SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.
CONTRADICCION DE TESIS 28/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer de la denuncia de la contradicción de tesis que en amparos en materia común sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, como sucede en el caso.
Este Tribunal Pleno se avoca al conocimiento de la presente contradicción de tesis, en virtud de que si bien del resultando primero de esta resolución se desprende que el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentaron sus respectivas tesis al resolver asuntos de materia civil, en el caso la posible contradicción de tesis versa sobre los efectos del litisconsorcio en el juicio de amparo, en relación con el principio de relatividad que rige a éste; tema que no es exclusivo de la materia civil, sino que puede ser común a las materias penal, administrativa, civil y laboral, dentro de los juicios de amparo.
Sobre el particular este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis marcada con el número XXXI/95 (9a) visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, 1995, p. 23, sustentó lo siguiente:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. El artículo 24, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no debe interpretarse en el sentido de que las competencias de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos, materia de la competencia de las Salas, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo a la materia de amparo, sino a los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción X de la Ley Orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones `que no sean de la competencia exclusiva de las Salas'."
SEGUNDO. El texto de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y uno, tesis IV. 3o. 8 C., página 218, es el siguiente:
"SENTENCIAS DE AMPARO, RELATIVIDAD DE LAS. NO BENEFICIA A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO. La Protección Constitucional otorgada a la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, a partir del ilegal emplazamiento, en manera alguna tiene el alcance de dejar también insubsistente lo actuado en relación con sus codemandados, pues la sentencia, se concretó al análisis constitucional del emplazamiento que en forma defectuosa se le hizo, de donde se colige que el correcto cumplimiento del fallo, es restituir únicamente a la impetrante en el goce de sus garantías individuales, en observancia a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III de la Constitución, 76 y 80 de la ley de la materia, debiendo subsistir las actuaciones en lo que hace a los codemandados, pues aunque éstos aleguen la existencia de una litisconsorcio pasiva, el fallo protector no les beneficia, dado que sus efectos no son erga omnes, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Queja civil 2/89. Multibanco Mercantil de México, S.N.C. 26 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández Martínez. Secretario: Carlos R. Domínguez Avilán."
La resolución indicada se apoya en las consideraciones siguientes:
"PRIMERO. La resolución recurrida, en lo conducente dice: `TERCERO. Son esencialmente fundados los agravios expuestos por las siguientes razones: En efecto, este juzgado en resolución de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, concedió a MINERVA CANTU ZAMBRANO el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, para el efecto de que se dejara insubsistente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado Fernando Castillo Sauceda representante legal de MULTIBANCO MERCANTIL DE MEXICO, S.N.C., a partir del ilegal emplazamiento practicado los días dieciocho y veintidós de abril de mil novecientos ochenta y cinco, en virtud de que éste se llevó a cabo en forma irregular. Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio de garantías que fueron remitidas en copia certificada por la quejosa y autoridad responsable, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil fue incoado contra la señora MINERVA CANTU ZAMBRANO y otros, entre los que aparece el recurrente, formándose con esto un litisconsorcio pasivo necesario, como una modalidad en el proceso, en la que hace indispensable que el juicio no se inicie sino con la condición de que uniformemente se oigan a los litisconsortes, pues éstos se hayan en un estado de comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso, encontrándose los demandados obligados por una misma causa de tal manera que la sentencia que al respecto se dicte no puede pronunciarse sin oírlos a todos y la reposición del procedimiento decretado a favor del quejoso por haber sido emplazada en forma ilegal, obviamente debe comprender también a los litisconsortes codemandados. En ese orden de ideas tenemos que si en el procedimiento mercantil ya se encuentra dictada la sentencia de remate respecto de los bienes que se embargaron a los demandados y el mismo ya fue materializado según diligencia de diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis y por otra parte existe ejecutoria dictada en el juicio de amparo 2770/87, en la que se ordenó se dejara sin efectos lo actuado en el juicio del que derivan los actos reclamados a partir del ilegal emplazamiento, practicado a MINERVA CANTU ZAMBRANO, en concepto del suscrito es indudable que no pueden subsistir, por un lado aquellas diligencias, acuerdos y resoluciones dictadas para los demás demandados y por otra parte dejarla sin efecto al mismo tiempo con motivo de la ejecutoria de amparo, pues ello traería como consecuencia que en el procedimiento mercantil se puedan dictar resoluciones contradictorias cuando todos los demandados, entre otros la quejosa, se encuentran obligados por una misma causa por tal motivo, en concepto del que juzga, se declara fundada la queja promovida por INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR DE MONTERREY, S.A., por conducto de su representante legal ARMANDO GUERRA GUZMAN, contra el juez Cuarto de lo Civil para el efecto de que se deje insubsistente la resolución dictada el treinta de septiembre de este año y pronuncie otra ajustada a derecho'. SEGUNDO. Los agravios expresados por la empresa recurrente, son del siguiente tenor: `1o. La resolución dictada el 28 de diciembre de 1988 por el C. juez Segundo de Distrito en el Estado, respecto de la queja interpuesta por Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. como tercero perjudicado, alegando incumplimiento a la ejecutoria de amparo 2770/87 que amparó a la quejosa MINERVA CANTU ZAMBRANO DE GUERRA contra actos del C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL responsable, al declarar fundado ese recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque se concedió el amparo a Minerva Cantú Zambrano de Guerra para el efecto de que se dejara insubsistente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil promovido por el Lic. Fernando Castillo Sauceda en representación de Multibanco Mercantil de México, S.N.C., a partir del ilegal emplazamiento a la quejosa, sosteniendo el C. juez de Distrito a quo en la queja, que se formó una litisconsorcio pasivo necesario entre Minerva Cantú Zambrano de Guerra e Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., que hace indispensable que el juicio no se inicie sino con la condición de que uniformemente se oigan a los litisconsortes que se hayan en un estado de comunidad jurídica con respecto del objeto litigioso, encontrándose los demandados obligados por una misma causa de tal manera que la sentencia que al respecto se dicte no puede pronunciarse sin oírlos a todos y la reposición del procedimiento decretada a favor del quejoso, obviamente debe comprender también a los litisconsortes demandados, y si en el juicio ejecutivo mercantil ya se encuentra dictada la sentencia de remate respecto de los bienes que se embargaron a los demandados y el mismo ya fue materializado según diligencia de diciembre 17 de 1986, es indudable que no pueden subsistir aquellas diligencias, acuerdos y resoluciones dictadas para los demás demandados y por otra parte dejarlas sin efecto al mismo tiempo con motivo del amparo otorgado a Minerva Cantú Zambrano de Guerra, lo que traería como consecuencia que en ese procedimiento se puedan dictar resoluciones contradictorias cuando todos los demandados se encuentran obligados, entre otros la quejosa, por una misma causa, por ello, el juez de Distrito declaró fundada la queja interpuesta por el tercero perjudicado Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. contra la responsable C. juez Cuarto de lo Civil, para que deje insubsistente la resolución dictada el 30 de septiembre de 1988 y pronuncie otra ajustada a derecho; violando con ello en perjuicio de MULTIBANCO MERCANTIL DE MEXICO, S.N.C., los artículos 76 y 80 de la Ley de Amparo. EL AGRAVIO ES MANIFIESTO: Debió declararse infundada la queja interpuesta por el tercero perjudicado Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., contra la resolución de septiembre 30 de 1988 de la responsable C. juez Cuarto de lo Civil, en que se dio debido cumplimiento a la sentencia que amparó a la quejosa Minerva Cantú Zambrano de Guerra y se le restituyó en el goce de la garantía violada, ya que la sentencia se limitó a amparar y proteger a la susodicha Minerva Cantú Zambrano de Guerra en el caso especial que reclamó, pero en la resolución dictada en la queja se hacen extensivos los efectos del amparo en favor del tercero perjudicado Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., invalidándose todo el procedimiento del juicio natural en beneficio del aludido Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., dándole efectos generales a la sentencia de amparo en beneficio de quien no solicitó el amparo. Al efecto, la ejecutoria 2770/87 amparó a Minerva Cantú Zambrano de Guerra para que se deje sin efectos lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil que contra dicha quejosa sigue el Lic. Fernando Castillo Sauceda, en representación de Multibanco Mercantil de México, S.N.C., a partir del ilegal emplazamiento. La responsable C. juez Cuarto de lo Civil, cumplió con la ejecutoria de amparo al dictar la resolución de septiembre treinta de mil novecientos ochenta y ocho, decretando `Se deja sin efecto legal alguno todo lo actuado en el expediente 345/85 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el Lic. Fernando Castillo Sauceda en su carácter de representante legal de la Institución Nacional de Crédito Multibanco Mercantil de México, S.N.C., en lo que respecta únicamente a la ahora quejosa y codemandada en esa controversia mercantil Minerva Cantú Zambrano de Guerra, a partir del emplazamiento ilegal practicado los días 18 y 20 de abril de 1985'. La quejosa que obtuvo (sic) Minerva Cantú Zambrano de Guerra fue restituida en el pleno goce de sus garantías, restableciendo para ella las cosas al estado que guardaban antes de la violación que alegó. El tercero perjudicado Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., no está legitimado para intentar queja alguna por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque el amparo se limita a proteger a Minerva Cantú Zambrano de Guerra en el caso especial materia del amparo. Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. no es litisconsorte necesario de Minerva Cantú Zambrano de Guerra en el juicio de amparo, ni puede demandar se le beneficie con los efectos del amparo otorgado a ésta porque no son generales, sino individuales y exclusivos del quejoso. El hecho de que en el juicio natural haya varios demandados, el traslado corrido personalmente a Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., le surtió efectos desde la fecha de su respectivo emplazamiento, cuya validez es indiscutible, no solamente porque no fue enjuiciado en el amparo, sino porque Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. no interpuso amparo y consintió la sentencia de remate y en cuanto a Química Alkem, S.A. que es también demandada en el juicio natural a su vez le fue negado el amparo que solicitara bajo el expediente 2871/87 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, toca civil revisión número 199/88 del Tribunal Colegiado Primero del Cuarto Circuito. El juez de Distrito en la resolución que se recurre, declara fundada la queja interpuesta por Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria que amparó a Minerva Cantú Zambrano de Guerra, en virtud de que no declaró sin efecto todo lo actuado en el juicio natural, el juez responsable, respecto de los acuerdos, diligencias y resoluciones sobre pruebas, sentencia de remate, remate de bienes embargados, embargo de bienes, respecto de la demandada Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. porque para el juez de Distrito el alcance de la sentencia protectora de Minerva Cantú Zambrano de Guerra, debe comprender también a otra persona distinta como lo es Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., haciendo así generales los efectos del amparo y extensivos en favor de quien no es el quejoso peticionario del amparo ni causahabiente del mismo. Son graves las digresiones del juez de Distrito en torno de la litisconsorcio pasivo necesario, que no compete siquiera al aludido juez de Distrito establecer entre quién fue quejosa y quién es tercero perjudicado en el mencionado juicio de garantías, porque ni siquiera fue materia de la sentencia constitucional, es claro que, en ejecución de la misma, no puede establecerse ninguna litisconsorcio en favor de quien no fue quejoso del amparo, para darle graciosamente los efectos protectores del amparo. Por falta de interés jurídico y falta de legitimación activa, en cuanto al recurrente Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., debió declararse infundada la queja, porque no puede invocar ningún defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo ningún tercero perjudicado, solamente Minerva Cantú Zambrano de Guerra, podría invocar defecto en el cumplimiento de la ejecutoria si acaso la responsable no le restituye a ella en sus derechos, pero no es jurídico ni legal ordenar se restituya, en sus derechos al tercero perjudicado alegando defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que al tercero perjudicado no amparó ni ordenó que respecto de él (Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A.), se invalidase lo actuado en el juicio natural desde el emplazamiento, porque el emplazamiento a dicho tercero en el juicio natural fue legal, correcto, por ello es anticonstitucional la resolución recurrida en queja, que ordena se dejen sin efectos la sentencia de remate y el remate mismo y todas las diligencias, acuerdos y resoluciones dictadas en el juicio natural respecto de Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. porque en el amparo cuestionado no es discutible, por falta de materia, si la misma causa obliga a todos los demandados ni si puede haber o no resoluciones contradictorias respecto de dicho tercero perjudicado y quien fue quejoso, pues es perfectamente válido que subsista lo actuado en el proceso natural respecto de Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A. e insubsistentes las actuaciones en relación únicamente respecto de Minerva Cantú Zambrano de Guerra. Al no entenderlo así la resolución recurrida, causó estos agravios, cuya reparación se solicita para que sea declarada infundada la queja interpuesta por la mencionada Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A.'. TERCERO. Son esencialmente fundados los agravios. Incorrectamente el a quo declaró fundada la queja que por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, pronunciada en el amparo 2770/87, interpuesto por Armando Guerra Guzmán en su carácter de representante legal de la empresa tercero perjudicada Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., pues perdió de vista el efecto del fallo protector y desatendió lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 y 80 de la Ley de Amparo invocados por el ahora recurrente, también tercero perjudicado, Multibanco Mercantil de México, S.N.C. La Protección Constitucional otorgada a la quejosa Minerva Cantú Zambrano de Guerra, para el efecto de que se dejara insubsistente lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil número 345/85, promovido por el apoderado legal de Multibanco Mercantil de México, S.N.C., a partir del ilegal emplazamiento, en manera alguna tiene el alcance que pretende darle el a quo, esto es, dejar también insubsistente lo actuado en relación con los codemandados de la quejosa, entre los cuales se encuentra el tercero perjudicado Inmuebles y Construcciones del Sur de Monterrey, S.A., pues dada la litis en el juicio de garantías, la sentencia de amparo se concretó al análisis constitucional del emplazamiento relacionado con la demandada quejosa Minerva Cantú Zambrano, a quien se le protegió en los términos apuntados, de donde se colige que el correcto cumplimiento del fallo, como bien lo realizó la autoridad judicial responsable en su resolución de fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, era restituir únicamente a la impetrante en el goce de sus garantías individuales en observancia a lo dispuesto por los señalados artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 y 80 de la ley de la materia, debiendo subsistir las demás actuaciones en lo que hace a los codemandados, con independencia de que exista o no `litisconsorcio pasivo', pues no es ese el alcance del fallo protector, cuyas consecuencias no son erga omnes, atento al principio de relatividad de la sentencia a que se contraen los citados preceptos, amén de que en la especie no se trata de establecer los `efectos' del amparo, sino los alcances de dichos efectos. En las condiciones apuntadas, debe declararse fundada la queja interpuesta por Multibanco Mercantil de México, S.N.C., pues contrariamente a lo aducido en la resolución recurrida, no existe defecto en la ejecución de la sentencia de amparo que concedió la Protección Constitucional a Minerva Cantú Zambrano de Guerra, dentro de los autos del juicio de garantías 2770/87."
TERCERO. Por su parte, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo III, Segunda Parte-2, página 1019, es del tenor literal siguiente:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CASO EN QUE EL AMPARO CONCEDIDO A UNO DE LOS DEMANDADOS DEBE COMPRENDER A LOS CODEMANDADOS. Si la sentencia que se combate, establece que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de donde emanan los actos reclamados, y emplace debidamente al quejoso, tal situación no desnaturaliza ni hace imposible que se llegue a cumplir el fallo protector de la Justicia Federal, porque si se llega implícitamente a beneficiar el codemandado, por la reposición del procedimiento, ello se debe a que por la propia naturaleza de los documentos exhibidos como fundatorios de las acciones ejercitadas en el juicio de primera instancia (los contratos de apertura de crédito refaccionario ganadero y de habilitación o avío), existe litisconsorcio necesario; además, porque éste se perfecciona cuando a dos o más personas se les demanda las mismas prestaciones, lo que ocurre en la especie, de tal suerte que es requisito sine qua non, para la obtención de una sentencia favorable, el llamamiento a juicio de todos y cada uno de los demandados sin el cual no puede iniciarse el sumario, pues las cuestiones de derecho que en él se habrán de dilucidar, afectan a todos ellos, de tal forma que no puede pronunciarse sentencia válida sin oírlos a todos. Es decir que tanto el quejoso como su codemandado en el juicio de donde derivan los actos reclamados, se encuentran en un estado de comunidad jurídica respecto a la cosa controvertida, porque los contratos de apertura de crédito refaccionario ganadero y de habilitación o avío ganadero, están confeccionados por obligaciones de la misma clase, para suponer que el litigio deba resolverse de modo uniforme para ambos demandados, porque se encuentran situados en un mismo plano dentro de la relación de derecho, pues el efecto que llegare a producir la sentencia es el mismo para ambos, por lo tanto, no puede pronunciarse sin la intervención de los dos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Revisión principal 110/87. Noé Treviño Peña. 2 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Octavio Aguilar Morfín."
La resolución indicada se apoya en las siguientes consideraciones:
"PRIMERO. La resolución recurrida se apoya en las siguientes consideraciones: `Tercero. Los anteriores conceptos de violación, son esencialmente fundados. En ellos el quejoso aduce en síntesis, que no se le emplazó al juicio natural, seguido por el Banco BCH, Sociedad Nacional de Crédito, en su contra y de su esposa Amparo Naranjo de Treviño, y sin embargo, le fue acusada la rebeldía y se dictó sentencia que lo condenó a pagar lo reclamado, pretendiéndose sacar a remate bienes que le corresponden en propiedad, los que fueron señalados para su embargo por su esposa, también demandada, Amparo Naranjo de Treviño, privándosele así de comparecer y hacer valer sus derechos, y en consecuencia de los que le pertenecen sobre dichos bienes. Ahora bien, dada la capital importancia que reviste el emplazamiento a juicio, sus vicios deben ser ineludiblemente tomados en cuenta por la autoridad federal ante quien se impugna, porque su ilegalidad implica una extrema gravedad en cuanto a las consecuencias que puede acarrear a quien fue notificado en forma defectuosa, con mayor razón si éstas resultan de la falta total de dicho emplazamiento. En la especie, el testimonio de constancias deducidas del juicio de origen, enviadas por el juez responsable con su informe justificado, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prueban lo siguiente: El Banco BCH, Sociedad Nacional de Crédito, por conducto de su apoderado Orencio Vega Casián, ante el juez responsable, demandó en la vía mercantil ejecutiva a Noé Treviño Peña y a Amparo Naranjo de Treviño, por los diversos conceptos que precisó (folios 31 a 33); la cual se admitió en sus términos, en auto de trece de junio último (folio 34), en donde se ordenó requerir a los demandados por el pago de lo reclamado y en su caso embargársele bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo principal y consecuencias, y se les emplazara con las copias simples de ley en términos del artículo 1396 del Código de Comercio; comisionándose para la práctica de la diligencia respectiva, al juez de Primera Instancia de lo Civil en Cocula, Jalisco, a quien segiró el correspondiente exhorto, autoridad que lo cumplimentó en términos del acta de dieciocho de junio último autorizada por el secretario adscrito al precitado juzgado (folio 36), que a la letra dice: `Siendo las 10:00 diez horas del día 18 dieciocho de junio de 1986 mil novecientos ochenta y seis, el suscrito secretario acompañado de la parte actora nos constituimos legalmente en la finca marcada con el número 173 de la calle Alvaro Obregón en esta ciudad, y cerciorado de ser el domicilio de la demandada Amparo Naranjo de Treviño y encontrándola personalmente procedo hacerle saber el objeto de la diligencia y bien enterada que fue de la misma la requiero por el pago inmediato de lo reclamado y dijo (sic) dinero con que hacer el pago, le prevengo señale bienes de su propiedad para su embargo, que basten a garantizar las prestaciones reclamadas y las consecuencias legales inherentes a la misma, y dijo que señala; para su embargo la finca en que se actúa marcada con el número 173 de la calle Alvaro Obregón con una extensión superficial aproximada de 285 metros cuadrados, y con las siguientes medidas y linderos: al oriente 8.80 metros cuadrados con la carretera, dice, con Carmen Aguila de Mestas. Al oriente 9.75 metros con la calle de su ubicación. Al norte, parte del poniente en 19.76 metros con setenta y seis centímetros da vuelta al sur en 3.65 metros y al oriente 11.30 con Braulio García al sur parte del poniente en 20.25 metros, dobla al sur en 3.35 metros con propiedad de Eulalia Camacho, esta propiedad se encuentra inscrita bajo el número (sic) consistente al documento 2 del Libro 20 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad con residencia en Ameca, Jalisco, con fecha 28 veintiocho de junio de 1983 mil novecientos ochenta y tres, en favor de la señora Amparo Naranjo Terán de Treviño. Señala igualmente la finca ubicada en la calle Segunda cerrada de San Diego marcada con el número 58 Manzana 35, Cuartel Primero, en esta ciudad de Cocula, Jalisco, con una extensión superficial de aproximadamente 768 setecientos sesenta y ocho metros cuadrados, siendo 24 veinticuatro metros de frente por 32 metros de fondo con las siguientes colindancias: Al oriente con la calle de su ubicación; al poniente con propiedad de Gildardo Guzmán Vázquez, al norte con propiedad de Emilio González Dávila, y al sur con propiedad de Martha Naranjo Terán esta propiedad se encuentra registrada con el número 80 en el Libro 69 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Ameca, Jalisco, por lo que procedo junto con la parte demandada y el actor a trasladarme a la finca antes descrita y la cual junto con la anterior la tengo a la vista y las declaro formal y legalmente embargadas en cuanto basten a garantizar lo reclamado, quedando como depositario de las mismas la parte demandada quien dijo que acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y legal desempeño quedando dichos inmuebles en los lugares antes descritos. A continuación con las copias simples de ley que se acompañan emplazo a la demandada en forma personal y le hago saber el término que la ley le concede para dar contestación a la demanda entablada en su contra entregándole las copias simples correspondientes de la demanda y le hago saber el término que se le concede por razón de la distancia, quedando legalmente emplazada, prevenida y apercibida, y le hago las prevenciones y apercibimientos a que se refiere el artículo 1396 del Código de Comercio en vigor. En estos momentos la parte actora solicita se le expida copia fotostática certificada por duplicado de la presente acta para proceder al registro del embargo correspondiente, por lo que doy cuenta al C. juez para los efectos legales correspondientes, con lo que se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella intervinieron. Firmado. Una firma ilegible'. Que el veinticinco del mismo mes de junio último, el juez responsable dictó sentencia definitiva, conforme a las siguientes proposiciones: `PRIMERA. Este juzgado es competente para conocer del presente juicio, la vía elegida por la parte actora ha sido la procedente y la personalidad de las partes quedó acreditada en autos. SEGUNDA. Se condena a NOE TREVIÑO PEÑA Y AMPARO NARANJO DE TREVIÑO, al pago de la cantidad de $9'000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como suerte principal, más el pago de los intereses, gastos y costas del presente juicio previa regulación que de los mismos se haga en el incidente respectivo. TERCERA. Se ordena hacer el trance o remate de los bienes embargados y con su producto pagarse a la actora el importe de las prestaciones reclamadas'. De lo anterior se sigue que no obstante que el juez responsable, en el auto de exequendo, entre otras cosas ordenó el emplazamiento de ambos demandados, esa disposición nunca se cumplimentó respecto de Noé Treviño Peña, pues como ya se vio, la diligencia practicada por el secretario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Cocula, Jalisco, at
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3470-1c68ae90/sentencias-de-amparo-cuando-ordenen-reponer-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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