I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES DEL AÑO 2025 PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CON MOTIVO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA LA REFORMA JUDICIAL, PUBLICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO CONSTITUYE UN FUNDAMENTO PARA EXTENDER EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PROMOVER LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 7 DEL ACUERDO GENERAL 3/2025 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA ACTUAL INTEGRACIÓN DE ESTE ALTO TRIBUNAL, Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES Y DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL SEPARARSE DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, NO INTERRUMPEN LOS PLAZOS PROCESALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA RELATIVA POR PRESENTARSE DE MANERA EXTEMPORÁNEA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, YA QUE EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES DEL AÑO 2025 PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CON MOTIVO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN PARA LA REFORMA JUDICIAL, PUBLICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y EL ACUERDO GENERAL PLENARIO 3/2025, NO RECONOCEN UN DERECHO SUSTANTIVO NI PROCESAL EN FAVOR DE LA PARTE ACTORA RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 112/2025-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 213/2025. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025. NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIO: ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ. SECRETARIO AUXILIAR: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE MENDOZA.
RESUMEN DE LA SENTENCIA
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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 112/2025-CA, interpuesto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra el acuerdo dictado el veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, por la Ministra instructora Yasmín Esquivel Mossa, a través del cual desechó la controversia constitucional 213/2025.
ANTECEDENTES DEL RECURSO
1. Controversia Constitucional 213/2025. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinticinco, en la plataforma del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF) de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Emilio Elizalde Figueroa, quien se ostentó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, demandó vía controversia constitucional de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa, la emisión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto número doscientos ochenta y siete, publicado en el ‘Periódico Oficial Tierra y Libertad’, número 6441, de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, por el que se concede pensión por ascendencia a Persona Beneficiaria, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esa Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el pago de la pensión por ascendencia para todo el ejercicio fiscal 2025 y ejercicios fiscales subsecuentes, así como los efectos y consecuencias del decreto.
2. Conceptos de invalidez. La parte actora adujo que, en esencia, se violan en su perjuicio los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. En su escrito inicial, la parte actora planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Primero. Que el decreto emitido es inconstitucional porque vulnera de manera directa la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial del Estado de Morelos. El Congreso local, al otorgar una pensión por ascendencia con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin transferir los recursos necesarios, incurre en una intromisión injustificada en la esfera competencial de otro poder.
• Que la Constitución Federal, así como la Constitución Local, protegen la autonomía en la gestión presupuestal de los poderes judiciales como una condición indispensable para la garantía de la independencia judicial, pues sin ella, la imparcialidad y funcionalidad del Poder Judicial se verían comprometidas.
• Que la imposición unilateral de cargas financieras por parte del Legislativo constituye una violación al principio de división de poderes, que exige la existencia de controles interinstitucionales que impidan la subordinación o dependencia de un poder respecto a otro.
• Que la entonces Primera Sala de ese Alto Tribunal, al resolver las controversias constitucionales 200/2020, 11/2021, 24/2021 y 62/2021, estableció los parámetros para analizar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos, en los que se ordena al Poder Judicial del Estado el pago de pensiones con cargo a su presupuesto público.
• Segundo. Que existe incumplimiento por parte del Congreso local a la determinación de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de emitir el decreto de pensión doscientos ochenta y siete, pretendiendo fundar su actuar con la adición de los preceptos del decreto número veinticinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, insistiendo en subordinar a este Poder Judicial.
• Que el Congreso del Estado no dio cumplimiento a las determinaciones previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le establecieron claramente la obligación de transferir los recursos suficientes cuando emitiera decretos de pensiones, por lo que debían acompañarse las previsiones presupuestarias correspondientes.
• Que debió atenderse la interpretación de los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 241/2016, 225/2016, 240/2016, 164/2017, 175/2017, 299/2017, 304/2017, 315/2017, 102/2019, 168/2020, 11/2021, 24/2021, 62/2021, 65/2021, 110/2021 y 130/2021, entre otros asuntos.
• Que el sistema de pensiones de esta entidad federativa es inconstitucional ya que vulnera los principios de independencia financiera y autonomía (en el grado más grave de subordinación) previstos en el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Federal, ya que a través de los decretos de pensión emitidos por el Congreso Local se reconocen derechos de pensión a diversas personas que prestaron sus servicios a entes diversos del Poder Legislativo, pero no se proporcionan los recursos para afrontar su pago.
• Que el Congreso del Estado de Morelos, insiste en emitir decretos que obligan al Poder Judicial a asumir gastos no contemplados y sin otorgarle participación previa. Esta reiteración configura un desacato constitucional y una conducta legislativa que propicia la subordinación presupuestaria del Poder Judicial, ubicándolo en una posición de dependencia financiera respecto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.
• Tercero. Que el acto que se reclama causa perjuicio a la autonomía financiera del Poder Judicial, porque el Congreso de Morelos pretende disponer, conducir, administrar el presupuesto que le es asignado año con año al Poder Judicial de Morelos, quien cuenta con autonomía de gestión en el ejercicio de sus recursos.
• Que el Congreso Local continúa desacatando lo ya resuelto en la sentencia de la Controversia Constitucional 44/2024, promovida por este mismo Poder actor.
• Que la asignación presupuestaria del 4.7% era el mínimo constitucional que se debe asignar al Poder Judicial, por lo que el Congreso Estatal debió otorgarle un monto mayor, pero nunca uno menor. Así, la Constitución Estatal otorga al Poder Judicial la facultad de elaborar su propuesta de proyecto de presupuesto de egresos, y el Congreso Local debe analizarla para determinar su viabilidad.
• Que los Poderes Legislativo y Ejecutivo demandados vulneran la esfera de competencias del Poder Judicial y, por tanto, se trasgrede el principio de no subordinación, contenido en el artículo 116 de la Constitución Federal.
• Que con la emisión del decreto doscientos ochenta y siete, tanto el Congreso Local como el Poder Ejecutivo, pasan por alto que el Poder Judicial cuenta con autonomía financiera y presupuestaria.
• Que los Poderes demandados no están facultados para tomar las decisiones que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial del Estado de Morelos, relativas al destino de su presupuesto.
• Que el decreto doscientos ochenta y siete, cuya invalidez se demanda, implica los tres grados de violación al principio de división de poderes (intromisión, dependencia y subordinación), en agravio de la autonomía financiera y de gestión presupuestal de este Poder Judicial.
4. Radicación y turno de la controversia. En proveído de doce de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico de la controversia constitucional y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para instruir el procedimiento correspondiente.
5. Desechamiento. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora desechó la controversia constitucional al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 21, fracción I, de la misma Ley, al sostener que la presentación de la demanda fue extemporánea.
6. Recurso de reclamación 112/2025-CA. En contra del acuerdo anterior, la parte actora interpuso recurso de reclamación. Por auto de ocho de octubre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por interpuesto el recurso de reclamación, ordenó correr traslado a las partes y a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, dentro del plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, y turnó el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
7. Una vez fenecido el plazo de cinco días hábiles concedidos a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, se ordenó enviar el expediente a la ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
8. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el recurso de reclamación, de conformidad con los artículos 51, fracción I(1) y 53(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo: Ley Reglamentaria), y 16, fracción XV,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco,(4) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, ya que este asunto se trata de un recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional.
II. LEGITIMACIÓN
9. El Poder Judicial del Estado de Morelos, cuenta con legitimación para interponer el presente recurso de reclamación en virtud de que le asiste el carácter de parte actora en la controversia constitucional de origen.
10. El escrito de agravios fue suscrito por María Alejandra Ramírez Rodríguez, quien tiene el carácter de delegada y cuenta con legitimación para interponer el presente recurso de reclamación en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos; por tanto, el presente medio de impugnación fue interpuesto por parte legitimada, en términos de los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria.
11. Es aplicable al caso la tesis: 1a. CCCXXIII/2013 (10a.), visible a página 535, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN OTORGADA A LOS DELEGADOS EN ESTE MEDIO DE CONTROL."
III. OPORTUNIDAD
12. El acuerdo recurrido se emitió el veintidós de septiembre de dos mil veinticinco y fue notificado por oficio al recurrente el veintinueve de septiembre siguiente. De conformidad con el artículo 52 de la Ley Reglamentaria, el plazo para interponer el recurso de reclamación es de cinco días hábiles, mismo que transcurrió del uno al siete de octubre del año en curso.
Ver plazo
13. En consecuencia, si el recurso se interpuso el tres de octubre de este año, a través del sistema electrónico SEPJF de esta Suprema Corte, se concluye que es oportuno.
IV. PROCEDENCIA
14. El asunto es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Reglamentaria, ya que en este medio de impugnación se controvierte el acuerdo por el que la Ministra instructora desechó la controversia constitucional 213/2025.
V. ESTUDIO
15. El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar la legalidad del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, dictado por la Ministra instructora Yasmín Esquivel Mossa, a través del cual desechó la demanda promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, con motivo de la emisión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto número doscientos ochenta y siete, publicado en el ‘Periódico Oficial Tierra y Libertad’, número 6441, de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, por el que se concede pensión por ascendencia a Persona Beneficiaria, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.
16. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".(5)
17. Previo a calificar los agravios expuestos en el presente recurso de reclamación, resulta pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria, la Ministra o Ministro Instructor puede desechar de plano la demanda de controversia constitucional cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
18. Al respecto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones. Por su parte, que lo indudable se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.(6)
19. Además, es importante señalar que, si bien las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio, ello tiene que realizarse a la luz del principio pro actione. Lo cual, conlleva la exigencia de que aquellas queden probadas de manera fehaciente y no se infieran con base en presunciones. Esto es, para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la plena certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.
20. Máxime que el acuerdo inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos que no son propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten. Por el contrario, emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria.
21. Ahora bien, la parte recurrente y actora en la controversia constitucional 213/2025, expuso, en síntesis, los siguientes agravios:
• "Primero.- El auto de trámite produce un agravio directo y de imposible reparación a este Poder Judicial del Estado de Morelos, porque desconoce el efecto vinculante del Calendario de Días Inhábiles del año dos mil veinticinco, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página oficial: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina-micrositios/documentos/2025-09/Calendario_dias_inhabiles_2025_0.pdf y que sirve de guía para el cómputo de los términos.
• Que el calendario estableció que los días comprendidos entre el quince y el veintinueve de agosto serían inhábiles como motivo del periodo de transición derivado de la reforma judicial, en consecuencia, no podía correr plazo alguno para el ejercicio de medios de impugnación.
• Que la interpretación del auto impugnado es restrictiva e incongruente, al afirmar que sólo versaba en solicitudes de acceso a la información y derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de datos personales –en lo subsecuente derechos ARCO–.
• Que es obligación de este Alto Tribunal privilegiar la interpretación que favorezca la procedencia del recurso y no aquella que restrinja su acceso, cuando haya duda sobre el cómputo de los plazos, deberá resolverse en favor del acceso a la justicia, conforme a los precedentes de los recursos de reclamación 2070/2019, 356/2021 y 543/2022.
• Se ocasiona agravio porque se interpreta de manera restrictiva el Acuerdo General 3/2025 del Pleno de la Suprema Corte en relación con el artículo 7, porque los asuntos presentados con posterioridad al quince de agosto serían recibidos sin que se les diera trámite alguno, esto porque no se impulsaría ni continuarían los plazos procesales hasta que finalizara el periodo de transición, lo que equivale a una suspensión de plazos procesales.
• Que la interpretación correcta del artículo 7 del Acuerdo General 3/2025 es que el periodo posterior al quince de agosto de dos mil veinticinco fue un lapso de recepción sin trámite, por inactividad procesal institucional.
• Que existe contradicción normativa generada entre el calendario oficial de días inhábiles del año dos mil veinticinco y la interpretación del Acuerdo General 3/2025, lo que coloca a las partes en estado de indefensión e incertidumbre jurídica.
• El principio pro actione exige que, en caso de duda se permita el acceso al recurso, tal como se ha sostenido en los recursos de revisión 1896/2016, 2070/2019 y 543/2022, en los que se hizo valer el derecho de defensa sobre formalismos de cómputo.
• Que el cómputo que debió aplicarse era el de tener como días inhábiles del quince al veintinueve de agosto, por lo que el plazo debió seguir al siguiente día hábil para efectos del plazo legal.
• Que la indebida declaración de extemporaneidad tiene consecuencias graves pues priva a la parte actora de la posibilidad de que se estudien sus planteamientos de fondo, lo que clausura de forma definitiva los planteamientos en la controversia constitucional, conforme a la tesis: 103/99.(7)
• Que el acuerdo emitido por la Ministra instructora deja en estado de indefensión al Poder Judicial del Estado de Morelos, al considerar que la demanda fue presentada de manera extemporánea.
• Que el acuerdo combatido transgrede el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1° de la Constitución.
• Segundo. Causa agravio la interpretación sobre el calendario oficial, pues señala que no correrán términos únicamente para la atención de solicitudes de acceso a la información y no así para diversos asuntos.
• Que el Acuerdo General 3/2025 no estableció previsión alguna respecto de la suspensión de plazo para el ejercicio de derechos en materia de acceso a la información."
22. Entonces como se advierte, el Poder Judicial del Estado de Morelos, formuló dos agravios con la finalidad de demostrar que la Ministra instructora no debió desechar la demanda de la controversia constitucional por considerar que fue presentada de manera extemporánea.
23. Este Tribunal Pleno determina que son infundados los agravios formulados por la parte recurrente, porque el Poder Judicial del Estado de Morelos, parte de una interpretación errónea respecto de los alcances del artículo 21 de la Ley Reglamentaria, en relación con disposiciones normativas de esta Suprema Corte, a saber: a) el calendario de días inhábiles del año 2025, y b) el alcance del artículo 7 del Acuerdo General 3/2025.
24. En primer lugar, debe observarse que la regla general para la interposición de demandas en controversia constitucional respecto de actos y omisiones se encuentra prevista en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria, esto es, el medio de control constitucional debe presentarse en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
25. En el caso concreto, y tal como lo precisó la Ministra instructora, el artículo 3 del Reglamento del Periódico Oficial para el Estado de Morelos, dispone que dicho medio es el órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, cuyo objeto es publicar dentro del territorio del Estado los decretos expedidos por los poderes de la entidad federativa a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente.(8)
26. En segundo lugar, el acto impugnado en la controversia constitucional 213/2025 se publicó en el referido periódico local el veinticinco de junio de dos mil veinticinco, por lo que a efectos de computar el plazo legal, solo debían descontarse como días inhábiles aquellos que corresponden a sábados y domingos, así como el primer periodo de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) en relación con artículo 67, fracción XXIV,(10) del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente en ese momento.
27. Lo anterior se vio reflejado con el calendario de los meses de junio, julio y agosto de este año que la Ministra instructora adjuntó en el acuerdo recurrido, que ahora se reproduce:
Ver calendario
28. Como se aprecia, el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del veintiséis de junio al veintidós de agosto de dos mil veinticinco, de manera que, si el escrito de demanda por parte del Poder Judicial del Estado de Morelos se presentó de forma electrónica hasta el ocho de septiembre de dos mil veinticinco, se concluye que fue presentado más allá del plazo legal previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria.
29. Ahora, el poder recurrente sostuvo que la Ministra instructora desconoció el efecto vinculante del ‘Calendario de días inhábiles del año 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’ y que comprendió del quince al veintinueve de agosto de este año, respecto del periodo de transición para la reforma judicial.
30. El agravio es infundado porque el calendario hace referencia específica a la atención de las solicitudes de acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO respecto de datos personales; esto se verifica al constatar de manera directa tal previsión:
Ver previsión
31. De esta manera, el calendario en mención solo hace referencia a los días inhábiles en los cuales no correrían plazos respecto a la atención de las solicitudes de acceso a la información, sin comprender o abarcar otro tipo de temas, como lo es la presentación oportuna de demandas o recursos; de manera que tal calendario no constituye fundamento jurídico para extender el plazo legal al que hace referencia el artículo 21 de la Ley Reglamentaria.
32. Lo anterior, porque si así se hubiese querido por parte este Tribunal Constitucional, se hubiera precisado en el referido calendario para dotar de seguridad jurídica, de manera que la referencia de los días inhábiles solo puede ser entendida en el contexto y materia para el cual fueron precisados, es decir: la atención a las solicitudes de acceso a la información y el ejercicio de los derechos A.R.C.O. (acceso, rectificación, cancelación y oposición) respecto de datos personales; de ahí que la interpretación del poder recurrente no sea la correcta y por ende es infundado el argumento planteado.
33. Ahora, en diverso planteamiento; el poder recurrente sostiene que el artículo 7 del Acuerdo General 3/2025 se interpretó de manera restrictiva, que el periodo posterior al quince agosto de dos mil veinticinco fue un lapso de recepción sin trámite, por inactividad procesal institucional, que existe una contradicción entre el calendario de días inhábiles, y por lo tanto, se le deja en estado de indefensión; se transgrede el principio de progresividad, y no se previó suspensión de plazo para ejercer derechos en materia de acceso a la información.
34. Tales argumentos son infundados porque el poder recurrente interpreta que el periodo de transición de la reforma judicial respecto de los días quince al veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, previstos en el Acuerdo General 3/2025, debe ser entendido como una suspensión de plazos general, lo cual es incorrecto.
35. Así, el periodo de transición de la reforma judicial de quince de septiembre de dos mil veinticuatro, quedó previsto en el artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como ahora se aprecia:
"LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
[...]
Octavo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión de Transición será el ente encargado de auxiliar en sus funciones al Consejo de la Judicatura Federal para implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los distintos órganos y áreas del Poder Judicial Federal, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la presente Ley.
Dicha Comisión estará integrada por cinco miembros: la Ministra Presidenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Consejero electo por la persona titular del Ejecutivo Federal; la Consejera decana elegida por el Senado de la República; y, el Consejero decano electo por el Poder Judicial de la Federación. Los acuerdos de la Comisión se aprobarán por mayoría de votos.
[...]
II. Al Órgano de Administración Judicial se transferirán los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales de las áreas que actualmente ejercen funciones de administración y de carrera judicial, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo siguiente:
[...]
b) De la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la Oficialía Mayor con sus direcciones generales, la Contraloría y la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial.
[...]
La Comisión de Transición deberá instruir a las áreas de tecnologías de información y comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para que conjuntamente determinen la estrategia para unificar los sistemas de los referidos órganos, procurando la homologación de los sistemas jurisdiccionales y administrativos."
36. Como se observa, el periodo de transición fue un lapso organizado por una comisión, cuyo objetivo fue la transferencia ordenada de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales a los distintos órganos y áreas del Poder Judicial Federal; no obstante, tales normas orgánicas no previeron la posibilidad jurídica de suspender plazos para la presentación de medios de control constitucional.
37. En segundo lugar, el Acuerdo General 3/2025 de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de marzo de ese año, en la parte que interesa, el cuerpo normativo señaló:
"ACUERDO General número 3/2025, de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se establecen las bases para la conclusión, el treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco, de las funciones de la actual integración de este Alto Tribunal, y se establecen las Disposiciones generales de rendición de cuentas institucionales y de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al separarse de su empleo, cargo o comisión.
[...]
SEXTO. De la experiencia obtenida de mil novecientos noventa y cinco a la fecha es posible concluir que, además de los asuntos que se determinan de atención prioritaria conforme a lo previsto en el artículo 94, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de atención urgente o preferente, los amparos directos, en revisión y directos en revisión en los que el quejoso se encuentre privado de su libertad, se involucre directamente el interés superior de los menores o deriven de juicios laborales o agrarios colectivos; las controversias constitucionales en las que se solicite la suspensión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral; los conflictos competenciales; los impedimentos; los incidentes de inejecución de sentencia; las impugnaciones en materia electoral previstas en el artículo 17, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; los procedimientos de responsabilidad administrativa, en relación con la aprobación o modificación de medidas cautelares sobre faltas graves y respecto de la resolución de los seguidos por faltas de esa naturaleza; las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción así como las solicitudes de reasunción de competencia, por lo que únicamente tratándose de estos asuntos s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34344-123558b4/i-controversia-constitucional-el-calendario-de-dias-inhabiles · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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