I. RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DE TRÁMITE RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, EN TANTO QUE NO PONE FIN AL JUICIO NI GENERA AL RECURRENTE UNA AFECTACIÓN GRAVE HACIA EL FUTURO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 70/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 229/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE NOVIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.
SÍNTESIS
La extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el doce de marzo de dos mil veinticinco, la controversia constitucional 229/2024 en la que determinó: i) declararla como procedente y fundada; e, ii) invalidar el decreto dos mil veintidós, publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6334.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos (Poder Judicial del estado de Morelos), interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, dictado por la entonces Ministra Presidenta de la SCJN, en el que resolvió, por un lado, que: (i) las manifestaciones hechas por el promovente no eran materia de la controversia constitucional por lo que quedaba a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía correspondiente; y por otro, ii) requirió diversa información a los poderes legislativo y ejecutivo del estado relacionada con el cumplimiento de los efectos de la ejecutoria.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 70/2025-CA, derivado de la controversia constitucional 229/2024, interpuesto por el Magistrado Presidente Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, dictado por la entonces Presidenta de la SCJN.
El problema jurídico que debe resolver este Tribunal Pleno de la SCJN consiste en determinar la legalidad del acuerdo recurrido.
ANTECEDENTES
1. Decreto 2022 de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro. Se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Decreto dos mil veintidós por el que el Poder Legislativo del estado de Morelos otorgó a ********** una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos.(1)
2. Controversia Constitucional 229/2025. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos presentó demanda de controversia constitucional ante la SCJN en contra del Decreto dos mil veintidós debido a que el poder legislativo del estado vulneró su autonomía y la independencia. Además de entrometerse en su gestión financiera al otorgar directamente una pensión que afecta las partidas presupuestales no previstas, sin garantizar recursos suficientes y contraviniendo principios constitucionales de división de poderes, congruencia presupuestal y administración independiente de la justicia.
3. Sentencia de la SCJN. La extinta Primera Sala de la SCJN resolvió el doce de marzo de dos mil veinticinco la controversia constitucional 229/2024 en la que declaró la invalidez parcial del decreto impugnado en favor del Poder Judicial estatal. La Suprema Corte determinó que el poder legislativo estatal generó afectaciones presupuestales que comprometen la autonomía financiera y operativa del órgano jurisdiccional. Los resolutivos de la sentencia fueron los siguientes:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Se declara la invalidez parcial del decreto dos mil veintidós (2022), publicado el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos número 6334, para los efectos precisados en esta sentencia.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministra Ana Margarita Ríos Farjat (ponente), Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ministra Presidenta Loretta Ortiz Ahlf.
4. Cumplimiento de la sentencia. La entonces Presidenta de la SCJN, en actuación conjunta con el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos, emitieron acuerdo el seis de mayo de dos mil veinticinco por el que se requirió diversa información a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo estatales sobre el cumplimiento de la ejecutoria, tal como se muestra a continuación:
a) El Poder Judicial del Estado de Morelos deberá informar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo estatales el monto total y actualizado que se requiere para el pago de la pensión a al que este medio de control constitucional se refiere, debiendo remitirlo a las citadas autoridades en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo.
b) Al Poder Legislativo del Estado de Morelos se le otorgará el mismo plazo de veinte días hábiles contados a partir de la legal notificación del informe al que se refiere el punto que antecede, para la autorización de la partida presupuestal correspondiente, sin menoscabo de que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo, y dentro de ese mismo plazo de veinte días hábiles, el Poder Legislativo local deberá notificar de la citada determinación, en la vía legal que corresponda al Poder Ejecutivo. Asimismo, es indispensable que efectúe las gestiones necesarias para emitir el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso dos mil veintidós (2022), de veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.
c) Una vez notificado el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en términos del punto anterior, contará con un plazo de veinte días hábiles para llevar a cabo las gestiones hacendarias conducentes y tendrá que remitir a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial del Estado de Morelos, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de la pensión a la que se refiere la presente controversia constitucional, posteriormente, deberá llevar a cabo los actos pertinentes para la publicación del Decreto referido previamente.
5. Únicamente el Poder Judicial del estado de Morelos desahogó el requerimiento mediante una promoción presentada el uno de julio de dos mil veinticinco, por la que informó, entre otras cuestiones, sobre la falta de suficiencia presupuestal en el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
6. Acuerdo de trámite de la SCJN. La entonces Presidenta de la SCJN dictó acuerdo el veinticinco de agosto de dos mil veinticinco en el que resolvió lo siguiente:
Manifestaciones. Por otro lado, respecto a las manifestaciones del promovente en torno a que el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinticinco no se autorizó en sus términos y por ello no cuenta con la capacidad financiera de hacer frente al pago de jubilaciones, dígasele que dicha cuestión no es materia en la presente controversia constitucional, por lo que queda a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía que corresponda.
Requerimientos. Derivado de la información que proporciona el Poder Judicial local y visto el estado procesal que guarda la presente controversia constitucional, requiérase:
I. Al Poder Legislativo estatal, para que, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: (i) indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, (ii) autorice la partida presupuestal correspondiente, sin menos cabo que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo local, e (iii) informe si ya se emitió el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso dos mil veintidós (2022); o en su caso informe la etapa del proceso legislativo en que se encuentra.
II. Al Poder Ejecutivo estatal, para que, dentro del mismo plazo, realice las gestiones hacendarias conducentes y remita a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial local, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de pensión al que se refiere este asunto.
7. Recurso de Reclamación. El Poder Judicial del estado de Morelos interpuso recurso de reclamación en contra de dicho acuerdo de trámite el ocho de septiembre de dos mil veinticinco, en los siguientes términos:
Agravio único. El acuerdo recurrido genera un perjuicio directo al Poder Judicial del Estado de Morelos, al omitir reconocer la naturaleza continua y permanente del derecho a la pensión decretada mediante sentencia firme, pues al limitar su análisis únicamente al ejercicio presupuestal inmediato, deja en incertidumbre la obligación institucional, de garantizar el pago de dicha prestación en los ejercicios subsecuentes, afectando con ello la estabilidad y certeza que deben regir las decisiones jurisdiccionales emitidas en sede constitucional.
Esta omisión no es abstracta ni carece de relevancia para la parte promovente, ya que es el propio Poder Judicial quien se encuentra obligado legal y materialmente a dar cumplimiento al decreto pensionario; por lo tanto, cualquier pronunciamiento judicial que deje en duda la suficiencia de recursos para dar continuidad a dichos pagos incide directamente en la capacidad de esta institución para cumplir con su deber constitucional de ejecutar lo resuelto.
La afectación se traduce también en un menoscabo a la autonomía presupuestal del Poder Judicial, puesto que el acuerdo impugnado legitima que el financiamiento de una obligación permanente quede sujeto a la discrecionalidad de otros poderes del Estado al momento de asignar recursos, debilitando la independencia judicial y subordinando el cumplimiento de resoluciones a factores ajenos a la voluntad de este órgano jurisdiccional.
Al sostener que la suficiencia presupuestal futura no es materia de la controversia, el acuerdo ignora que el derecho reclamado es de tracto sucesivo y que, en consecuencia, su satisfacción depende de asignaciones recurrentes año con año. Tal postura priva al Poder Judicial de una resolución integral que le permita planear y garantizar la cobertura de esta obligación, colocándolo en riesgo permanente de incumplimiento y de ser señalado como responsable de desacato.
...
Además, el acuerdo impugnado desconoce que la controversia constitucional es precisamente el cauce diseñado por la Constitución para resolver conflictos competenciales y garantizar que ningún poder del Estado menoscabe la esfera jurídica de otro. Al minimizar la trascendencia de la suficiencia presupuestal, el acuerdo vulnera el derecho del Poder Judicial a salvaguardar su ámbito de atribuciones, afectando directamente su capacidad de autogobierno financiero.
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De igual forma, el acuerdo cuestionado desconoce el principio de cosa juzgada, pues al supeditar la ejecución a la disponibilidad de recursos futuros, convierte un fallo definitivo en una expectativa incierta, con lo cual priva al Poder Judicial de la certeza de que las sentencias que emite o que debe ejecutar serán cumplidas de manera efectiva y sin condiciones externas que las vacíen de contenido.
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El acuerdo impugnado también viola el principio de seguridad jurídica que ampara al propio Poder Judicial como parte actora en esta controversia, pues al no resolver de manera plena el conflicto presupuestal, deja abierta la posibilidad de que en ejercicios posteriores se reiteren los mismos obstáculos, obligando a este órgano a promover nuevos medios de defensa de manera indefinida y desgastante.
...
La determinación reclamada vulnera el derecho del Poder Judicial a un pronunciamiento completo e integral, dejando inconclusa la protección que debía recibir frente a un acto que afecta directamente su autonomía presupuestal, lo que constituye una violación al debido proceso en el marco de la controversia constitucional.
En suma, el acuerdo impugnado no solo afecta a la beneficiaria de la pensión, sino que impacta de manera directa, concreta y estructural al Poder Judicial del Estado de Morelos, al debilitar su autonomía, comprometer su capacidad de cumplimiento afectan su planeación financiera y erosionar su legitimidad institucional.
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Siendo que, el acuerdo combatido transgrede el principio de progresividad, vulnera la seguridad jurídica y legitima prácticas regresivas prohibidas, al omitir pronunciarse sobre la suficiencia presupuestal futura necesaria para garantizar la continuidad del pago de la pensión reconocida.
...
Luego entonces, si el pronunciamiento del acuerdo de Presidencia combatido a través del presente recurso queda firme, haría nugatoria la declaración de invalidez parcial que precisamente se realizó en la sentencia de la controversia que nos ocupa, y las consideraciones que se hicieron en el medio de control constitucional en el sentido de las afectaciones que los otros Poderes del Estado han materializado sistemáticamente en perjuicio de este Poder Judicial.
Por lo que, se solicita respetuosamente a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación se deje sin efectos el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, al haberse limitado indebidamente el análisis a excluir la materia relativa a la suficiencia presupuestal para garantizar el pago permanente de la pensión reconocida en la ejecutoria, pese a tratarse de un derecho adquirido, imprescriptible y de tracto sucesivo, cuya satisfacción no puede condicionarse a ejercicios fiscales determinados ni a las disponibilidades presupuestarias coyunturales, toda vez que su cumplimiento pleno constituye una obligación constitucional y convencional a cargo de los Poderes demandados.
8. Trámite ante esta SCJN.(2) El Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la SCJN, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, radicó y registró el recurso de reclamación con el número 70/2025-CA para posteriormente turnarlo a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
Asimismo, solicitó notificar a las partes para que manifestaran lo conducente.
9. Desahogo de la vista. Los poderes ejecutivo y legislativo locales dieron contestación al requerimiento hecho en la controversia constitucional 229/2024, en los términos siguientes:
• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos informó que se efectuó la transferencia de recursos al Poder Judicial local para cubrir el pago de la pensión de **********, por lo que lo ordenado en la controversia constitucional ya ha quedado subsanado.
• Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Presidente de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, designado en ese cargo en sesión ordinaria del veintiséis de junio de dos mil veinticinco, informó que carece de conocimiento sobre el estado actual del expediente por lo que solicitó que se emitiera un nuevo requerimiento para imponerse de los autos y dar cumplimiento cabal a la solicitud.
10. Cumplimiento de requerimiento. El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, emitió un acuerdo en la controversia constitucional 229/2024 el siete de octubre de dos mil veinticinco, en los siguientes términos:
1. Poder Ejecutivo de Morelos.
Visto el escrito y anexos del delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, personalidad que tiene reconocida en autos, se le tiene desahogado el requerimiento formulado; en consecuencia, queda sin efectos el apercibimiento decretado mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco.
Ahora bien, el delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos informa que no se tiene adeudo alguno de pensión, materia del Decreto invalidado al que este medio de control constitucional se refiere, en virtud de las ampliaciones presupuestales al Poder Judicial del Estado de Morelos y que la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó que se efectuó la transferencia de recursos en favor del Poder Judicial de dicha entidad, al efecto remite copia certificada del comprobante electrónico.
De lo anterior, se toma conocimiento, con fundamento en el artículo 11, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
...
2. Poder Legislativo de Morelos.
...
No ha lugar a prórroga.
El Poder Legislativo de Morelos informa a este Tribunal que derivado del reciente cambio de titularidad en la Mesa Directiva, la representación legislativa carece de conocimiento puntual sobre el estado actual del expediente de esta controversia constitucional, por lo que solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado a dicha autoridad.
Al respecto, dígasele que no se está en posibilidades de otorgar un plazo mayor, toda vez que la ejecución de las sentencias es de orden público.
Además, es un hecho notorio que existen cientos de expedientes en ejecución relacionados con el mismo tema, en los cuales no existe un avance significativo en el cumplimiento de las sentencias; razón por la cual, otorgar una prórroga implica una mayor dilación.
Aunado a que el acatamiento de la sentencia es de una complejidad media, al requerir la acción de todos los poderes del Estado de Morelos, pero la actuación del Poder Legislativo no existe un trabajo de difícil realización, sino más bien de coordinación entre sus diferentes áreas.
Estado procesal.
De las constancias que obran en el expediente, se advierte que el Poder Legislativo del Estado de Morelos ha sido omiso en desahogar el requerimiento realizado por este Tribunal por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, a pesar de haber quedado debidamente notificado para tal efecto.
3. Requerimiento.
En términos de la ejecutoria dictada y visto el estado procesal, se requiere al Poder Legislativo de Morelos, para que en el plazo de veinte días hábiles, realice lo siguiente:
- Indique qué Poder se hará cargo del pago de la pensión respectiva.
- Remita a este Tribunal el oficio dirigido a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de ese órgano legislativo, en el que solicite se realicen los trámites necesarios a efecto de que se emita el dictamen del Decreto que declare la invalidez parcial del diverso dos mil veintidós (2022).
Vinculación a cumplimiento de la ejecutoria.
Atendiendo a la falta de cumplimiento de la resolución dictada a este asunto, se vincula a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, por conducto de su Presidenta Tania Valentina Rodríguez Ruiz, para que en el plazo de veinte días hábiles, a partir de que tenga conocimiento del oficio mencionado, informe lo relativo al avance en relación con la emisión del Decreto ya mencionado.
En el entendido que de no haber realizado alguna actividad para el cumplimiento de la sentencia deberá hacerlo dentro de ese mismo plazo.
11. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el siete de noviembre de dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
12. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, fracción VII, y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM (Ley Reglamentaria);(3) artículo 16, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la SCJN, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, toda vez que se trata de un recurso de reclamación interpuesto en contra de un acuerdo dictado por la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. OPORTUNIDAD
13. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria(5) de la materia.
14. Lo anterior es así, pues el acuerdo impugnado se notificó por lista a la parte reclamante el viernes veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, la cual surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el lunes uno de septiembre, conforme al artículo 6o., de la Ley Reglamentaria.
15. En ese sentido, el plazo de cinco días para interponer el recurso de reclamación transcurrió del martes dos al lunes ocho de septiembre de dos mil veinticinco, sin contar los días sábado treinta y domingo treinta y uno por haber sido inhábiles.(6)
16. Por tanto, si el escrito de reclamación se presentó el ocho de septiembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, su presentación resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
17. El recurso fue interpuesto por parte legitimada, ya que el Magistrado Presidente de Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos(7) tiene reconocida la personalidad en el expediente principal de la controversia constitucional 229/2024 conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria(8) en el de la que deriva este asunto.
IV. IMPROCEDENCIA
18. Esta Suprema Corte considera que el recurso de reclamación promovido por el recurrente es improcedente y, en consecuencia, debe desecharse por las consideraciones que a continuación se exponen.
19. Los supuestos en los que procede el recurso de reclamación, tratándose de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, se encuentran señalados en el artículo 51 de la Ley Reglamentaria.
20. El recurrente alega ante esta instancia la actualización del supuesto establecido en la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria, de acuerdo con la tesis de rubro: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA AUTOS O RESOLUCIONES QUE, POR SU NATURALEZA TRASCENDENTAL Y GRAVE, CAUSEN UN AGRAVIO MATERIAL NO REPARABLE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).(9)
21. El Poder Judicial del estado de Morelos señala que el supuesto establecido en la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria “encaja plenamente en la situación que origina el presente recurso”; sin embargo, esta SCJN considera que ninguno de los supuestos listados en esa disposición es aplicable al caso en concreto.
22. La parte recurrente alude que este medio de defensa es procedente pues, desde su perspectiva, “sí produce un efecto inmediato al modular el alcance de la ejecutoria y condicionar su materialización al ámbito presupuestal, lo que afecta directamente al Poder Judicial del estado de Morelos [...] que, por sus consecuencias, no pueden ser reparadas en la sentencia definitiva, ya que se trata precisamente de la fase de ejecución”. Dicho argumento comparte una redacción similar al contenido de la fracción II, del artículo 51, de la Ley Reglamentaria:
Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. ...
II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva;
III. ...
23. De la redacción anterior, se advierte que el recurso de reclamación procede “contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia” o, en su caso, cuando “por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva”; sin embargo, ninguno de los supuestos referidos es aplicable al caso concreto, ya que el acuerdo impugnado solamente fue emitido como de trámite relacionado con el cumplimiento de la ejecutoria, es decir, posterior al procedimiento y a la sentencia de la controversia constitucional 229/2024.(10)
24. Es decir, el contenido del acuerdo impugnado no conlleva poner fin a la controversia porque no se está archivando como asunto concluido, aunado a que no genera una grave afectación material al recurrente, pues no se advierte que tenga determinado efecto negativo hacia el futuro en su perjuicio y que este, por razón de su efecto, sean capaces de producir una afectación tal que pueda calificarse como grave, es decir, de notorios perjuicios o altamente perjudiciales que no puedan ser revisados en la vía correspondiente.
25. Ello es así, pues atendiendo las particulares concretas del caso es posible establecer que la emisión del acuerdo indicado exclusivamente tiene como finalidad lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional, con lo que es inconcuso que no se genera una afectación susceptible de catalogarse como grave.
26. Además, el recurrente intenta a través de este medio de defensa se estudie su agravio sobre la insuficiencia presupuestal y su imposibilidad material para realizar el pago de la pensión de jubilación de **********, cuando este tema ya fue resuelto en la sesión de doce de marzo de dos mil veinticinco por la extinta Primera Sala.
27. En los efectos de la sentencia de la controversia constitucional 229/2024, la extinta Primera Sala vinculó al Congreso del estado de Morelos para el cumplimiento de la misma:
Cabe precisar que el efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que se habían otorgado a la persona trabajadora pensionada o a sus beneficiarios y que no fueron materia de la invalidez decretada en la presente controversia, por lo que el Congreso del estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
a) Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
b) A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, establecer de manera puntual:
• Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o
• En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.
28. Incluso, los efectos se reiteran en el acuerdo impugnado en el que, la entonces Presidenta de la SCJN, requirió a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Morelos un informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de la controversia constitucional 229/2024, tal como se muestra a continuación:
Requerimientos. Derivado de la información que proporciona el Poder Judicial local y visto el estado procesal que guarda la presente controversia constitucional, requiérase:
I. Al Poder Legislativo estatal, para que, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, realice lo siguiente: (i) indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, (ii) autorice la partida presupuestal correspondiente, sin menos cabo que la ministración de los recursos se realice por medio del Poder Ejecutivo local, e (iii) informe si ya emitió el Decreto que declare la invalidez parcial del diverso dos mil veintidós (2022); o en su caso informe la etapa del proceso legislativo en que se encuentra.
II. Al Poder Ejecutivo estatal, para que, dentro del mismo plazo, realice las gestiones hacendarias conducentes y remita a este Alto Tribunal, los comprobantes y transferencias de los recursos económicos en favor del Poder Judicial local, los cuales deberán ser suficientes para cumplir con el pago del Decreto de pensión al que se refiere este asunto.
29. Del contenido del acuerdo impugnado, no se advierte que esta SCJN haya excluido el análisis relativo a la suficiencia presupuestal, como lo pretende hacer valer el recurrente, pues en la sentencia de la controversia constitucional 229/2024 y en el cuerpo del acuerdo impugnado, claramente se vincula a los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Morelos para informar sobre el cumplimiento de la ejecutoria.
30. Por tanto, esta SCJN considera que el recurrente no se encuentra en una situación que lo coloque en un estado de indefensión o desventaja a partir de que las autoridades señaladas han quedado debidamente notificadas de las actuaciones que deben llevar a cabo a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinticinco.
31. Dicho en otras palabras, la insuficiencia presupuestal y la imposibilidad material alegada por el recurrente, no genera la actualización de lo previsto en el numeral 51, fracción II, de la Ley Reglamentaria, pues para ello es indispensable que se ponga fin al juicio o, en su caso, se genere una afectación grave hacia el futuro, lo cual no sucede en la especie, conforme al contenido del acuerdo impugn
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34248-23decd2e/i-recurso-de-reclamacion-en-controversia-constitucional-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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