I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO CUANDO LA NORMA IMPUGNADA ES SUSCEPTIBLE DE IMPACTAR EN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA ACTORA.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 133/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 164/2025. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: ABRAHAM MONTES MAGAÑA Y PAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA TORRE.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 133/2025-CA, interpuesto por el Poder Ejecutivo Federal, mediante el Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de su Consejería Jurídica, contra el acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil veinticinco por el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo, en la controversia constitucional 164/2025.
El problema jurídico a resolver por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar si fue correcta o no la determinación de admitir la demanda de la controversia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Controversia constitucional. Mauricio Tabe Echartea, alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación. Señaló como acto impugnado diversos artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el veinte de marzo de dos mil veinticinco en el Diario Oficial de la Federación.
2. En su demanda, la Alcaldía propuso los siguientes argumentos en sus conceptos de invalidez:
• Primero. Argumentó que el artículo 3, fracción IV, de la Ley General impugnada violenta los principios de la administración pública, independencia y autonomía administrativa y de gestión reconocidas en favor de las alcaldías. Ello, al crear la figura de la “Autoridad Garante Local”, que constituye una autoridad intermedia, prohibida por el artículo 115, fracción I, de la Constitución.
• Además, mencionó que las autoridades garantes locales permiten que el gobierno de la Ciudad de México intervenga de manera exclusiva en materia de transparencia y acceso a la información. También le permite sancionar, supervisar a las alcaldías y resolver el recurso de revisión, violentando su autonomía e independencia. Menciona que se deja de lado que las Alcaldías son un orden de gobierno con competencias propias tuteladas en la Constitución.
• También alegó que la Ley General impugnada desnaturaliza la relación de coordinación entre los niveles de gobierno porque subordina a las alcaldías al gobierno central.
• Segundo. Consideró que la Ley General es inconstitucional porque el Congreso de la Unión carece de facultades para definir la competencia de la autoridad garante local o de intervenir en la estructura de los órganos que integren cada entidad federativa. Que esa facultad le corresponde al constituyente local en ejercicio de su libertad, independencia y autonomía, atendiendo al principio de competencia. La atribución legislativa para definir aspectos competenciales y diseño de la autoridad garante no le fue reservada a la federación, por lo que solo puede ser ejercida a través del constituyente local.
• Las leyes generales solamente pueden sentar las bases mínimas para que cada entidad federativa adapte la normatividad a su realidad social. Así, el recurrente alega que la Ley General impugnada atenta directamente contra la autonomía e independencia de los estados, incluso de la alcaldía porque impide que el poder legislativo local regule aspectos competenciales de la autoridad garante local.
• Tercero. Alegó que diversos artículos de la Ley General impugnada son inconstitucionales porque violan los principios de legalidad, supremacía constitucional, distribución de competencias y el federalismo. Lo anterior, ya que el poder legislativo de la Ciudad de México es a quien le corresponde exclusivamente establecer la competencia y diseño institucional de la autoridad garante local, no al Congreso de la Unión.
• Consideró que esa invasión incide directamente sobre la alcaldía Miguel Hidalgo en su calidad de sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública.
• Cuarto. Finalmente, mencionó que la Ley General impugnada es inconstitucional porque viola los principios de legalidad, supremacía constitucional y el derecho de acceso a la información pública. La ley establece los supuestos de “seguridad nacional”, “seguridad pública”, “defensa nacional” y “paz social”, que permiten la reserva de información; lo que impiden a la alcaldía Miguel Hidalgo salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y cumplir sus obligaciones constitucionales de transparencia. Agregó que la ambigüedad en esos supuestos genera un margen de discrecionalidad excesivo que restringe el derecho de acceso a la información.
3. Trámite. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número 164/2025, y reservó su turno hasta que se materializara la nueva integración de la Suprema Corte.
4. Una vez que se incorporaron los nuevos integrantes de la Corte, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte turnó el asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo, pues existe conexidad con las controversias constitucionales 158/2025, 159/2025, 160/2025, 161/2025, 163/2025, 166/2025, 167/2025 y 172/2025, que también le fueron turnadas.
5. Acuerdo recurrido. Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo admitió a trámite la controversia constitucional 164/2025.
6. Recurso de reclamación. Inconforme con la admisión de la controversia constitucional, el Poder Ejecutivo Federal interpuso el presente recurso de reclamación. En su único agravio, el recurrente alegó que:
• El Ministro instructor debió desechar de plano la controversia constitucional, porque la alcaldía actora carece de interés legítimo al no fungir como autoridad garante en materia de transparencia y acceso a la información.
• El artículo 122 constitucional no establece facultad alguna para las alcaldías sobre esa materia. Incluso, el artículo 3, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública categoriza como autoridad garante a los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, quienes también conocerán de los recursos en que se impugnen decisiones sobre transparencia y acceso a la información de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
• Por ello, las alcaldías únicamente son sujetos obligados, que deben cumplir con las disposiciones de la Ley General mencionada.
7. Turno. Mediante acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, el Presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite el presente recurso de reclamación, y lo turnó al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la elaboración del proyecto de sentencia.
II. COMPETENCIA
8. Esta Suprema Corte es competente para conocer del recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción primera del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de esta Suprema Corte(1). Lo anterior, ya que se trata del recurso de reclamación interpuesto contra la admisión de una controversia constitucional.
III. PROCEDENCIA, OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
9. Procedencia. El recurso es procedente, conforme a los dispuesto por el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) porque se interpuso en contra el acuerdo que admitió la demanda de controversia constitucional.
10. Oportunidad. El acuerdo recurrido fue notificado por oficio al Poder Ejecutivo Federal el quince de octubre de dos mil veinticinco y surtió efectos el día dieciséis siguiente. Por ello, el plazo de cinco días para interponer el recurso de reclamación transcurrió del diecisiete al veintitrés de octubre del dos mil veinticinco. Como el recurso se interpuso el veintidós de octubre del dos mil veinticinco, es oportuno.(3)
11. Legitimación. El Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para interponer el presente recurso de reclamación, al ser parte demandada en la controversia constitucional cuya admisión se cuestiona.
IV. ESTUDIO DE FONDO
12. El punto por resolver en este asunto consiste en determinar si se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia que propone el Poder Ejecutivo Federal y, por ende, si debe revocarse el auto que admitió a trámite la controversia constitucional para en su lugar, desecharla.
13. En su único agravio, el recurrente sostiene que alcaldía actora carece de interés legítimo y que ello se advierte de forma manifiesta e indudable, ya que constitucionalmente no tiene reconocida alguna facultad como autoridad garante en materia de transparencia y acceso a la información. Incluso, señala que el artículo 3, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define como autoridad garante local únicamente a los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas.
14. Conforme a lo anterior, este Tribunal Pleno debe analizar si las razones que expone el Poder Ejecutivo Federal –aquí recurrente– son suficientes para sostener la existencia de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que justifique revocar el auto recurrido y, en consecuencia, el desechamiento de plano de la demanda de la controversia constitucional promovida por la alcaldía.
15. Para dar solución al argumento central que propuso el Poder Ejecutivo Federal, cabe señalar que conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el estudio del Ministro instructor para admitir o desechar la demanda de la controversia constitucional es preliminar, esto es, se centra en analizar que no se configure una causa notoria y manifiesta de improcedencia, de lo contrario, deberá admitir a trámite la demanda.
16. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido esas condiciones de la siguiente manera: 1) el término “manifiesto”, como aquello que se advierte de forma clara y patente de la lectura de la demanda, anexos y escritos aclaratorios, e 2) “indudable”, como una condición de certeza y plena seguridad de la actualización de la causa de improcedencia, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a adoptar otra convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria, por improductiva para comprobar el interés legítimo.
17. Toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones ya que, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se cumplan las condiciones del motivo de improcedencia de manera manifiesta e indudable.(4)
18. Por tal razón, también se ha sostenido que el auto de admisión de la controversia constitucional involucra únicamente un estudio preliminar en el que no pueden realizarse pronunciamientos vinculados con el fondo del juicio, por no ser propios de este tipo de acuerdos, debido a que en ese estado procesal solo se debe de tener en cuenta lo que se hubiera expuesto en la demanda y las pruebas que a ella se adjunten, por lo que no es posible analizar alguna cuestión que implique el estudio de fondo del asunto.(5)
19. Luego, atendiendo a la naturaleza del acuerdo de admisión de una controversia constitucional, en el recurso de reclamación que se llegue a interponer en su contra, el examen que se realice sobre las causas de improcedencia que proponga el recurrente, por regla general, debe efectuarse bajo el mismo parámetro, esto es, considerando que la inviabilidad de la acción se debe presentar de forma manifiesta e indudable, pues es el enfoque que corresponde al estado procesal del auto que se revisa.
20. Ahora, en relación con el interés legítimo, es necesario recordar que esta Corte ha establecido, a la luz de la interpretación de la Constitución y la Ley Reglamentaria, que la promoción de una controversia constitucional presupone como elemento indispensable la existencia de un agravio o un principio de afectación en perjuicio del promovente, el cual se traduce en el interés legítimo que tiene para acudir al referido procedimiento constitucional.(6)
21. Este interés debe entenderse como la afectación que resiente el promovente en sus atribuciones, o bien, en cualquier ámbito que incida en su esfera regulada desde la Constitución, como pueden ser las garantías institucionales establecidas en su favor u otro tipo de prerrogativas como las presupuestales, en aquellos supuestos en los cuales la conducta de la autoridad demandada es susceptible de causarle un perjuicio o privarlo de un beneficio.(7)
22. De tal manera que el principio de afectación en la controversia constitucional es un presupuesto procesal para su viabilidad, por lo que su ausencia configura una causa de improcedencia que debe ser verificada incluso de oficio. Sin embargo, debe reiterarse que la intensidad de dicho escrutinio dependerá de la etapa procesal en la cual se analice, pues como se expuso en párrafos previos, no es el mismo análisis el que debe realizarse en el acuerdo inicial del proceso, que aquel que corresponde al dictado de la sentencia que resuelve la controversia constitucional.
23. Es importante destacar que, en cuanto a la improcedencia notoria y manifiesta de una controversia constitucional cuando se impugna una norma general, esta Corte ha sostenido que la inviabilidad de la acción resulta evidente cuando la norma que se impugna no es susceptible de afectar en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora o alguno de sus ámbitos regulados desde la Constitución, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la acción.
24. En otras palabras, cuando en una controversia constitucional se impugna una norma general, la inviabilidad de la acción se torna manifiesta e indudable, al grado de justificar el desechamiento de plano de una demanda por falta de interés legítimo, cuando la referida norma no es susceptible de afectar en sentido alguno el ámbito de atribuciones del accionante o algún elemento de su diseño constitucional, aspecto que puede apreciarse de la simple lectura del precepto, ya sea por lo que expresamente señala, o bien, por las implicaciones normativas que derivan de su contenido.
25. En relación con la impugnación de normas generales, la Suprema Corte también ha admitido que es posible que en la controversia constitucional se analicen los argumentos en que se cuestione una norma general por haberse emitido por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece. En este supuesto, sin embargo, también se exige la existencia de un principio de afectación.(8)
26. Es en función de dicho parámetro que procede entonces analizar si en el caso, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es susceptible o no de generar algún principio de agravio en el ámbito jurídico de la alcaldía actora que sea posible tutelar en este medio de control constitucional.
27. En el caso, la alcaldía actora impugnó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Entre otros contenidos que desarrolla esa Ley General, destacan los siguientes:
A) Los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y,
B) Distribución de las competencias de las autoridades garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a sus respectivos ámbitos de responsabilidad.
28. De la demanda, además se advierte que los argumentos sobre violación al principio de autonomía de las alcaldías y a la prohibición de establecer autoridades intermedias están anclados, en parte, en el diseño normativo de la “Autoridad Garante Local” que prevé el artículo 3, fracción IV, de la propia Ley General en comento,(9) en la medida de que se le atribuyeron facultades para “conocer de los asuntos en materia de transparencia de [...] las demarcaciones territoriales de Ciudad de México...”.
29. Esa facultad, desde la óptica de la alcaldía, al haberse asignado a un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, se traduce en una violación a ciertos principios constitucionales que se inscriben en el diseño mismo del orden local de las alcaldías, ya que se faculta a una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo local, a fungir como un ente revisor de las decisiones que, en materia de solicitudes de acceso a la información pública, adopte la alcaldía, lo cual atenta con su autonomía y produce la existencia de una autoridad intermedia entre el orden local y el de las alcaldías, que está prohibida, según refiere, por los artículos 115, fracción I, y 122, apartado A, fracción VI, de la Constitución.(10)
30. Incluso, parte de sus argumentos se centran en evidenciar la incompetencia del Congreso de la Unión para regular diversos aspectos que inciden en el diseño de las autoridades garantes locales, lo cual le causa afectación porque las alcaldías quedan sujetas a su revisión.
31. Visto de esta manera, es posible concluir que esos apartados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública son susceptibles de incidir en la esfera tutelable en esta controversia constitucional: 1) en lo referente a la competencia del órgano legislativo federal para regular aspectos que inciden en la administración de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México frente a sus deberes de transparencia, y 2) en las prerrogativas constitucionales orgánicas del diseño de tales demarcaciones, en tanto que se sujeta a éstos últimos a la revisión de una dependencia del Poder Ejecutivo local.
32. Ahora bien, sobre esta conclusión se estima importante realizar algunas precisiones:
33. La primera es que con relación al principio de afectación que determina el interés legítimo para promover una controversia constitucional, éste ha sido interpretado de manera amplia, pues se ha dicho que puede derivar no solo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en la esfera del promovente, regulada directamente desde la Constitución como lo son las prerrogativas institucionales establecidas en su favor, tal como ocurre en el presente caso.
34. Además, debe aclararse que la conclusión adoptada en la presente resolución no prejuzga en sentido alguno sobre si efectivamente existe una invasión a la esfera de competencias de la alcaldía actora o a sus prerrogativas institucionales ni sobre la validez o invalidez de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues dicho aspecto corresponde al fondo de la controversia constitucional.
35. Por el contrario, lo único que se sostiene en esta sentencia es que, de la lectura a la demanda en relación con los apartados normativos que impugna la alcaldía actora, se puede apreciar que su ámbito regulativo en principio, es susceptible de impactar en la esfera de la alcaldía, concretamente, en lo que atañe a su autonomía (en estricto sentido y en relación con la prohibición de existencia de autoridades intermedias), configurándose así un principio de afectación en perjuicio del promovente suficiente para concluir que no resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia alegada por el recurrente.
36. Incluso, este Tribunal Pleno considera que dar respuesta al agravio de la recurrente en el sentido de que la alcaldía no cuenta con competencias constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información y que no se advierte vulneración a su autonomía, en realidad implicaría resolver la materia que constituye el fondo del asunto, concretamente, si el diseño de las autoridades garantes locales trastoca de forma injustificada dicho principio constitucional, o bien, si esa autoridad garante es, efectivamente, una autoridad intermedia que contraviene el artículo 115, fracción I, de la Constitución, y si esta prohibición puede aplicarse también a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
37. De ahí que si, para decidir sobre la ausencia o no de interés legítimo, por las razones que propone el recurrente, es necesario adelantar o involucrar un pronunciamiento esencialmente vinculado al fondo de la controversia, adquiere mayor relevancia la necesidad de reservar el estudio relativo al momento en que esta Suprema Corte dicte sentencia en este asunto.(11)
38. Es importante destacar también, que la Suprema Corte ha conocido de impugnaciones realizadas por municipios contra el diseño de los órganos garantes en materia de transparencia bajo enfoques análogos al que planteó a la alcaldía, es decir, a la luz de la violación al principio de autonomía municipal y la prohibición de existencia de autoridades intermedias en términos del artículo 115, fracción I, constitucional. Por citar alguno, se hace referencia a la Controversia Constitucional 61/2005, fallada por el Tribunal Pleno el veinticuatro de enero de dos mil ocho.
39. Aun cuando en ese caso no se interpuso un recurso de reclamación contra el auto de admisión de la controversia constitucional, la Corte dictó sentencia en la que analizó de fondo esas violaciones, lo cual es indicativo de que el análisis sobre el interés legítimo, en un caso que presentaba condiciones análogas al presente, está íntimamente vinculado con la sustancia del problema jurídico por resolver y, por tanto, no puede tratarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que autorice a desechar de plano la demanda.
40. Ciertamente, este asunto involucra a una alcaldía y no a un municipio, como en ese precedente; sin embargo, subsiste la misma razón para concluir que no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se propone, concretamente, porque además de que se advierte un principio de afectación, analizar la existencia o no del interés legítimo está vinculado, en el caso, con el fondo de la controversia.
41. Lo anterior, sin perjuicio de que a la luz de las condiciones normativas y fácticas de la controversia constitucional de la que deriva este recurso, esta Corte llegue a la conclusión de que, pese a la tramitación del juicio, no se demostró el interés legítimo necesario de la alcaldía actora para instar este medio de control, sobre lo cual no se prejuzga.
V. DECISIÓN
42. Al resultar infundado el agravio de la autoridad recurrente, lo procedente es desestimar el presente recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere.
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinticinco, dictado por el Ministro instructor Irving Espinosa Betanzo, en los autos de la controversia constitucional 164/2025.
Notifíquese. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Acuerdo General 11/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se encuentra en esos supuestos normativos.
________________
1. Ley Reglamentaria.
Artículo 53. El recurso de reclamación se promoverá ante la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien correrá traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga. Transcurrido este último plazo, la persona titular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará los autos a una ministra o un ministro distinto del instructor o instructora, a fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Tribunal Pleno.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:
[...]
XV. Del recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del Presidente o la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictados durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, con excepción del auto que deseche el recurso de revisión en amparo directo;
Acuerdo General 2/2025
SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I, de la CPEUM, así como los recursos interpuestos en éstas:
[...]
2. Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;
[...]
3. Descontando el sábado dieciocho y domingo diecinueve por haber sido inhábiles.
4. Jurisprudencia P./J. 9/98, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Registro digital: 196923.
5. Jurisprudencia P./J. 42/2003, de rubro: CONTROVERSIA CONTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MÉRITO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO. Registro digital 183579.
6. Jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.), de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. Registro digital 2010668.
7. Cfr. Recurso de Reclamación 150-2019-CA, derivado de la Controversia Constitucional 279/2019, fallado por el Tribunal Pleno el tres de diciembre de dos mil diecinueve.
8. Jurisprudencia P./J. 112/2001, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. Registro digital 188857.
9. Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: [...]
IV. Autoridad garante local: Órganos encargados de la contraloría u homólogos en el poder ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes;
10. Artículo 115. [...]
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. En ningún caso, podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.
Artículo 122. [...]
A. [...]
VI. La división territorial de la Ciudad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34290-056f031d/i-controversia-constitucional-no-se-actualiza-su-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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