VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO CIVIL. LA OMISION DE SU ESTUDIO EN LA APELACION DEL FALLO DE PRIMER GRADO, NO DEBE CONDUCIR A LA CONCESION DEL AMPARO CUANDO YA FUERON ANALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE ALZADA A TRAVES DE DIVERSOS RECURSOS (ALCANCE DE LOS ARTICULOS 107, FRACCION III, INCISO A) DE LA CONSTITUCION, Y 161 DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCION DE TESIS No. 29/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, Y EL SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-En primer término, antes de entrar en materia, debe señalarse, que en el expediente de contradicción de tesis en examen, aparece la razón asentada por el actuario adscrito a esta Tercera Sala el quince de octubre del año próximo pasado, en la que hace constar, que fueron entregadas al procurador general de la República copias de la denuncia de contradicción de tesis a que se refiere la carpeta en que se actúa, de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados respectivos, y del acuerdo emitido en el propio expediente el ocho de octubre próximo pasado.
Al respecto, cabe destacar que el artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
No obstante ello, el funcionario de referencia no emitió su opinión sobre el particular, en el término a que alude el precepto supratranscrito, por lo que en tales circunstancias debe estimarse que no consideró pertinente intervenir en el asunto de que se trata, y en consecuencia resulta procedente el dictado de la resolución correspondiente, de conformidad con el criterio jurisprudencial número 13/92, sustentado por esta Tercera Sala, aprobado en sesión celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. LA ABSTENCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMO PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, el juicio de amparo directo 743/91, promovido por Manuel Retes Gaona, en representación de Muebles Finos Retes, Sociedad Anónima, sustentó la tesis que aparece publicada en las páginas 331 a 332 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, marzo de 1992, que a la letra dice:
"VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO INVOCADAS COMO AGRAVIOS EN SEGUNDA INSTANCIA SI SE COMETIERON EN PRIMERA, ES INJUSTIFICADA LA NEGATIVA A ESTUDIARLAS POR PARTE DEL TRIBUNAL DE ALZADA, NO OBSTANTE QUE ADUZCA QUE EL MISMO PROBLEMA LO HABIA RESUELTO AL DECIDIR UNA APELACION ANTERIOR.-La lectura de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto en lo que interesa, que el amparo directo procede, entre otros casos, contra violaciones de procedimiento que cuando surge tal clase de violación debe impugnarse 'en el curso de procedimiento mediante el recurso ordinario', y que si el recurso fuere desechado o declarado improcedente, debe reiterarse la violación como agravio en la segunda instancia si se cometió en la primera. No cabe duda entonces que tratándose de una de tales violaciones, como lo es la consistente en que se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad (fracción V del 159), al inconformarse el interesado mediante la interposición del recurso correspondiente, si se desecha éste es obvio que, conforme a lo explicado, la violación debe volverse a plantear en los agravios al apelarse el fallo de primer grado pues es un imperativo constitucional, habida cuenta que sólo de esa forma quedaría preparado el amparo directo. Pero si el tribunal de alzada se niega a entrar al estudio del agravio estimando que, por haber resuelto en diversa apelación anterior, lo tocante a la violación de procedimientos aludida, podría revocar sus propias determinaciones, se considera que es incorrecto el referido proceder del tribunal ad quem, toda vez que no obstante que es verdad que el Código local de Procedimientos Civiles contiene precepto que determina que ningún Juez puede revocar sus resoluciones, carecería de objeto que el constituyente hubiera establecido la exigencia susodicha (la de preparar el amparo reiterándose la violación al apelarse del fallo de primer grado), si el tribunal de segunda instancia no pudiera analizar nuevamente la violación. Consiguientemente, si se instituyó la exigencia apuntada es porque constituye una obligación para todos los tribunales revisores, sin que importe el hecho de que antes, en anterior apelación, hubieran examinado el mismo problema, dada la existencia del principio de definitividad en que descansa el juicio constitucional; máxime que la indicada prohibición de no poder revocar un juzgador sus determinaciones aparece en un ordenamiento procesal que es una ley secundaria frente a la Constitución, que impone, se reitera, la obligación de volver a plantear el problema de la violación de procedimiento cuando se apela de la sentencia de primera instancia. Por tanto, de conformidad a la jerarquización de normas establecida en el artículo 133 de la Constitución, una ley secundaria debe ceder ante una primaria, motivo por el cual los tribunales de alzada no pueden negarse a efectuar el estudio relatado."
En lo conducente, las consideraciones expresadas en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado precisado son las siguientes:
"CUARTO.-Es sustancialmente fundado el único concepto de violación, preponderante por cierto, que se estudiará a continuación, y ello hará que se omita el estudio de los restantes. Previamente se estima útil narrar los siguientes antecedentes: precisamente en el escrito de contestación de la demanda natural (a fojas 20 y 21 de los autos de primera instancia), el ahora quejoso dijo: Por mi propio derecho, promuevo incidente de nulidad de actuaciones respecto del emplazamiento que pretendió hacerse al suscrito, el día 23 de julio de 1987.-Fundo el Incidente que promuevo en los siguientes HECHOS: 1o. JULIO ALFREDO SANDOVAL ANZALDO, presentó demanda en la vía civil sumaria en mi contra, se admitió y se ordenó el emplazamiento, que se llevó a cabo el 23 de julio de 1987, a las 17:15 horas, corriéndome traslado con copia simple, de un escrito de demanda, de 5 cinco fotografías, de un contrato de arrendamiento y su certificación. 2o. El actor en el punto segundo de hechos de su demanda, indica que dio aviso de terminación de contrato de arrendamiento, en diligencias promovidas ante el Juzgado Décimo de lo Civil, bajo expediente 692/86, además manifiesta que esa notificación fue hecha el 28 de mayo de 1986, y dice que las acompaña en copia certificada, este documento, es fundatorio de la acción que promueve la parte actora, pero no se me corrió traslado con la copia simple correspondiente, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 268 del procedimiento civil, que a la letra dice: Artículo 268 'Presentada la demanda con los documentos y copias a que se refiere el Capítulo Tercero del Título Segundo, de este código se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, emplazándolas para que la contesten dentro de ocho días, si el juicio fuere ordinario y dentro de cinco si fuere sumario, por lo que al no haberme corrido traslado con estos documentos, al momento del emplazamiento, el emplazamiento fue defectuoso y me dejó en estado de indefensión, porque no pude cerciorarme si la actora, presentó con su demanda, el documento fundatorio correspondiente, y no estuve en aptitud, de defenderme ni de producir contestación, o en su caso de impugnar los citados documentos, ya que conforme a lo dispuesto al artículo 2742 del Código Civil, tengo el derecho de oponer todas las excepciones correspondientes a la obligación principal, y considerando, que tanto la presentación de la copia certificada que indica el actor en su demanda, como el traslado que debió habérseme corrido con las copias simples de estos fundatorios, motivan que el suscrito quede en estado de indefensión, porque constituye una excepción inherente a la obligación principal, por lo que promuevo el incidente de nulidad correspondiente, solicitando se levante certificación por parte de la secretaría de ese H. Juzgado, de los documentos presentados por la actora, como fundatorios, de manera precisa, especificando el tipo de documentos y a qué se refiere cada uno de ellos, que haya presentado con su demanda'. Como no fue admitido el incidente de nulidad acabado de referir, el promovente interpuso el recurso de revocación que luego fue declarado fundado (a foja 29 del juicio mencionado). Al dictarse la interlocutoria respectiva (a foja 55 del expediente aludido), se consideró: 'En la diligencia inicial, acredita el secretario haber emplazado al demandado con las copias de ley y siendo fedatario de tal entrega, el hecho de encontrarse en el secreto del juzgado parte de las mismas, no desvirtúa la constancia secretarial, toda vez que de acuerdo con las normas administrativas y ordinarias de este juzgado tales copias no son susceptibles de correr guardadas en dicho lugar porque las mismas no tenían objeto de su allegamiento, máxime que como lo requiere el secretario de Acuerdos en la certificación que puso el dos de los corrientes para mejor proveer, no ingresaron idóneamente por el conducto debido puesto que en forma relevante hace constar QUE LAS COPIAS DE LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION DEL EXPEDIENTE 692/86 QUE SE TRAMITARON ANTE EL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL LOCAL NO FUERON ENTREGADAS OFICIALMENTE PARA GUARDARSE EN EL SECRETO DEL JUZGADO, por lo que el incidente de nulidad de actuaciones es improcedente y parte fundamental de la improcedencia de la nulidad consiste también en que al haber contestado en tiempo y forma el demandado haciendo valer las excepciones que estimó prudente no se le causó ningún perjuicio, careciendo por lo tanto de acción incidental'. Ese fallo fue apelado, mas tal recurso no fue admitido por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, según se deduce del oficio que obra a foja 68 de los autos de primera instancia. Cuando el agraviado se alzó del fallo de primer grado reiteró como agravio lo concerniente a la nulidad susodicha. Y al pronunciarse la sentencia ahora reclamada, la Sala responsable estimó según se vio, que: 'En vista de lo anterior se estima por este tribunal de alzada que el incidente que se ha venido hablando, al entrar la Cuarta Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a su estudio y declararlo inadmisible, tiene efectos de definitividad y en consecuencia este tribunal ad quem no se encuentra facultado para estudiar de nueva cuenta esas cuestiones por respeto a la cosa juzgada. Por otra parte y tomando en consideración que se argumenta al promoverse el incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento que no se le corrió traslado con las copias simples correspondientes, independientemente de que haya existido o no tal vicio debe convenirse que al dar contestación en tiempo de las prestaciones reclamadas se compurgaron cualquier violación que pudiere haber existido en el emplazamiento. Tiene especial aplicación la tesis visible en el Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 405, de Ediciones Mayo, que al rubro dice: 'EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL, EN CASO DE CONTESTACION DE LA DEMANDA.-Si los quejosos contestaron en tiempo la demanda, los vicios de que pudiera haber adolecido el emplazamiento quedaron compurgados, puesto que al cumplir con su principal cometido dicha diligencia, que fue el hacer saber a la parte reo la existencia de un juicio en su contra, no se dejó al quejoso en estado de indefensión'. Ahora bien, este colegiado considera que es incorrecto el proceder del ad quem debido a lo siguiente: En primer lugar, si el artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que es violación de procedimiento 'Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad', ello significa que tratándose de ese caso precisamente procede amparo directo (artículo 158 de la ley de la materia). Luego, si el artículo 161 del propio ordenamiento dispone que en los juicios civiles (o sea, como aquel del que derivan los actos reclamados), cuando surja tal clase de violaciones deben impugnarse 'en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario', y que si 'el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera', no cabe duda de que a cualquier parte que se cometa una de las violaciones aludidas en la primera instancia, tiene obligación de volverla a plantear en sus agravios al apelar del fallo de primer grado, pues sólo así quedará debidamente preparado el amparo directo. Y carecía de objeto que el Constituyente hubiera establecido tal exigencia si el tribunal de alzada no pudiera analizar la violación escudándose en el pretexto de que no puede revocar sus propias determinaciones. Si se instituyó es porque constituye una obligación para todos los tribunales revisores, sin que importe lo referente a que si se estudiara la violación podría revocarse alguna decisión adoptada con anterioridad, habida cuenta que esa prohibición de no poder revocar determinaciones aparece en el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco (artículo 423), que es una ley secundaria frente a la Constitución. O sea que la obligación de volver a hacer el estudio al plantearse la violación cuando se apela de la sentencia de primera instancia, deriva de la propia Carta Magna que es la máxima ley, motivo por el cual los tribunales de alzada no pueden negarse a efectuar el estudio respectivo. Sobre lo explicado en el párrafo que antecede se invocan tanto la jurisprudencia 112 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, como la ejecutoria consultable en el Informe de 1972, Tercera Parte, página 168, que en su orden dicen: 'AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE.-La renuencia injustificada del tribunal ad quem a estudiar parte de los agravios expuestos por los perdidosos en la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando se reclama en amparo esa violación, para otorgar el amparo al quejoso, y máxime cuando los agravios desdeñados se dirigieron a impugnar lo que el a quo estimó fundamento esencial de su sentencia recurrida. Si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principales que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se dejan de examinar agravios que pudieran considerarse como principales', y 'VIOLACIONES SUSTANCIALES DE PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 159 DE LA LEY DE AMPARO.-No obstante que en segunda instancia ya se hubiese resuelto sobre las mismas, el tribunal de alzada puede volverlas a examinar cuando se apele de la sentencia de fondo, si el apelante vuelve a reclamar, en sus agravios, dichas violaciones. Porque si el amparo no puede intentarse de inmediato, tratándose tales violaciones del procedimiento, es precisamente porque no se consideran definitivas, es decir, porque se estima que tales violaciones pueden ser reparadas en la sentencia de fondo que pronuncie el ad quem, siempre que ante él se reitere en los agravios, como se decía, la reclamación de las susodichas violaciones; pero si a pesar de haberlas reclamado, no se reparan en el fallo definitivo que se pronuncie en grado de apelación, entonces sí, por tener hasta ese momento el carácter de real y positivamente irreparables o definitivas, las violaciones deben hacerse valer al intentarse el amparo indirecto (sic) contra esa sentencia (artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo).'"
CUARTO.-El Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 4208/92, sostuvo el siguiente criterio:
"Asimismo, en el tercer concepto de violación, el quejoso sostiene que en el considerando tercero de la sentencia reclamada, la Sala ad quem declaró infundado el tercer agravio, al estimar que las infracciones al procedimiento que se combatían no eran materia del recurso de apelación, sin tomar en cuenta que el artículo 161, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que si la ley no establece recurso ordinario o si fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocarse la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Agrega que la Sala responsable se abstuvo de analizar las siete cuestiones de índole procesal a que se refirió en el tercer agravio y que si de acuerdo con lo que dispone el precepto citado, las violaciones al procedimiento deben ser invocadas en segunda instancia, es claro que el tribunal de alzada debió avocarse a su estudio. El referido motivo de inconformidad es infundado, según se verá a continuación: En efecto, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece: 'III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia'. La disposición constitucional transcrita establece la regla general de que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, el juicio de amparo sólo procede contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, que no admitan en su contra ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o reformadas, pudiendo invocarse las violaciones cometidas en el propio fallo o resolución reclamada y las infracciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo; pero el propio precepto previene expresamente respecto a la materia civil, salvo que el acto reclamado provenga de controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia, la observancia de las siguientes medidas de preparación: a) La impugnación de la violación en el curso del procedimiento, mediante el recurso ordinario establecido por la ley, y b). La invocación de la infracción como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. El artículo 159 de la Ley de Amparo señala los casos en que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, en tanto que el numeral 160 de dicho ordenamiento establece los casos en que en los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecta a las defensas del quejoso. Por su parte, el artículo 161 de la Ley de Amparo dispone: 'Artículo 161. Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas: I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale. II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia'. Como puede advertirse, de acuerdo con la disposición legal transcrita, las violaciones a las leyes del procedimiento cometidas en los juicios seguidos ante los tribunales civiles, pueden combatirse en el juicio de amparo que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, pero observándose las siguientes medidas de preparación: 1) La impugnación de la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley, y 2) La invocación de la infracción como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera, en caso de que la ley no conceda recurso ordinario para combatir la violación o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, salvo en los juicios de garantías promovidos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, o contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. Así las cosas, se encuentra que en cuanto a la preparación del juicio de amparo directo respecto a violaciones al procedimiento, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal exige que se impugne la infracción mediante el recurso ordinario y se invoque la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera, sin hacer ninguna distinción entre las diversas formas en que se haya podido resolver dicho recurso ordinario; mientras que el artículo 161 de la Ley de Amparo establece que la infracción de índole procesal deberá impugnarse mediante el recurso ordinario y si la ley no lo concede o si, concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, la violación debe invocarse como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. El desechamiento de un recurso consiste en el acto mediante el cual una autoridad jurisdiccional deniega su admisión a trámite, porque advierta desde luego su improcedencia o porque no se hayan satisfecho los requisitos que impone la ley para su sustanciación. La improcedencia, en un sentido muy restringido, se da cuando el medio de impugnación no es el que contempla la ley para combatir el acto atacado. Tanto en el auto de desechamiento como en la resolución de improcedencia, se tiene en común que no se entra al estudio de la cuestión que es materia de la impugnación en el recurso. En esas condiciones, tendríamos que la Carta Magna exige como requisito indispensable para que sean estudiadas las violaciones procesales en el juicio de garantías uniinstancial, que se agote el recurso ordinario correspondiente y si no han sido reparadas, es necesario que la infracción sea reiterada nuevamente ante el tribunal de apelación, en los agravios que sean formulados contra la sentencia de fondo de primer grado, independientemente de que se deseche el recurso, se declare improcedente o se resuelva en sentido adverso a las pretensiones del recurrente; en tanto que la ley reglamentaria invocada sólo exigiría esa preparación cuando el recurso fuera desechado o declarado improcedente, pero no cuando se declarara infundado; sin embargo, de existir contradicción en esos términos, se tendría que resolver atendiendo a la supremacía de la Constitución y estarse a lo que establece la base constitucional citada, pero cabe considerar que en la Ley de Amparo se utilizó el vocablo 'improcedente' como sinónimo de infundado, lo que es común en la doctrina y en el foro, y que conduce a la armonía entre el precepto constitucional y la norma reglamentaria aludida, en el sentido de que si la violación se comete en primera instancia, debe impugnarse mediante el recurso ordinario establecido por la ley y si no ha sido reparada, invocarse como agravio en la segunda instancia, en el recurso de apelación que se interponga contra el fallo de primer grado, en la inteligencia de que si la ley no concede recurso alguno contra la infracción de índole procesal, también deberá procederse de ese modo. Ahora bien, cabe considerar que al exigir que las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento se impugnen mediante el recurso ordinario y se invoquen como agravio en la segunda instancia, si se cometieron en la primera, el constituyente quiso que se agotaran todas las posibilidades de que en el propio juicio original se subsanen las imperfecciones del procedimiento, a fin de que sólo en casos excepcionales se llegara al juicio de amparo por ese tipo de violaciones; pero si se tiene en consideración que las leyes procesales se rigen por los principios generales del proceso denominados de preclusión y de firmeza de las resoluciones judiciales, conforme a los cuales, una vez que tales resoluciones han causado estado, sea por no haberse agotado los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos para combatirlas o por haberse ya tramitado los conducentes, dichas resoluciones quedan firmes para ese procedimiento, sin que las autoridades jurisdiccionales que conozcan del juicio en primera o segunda instancia puedan volver a examinarlas o desconocer sus consecuencias en el proceso, y mucho menos revocarlas o modificarlas, en una actuación posterior, así se trate de la sentencia definitiva; de ahí que si contra la violación procesal no procede recurso alguno, el tribunal de alzada debe hacerse cargo del punto, pero cuando existe recurso ordinario y éste se desecha por improcedente o porque no se hubieran satisfecho los requisitos que impone la ley para su sustanciación o se declara infundado, la Sala ad quem no tiene por qué examinar en la apelación contra la definitiva la cuestión procesal planteada con vista a remediar el vicio; en el primer caso, porque el recurso ordinario establecido por la ley fue desechado, y en el segundo, en atención a que ya se había negado la reparación solicitada, agotándose así la posibilidad de que las autoridades de instancia subsanaran las violaciones procesales cometidas durante la tramitación del juicio, debiendo subrayarse que si pasando por alto cualquiera de las determinaciones especificadas, la responsable efectúa un nuevo estudio y como resultado de él, emite una decisión distinta a cualquiera de las adoptadas, actuaría en forma contraria a derecho, al quebrantar la inamovilidad resultante de la cosa juzgada, lo que de ninguna manera es permisible. De lo anterior resulta, que si al resolver la apelación interpuesta contra una sentencia definitiva, la autoridad responsable se remite a lo ya fallado en diversos recursos respecto a violaciones procesales, o bien, a pesar de que el problema fue resuelto nada dice, tales posturas no impiden que el tribunal colegiado se haga cargo de la cuestión ya que fue materia de lo decidido al respecto, pues carecería de sentido conceder el amparo para que se haga expreso pronunciamiento en el fallo, en tanto para cumplir con la ejecutoria, la responsable sólo podría válidamente repetir lo determinado en su oportunidad, transcribiendo prácticamente la resolución respectiva, y si bien es menester que la violación se reitere ante el tribunal de alzada, en el escrito mediante el que se expresan agravios en la apelación interpuesta contra el fallo de primer grado, ello es exclusivamente como medio de mostrar que continúa la inconformidad y así preparar el juicio de amparo directo. En el presente caso, en el apartado tercero del escrito mediante el que el aquí quejoso expresó agravios en la apelación interpuesta contra la sentencia de primer grado, adujo que: 1. El auto de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa fue dictado sin mediar petición de parte, por lo que se violó el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles. En dicho proveído se acordó que como no obraba constancia de que el demandado hubiera sido emplazado, en regularización del procedimiento se dejaba insubsistente el acuerdo de diecinueve de noviembre del año citado, por el que se ordenó que se expidieran al enjuiciado las copias certificadas que había solicitado, y en su lugar se acordó: 'A sus autos el escrito de cuenta y cúmplase con lo ordenado por auto de fecha seis de junio del presente año, emplazando al demandado'. 2. Los autos de cinco de diciembre de mil novecientos noventa, y ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, fueron alterados con corrector líquido, en lugar de ser testado y salvado cualquier error que se hubiere cometido de acuerdo con el artículo 57 del código citado. En el primero de los autos mencionados, el Juez del conocim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/154-f1b2bc07/violaciones-a-las-leyes-del-procedimiento-civil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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