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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA PROMOVERLA CONTRA EL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD, AL NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OFICIOS SIN NÚMERO SUSCRITOS POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS PRESENTADOS EN LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EL OCHO Y EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, MEDIANTE LOS CUALES NIEGA QUE LA COMISIÓN ESTATAL PUEDA CONOCER DE QUEJAS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y/O LABORAL PROVENIENTES DE LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHO PODER JUDICIAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 266/2024. · Registro digital (IUS): 34106
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-26
Promovente: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.521.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 266/2024. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS. 7 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA Y HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al siete de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 266/2024, promovida por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en contra de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, todos de esa entidad federativa, en la que se demanda la invalidez del Decreto número ciento cuarenta, por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" en su edición número 4513, de fecha veintiuno de febrero del dos mil siete, principalmente el artículo 23-B en la porción normativa "con excepción de los del Poder Judicial del Estado" y los oficios sin número, presentados en la Oficialía de partes de la Comisión accionante el ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro, suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, ambas del Poder Judicial del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente y Representante Legal, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de dicha entidad, en la que impugnó el Decreto número ciento cuarenta por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el día veintiuno de febrero de dos mil siete, en específico, la porción normativa del artículo 23-B que señala "con excepción de los del Poder Judicial del Estado", así como los oficios sin número, presentados en la Oficialía de partes de la Comisión accionante el ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro, suscritos por el Presidente del Poder Judicial de ese Estado, y manifestó sustancialmente lo siguiente:

X. CONCEPTO DE INVALIDEZ.

1.- El Congreso y Poder Ejecutivo locales al aprobar, sancionar y publicar, respectivamente en el ámbito de sus competencias, el decreto número ciento cuarenta, por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, sin fundamento ni motivación alguna restringen la eficacia y atribuciones de este organismo constitucional autónomo sobre el sistema no jurisdiccional protector de derechos humanos que tiene a su cargo en el Estado de Morelos, porque excluye de su conocimiento a los actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Morelos, violentando con ello, el ámbito competencial establecido por el artículo 102, apartado B, primer párrafo, de la Constitución Federal en favor de este organismo protector de derechos humanos local y de la sociedad a la cual defiende del abuso, la arbitrariedad y el ejercicio desmedido del poder.

...

Es pues el propio texto fundamental el que dota de atribuciones expresas a dichos organismos, cimentando así su estatuto jurídico tanto federal como estatales, para que puedan conocer mediante quejas y por regla general, de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violenten derechos humanos. De igual manera, la propia norma Fundamental al establecer las excepciones a esta regla general, ha sido clara en excluir expresamente de ese ámbito de tutela únicamente a los actos de cualquier naturaleza del Poder Judicial de la Federación –sin que se infiera de ninguna forma que se entendieran incluidos los Poderes Judiciales de los Estados– ...

En este tenor, en cumplimiento del mandato contenido en los párrafos primero y cuarto del apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, le está vedado al Congreso del Estado de Morelos reducir el ámbito de tutela de la garantía no jurisdiccional de protección de los derechos humanos; así como ampliar y reducir los supuestos que se excluyan de su conocimiento, pues ello corresponde de manera exclusiva al Poder Reformado de la Constitución quien fue el que estableció y delineó los alcances de esa tutela no jurisdiccional...

En tal sentido, para el caso, se tiene que el Congreso Local, trastoca el principio de constitucionalidad en perjuicio de esta parte, en su vertiente de fundamentación y motivación, pues actúa fuera del marco normativo federal, el cual, de suyo, le establece la forma en que debe legislar para reconocer en la Constitución Local la naturaleza, atribuciones y competencias de este organismo protector de derechos humanos. Por lo que, al restringir indebidamente del conocimiento de la Comisión, las quejas que pudieran surgir por los actos y omisiones administrativos provenientes de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado por medio de la norma impugnada, no sólo se atenta contra la esfera de atribuciones delineadas constitucionalmente a su favor, sino que también, se incide en su autonomía, ya que no se le permite actuar, violentando el principio de división de poderes y el sistema de equilibrios.

...

De lo anterior se puede afirmar que, el Congreso excedió sus atribuciones en perjuicio de esta Comisión de Derechos Humanos, ya que no existe precepto legal alguno que le faculte para restringir y privar de la competencia que constitucionalmente le ha sido dotada.

Por lo tanto, al hacer valer el presidente del Tribunal Superior de Justicia la restricción que contiene el artículo 23-B de la Constitución Local, en el sentido de que este órgano actor no puede conocer de quejas de naturaleza administrativa provenientes de los actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial Local, se transgrede lo señalado por el artículo 102, apartado B), de la Constitución Federal, ya que, sin mediar atribución para ello, el Poder Judicial desconoce la competencia que el Poder Reformador de la Constitución concedió a las comisiones locales para la protección de los derechos humanos a través del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.

XI. SUSPENSIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16 y 18 de la LR105, se solicita atentamente al Ministro Instructor conceda la suspensión de los efectos y consecuencias de la norma impugnada, para el efecto de que, en tanto esta controversia constitucional se resuelve, no se aplique a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos senda limitante y por consiguiente, pueda investigar las probables violaciones a derechos humanos provenientes de actos y omisiones de naturaleza administrativa que provengan del Poder Judicial del Estado de Morelos, vinculando a este último a colaborar y atender las medidas que le han sido solicitadas en el expediente de queja del que se subyace el conflicto que se plantea.

...

2. Radicación y turno. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta SCJN ordenó formar y registrar el presente expediente con el número 266/2024 y lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento.

3. Admisión parcial y trámite. Mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora desechó la controversia constitucional respecto del decreto número ciento cuarenta por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiuno de febrero de dos mil siete, en específico por la porción normativa "...con excepción de los del Poder Judicial del Estado...", contenida en el artículo 23-B de la referida constitución local, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), toda vez que el escrito de demanda fue presentado de forma extemporánea y admitió respecto a los actos atribuidos al Poder Judicial local, en donde aplica la porción normativa señalada a través de la emisión de dos oficios. Asimismo, ordenó el emplazamiento del Poder Judicial del Estado de Morelos, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y ordenó formar el cuaderno incidental para la suspensión solicitada.

4. Incidente de suspensión. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, se formó y registró el incidente de suspensión, en el que la Ministra Instructora determinó negar la suspensión solicitada, dado que no se advierte que lo solicitado por el promovente procure efectos conservativos al estado en que actualmente se encuentran las cosas sino busca que se reconozca o constituya el derecho que pretende en el fondo del asunto.

5. Contestación del Poder Judicial del Estado de Morelos. Mediante escrito ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos contestó la demanda, y argumentó sustancialmente lo siguiente:

CONCEPTOS DE INVALIDEZ

ACTOS DE APLICACIÓN ATRIBUIDOS AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE SU TITULAR

El artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual se estima le suprime facultades de interferencia en cuestiones relativas a servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Morelos, relativas a actos u omisiones de carácter administrativo, se desprende que su actuar contraviene la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, lo que conlleva a la violación de un debido proceso y vulneración de los derechos con los que cuento y que usted tiene el deber de salvaguardar, precepto que se relaciona con lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia se corrobora que el penúltimo párrafo del numeral 9 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no es el aplicable en perjuicio de los miembros del Poder Judicial del Estado de Morelos, incluido el suscrito, por limitación Constitucional, derivado de que debe acatarse lo previsto en la jurisprudencia.

...

Por tanto, al ser la Propia (sic) Constitución Local (sic) restringe la facultad de conocer las quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa del personal que integra el Poder Judicial del Estado de Morelos, es que no debe existir intromisión por parte del actor en relación al personal del Poder Judicial del Estado de Morelos.

...

En consecuencia, si el Organismo Público, aquí actor, cuyo objeto y razón de ser lo constituye la observancia, promoción, divulgación y protección de los Derechos Humanos, así como la consolidación de una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos y fundamentales contenidos en el orden jurídico mexicano; su actuación se encuentra sujeta a las restricciones previstas en la carta magna, en lo que interesa las contenidas en el artículo 102 apartado B de nuestra carta magna, en relación con el artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, por ello la improcedencia de la acción intentada por la parte actora, toda vez que los oficios sin número, presentados ante la Comisión actora, el pasado ocho y doce de Julio de dos mil veinticuatro, firmados por el suscrito, mediante el cual (sic) primeramente se dijo que carecía de competencia para conocer asuntos de índole laboral y administrativo, pero que posteriormente y del cuerpo del oficio de fecha doce de julio de dos mil veinticuatro, se desprende que pese a considerar que carecía de competencia le fue proporcionada la información requerida) que aplica el texto Constitucional Local mismo que se encuentra adminiculado y se ajusta al marco supremo lo que representa la unidad de un Sistema Jurídico. Conforme a lo dispuesto por el propio reglamento de la Comisión actora en su artículo 51°. Solo podrán conocerse quejas contra servidores públicos del Poder Judicial y autoridades laborales en los siguientes términos.

...

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

PRIMERA.- En la fecha de aplicación del acto o norma impugnada, refiere la parte actora que lo fue "el oficio de julio del año dos mil veinticuatro", a través del oficio signado por el D. en D. Luis Jorge Gamboa Olea, ... sin embargo ello es falso toda vez que mediante diverso escrito presentado ante la Comisión actora, el pasado doce de julio de dos mil veintitrés, el suscrito dio respuesta al oficio V1/14|9/2023, relativo al expediente CDHM/1S.1/089/2023-V1, en el cual entre otras cosas se le dijo que conforme al artículo 23-B de la Constitución Local, la Comisión de Derechos Humanos, tiene una restricción para conocer de quejas por violación a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Poder Judicial Local, precepto que guarda relación estrecha con el diverso 102 de nuestra máxima norma, en esa tesitura si pretende la Comisión trasladar su desconocimiento de la norma a dicha temporalidad, atendiendo al primer oficio que fue contestado por el suscrito en dichos términos, lo cual data del doce de julio de dos mil veintitrés... resulta evidente que transcurrió en demasía el plazo antes citado, por tanto se considera debe decretarse improcedente, por haberse interpuesto fuera de los términos que marca la legislación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- De la revisión integral de la demanda y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la invocada Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.

...

Ahora bien, en el presente caso los conceptos de invalidez alegados por el actor no se encuentran vinculados con una atribución originaria reconocida en la Constitución Federal. Pues de los argumentos expuestos con antelación, dicha atribución se encuentra restringida en la norma suprema, por ello que el actor carece de interés legítimo.

TERCERA.- Mediante sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinticuatro, emitida dentro de la controversia 531/2023, se declaró parcialmente procedente y fundada, la invalidez de diverso oficio y se requirió proporcionar la información requerida por la comisión actora, esto al considerarse que la comisión tiene facultades para requerir información en asuntos administrativos y laborales, sin embargo en el caso que nos ocupa es evidente que si bien es cierto en primera instancia en los oficios que se impugnan, se le hizo del conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que carecía de competencia para conocer de asuntos laborales y administrativos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Local artículo 23-B, no menos cierto es que sí fue proporcionada la información requerida, por tanto a nada práctico llevaría del presente control constitucional, pues en el caso de que esta ponencia determinara improcedente la causal de sobreseimiento hecha valer en el primer punto, declararía la invalidez de un oficio en el que si bien es cierto primeramente se dijo que la comisión actora carecía de competencia en temas de orden administrativo y laboral, también lo es que se dio contestación puntual, de manera fundada y motivada a cada uno de los puntos requeridos.

En esa tesitura si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado previamente, la aplicación del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es evidente que al presente asunto le revise el carácter de cosa Juzgada y por lo tanto sin lugar a dudas se da lugar al sobreseimiento de la presente instancia constitucional.

Amén de lo anterior se hace del conocimiento que a la fecha en que fueron contestados los oficios de los que ahora se duele la Comisión de Derechos Humanos del Estado Morelos todavía no existía resolución en la controversia constitucional 531/2023.

6. Acuerdo de trámite. Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora declaró que causó estado el desechamiento parcial de la demanda decretado por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, dado que no se presentó recurso de impugnación en contra de tal determinación. Asimismo, tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Judicial del Estado de Morelos y dio vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la Consejería Jurídica del Gobierno y la Fiscalía General de la República. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

7. Audiencia. El once de junio de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia correspondiente, en donde se relacionaron las pruebas ofrecidas por las partes, se admitieron y se tuvieron por desahogadas según su propia y especial naturaleza y se determinó que las partes no formularon alegatos.

8. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento, el veinticinco de junio de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora cerró la instrucción del presente asunto para la elaboración de la resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se plantea un conflicto entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y otro Poder de dicha Entidad Federativa.

II. PRECISIÓN LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

10. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria,5 la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales y actos que son materia de la presente controversia constitucional.

11. En su escrito de demanda, la Comisión estatal impugna el Decreto número ciento cuarenta por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiuno de febrero de dos mil siete, en específico la porción normativa "...con excepción de los del Poder Judicial del Estado...", del artículo 23-B; disposición que a la letra señala:

Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio propios (sic), autonomía de gestión y presupuestaria.

...

* El resaltado es propio

Ver artículo 23-B con resaltado

12. Asimismo, reclama como primer acto de aplicación de dicha norma general, los oficios sin número presentados en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro, suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de ese Estado, mediante los cual niega que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de los actos u omisiones de los servidores públicos de dicho Poder Judicial.

13. Sin embargo, mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora desechó por extemporánea la controversia constitucional respecto del decreto número ciento cuarenta por el que se adiciona, reforma y deroga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiuno de febrero de dos mil siete, en específico por la porción normativa "...con excepción de los del Poder Judicial del Estado...", contenida en el artículo 23-B de la referida constitución local, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el numeral 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria).

14. El veintiocho de abril de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora declaró que causó estado el desechamiento parcial de la demanda decretado por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, dado que no se presentó recurso de impugnación en contra de tal determinación.

15. Por lo tanto, únicamente se tienen como impugnados los oficios sin número presentados en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro, suscritos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de ese Estado, mediante los cual niega que la Comisión estatal pueda conocer de quejas de naturaleza administrativa y/o laboral provenientes de los actos u omisiones de los servidores públicos de dicho Poder Judicial.

III. OPORTUNIDAD

16. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria establece en sus fracciones I y II que el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional para la impugnación de actos se hará de la siguiente forma:

a) A partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) A partir del día siguiente al que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) A partir del día siguiente al que el actor se ostente sabedor de los mismos.

17. De esta manera, el cómputo para la presentación de la demanda debe realizarse tomando en cuenta el día en que la Comisión estatal se ostentó sabedora de los actos impugnados, esto es, los días ocho y doce de julio de dos mil veinticuatro. Tomando esas fechas como referente, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia concluyó el diecinueve y veinticinco de septiembre del dos mil veinticuatro respectivamente.(4)

18. Por lo que, si la demanda se presentó el cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, debe concluirse que la controversia constitucional es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

19. Este Tribunal Pleno advierte que debe de sobreseerse la presente controversia constitucional al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX,(5) de la Ley Reglamentaria, en relación con los diversos 10, fracciones I y Il,(6) del mismo ordenamiento legal y 105 fracción I, de la CPEUM.

20. De acuerdo con la fracción IX del artículo 19 referido, la controversia resulta improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM. En ese sentido, el artículo 10 de la misma Ley Reglamentaria, estipula las personas que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, y precisa en sus fracciones I y II, que tendrán el carácter de parte actora, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, y será parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia, quienes deberán de comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas respectivas, estén facultados para representarlos.

21. En esos términos, el artículo 105, fracción I, de la CPEUM establece quiénes son los sujetos legitimados que podrán ser parte en una controversia constitucional, y reserva dicha legitimación para los entes, poderes u órganos originarios del Estado con ámbitos competenciales otorgados directamente por la CPEUM.

22. El contenido del artículo constitucional referido dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y una entidad federativa;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;

d) Una entidad federativa y otra;

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) Dos municipios de diversos Estados;

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;

i) Un Estado y uno de sus Municipios;

j) Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México;

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos seis votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

...

* El resaltado es propio

Ver numeral 105 con resaltado

23. Del análisis al artículo referido, en particular del inciso k), se advierte que el texto constitucional solamente contempla dos supuestos en los que un órgano constitucional autónomo de una entidad federativa, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, puede promover una controversia constitucional, el primero respecto de un diverso órgano constitucional autónomo del mismo ámbito local, y el segundo, en contra de un acto o norma general del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de la propia entidad, de lo anterior se observa que no hace referencia al Poder Judicial local, es decir, la CPEUM lo excluye expresamente.

24. Por lo anterior, si bien es cierto en términos de los artículos 102, apartado B, párrafo quinto,(7) de la CPEUM y 23-B, párrafo primero,(8) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos tiene el carácter de organismo constitucional autónomo local, también lo es que, la impugnación que subsiste en este asunto se verifica únicamente contra actos del Poder Judicial del Estado de Morelos, de manera que en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso k), de la CPEUM, la Comisión actora carece de legitimación para entablar o iniciar este medio de control constitucional y consecuentemente, el Poder Judicial demandado no tiene legitimación pasiva en esta controversia constitucional.

25. En las circunstancias descritas, este Tribunal Pleno considera que no es jurídicamente viable realizar una interpretación extensiva de la fracción I del artículo 105 de la CPEUM. Debe respetarse el texto expreso de dicha disposición, la cual, en su inciso k), faculta únicamente a los organismos constitucionales autónomos locales –como la Comisión actora– para promover controversias constitucionales exclusivamente en contra de otros órganos constitucionales autónomos de la misma entidad federativa, así como frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad. No corresponde a este Tribunal colocarse por encima del Constituyente ni habilitar un tipo de controversia que no fue previsto en el texto constitucional, permitir una interpretación que exceda este marco implicaría distorsionar el diseño previsto por el Constituyente, sustituyendo su voluntad por la de esta SCJN.

26. En consecuencia, este Tribunal Pleno este que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos no cuenta con legitimación activa para promover este medio de control constitucional en contra del Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que éste

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34106-f0f44e31/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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