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Modo: Corpus Pro

I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, EN TANTO QUE NO PONE FIN AL JUICIO NI GENERA AL RECURRENTE UNA AFECTACIÓN GRAVE HACIA EL FUTURO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 71/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 230/2024. · Registro digital (IUS): 34325
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: Poder Judicial del Estado de Morelos.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 71/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 230/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.

SÍNTESIS

La extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el doce de marzo de dos mil veinticinco, la controversia constitucional 230/2024 en la que determinó: i) declararla como procedente y fundada; e, ii) invalidar el Decreto mil novecientos ochenta y uno, publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6334.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos (Poder Judicial del estado de Morelos), interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, dictado por la entonces Ministra Presidenta de la SCJN, en el que resolvió, por un lado, que: (i) las manifestaciones hechas por el promovente no eran materia de la controversia constitucional por lo que quedaba a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente; y por otro, ii) requirió diversa información a los poderes legislativo y ejecutivo del estado relacionada con el cumplimiento de los efectos de la ejecutoria.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 71/2025-CA, derivado de la controversia constitucional 230/2024, interpuesto por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, dictado por la entonces Presidenta de la SCJN.

El problema jurídico que debe resolver este Tribunal Pleno de la SCJN consiste en determinar la legalidad del acuerdo recurrido.

ANTECEDENTES

1. Decreto 1981 de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro. Se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto mil novecientos ochenta y uno por el que el Poder Legislativo del estado de Morelos otorgó a ********** una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos.(1)

2. Controversia Constitucional 230/2024. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional ante la SCJN en contra del Decreto mil novecientos ochenta y uno debido a que el poder legislativo del estado vulneró su autonomía y la independencia. Además de entrometerse en su gestión financiera al otorgar directamente una pensión que afecta las partidas presupuestales no previstas, sin garantizar recursos suficientes y contraviniendo principios constitucionales de división de poderes, congruencia presupuestal y administración independiente de la justicia.

3. Sentencia de la SCJN. La extinta Primera Sala de la SCJN resolvió el doce de marzo de dos mil veinticinco la controversia constitucional 230/2024 en la que declaró la invalidez parcial del decreto impugnado en favor del Poder Judicial estatal. La Suprema Corte determinó que el Poder Legislativo estatal generó afectaciones presupuestales que comprometen la autonomía financiera y operativa del órgano jurisdiccional. Los resolutivos de la sentencia fueron los siguientes:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la invalidez parcial del Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6334 (seis mil trescientos treinta y cuatro) de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, para los efectos precisados en la parte final del apartado VIII de esta sentencia.

TERCERO. Publíquese la presente ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de las señoras Ministras y los señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Loretta Ortiz Ahlf (Ponente).

4. Cumplimiento de la sentencia. La entonces Presidenta de la SCJN, en actuación conjunta con el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos, emitieron acuerdo el veintinueve de abril de dos mil veinticinco, dentro del expediente de la controversia constitucional 230/2024, por el que se requirió diversa información a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo estatales sobre el cumplimiento de la ejecutoria, tal como se muestra a continuación:

a) El Poder Judicial del Estado de Morelos deberá informar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales el monto total y actualizado que se requiere para el pago de la pensión a la que este medio de control constitucional se refiere, debiendo remitirlo a las citadas autoridades en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo.

b) Al Poder Legislativo del Estado de Morelos se le otorgará el mismo plazo de veinte días hábiles contados a partir de la legal notificación del informe al que se refiere el punto que antecede, para la autorización de la partida presupuestal correspondiente, sin menoscabo de que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo, y dentro de ese mismo plazo de veinte días hábiles, el Poder Legislativo local deberá notificar de la citada determinación, en la vía legal que corresponda al Poder Ejecutivo. Asimismo, es indispensable que efectúe las gestiones necesarias para emitir el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso mil novecientos ochenta y uno (1981), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.

c) Una vez notificado el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en términos del punto anterior, contará con un plazo de veinte días hábiles para llevar a cabo las gestiones hacendarias conducentes y tendrá que remitir a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de la pensión a la que se refiere la presente controversia constitucional, posteriormente, deberá llevar a cabo los actos pertinentes para la publicación del Decreto referido previamente.

5. Únicamente el Poder Judicial del estado de Morelos desahogó el requerimiento mediante una promoción presentada el seis de junio de dos mil veinticinco, por la que informó, entre otras cuestiones, sobre su imposibilidad para informar a los poderes ejecutivo y legislativo del estado, del monto total y actualizado de la pensión a **********, en virtud de la publicación del Decreto ciento sesenta y cinco por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia del Poder Judicial del estado de Morelos. Por lo que solicitó una prórroga para desahogar el requerimiento.

El Poder Judicial del estado de Morelos presentó una promoción, el uno de agosto de dos mil veinticinco, en cumplimiento al requerimiento del veintinueve de abril de dos mil veinticinco, en el que refirió no tener capacidad financiera para cumplir con los compromisos y obligaciones, por lo que es necesaria la gestión de recursos extraordinarios.

6. Acuerdo de trámite de la SCJN. La entonces Presidenta de la SCJN dictó acuerdo el veinticinco de agosto de dos mil veinticinco en el que resolvió lo siguiente:

Manifestaciones. Por otro lado, respecto a las manifestaciones del promovente en torno a que el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinticinco no se autorizó en sus términos y por ello no cuenta con la capacidad financiera de hacer frente al pago de jubilaciones, dígasele que dicha cuestión no es materia en la presente controversia constitucional, por lo que queda a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía que corresponda.

Requerimientos. Derivado de la información que proporciona el Poder Judicial local y visto el estado procesal que guarda la presente controversia constitucional, requiérase:

I. Al Poder Legislativo estatal, para que, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: (i) indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, (ii) autorice la partida presupuestal correspondiente, sin menos cabo que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo local, e (iii) informe si ya se emitió el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso mil novecientos ochenta y uno (1981); o en su caso informe la etapa del proceso legislativo en que se encuentra.

II. Al Poder Ejecutivo estatal, para que, dentro del mismo plazo, realice las gestiones hacendarias conducentes y remita a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial local, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de pensión al que se refiere este asunto.

7. Recurso de Reclamación. El Poder Judicial del estado de Morelos interpuso recurso de reclamación el ocho de septiembre de dos mil veinticinco en contra de dicho acuerdo de trámite, en los siguientes términos:

Agravio único. El acuerdo recurrido genera un perjuicio directo al Poder Judicial del Estado de Morelos, al omitir reconocer la naturaleza continua y permanente del derecho a la pensión decretada mediante sentencia firme, pues al limitar su análisis únicamente al ejercicio presupuestal inmediato, deja en incertidumbre la obligación institucional, de garantizar el pago de dicha prestación en los ejercicios subsecuentes, afectando con ello la estabilidad y certeza que deben regir las decisiones jurisdiccionales emitidas en sede constitucional.

Esta omisión no es abstracta ni carece de relevancia para la parte promovente, ya que es el propio Poder Judicial quien se encuentra obligado legal y materialmente a dar cumplimiento al decreto pensionario; por lo tanto, cualquier pronunciamiento judicial que deje en duda la suficiencia de recursos para dar continuidad a dichos pagos incide directamente en la capacidad de esta institución para cumplir con su deber constitucional de ejecutar lo resuelto.

(...)

La afectación se traduce también en un menoscabo a la autonomía presupuestal del Poder Judicial, puesto que el acuerdo impugnado legitima que el financiamiento de una obligación permanente quede sujeto a la discrecionalidad de otros poderes del Estado al momento de asignar recursos, debilitando la independencia judicial y subordinando el cumplimiento de resoluciones a factores ajenos a la voluntad de este órgano jurisdiccional.

Al sostener que la suficiencia presupuestal futura no es materia de la controversia, el acuerdo ignora que el derecho reclamado es de tracto sucesivo y que, en consecuencia, su satisfacción depende de asignaciones recurrentes año con año. Tal postura priva al Poder Judicial de una resolución integral que le permita planear y garantizar la cobertura de esta obligación, colocándolo en riesgo permanente de incumplimiento y de ser señalado como responsable de desacato.

(...)

Además, el acuerdo impugnado desconoce que la controversia constitucional es precisamente el cauce diseñado por la Constitución para resolver conflictos competenciales y garantizar que ningún poder del Estado menoscabe la esfera jurídica de otro. Al minimizar la trascendencia de la suficiencia presupuestal, el acuerdo vulnera el derecho del Poder Judicial a salvaguardar su ámbito de atribuciones, afectando directamente su capacidad de autogobierno financiero.

(...)

De igual forma, el acuerdo cuestionado desconoce el principio de cosa juzgada, pues al supeditar la ejecución a la disponibilidad de recursos futuros, convierte un fallo definitivo en una expectativa incierta, con lo cual priva al Poder Judicial de la certeza de que las sentencias que emite o que debe ejecutar serán cumplidas de manera efectiva y sin condiciones externas que las vacíen de contenido.

(...)

El acuerdo impugnado también viola el principio de seguridad jurídica que ampara al propio Poder Judicial como parte actora en esta controversia, pues al no resolver de manera plena el conflicto presupuestal, deja abierta la posibilidad de que en ejercicios posteriores se reiteren los mismos obstáculos, obligando a este órgano a promover nuevos medios de defensa de manera indefinida y desgastante.

(...)

La determinación reclamada vulnera el derecho del Poder Judicial a un pronunciamiento completo e integral, dejando inconclusa la protección que debía recibir frente a un acto que afecta directamente su autonomía presupuestal, lo que constituye una violación al debido proceso en el marco de la controversia constitucional.

En suma, el acuerdo impugnado no solo afecta a la beneficiaria de la pensión, sino que impacta de manera directa, concreta y estructural al Poder Judicial del Estado de Morelos, al debilitar su autonomía, comprometer su capacidad de cumplimiento, afectan su planeación financiera y erosionar su legitimidad institucional.

(...)

Siendo que, el acuerdo combatido transgrede el principio de progresividad, vulnera la seguridad jurídica y legitima prácticas regresivas prohibidas, al omitir pronunciarse sobre la suficiencia presupuestal futura necesaria para garantizar la continuidad del pago de la pensión reconocida.

(...)

Luego entonces, si el pronunciamiento del acuerdo de Presidencia combatido a través del presente recurso queda firme, haría nugatoria la declaración de invalidez parcial que precisamente se realizó en la sentencia de la controversia que nos ocupa, y las consideraciones que se hicieron en el medio de control constitucional en el sentido de las afectaciones que los otros Poderes del Estado han materializado sistemáticamente en perjuicio de este Poder Judicial.

Por lo que, se solicita respetuosamente a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación se deje sin efectos el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, al haberse limitado indebidamente el análisis a excluir la materia relativa a la suficiencia presupuestal para garantizar el pago permanente de la pensión reconocida en la ejecutoria, pese a tratarse de un derecho adquirido, imprescriptible y de tracto sucesivo, cuya satisfacción no puede condicionarse a ejercicios fiscales determinados ni a disponibilidades presupuestarias coyunturales, toda vez que su cumplimiento pleno constituye una obligación constitucional y convencional a cargo de los Poderes demandados.

8. Trámite ante esta SCJN.(2) El Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la SCJN, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, radicó y registró el recurso de reclamación con el número 71/2025-CA, para posteriormente turnarlo a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

Asimismo, solicitó notificar a las partes para que manifestaran lo conducente.

9. Desahogo de la vista. Los poderes ejecutivo y legislativo locales dieron contestación al requerimiento hecho en la controversia constitucional 230/2024, en los términos siguientes:

• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (promoción ingresada el veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco). Es acertado el sentido en el que la entonces Ministra Presidenta emitió su acuerdo ya que el Poder Judicial del estado de Morelos alega la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, cuando no era materia de la controversia constitucional 230/2024.

• Poder Legislativo del Estado de Morelos (promoción ingresada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós). Se han otorgado los recursos suficientes para el pago de la pensión concedida en el Decreto impugnado, por lo que no se violenta la autonomía entre poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal. El poder legislativo ha otorgado los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva.

10. Cumplimiento de requerimiento. El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, emitió un acuerdo en la controversia constitucional 230/2024, el siete de octubre de dos mil veinticinco, en los siguientes términos:

Visto el estado procesal que guardan los autos, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles concedido a las partes con fundamento en el referido artículo 53 de la normativa reglamentaria, se envía el expediente para su resolución a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, designada como ponente en este asunto.

11. El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, emitió un acuerdo el nueve de octubre de dos mil veinticinco, dentro del expediente de la controversia constitucional 230/2024, en los términos siguientes:

Requerimientos.

En términos de la ejecutoria dictada y visto el estado procesal, se requiere:

a) Al Poder Judicial de Morelos para que en el plazo de veinte días hábiles, manifieste, bajo protesta de decir verdad, si con las transferencias de recursos que refiere el Poder Ejecutivo estatal, es suficiente para el pago de la pensión hasta la fecha en que se le notificó la sentencia o, en su caso, indique el monto que se requiere para ello.

...

b) Al Poder Legislativo de Morelos, para que en ese mismo plazo de veinte días hábiles:

- Manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de lo informado por el Poder Ejecutivo de la entidad.

- Indique qué Poder se hará cargo del pago de la pensión respectiva.

Vinculación a cumplimiento de la ejecutoria.

Atendiendo a la falta de cumplimiento de la resolución dictada a este asunto, se vincula a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por conducto de su Presidenta Tania Valentina Rodríguez Ruiz, para que en el plazo de veinte días hábiles, informe lo relativo al avance en relación con la emisión del Decreto que declare la invalidez parcial del diverso mil novecientos ochenta y uno (1981) relativo al presente asunto.

En el entendido que de no haber realizado alguna actividad para el cumplimiento de la sentencia deberá hacerlo dentro de ese mismo plazo.

12. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 fracción VII, y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM (Ley Reglamentaria);(3) artículo 16, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la SCJN, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, toda vez que se trata de un recurso de reclamación interpuesto en contra de un acuerdo dictado por la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. OPORTUNIDAD

14. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria(5) de la materia.

15. Lo anterior es así, pues el acuerdo impugnado se notificó por lista a la parte reclamante el viernes veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, la cual surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el lunes uno de septiembre, conforme al artículo 6o, de la Ley Reglamentaria.(6)

16. En ese sentido, el plazo de cinco días para interponer el recurso de reclamación transcurrió del martes dos al lunes ocho de septiembre de dos mil veinticinco, sin contar los días sábado treinta y domingo treinta y uno por haber sido inhábiles.(7)

17. Por tanto, si el escrito de reclamación se presentó el ocho de septiembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, su presentación resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

18. El recurso fue interpuesto por parte legitimada, ya que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos(8) tiene reconocida la personalidad en el expediente principal de la controversia constitucional 230/2024 conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria(9) en el de la que deriva este asunto.

IV. IMPROCEDENCIA

19. Esta Suprema Corte considera que el recurso de reclamación interpuesto por el recurrente es improcedente y, en consecuencia, debe desecharse por las consideraciones que a continuación se exponen.

20. Los supuestos en los que procede el recurso de reclamación, tratándose de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, se encuentran señalados en el artículo 51 de la Ley Reglamentaria.

21. El recurrente alega ante esta instancia la actualización del supuesto establecido en la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria, de acuerdo con la tesis de rubro: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).(10)

22. El Poder Judicial del Estado de Morelos señala que el supuesto establecido en la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria “encaja plenamente en la situación que origina el presente recurso”; sin embargo, esta SCJN considera que ninguno de los supuestos listados en esa disposición es aplicable al caso en concreto.

23. La parte recurrente alude que este medio de defensa es procedente pues, desde su perspectiva, “sí produce un efecto inmediato al modular el alcance de la ejecutoria y condicionar su materialización al ámbito presupuestal, lo que afecta directamente al Poder Judicial del Estado de Morelos [...] que por sus consecuencias, no pueden ser reparadas en la sentencia definitiva, ya que se trata precisamente de la fase de ejecución”. Dicho argumento comparte una redacción similar al contenido de la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria:

Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:

I. ...

II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III. ...

24. De la redacción anterior, se advierte que el recurso de reclamación procede “contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia” o, en su caso, cuando “por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva”; sin embargo, ninguno de los supuestos referidos es aplicable al caso concreto, ya que el acuerdo impugnado solamente fue emitido como de trámite relacionado con el cumplimiento de la ejecutoria, es decir, posterior al procedimiento y a la sentencia de la controversia constitucional 230/2024.(11)

25. Es decir, el contenido del acuerdo impugnado no pone fin a la controversia porque no se está archivando como asunto concluido, aunado a que no genera una grave afectación material al recurrente, pues no se advierte que tenga determinado efecto negativo hacia el futuro en su perjuicio y que éste, por razón de su efecto, sea capaz de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser revisados en la vía correspondiente.

26. Atendiendo a las particularidades concretas del caso es posible establecer que la emisión del acuerdo indicado exclusivamente tiene como finalidad lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional, con lo que es innegable que no se genera una afectación susceptible de catalogarse como grave.

27. Además, el recurrente intenta a través de este medio de defensa que se estudie su agravio sobre la insuficiencia presupuestal y su imposibilidad material para realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a **********, cuando este tema ya fue resuelto en la sesión de doce de marzo de dos mil veinticinco por la extinta Primera Sala.

28. En los efectos de la sentencia de la controversia constitucional 230/2024, la Primera Sala vinculó al Congreso del Estado de Morelos para el cumplimiento de la misma:

El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la trabajadora pensionada y que no son materia de la invalidez determinada en la presente controversia, por lo que el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:

• Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y

• A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual:

• Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o

• En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por cesantía en edad avanzada concedida a **********, mediante el Decreto número 1981 (mil novecientos ochenta y uno).

29. Incluso, los efectos se reiteran en el acuerdo impugnado en el que, la entonces Presidenta de la SCJN, requirió a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Morelos un informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de la controversia constitucional 230/2024, tal como se muestra a continuación:

Requerimientos. Derivado de la información que proporciona el Poder Judicial local y visto el estado procesal que guarda la presente controversia constitucional, requiérase:

I. Al Poder Legislativo estatal, para que, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: (i) indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, (ii) autorice la partida presupuestal correspondiente, sin menoscabo que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo local, e (iii) informe si ya emitió el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso mil novecientos ochenta y uno (1981); o en su caso informe la etapa del proceso legislativo en que se encuentra.

II. Al Poder Ejecutivo estatal, para que, dentro del mismo plazo, realice las gestiones hacendarias conducentes y remita a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial local, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de pensión al que se refiere este asunto.

30. Del contenido del acuerdo impugnado, no se advierte que esta SCJN haya excluido el análisis relativo a la suficiencia presupuestal, como lo pretende hacer valer el recurrente, pues en la sentencia de la controversia constitucional 230/2024 y en el cuerpo del acuerdo impugnado, claramente se vincula a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Morelos para informar sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

31. Por tanto, esta SCJN considera que el recurrente no se encuentra en una situación que lo coloque en un estado de indefensión o desventaja a partir de que las autoridades señaladas han quedado debidamente notificadas de las actuaciones que deben llevar a cabo a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinticinco.

32. Dicho en otras palabras, la insuficiencia presupuestal y la imposibilidad material alegada por el recurrente, no generan la actualización de lo previsto en el numeral 51, fracción II, de la Ley Reglamentaria, pues para ello es indispensable que se ponga fin al juicio o, en su caso, se genere una afectación grave hacia el futuro, lo cual no sucede en la especie, conforme al contenido del acuerdo impugnado y a las particularidades del caso en concreto.

33. Lo anterior, se fortalece si se toma en cuenta que el Ministro Presidente Hugo A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34325-82b4b388/i-recurso-de-reclamacion-en-controversia-constitucional-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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