POSESION DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA VINCULACION CON LA FINALIDAD.
CONTRADICCION DE TESIS 5/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- La tesis número 184 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86 I febrero de 1995, página 38, es del siguiente tenor: "SALUD, DELITO CONTRA LA. POSESION. PRUEBA DE LA FINALIDAD. El tipo penal previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el poseedor de alguno de los narcóticos señalados en el normativo 193, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194, por lo que el juzgador debe efectuar un enlace objetivo y no puramente subjetivo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público para demostrar la finalidad del agente respecto al destino del narcótico, no resultando suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin vinculación con otros elementos de prueba."
TERCERO.- El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 318/94, 607/94, 641/94, 721/95 y 7/95, en lo conducente, señala lo siguiente:
AMPARO DIRECTO 318/94. "V. Son fundados los conceptos de violación. En efecto, la responsable al atender los lineamientos de la ejecutoria dictada dentro del amparo directo 133/94 por este Tribunal Colegiado, en el sentido de dejar insubsistente la sentencia en la parte relativa a la individualización de la pena y dictara otra con plena jurisdicción en la que fundara y motivara conforme a derecho la penalidad respectiva, de acuerdo con las recientes reformas al Código Penal Federal (artículos 195 y 195 bis del Código Penal Federal) y grado de culpabilidad apreciado, dejando intocados los capítulos relativos a los elementos de tipo y responsabilidad penal; tuvo en definitiva por establecido que el parámetro bajo el cual calculaba la sanción en el caso lo era el artículo 195 del Código Penal Federal, apoyada simplemente en las siguientes consideraciones: que la posesión recayó sobre once kilos de marihuana; que el procesado manifestó ante el órgano judicial no ser adicto a dicha droga; que los costales continentes de la misma, le fueron dejados en encargo por diversa persona; que por todo ello es de concluirse que el estupefaciente se destinaría a realizar cualquiera de las conductas previstas en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, aunque no se pueda establecer con precisión cuál de ellas sería en concreto; que resulta ilógico considerar que tal cantidad de narcótico se acumulara con otra finalidad que no fuera la de su introducción al mercado. Pero acontece que el artículo 195 del Código Penal en cita establece sanción para quien posee alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 ...`siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194.' Lo cual significa que para aplicar las penas previstas por este numeral, debe estar acreditado plenamente que la conducta del procesado, sancionada como posesión de marihuana, se haya dado con el aludido fin, acreditamiento éste que no se da en el caso, pues para ello es necesario que existan pruebas que conduzcan a la convicción de que la posesión sea con la finalidad de cometer alguna de las conductas que se contienen en el artículo 194 reformado; sobre lo cual no existe encadenamiento de probanzas que lleven a tal demostración, por lo que el juzgador estaba obligado a aplicar la sanción contemplada en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, máxime que lo acreditado es que, el activo sólo poseyó once kilos de marihuana, los cuales le dejó por encargo otra persona; que el Ministerio Público no aportó pruebas tendientes a demostrar en forma fehaciente que se fuera a destinar el narcótico a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal Federal; y que no se trata de un miembro de una asociación delictuosa. Así las cosas, lo procedente es concederle el amparo solicitado, para los efectos de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada en la parte relativa a la individualización de la pena y dicte otra en la que se funde y motive conforme a derecho la penalidad respectiva, de acuerdo al artículo 195 bis del Código Penal Federal y con el grado de culpabilidad apreciado, dejando intocados los capítulos relativos a los elementos del tipo y responsabilidad penal, pues debe quedar claro que determinada la posesión de un narcótico, debe subsistir la unidad del delito contra la salud, ya sea en la modalidad de posesión agravada (artículo 195) o bien atenuada (artículo 195 bis)."
AMPARO DIRECTO 607/94. "Son parcialmente fundados los conceptos de violación aducidos. En efecto, en la sentencia reclamada el tribunal responsable determinó que la conducta antisocial desplegada por el sentenciado, no encuadra en la hipótesis de privilegio establecida en el artículo 195 bis del Código Federal, en virtud de que si bien el ahora quejoso no es miembro de una asociación delictuosa, la posesión por la que se le sentenció recayó sobre tres kilogramos de marihuana, que le fue asegurada en dos paquetes ocultos en dos termos de su propiedad, cuando se encontraba en tránsito por la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con destino a Rosarito, Baja California, de manera que, en concepto del tribunal responsable, sí existen indicios de que la marihuana estaba destinada a realizar actos delictivos referidos en el artículo 194 del Código Penal Federal, como son los datos de origen y destino de la droga fedatada, aunados a que la cantidad de marihuana encontrada, no obstante la adicción del sentenciado, implicaba un aprovisionamiento para trescientos setenta y cinco días, cantidad y tiempo que implicarían el inminente riesgo de que se realizara su suministro o comercialización, por tener como destino una ciudad fronteriza, en la que la existencia de un activo comercio de drogas es un hecho público y notorio. Pero acontece que el artículo 195 del Código Penal en cita establece sanción para quien posee alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193...`siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194.' Lo cual significa que para aplicar las penas previstas por este numeral, debe estar acreditado plenamente que la conducta del sentenciado, sancionada como posesión de marihuana, se haya dado con el aludido fin, acreditamiento este que no se da en el caso, pues para ello es necesario que existan pruebas que conduzcan a la convicción de que la posesión sea con la finalidad de cometer alguna de las conductas que se contemplan en el artículo 194 reformado; sobre lo cual no existe concatenamiento de probanzas que lleven a tal demostración, pues el activo sólo poseyó tres kilogramos de marihuana, cantidad que se encuentra comprendida dentro de los límites establecidos en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, que si bien podría fácilmente ser comercializada en la frontera, en el caso no existe prueba fehaciente de que fuera destinada a ello, pues como fundadamente aduce el quejoso, la supuesta finalidad de su comercialización constituye una conjetura del tribunal responsable, de algo posible, y no un hecho plenamente acreditado que configuraría el tipo delictivo establecido en el artículo 195 del citado ordenamiento legal, cuya indebida aplicación al caso violó en perjuicio del accionante las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. El criterio arriba señalado fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo 318/94, en sesión de siete de julio del presente año. Por otra parte, el hecho de que la autoridad responsable no haya concedido de oficio al ahora quejoso el beneficio de la sustitución de la condena de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 51 y 52 en relación con el 70 del Código Penal Federal, no resulta violatorio de garantías en su perjuicio, como infundadamente aduce en la parte final de los conceptos expresados, pues de las constancias del sumario y del toca de apelación relativos, se advierte que tal beneficio sólo fue solicitado hasta que se promovió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por lo que es inconcuso que la autoridad responsable no estaba obligada a fallar sobre un punto que no se le había planteado. Lo anterior, sin perjuicio de que el sentenciado promueva el incidente respectivo en los términos establecidos en el artículo 74 del Código Penal que se viene invocando. El criterio de referencia fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, el treinta y uno de agosto del presente año, el juicio de amparo directo 454/94. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada en la parte relativa a la individualización de la pena y dicte otra en la que funde y motive conforme a derecho la penalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 195 bis del Código Penal Federal y con el grado de culpabilidad apreciado, dejando intocados los capítulos relativos a los elementos del tipo y responsabilidad penal, pues debe quedar claro que determinada la posesión de un narcótico, debe subsistir la unidad del delito contra la salud, ya sea en la modalidad de posesión agravada (195) o bien atenuada (artículo 195 bis)."
AMPARO DIRECTO 641/94. "V. Son infundados por una parte y fundados por otra los conceptos de violación. En efecto, afirma sustancialmente el defensor de oficio, que en la sentencia recurrida se violan derechos a su defenso, porque en ella se efectuó una errónea valoración de pruebas; que se apreciaron también equivocadamente los hechos de manera tal que la conducta por la cual se sanciona, nunca fue realizada por el procesado. Es infundada la anterior afirmación porque de las constancias probatorias existentes en autos, sí se desprende, como lo estimó la responsable, como plenamente acreditados los elementos del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, así como la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión de tal ilícito. Dichos medios de prueba son: parte informativo rendido por agentes de la Policía Judicial Federal al agente del Ministerio Público; en relación con los hechos (2 3) debidamente ratificado (9 11); dictamen organoléptico emitido por el químico Luis Alejandro Salguero Guerra, conforme al cual, la hierba incautada resultó ser marihuana (14 15); declaración de José Chacón Ortiz ante el fiscal (16 17); y declaración preparatoria del sentenciado (24). De las anteriores probanzas, valoradas conforme a los artículos 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288 y 289, del Código Federal de Procedimientos Penales, se acredita plenamente que el día veintidós de julio de mil novecientos noventa y tres, a las dieciocho horas, en el lugar denominado `La Jaula', en el kilómetro ciento treinta de la carretera internacional, tramo estación San Luis Navojoa, agentes de la Policía Judicial Federal, efectuaron revisión sobre el vehículo marca Dodge, modelo mil novecientos setenta y dos, color verde, placas de circulación G HD 9575 del Estado de Guanajuato, el cual era conducido por José Chacón Ortiz; que el citado vehículo, en el interior de los estribos de ambos lados y de las cuatro puertas, así como guardafangos traseros, los agentes encontraron sesenta y nueve paquetes confeccionados en hule color beige, los cuales contenían marihuana, la cual arrojó un peso de treinta y cinco kilogramos, novecientos gramos; que Chacón Ortiz llevaba la citada droga en el vehículo de referencia de Guadalajara, Jalisco a Tijuana, Baja California; por lo que es inconcuso que alguien tuvo bajo su radio de acción y disponibilidad la droga referida, así como también que el ahora quejoso es el responsable de tal posesión, la cual llevó a cabo sin la autorización de las autoridades correspondientes en términos de la legislación sobre salud; por todo lo cual, el concepto de violación que se contesta es, como se dijo, infundado. No es obstáculo para la anterior conclusión las aseveraciones del defensor, en el sentido de que no se acreditó la responsabilidad del sentenciado por no haberse probado que éste tuviera conocimiento de la droga cuya posesión se le imputa, ya que, estima, nunca confesó al respecto, y que la fe ministerial de la droga, la pericial química, y la declaración de los aprehensores en el sentido de haber encontrado la droga en el vehículo conducido por Chacón Ortiz, evidencian exclusivamente la existencia ilícita del estupefaciente oculto en el automóvil, pero que no dan luz alguna sobre la participación del ahora quejoso en la posesión ilícita; que en ese contexto probatorio y en las circunstancias en que le fue encontrada la droga, debe presumirse su desconocimiento en relación con ella esto es, su inocencia, porque es imposible acreditar el hecho negativo de `no saber'. En efecto, como lo consideró la responsable, conforme al caudal probatorio de referencia, el sentenciado reconoció siempre, haber sido sorprendido en flagrante posesión de marihuana, ya que así lo reconoció en la averiguación previa y lo ratificó al rendir su preparatoria, confesión que se fortalece con todas las demás probanzas, y como no se allegó a los autos dato alguno para abonar en favor de la versión dada por el procesado, de que ignoraba sobre la droga escondida en el vehículo por él tripulado, debe tenérsele como poseedor doloso y quedar a su cargo la prueba de su dicho, pues es falso que se le haya colocado en indefensión al verse obligado a probar el hecho negativo, toda vez que solamente habría de acreditarse quiénes fueron responsables de la posesión delictuosa. Además, es correcta la responsabilidad atribuida al quejoso, porque la lógica impide dar crédito a la posición de que alguien oculte treinta y cinco kilogramos de estupefacientes en un vehículo y, dado el valor de la misma, encomiende a un desconocido su transporte desde la ciudad de Guadalajara hasta Tijuana, como es también inverosímil que un individuo de cincuenta y tres años de edad, padre de familia, de ocupación comerciante, como se identificó José Chacón (30) convenga con un desconocido, en trasladar un vehículo sin cerciorarse del objetivo del traslado, y de lo que lleva en sus interiores. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando entiende (3 final) que la responsable volvió a incurrir en las violaciones que dieron lugar a la ejecutoria concesoria dictada en el amparo 404/94 seguido ante este tribunal (52 63 del toca de apelación), y que se cumplimenta en la sentencia aquí reclamada; porque los lineamientos correspondientes sí fueron acatados como se puede ver en los considerandos segundo y tercero (117 v. 121) esto es, analizó y resolvió sobre la comprobación de los elementos técnicos del tipo penal del delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, así como la responsabilidad del procesado y para ello virtió, después de emitir su opinión personal sobre el contenido del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, los fundamentos legales de tal resolución, sobre lo que sólo cabría precisar que dicho precepto establece la configuración técnica de los elementos de los tipos penales en general y de la plena responsabilidad del acusado, regulación que es necesario cumplir con exactitud; que de tal artículo se puede distinguir, por un lado, la descripción de los elementos típicos o constantes de los tipos penales en general (fracción I) frente a otros que son propios y particulares en cada caso especial (fracción III, párrafo segundo); y que para determinar la responsabilidad penal se deben atender las fracciones II y III, párrafos primero y tercero; lo cual fue acatado en términos generales por la autoridad responsable, por lo que no existe violación de garantías en perjuicio del hoy quejoso. Sí es fundado en cambio el concepto de violación según el cual se conculcan derechos cuando la responsable expresa (120 v. 121), que no se dan los supuestos legales que al efecto contiene el artículo 195 bis del Código Penal...`ya que existen circunstancias de hecho que permiten considerar que la droga estaba destinada a realizar actos de venta, que es una de las modalidades del delito contra la salud, contemplada en el artículo 194 del citado Código sustantivo penal. El numeral 195 del Código Penal Federal dice: `Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 195'. A su vez el artículo 195 bis establece: `Cuando la posesión o transporte, por la cantidad, como por las demás circunstancias del hecho, no puede considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1 de este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior'. En la especie, el enjuiciado expresó que había sido contratado como chofer para que trasladara a Tijuana, el vehículo en que fue encontrada la marihuana. De lo anterior se infieren dos aspectos importantes a considerar: que el destino tenido en cuenta por el precepto 195 bis para el señalamiento disminuido de la penalidad, es referido no sólo a la cantidad de droga, pues las tablas aluden a un tope máximo de sesenta kilos, sino también a las demás circunstancias del hecho de la posesión, cuestión esta última que desde luego es muy trascendente porque habrá ocasiones, por ejemplo, en que alguien sumido en la pobreza y el aislamiento posea marihuana empaquetada, conforme a la debida técnica para su protección, porque ofrecieron pagarle por guardarla en su choza, de tal manera que pueda ser obvio que la posesión que ese individuo ejerce, no está destinada a ninguno de los otros actos ilícitos sobre el vegetal, no obstante que la droga en sí, dada su cantidad y empaquetamiento, sí está obviamente destinada a tales fines pero, por supuesto, eso acontece en la conciencia y voluntad no de ese poseedor sino de alguien más, por lo que tratándose de un aspecto subjetivo de la conducta, la finalidad del destino de la droga por el sujeto activo del delito, deberá estar probada plenamente por el Ministerio Público, no resultando suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin vinculación con otros elementos de prueba. De ahí es procedente otorgar el amparo para el solo efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada en el capítulo relativo a la individualización de la pena y teniendo en cuenta lo expuesto en esta resolución imponga la pena a que alude el artículo 195 bis del Código Penal Federal, de acuerdo al grado de culpabilidad apreciado."
AMPARO DIRECTO 721/95. "QUINTO.- Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados y, por tanto, eficaces para otorgar la Protección Constitucional solicitada, en los términos que con posterioridad se especifican. En efecto, el Magistrado del Tribunal Unitario responsable, indebidamente concluyó que la transportación de marihuana imputada a la hoy quejosa, estaba orientada al propósito de cometer alguna de las modalidades enunciadas en el artículo 193 del Código Penal Federal, basándose para ello, fundamentalmente, en que ...`esta última confesó que pretendía vender la marihuana incautada...' (foja 25 vuelta del toca de apelación). Tal determinación es contraria a derecho si se toma en cuenta que, en primer término, el artículo 193 del Código Penal Federal reformado, no contempla modalidad alguna de los delitos contra la salud, sino que son el 194 y 195 del propio Código sustantivo, los que señalan las diversas conductas bajo las cuales dichos antijurídicos pueden ser perpetrados. En segundo orden, toda vez que la confesión al respecto, de la hoy quejosa, sólo se traduce en un indicio complementario aislado; es decir, no corroborado con algún otro medio de convicción el que, en consecuencia, conforme a derecho, carece de eficacia demostrativa para acreditar el extremo en comentario, pues el dicho de los agentes aprehensores sobre el particular, deriva precisamente de esa declaración confesoria de la sentenciada hoy solicitante de garantías. Por otra parte, tampoco es obstáculo para que la conducta desplegada por la hoy quejosa encuadre en la hipótesis del artículo 195 bis del Código Penal Federal reformado, la cantidad del enervante afecto a la causa (veintidós kilogramos de marihuana), y el hecho de que aquélla no sea toxicómana como infundadamente lo concluyó la responsable, pues de considerar acertada su apreciación, carecerían de objeto las tablas contenidas en el apéndice 1 de dicho Código subjetivo vigente hasta el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y si la quejosa fuera adicta al consumo de cannabis indica, de todas formas, por la cantidad decomisada, no podría presumirse que se encontraba destinada a su uso personal, atento al supuesto del segundo párrafo del numeral 195 del multicitado Código Penal Federal. En las condiciones apuntadas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar, pronuncie otra en la que considere probados los elementos del tipo del delito contra la salud en su modalidad de transportación de marihuana previsto por el artículo 195 bis del Código Penal Federal reformado y plenamente acreditada la responsabilidad penal de la hoy quejosa imponiendo, consecuentemente, la pena que corresponda conforme a las tablas contenidas en el apéndice antes referido del citado ordenamiento, sobre la base de la mínima peligrosidad revelada por dicha quejosa, grado ya determinado por la propia responsable."
AMPARO DIRECTO 7/95. "QUINTO. Independientemente de lo alegado por el defensor del impetrante del amparo, este Tribunal Colegiado advierte motivo legal para suplir la deficiencia de la queja, al tenor de lo establecido en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el numeral 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, por existencia de evidente violación a las garantías individuales del quejoso, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, del análisis de las parte final del considerando tercero de la sentencia de alzada reclamada se desprende, en forma objetiva, que el responsable Primer Tribunal Unitario de este Circuito determinó que es infundada: .`la pretensión de que la conducta del acusado sea situada en la modalidad privilegiada que prevé el artículo 195 bis del Código Penal Federal, pues tal petición ya fue resuelta, con acierto, por la Juez de primer grado, en los términos de la última parte del cuarto considerando de su fallo, que aquí se transcribió, cuyas razones comparte este tribunal' y tales razones por las que el Juez natural consideró que el transporte del narcótico afecto a la causa sí debía estimarse destinado a realizar actos de comercio, fueron las siguientes: ...`la cantidad, que ascendió a nueve kilogramos de marihuana; que el acusado no es toxicómano, de acuerdo con su manifestación y dictamen médico en tal sentido; el propósito de hacer llegar la droga a una ciudad fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, en donde existe activo comercio de narcóticos, lo que es un hecho notorio y además, la primera declaración del inculpado, en el sentido de que pretendía internar la marihuana al país del norte, hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, en la que ha vivido durante bastante tiempo...' Empero, acontece que el normativo 195 bis del código sustantivo de la materia establece sanción al tenor de las tablas contenidas en el apéndice 1 de tal ordenamiento legal vigente hasta el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro; `Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las demás circunstancias del hecho, no puede considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa,...' Luego de lo expuesto se infiere que para aplicar las penas previstas en el citado numeral 194, debe estar acreditado que la conducta del sentenciado, tipificada en la modalidad de transportaciónde marihuana, se haya dado, como consideró la responsable, con el señalado fin de realizar actos de comercio, comprobación plena que no se desprende en la especie, ya que es menester la existencia de pruebas que conduzcan a la convicción de que la posesión o transportación dos líneas ilegibles numeral 194; sobre lo cual no existe concatenamiento de elementos convictivos que lleven a tal demostración, pues el activo sólo transportó nueve kilogramos de marihuana, cantidad que se encuentra comprendida dentro de los límites precisados en la tabla o apéndice 1 del artículo 195 bis de la ley de la materia vigente en la época de los hechos, antes de la última reforma a éste el veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro y publicada el veintidós del mismo mes y año en el Diario Oficial de la Federación; que si bien podría ser fácilmente comercializada en la frontera, en el caso concreto no existe prueba fehaciente de que fuera destinada a ello, puesto que tratándose de un aspecto subjetivo de la conducta, la finalidad del destino de la droga por el sujeto activo del ilícito en estudio debe estar probada plenamente por el órgano acusador, no resultando suficiente la sola afirmación o admisión aislada de dicha circunstancia, sin vinculación alguna con otros elementos de prueba. En el caso que nos ocupa, la supuesta comercialización del enervante afecto constituye una conjetura del ad quem, de algo posible y no un hecho inequívocamente acreditado que configuraría el tipo de ilícito previsto en el aludido numeral 194 de la ley penal en consulta, cuya indebida aplicación conculcó en perjuicio del amparista las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en los normativos 14 y 16 constitucionales. En similares términos resolvió este órgano de control constitucional por unanimidad de votos los juicios de amparo directo penal números 318/94, 607/94 y 641/94 en sesiones de siete de julio, dieciocho de noviembre y siete de diciembre, todos de mil novecientos noventa y cuatro, promovidos por Luis Fernando Carranza Germán, Juan Fernando Rojo Sánchez y José Chacón Ortiz, respectivamente. En mérito de lo expuesto, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la sentencia de apelación reclamada, en la parte relativa a la individualización de la pena y dicte otra en la que funde y motive conforme a derecho la sanción correspondiente, de conformidad con el artículo 195 bis del código punitivo federal y con el grado de culpabilidad apreciado, dejando intocados el tipo y responsabilidad penal, pues debe quedar claro que determinada la transportación de un narcótico, debe subsistir la unidad del delito contra la salud, ya sea, en la modalidad de transporte agravada (artículo 194) o bien atenuada (artículo 195 bis)."
CUARTO.- Por otro lado, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en las ejecutorias de amparo directos números 260/94 y 404/94, aparece sustentado en la tesis número 39 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIV noviembre 1994, página 427, y que es del tenor literal siguiente:
"CONFESION DEL INCULPADO. ES PRUEBA IDONEA PARA TENER POR ACREDITADA LA FINALIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 195 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. El artículo 195 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal vigente, establece: `Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194...' Ahora bien, la finalidad a que se refiere el precepto transcrito, queda suficientemente acreditada con la confesión del poseedor del estupefaciente, pues ésta es idónea para demostrar aspectos subjetivos del delito, como lo son la intención no consumada o una finalidad específica, que por su naturaleza no siempre son susceptibles de comprobación directa o con pruebas diversas a la señalada. Tampoco son exigibles mayores datos y distintos a la confesión, pues no se trata de la comprobación de los elementos que integran el tipo penal, sino tan sólo de un elemento, el cual, demostrado junto con los demás exigidos por el artículo 195, primer párrafo, del código punitivo en cuestión, en términos del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, trae consigo el acreditamiento de la modalidad de posesión agravada de narcóticos del delito contra la salud, prevista por el primer numeral."
AMPARO DIRECTO PENAL 260/94. "QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el amparista J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3476-1386469f/posesion-de-estupefacientes-y-psicotropicos-en-delitos-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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