus órganos internos de control en tanto órganos previstos en el propio artículo 6 constitucional y 2) en las prerrogativas constitucionales orgánicas del diseño municipal, en tanto que se sujeta a los municipios a la revisión de una dependencia del Poder Ejecutivo local.

31. Ahora bien, sobre esta conclusión se estima importante realizar algunas precisiones:

32. La primera es que con relación al principio de afectación que determina el interés legítimo para promover una controversia constitucional, éste ha sido interpretado de manera amplia, pues se ha dicho que puede derivar no solo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en la esfera del promovente, regulada directamente desde la Constitución como lo son las prerrogativas institucionales establecidas en su favor, tal como ocurre en el presente caso.

33. Además, debe aclararse que la conclusión adoptada en la presente resolución no prejuzga en sentido alguno sobre si efectivamente existe una invasión a la esfera de competencias del municipio actor o a sus prerrogativas institucionales ni sobre la validez o invalidez de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues dicho aspecto corresponde al fondo de la controversia constitucional.

34. Por el contrario, lo único que se sostiene en esta sentencia es que, de la lectura a la demanda en relación con los apartados normativos que impugna el municipio actor, se puede apreciar que su ámbito regulativo en principio, es susceptible de impactar en la esfera de atribuciones del municipio accionante, concretamente, en lo que atañe a su autonomía (en estricto sentido y en relación con la prohibición de existencia de autoridades intermedias), configurándose así un principio de afectación en perjuicio del promovente suficiente para concluir que no resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia alegada por el recurrente.

35. Incluso, este Tribunal Pleno considera que dar respuesta al agravio de la recurrente en el sentido de que el municipio no cuenta con competencias constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información y que no se advierte vulneración a su autonomía, en realidad implicaría resolver la materia que constituye el fondo del asunto, concretamente, si el diseño de las autoridades garantes locales trastoca de forma injustificada dicho principio constitucional, o bien, si esa autoridad garante es, efectivamente, una autoridad intermedia que contraviene el artículo 115, fracción I, de la Constitución.

36. Más aún, determinar si existe correspondencia entre las “autoridades de control interno” y los “órganos internos de control” que prevén respectivamente los artículos 6, apartado A, fracción VIII y 109, fracción III, último párrafo, ambos de la Constitución, y a partir de ello definir a quien corresponde la competencia de conocer el recurso de revisión a la que alude el primer precepto, al ser un problema que atañe directamente con el fondo del asunto, ya que eso es lo que pretende evidenciar el municipio actor como causa para declarar la invalidez del artículo 3, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

37. De ahí que si, para decidir sobre la ausencia o no de interés legítimo, por las razones que propone el recurrente, es necesario adelantar o involucrar un pronunciamiento esencialmente vinculado al fondo de la controversia, adquiere mayor relevancia la necesidad de reservar el estudio relativo al momento en que esta Suprema Corte dicte sentencia en este asunto.(11)

38. Es importante destacar también, que no es la primera ocasión en que la Suprema Corte conoce de impugnaciones realizadas por municipios contra el diseño de los órganos garantes en materia de transparencia bajo enfoques análogos al que planteó el municipio actor, es decir, a la luz de la violación al principio de autonomía municipal y la prohibición de existencia de autoridades intermedias en términos del artículo 115, fracción I, constitucional. Por citar alguno, se hace referencia a la Controversia Constitucional 61/2005, fallada por el Tribunal Pleno el veinticuatro de enero de dos mil ocho.

39. Aun cuando en ese caso no se interpuso un recurso de reclamación contra el auto de admisión de la controversia constitucional, la Corte dictó sentencia en la que analizó de fondo esas violaciones, lo cual es indicativo de que el análisis sobre el interés legítimo, en un caso que presentaba condiciones análogas al presente, está íntimamente vinculado con la sustancia del problema jurídico por resolver y, por tanto, no puede tratarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que autorice a desechar de plano la demanda.

40. Lo anterior, sin perjuicio de que a la luz de las condiciones normativas y fácticas de la controversia constitucional de la que deriva este recurso, esta Corte llegue a la conclusión de que, pese a la tramitación del juicio, no se demostró el interés legítimo necesario del municipio actor para instar este medio de control, sobre lo cual no se prejuzga.

V. DECISIÓN

41. Al resultar infundado el agravio de la autoridad recurrente, lo procedente es desestimar el presente recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, dictado por el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo, en los autos de la controversia constitucional 170/2025.

Notifíquese. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el señor Ministro Presidente y el señor Ministro Ponente, con el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

________________

1. Ley Reglamentaria.

Artículo 53. El recurso de reclamación se promoverá ante la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará los autos a una ministra o un ministro distinto del instructor o instructora, a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:

[...]

XV. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del Presidente o la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, con excepción del auto que deseche el recurso de revisión en amparo directo;

Acuerdo General 2/2025

SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas:

[...]

2. Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;

[...]

3. Deben descontarse del cómputo el sábado dieciocho y domingo diecinueve de octubre de dos mil veinticinco por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Jurisprudencia P./J. 9/98, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Registro digital: 196923.

5. Jurisprudencia P./J. 42/2003, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO. Registro digital 183579.

6. Jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. Registro digital 2010668.

7. Cfr. Recurso de Reclamación 150-2019-CA, derivado de la Controversia Constitucional 279/2019, fallado por el Tribunal Pleno el tres de diciembre de dos mil diecinueve.

8. Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: [...]

IV. Autoridad garante local: Órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes;

9. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. En ningún caso, podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.

10. Artículo 6o. [...]

Apartado A [...]

VIII. Los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: [...]

III. [...]

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34293-bc9892aa/i-controversia-constitucional-no-se-actualiza-su-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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