CONTRADICCION DE TESIS 3/94 INEXISTENTE.
CONTRADICCION DE TESIS 3/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 1132/93, promovido por Ramón Pérez Bonilla, por mayoría de dos votos contra uno del Magistrado que formuló la denuncia de contradicción, en sesión de catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, textualmente sostuvo:
"QUINTO. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación que en el caso se expresan. En efecto, independientemente de que son una mera repetición de los argumentos vertidos como agravios en el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia de primera instancia, a los cuales dio respuesta la responsable en el fallo reclamado, resultan infundados, pues por lo que se refiere a la falta de aplicación de los artículos 2328, segundo párrafo, y 2330 del Código Civil del Estado, a que hace referencia, es inatendible, dado que, como bien lo expuso la responsable 'Las disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz, ninguna aplicación supletoria tienen al Código de Comercio', razonamiento que se advierte jurídico, pues siendo el Código de Comercio de naturaleza federal, en el aspecto sustantivo su supletoriedad se rige por el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, como se sostiene en la ejecutoria consultable en la página mil setecientos setenta y cuatro, de la Segunda Parte del último Apéndice publicado al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: 'SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL'. Por otra parte, respecto a lo que se aduce en relación al 'pacto de anatocismo' y de que los intereses señalados en el documento base de la acción son excesivos porque no debieron rebasar el cincuenta por ciento del importe del documento, independientemente de que no constituyen excepciones oponibles a las acciones derivadas de un título de crédito, como en el caso es el pagaré base de la acción, por no estar contempladas en el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de que ninguna prueba se recepcionó en los autos del juicio natural para demostrar la vinculación de un pagaré con la deuda devenida de las tarjetas de crédito que señala, y de que la leyenda en el documento base de la acción relativa a 'INTERESES ANTICIPADOS' no constituye la demostración de ese alegado pacto de anatocismo, se tiene que, ningún argumento jurídico se expone para rebatir lo expresado por la Sala consistente en: 'del título fundatorio de la demanda que observamos se trata de un pagaré, no se desprende que las partes hubieran convenido que se capitalizarían los intereses que se devengan, de tal título de crédito lo único que se deriva, es que se convinieron interese ordinarios por el préstamo de la cantidad que amparo el documento, y los intereses moratorios para el caos (sic) de la falta de pago puntual de tal cantidad, mas no existe ninguna disposición en el sentido que tales intereses se capitalizarían, ... y por otra, porque en materia mercantil y cuando se establece el acto a través de un pagaré, son válidos los intereses que convengan las partes, no teniendo aplicación alguna la legislación civil, ni aun la supletoria que lo sería el Código Civil del Distrito Federal', razonamientos que se advierten objetivamente correctos, ya que en tratándose de títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos , al constituir prueba preconstituida de la acción que se ejercita, es el demandado a quien corresponde la carga de destruir la eficacia de los mismos, sin que lo hubiese efectuado, pues ninguna prueba apta se aportó al respecto; como así queda de manifiesto en la razón asentada en el expediente mercantil al hacerse la publicación de probanzas, donde textualmente se precisó: 'DE LA PARTE DEMANDADA. No se recibieron pruebas', lo cual es concordante con las constancias de autos; y, en lo relativo a los intereses, porque en tratándose de un pagaré, como es el documento base de la acción, la regla aplicable es la especial contenida en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que en tratándose de intereses moratorios, debe estarse a lo convenido por las partes, lo cual se especifica en ese documento, y sólo en el caso de que nada se haya convenido, aplicarse el tipo legal; a lo anterior resultan aplicables los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la ejecutoria consultable en la página ochenta y dos, de la Segunda Parte del Informe de Labores rendido por su presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y seis, así como la consultable en la página mil ciento setenta y tres de la obra de precedentes que no han integrado jurisprudencia, 1969-1986, cuyos rubros son: 'PAGARE, INTERESES MORATORIOS EN EL'; y, 'TITULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCION DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA'. Sentado lo anterior, al no demostrarse que el acto reclamado sea conculcatorio de garantías ni advertirse que sea manifiestamente ilegal, procede negar la protección constitucional solicitada".
TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión 123/90 el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa, se basó en las siguientes consideraciones:
"III. La síntesis y el estudio de los agravios vertidos por el apoderado de BANCA SERFIN, S.N.C., se hace en forma simultánea en los términos siguientes: Es verdad que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la forma y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; pero es inexacto que en el convenio celebrado por las partes en el juicio natural con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, los contendientes hubieren convenido acerca de la capitalización de intereses ordinarios y moratorios. No obstante ser cierto que en el convenio de referencia los deudores Automovilística Central, S. A., y Emilio Bolaños Díaz reconocen de manera global el adeudo que tenían con BANCA SERFIN, S.N.C.; no lo es menos que tal adeudo fue desglosado en lo que concierne a capital, intereses moratorios e intereses; de allí que no pueda considerarse que el pago de intereses convenidos deba hacerse respecto del adeudo global, ya que aun cuando en la cláusula cuarta del referido convenio los deudores se obligaron a pagar a la acreedora a partir del veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, intereses sobre saldos insolutos a razón de diecinueve puntos arriba del costo porcentual promedio que reporte el Banco de México, en la indicada cláusula no se establece que las partes convengan en capitalizar intereses, sino que se establece la obligación de pagar saldos insolutos, lo que no puede referirse sino a saldos insolutos del capital, y a que en las cláusulas anteriores se hizo el desglose del capital e interés; de otro modo no tendría sentido tal desglose. Esta conclusión o pugna con el artículo 363 del Código de Comercio. Este precepto previene que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses; pero que los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Se dice que no existe violación al numeral citado porque en el caso no está en tela de juicio la licitud del pacto de capitalización de intereses, sino si existió o no convención al respecto. Cabe advertir que, como más adelante se verá, en la cláusula octava del convenido se faculta a los deudores a efectuar pagos parciales a la acreedora para que sean aplicados 'a cuenta de los adeudos reconocidos'; por ende, si tales adeudos fueron perfectamente desglosados en las primeras cláusulas, ello denota la intención de las partes para definir los montos por tales conceptos. En la cláusula quinta se señala asimismo que los deudores se obligan a pagar las cantidades que reconocen a su cargo, y se les faculta a hacer pagos parciales a cuenta de adeudos reconocidos. Si las partes hubieren tenido la intención de capitalizar intereses, no tendría sentido lo estipulado en las indicadas cláusulas, en atención a que si el adeudo capitalizado fuere único, no tendría por qué hacerse referencia a los adeudos reconocidos, en atención a que cualquier pago que se realizara se aplicaría por lógica y necesidad a cuenta de ese adeudo único. En esa virtud, si en la cláusula cuarta se estableció que se pagarían intereses sobre saldos insolutos, es evidente que se refiere a saldos de capital; de haber sido la intención de los contratantes capitalizar intereses, así se habría pactado. En efecto, si la regla general es que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, la capitalización de intereses como caso de excepción debe convenirse expresamente y no deducirse del contenido de las cláusulas del contrato. Luego entonces, no resultaba necesario que en la cláusula cuarta se hubiere precisado que los intereses deberían cubrirse sobre saldos insolutos de capital, puesto que la regla general es que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, y en consecuencia, si las partes quisieran capitalizarlos debieron acordarlo expresamente. En consecuencia, no existe indebida interpretación a la cláusula cuarta del contrato. La argumentación referente a que el saldo insoluto lo constituía tanto el relativo al adeudo del capital como el de los intereses, normales y moratorios, no desvirtúa lo considerado, toda vez que si en convenio aludido se desglosaron los conceptos relativos a capital, intereses ordinarios e intereses moratorios, era indispensable que se precisara que los intereses convenidos en la cláusula cuarta se referían a todos esos conceptos, y al no haberse hecho así, debe entenderse que se referían al saldo del capital atenta la regla general prevista en el artículo citado. Por tal motivo, carecen de justificación los argumentos en los que se sostiene que de una recta interpretación de las cláusulas del convenio se desprende que las partes convinieron en capitalizar intereses. Finalmente cabe hacer mención que si las partes en el segundo párrafo de la cláusula octava del convenio judicial tantas veces mencionado pactaron que en la medida en que Automovilística Central, S. A., y el señor Emilio Bolaños Díaz efectuaron pagos parciales a BANCA SERFIN, S.N.C., 'para ser aplicados a cuenta de los adeudos que reconocen en este convenio a favor de la institución actora', ello supone que los deudores podría indicar la aplicación de las entregas a cuenta, lo que se corrobora con los recibos de pago en los que consta esa aplicación; luego entonces, no existió indebida interpretación de la cláusula octava del citado convenio. En las relacionadas condiciones, siendo infundados los agravios hechos valer por la quejosa, procede confirmar la negativa del amparo a dicha parte".
CUARTO. Este órgano colegiado considera improcedente la presente denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el amparo directo 1132/93 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al fallar el amparo en revisión 123/90.
En efecto, de la transcripción que de la parte relativa de la sentencia dictada en el amparo directo 1132/93, aparece en el segundo considerando de este fallo deriva que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito no se pronunció sobre si en materia mercantil la capitalización de intereses o pacto de anatocismo requiere o no de convenio expreso, pues sostuvo, sustancialmente, que los conceptos de violación planteados eran ineficaces por lo siguiente: 1) por ser una mera repetición de los argumentos vertidos como agravios en el recurso de apelación; 2) porque, como lo sostuvo la responsable, las disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz no tienen aplicación supletoria al Código de Comercio; 3) porque en relación al pacto de anatocismo y a que los intereses eran excesivos por rebasar el cincuenta por ciento del importe del documento: a) no constituye excepciones oponibles a las acciones derivadas de un título de crédito por no estar contempladas en el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, b) no se aportó ninguna prueba para demostrar la vinculación del pagaré con la deuda devenida de las tarjetas de crédito; c) la leyenda en el pagaré de 'INTERESES ANTICIPADOS' no demuestra el pacto de anatocismo; d) no se rebatió lo expuesto por la Sala responsable con respecto, por un parte a que del pagaré no se desprende el pacto de anatocismo, pues del mismo sólo se deriva que se convinieron intereses ordinarios y moratorios, pero no que tales intereses se capitalizarían y, por la otra, a que en materia mercantil cuando se establece el acto a través de un pagaré son válidos los intereses que convengan las partes no teniendo aplicación la legislación civil, ni aun la supletoria que lo sería el Código Civil del Distrito Federal; e) son correctos los razonamientos de la Sala responsable señalados en el inciso d) anterior porque es al demandado a quien corresponde la carga de la prueba, sin que lo haya hecho, y porque tratándose de un pagaré la regla aplicable es la contenida en el artículo 174 del a Ley General de Títulos y Operaciones de crédito que establece que tratándose de intereses moratorios debe estarse la lo convenido por las partes y sólo a falta de al convenio aplicarse el tipo legal.
Por su parte, en la sentencia dictada en el amparo en revisión 123/90 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, básicamente, que independientemente de la licitud del pacto de capitalización de intereses o anatocismo, lo que no formaba parte de la litis, el mismo requería de convenio expreso de conformidad con el artículo 363 del Código de Comercio, por lo que no procede la capitalización de intereses o pacto de anatocismo cuando no se conviene expresamente.
Ahora bien, se desprende de lo anterior que no existe contradicción entre los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos 1132/93 y 123/90, respectivamente, pues aun cuando en ambas sentencias se alude al problema jurídico de la capitalización de intereses o pacto de anatocismo, no se pronuncian sobre el mismo punto.
Efectivamente, aunque ambos Tribunales se refieren a dicho pacto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito examina específicamente si en el caso se probó o no que en título base de la acción se estuviere aplicando dicho pacto, determinando que no, ante el planteamiento de la parte quejosa de la ilicitud del mismo conforme al Código Civil del Estado de Veracruz, mismo que consideró no aplicable supletoriamente al Código de Comercio, es decir, no se pronunció sobre si la capitalización de intereses requiere convenio expreso.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, estudió el problema jurídico relativo a si el pacto de anatocismo requiere o no convenio expreso, determinando que, sin que ello implicara pronunciamiento alguno sobre su licitud o ilicitud, tal convenio era necesario de conformidad con el artículo 363 del Código de Comercio por ser un caso de excepción a la regla general prevista en él con respecto a que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses.
Se sigue de lo expuesto que la presente denuncia de contradicción de tesis es improcedente porque lo que regulan los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo es la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia entendiendo por tesis la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias y en el caso las resoluciones dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito abordan problemas jurídicos distintos y de lo sostenido por uno y otro no deriva contradicción alguna, de tal suerte que no existe materia para resolver en la contradicción denunciada.
Son aplicables al respecto las tesis jurisprudenciales 38/93 y 37/93 de esta Tercera Sala que en el orden citado textualmente dicen:
"CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción":
"CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCION ALGUNA. Los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, entendiendo por tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve. Consecuentemente, debe considerarse improcedente la denuncia que se formula respecto de resoluciones que, aunque genéricamente, se hayan referido a un problema de similar naturaleza, en forma específica aborden cuestiones diversas y de lo sostenido en ellas no se derive contradicción alguna, pues no existe materia para resolver en la contradicción denunciada".
Atento a todo lo anterior, y al no existir contradicción entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos directo 1132/93 y en revisión 123/90 del Indice de dichos Tribunales, respectivamente, debe declararse improcedente la denuncia respectiva.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Es improcedente la denuncia de contradicción de tesis a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Remítanse testimonios de esta resolución al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para su conocimiento y devuélvanse los autos del juicio de amparo 123/90, al último de los Tribunales Colegiados citado.
Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el toca de la contradicción.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Luis Gutiérrez Vidal y Diego Valadés, designado el penúltimo de los nombrados por el H. Pleno mientras exista la vacante. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Firma el presidente de la Sala, el Ministro ponente y la secretaria de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Nota: Esta ejecutoria también aparece publicada en la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, Octava Epoca, Tomo VI, no contradicción, página 785.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6027-b77b62ca/contradiccion-de-tesis-3-94-inexistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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