FERROCARRILEROS JUBILADOS, APLICABILIDAD DE LAS CLAUSULAS 386 Y 396 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, A LOS.
CONTRADICCION DE TESIS 4/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Como cuestión previa, debe establecerse en qué consiste la oposición de criterios vertidos por uno y otro órgano jurisdiccional.
En relación con el presente asunto es de mencionarse que las constancias de autos revelan que el seis y trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al resolver los amparos directos en materia laboral números 313/95-VI, 238/95-VI, 363/95-VI, 342/95-IV y 237/95-IV, promovidos por Ferrocarriles Nacionales de México contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, concedió el amparo al organismo quejoso bajo similares consideraciones y resolutivos, como los que a continuación se transcriben:
"UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ferrocarriles Nacionales de México, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual quedó puntualizado en el primer resultando de esta ejecutoria, y para los efectos que se indican en el considerando quinto de la misma."
Así se observa que en el amparo directo laboral número 238/95-VI, promovido por el mismo quejoso, se concedió el amparo solicitado, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República, 158 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso d) y quinto transitorio, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el Acuerdo VII/90 del Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve siguiente.
"SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó demostrada con los autos originales del juicio laboral 200/94 que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, y la demanda de garantías fue presentada oportunamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, según consta de la certificación que aparece al calce de la misma.
"TERCERO. Las consideraciones del laudo reclamado textualmente dicen: '... II. La litis en el presente asunto se establece para determinar si, como lo afirman los actores, debe ajustarse la pensión jubilatoria a la cifra de N$958.00 mensuales, conforme a las cláusulas 386 y 396 del contrato colectivo y pago de las diferencias, por resultarles aplicable; o en su defecto carecen de acción y de derecho, toda vez que la cláusula 386 les resulta inaplicable por tratarse de jubilados y sólo opera para fijar la pensión al trabajador que se jubila, oponiendo la excepción de prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. III. Establecida la litis y por cuestión de orden deberá determinarse si la acción de los actores para reclamar las diferencias de pensión se encuentra prescrita de conformidad con lo que establece el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en cuenta que desde el 7 de octubre de 1992 hubo aumentos a la jubilación y a la fecha de la presentación de la demanda transcurrió con exceso el término de un año a que se refiere el numeral invocado; sin embargo, debe considerarse que la pensión es imprescriptible y por la misma razón también resultan imprescriptibles las diferencias de pensión hasta un año atrás a la fecha de la presentación de la demanda por ser ésta de carácter o tracto sucesivo y si la demanda fue presentada el 4 de agosto de 1994, un año atrás lo sería el 4 de agosto de 1994 (sic), y si la parte demandada refiere que el 7 de octubre de 1992 hubo aumentos a la jubilación, las diferencias de pensión se encuentran prescritas del 7 de octubre de 1992 hasta julio de 1993, no así las señaladas con posterioridad a dicha fecha y esto no implica de manera alguna el derecho al ajuste de la pensión jubilatoria que se reclama, toda vez que el H. Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ha establecido el siguiente criterio: 'FERROCARRILEROS JUBILADOS. PENSION JUBILATORIA DE LOS. INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA 396 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. El contenido de la cláusula 396 del contrato colectivo de trabajo, celebrado con Ferrocarriles Nacionales de México es inaplicable a los trabajadores jubilados, en lo relativo al incremento de los topes mínimo y máximo de la pensión jubilatoria, si se toma en cuenta que lo dispuesto en esa norma contractual se refiere a los aumentos de tipo general al tabulador, es decir, que sólo es aplicable a aquellos incrementos que sufran las percepciones básicas de los trabajadores en activo, o en su caso todas aquellas prestaciones que aparezcan reguladas y clasificadas a través del tabulador de acuerdo con las distintas categorías de los trabajadores en activo; por ende, los incrementos que se registren en aquél, sólo podrán ser extensivos a las prestaciones similares que los trabajadores jubilados disfruten al igual que los trabajadores en activo, como pudieran ser entre otras la ayuda de renta de casa, canasta básica, compensación por transporte, etcétera, pero no la pensión jubilatoria, la que por exclusión no queda comprendida en el tabulador'; criterio que en el particular establece que la pensión jubilatoria otorgada a los actores es inaplicable cuando no se refiere a aumentos de tipo general al tabulador y de las propias documentales que obran a fojas 34, 36, 41 y 43 de autos, y reconocido expresamente por la parte demandada en su contestación de demanda en el sentido de que hubo aumentos a todos los trabajadores activos y jubilados en un 11% de su salario y pensiones a partir del 1o. de octubre de 1992, y dicho incremento no fue en las percepciones básicas de los trabajadores en activo, como pudiera creerse, sino que afecta en cuanto al tope mínimo y que deberán recibir los trabajadores en la jubilación respectiva, y dicha cláusula contractual en la revisión de 7 de octubre de 1992, no aparece modificación alguna, la que textualmente dice: 'CLAUSULA 396. Los trabajadores una vez disfrutando la pensión jubilatoria, en ningún caso podrán regresar al servicio a puestos de escalafón al surtir efectos la jubilación, la empresa les pagará el importe de la prima de antigüedad correspondiente. Las partes convienen que a partir del 27 de septiembre de 1984, los futuros aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al personal jubilado'; ello implica que les resulta aplicable a los actores dicha disposición contractual por resultar extensivo al personal jubilado y ello no implica que se pretenda modificar la disposición contractual respectiva, sino que simplemente se aplica lo que las partes pactaron expresamente de conformidad con lo que establece el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, y si la cláusula 396 del referido contrato colectivo de trabajo establece que los aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al personal jubilado, ello implica que les resulta aplicable la cláusula 386 para los efectos de incrementar la pensión de los jubilados a la cifra de N$958.00, lo que implica que resulta procedente el ajuste de la pensión respectiva de los actores a partir del mes de agosto de 1993 al mes de febrero de 1995 y han transcurrido 19 meses y si los actores percibían una pensión jubilatoria de N$567.55, existe una diferencia de N$390.45 por 19 meses, arroja la cifra para cada uno de N$7,418.55 que deberá cubrir la demandada por concepto de diferencias de pensión, sin perjuicio de las que se sigan generando hasta que la demandada en forma normal cubra la pensión respectiva a los actores, en términos de la III considerativa de esta resolución sin que tenga relevancia para dichos efectos la confesional ofrecida con cargo a los accionantes, puesto que no reconocieron los hechos invocados en su contra.'
"CUARTO. Los conceptos de violación dicen: 'La autoridad señalada como responsable, al emitir el laudo que se combate como acto reclamado, viola en perjuicio de mi representada las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14 y 16, ya que se trata de privarla de sus propiedades y derechos, sin que en el juicio laboral de donde emana el acto de molestia se haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, existiendo también falta de motivación y fundamentación del acto reclamado, puesto que no se hacen los razonamientos lógico-jurídicos necesarios, por lo que al no estar debidamente motivado ni fundamentado el acto reclamado se afectan los intereses patrimoniales del hoy quejoso, violando los principios de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que deben prevalecer en la impartición de la justicia. Los artículos 841, 842 y 847 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de ajustarse a reglas o formalidades, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen y de que los laudos deberán ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas del juicio oportunamente. En efecto, el laudo que se combate es totalmente inconstitucional y apartado de la realidad legal y contractual, ya que en principio se hizo valer la incompetencia del tribunal laboral para conocer del presente conflicto del cual emana el acto reclamado, toda vez que los actores con su proceder pretenden variar el contenido del contrato colectivo de trabajo en su cláusula 386, pues éstos reclaman el tope máximo que establecía dicha cláusula conforme a la revisión contractual que entrara en vigor a partir del primero de octubre de 1992, situación que fue desechada por la autoridad responsable sin fundamentación ni motivación alguna, más aún porque condena a mi mandante a pagar una prestación inaplicable al personal jubilado con antelación a la revisión en comento, toda vez que dicha cláusula establece con claridad. 'CLAUSULA 386. En ningún caso para el personal de escalafón que tenga derecho a ser jubilado, se le concederá pensión inferior a N$400.00 nuevos pesos mensuales ni mayor de N$958.00 pesos mensuales'. De la anterior transcripción es claro y evidente que la autoridad responsable no leyó el texto de la norma contractual, y por consecuencia no entendió la misma, en virtud de que la propia transcripción se desprende claramente que la citada norma contractual es aplicable única y exclusivamente al personal de escalafón que tenga derecho a ser jubilado y no así al personal jubilado con antelación a la vigencia de dicha norma, razón por la cual es obvio que los demandantes, hoy terceros perjudicados con su reclamo pretendieron variar el sentido de la norma contractual, y por lo mismo se conculcan en perjuicio de mi mandante las garantías legales y constitucionales anteriormente invocadas, así como las hechas valer en el incidente de competencia planteado, que al ser desechado motiva el presente concepto de violación, remitiéndose en obvio de repetición a lo establecido en el escrito de contestación a la demanda en cuanto al incidente de competencia planteado, el cual indebidamente desechara la autoridad responsable. 2. Otro concepto de violación es el hecho de que en el considerando tercero del laudo impugnado, la responsable realiza un indebido análisis del planteamiento de la litis, toda vez que comienza por analizar el precepto descriptivo que establece el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo pero tendenciosamente al analizar dicho precepto se infiere de su razonamiento que sí existen diferencias de pensión jubilatoria, esto sin haber entrado en materia del estudio del planteamiento de la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, toda vez que las pretensiones de los actores laborales como se desprendía de los petitorios y del capítulo de hechos de su demanda, era única y exclusivamente el reclamo del tope máximo que establecía la cláusula 386 del pacto contractual, es decir, que éstos reclamaban el tope superior de N$958.00 pesos nuevos, razón por la cual es totalmente incongruente que la autoridad responsable al analizar el artículo de prescripción ya referido, se predisponga desde dicho principio a establecer el derecho al ajuste de la pensión jubilatoria, posteriormente de dicho análisis pretende fundamentarlo en una ejecutoria de la cual no establece dato alguno para llegar al convencimiento de la existencia de la misma, no obstante lo anterior, dicha tesis no guarda relación alguna con la prescripción que analiza en primer término la autoridad responsable, aclarando que en todo caso de existir dicha ejecutoria, la cual no es obligatoria para el tribunal responsable, la misma no fue entendida ni razonada por la autoridad responsable, ya que del texto de dicha ejecutoria que se transcribe en el considerando tercero del laudo que se impugna, claramente establece que la cláusula 396 del contrato colectivo de trabajo 'Es inaplicable a los trabajadores jubilados, en lo relativo a los incrementos de los topes mínimo y máximo de la pensión jubilatoria, ya que la misma se refiere a los aumentos de tipo general al tabulador de los trabajadores en activo, mismos que se hacen extensivos al personal jubilado.' De lo anterior se colige y deduce claramente que la cláusula 386 del pacto contractual no le es aplicable al personal jubilado de mi representada con antelación a la vigencia de la revisión contractual (primero de octubre de 1992), amén de que reitero y como se acreditó en la etapa procesal probatoria con la cláusula 386, de su literalidad es claro que la misma es única y exclusivamente aplicable al personal de escalafón que va a ser jubilado con antelación a dicha revisión, ya que a estos últimos se les aplicó el contrato vigente en la época en que generaron y aplicaron el derecho a su jubilación, razón por la cual no se entiende el planteamiento de la autoridad responsable, existiendo una total antinomia en el mismo, toda vez que la pretensión deducida del juicio es clara y evidente que los terceros perjudicados pretendían el tope superior o máximo de la cláusula 386, a la cual indebidamente condena a mi representada la responsable pues se insiste en que entendió mal el criterio que sustenta el H. Tribunal Colegiado Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, toda vez que los actores en ningún momento demandaron el incremento del 11% de los salarios que sufrieron los tabuladores de los trabajadores en activo, con repercusión al personal jubilado que establece la cláusula 396, ya que de una simple operación aritmética se deduce claramente que si tal situación hubiese sido el reclamo de los actores, tendríamos que si ellos confiesan en su libelo inicial que perciben por concepto mensual de pensión jubilatoria la cantidad de N$567.55 nuevos pesos en la época de presentación de su demanda, en todo caso el 11% de incremento sería la cantidad de N$629.98 nuevos pesos, sin conceder que tengan derecho a dicho incremento, ya que con antelación se les había otorgado, situación esta que con lujo de violaciones por la autoridad responsable me desechó la prueba de inspección, con el fin de acreditar que mi mandante ya les había otorgado el mencionado 11% al personal jubilado y en consecuencia a los terceros perjudicados, descartando también con lujo de violaciones la autoridad responsable la contradicción de tesis que hice valer a fojas 11 y 12 de mi escrito de contestación a la demanda y que llevan por rubro: 'INSPECCION, PRUEBA DE, PROCEDE SU ADMISION PARA DEMOSTRAR HECHOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRON TIENE OBLIGACION LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.', y la otra cuyo rubro es: 'SALARIOS, PRUEBA DE INSPECCION OFRECIDA POR EL PATRON, IMPROCEDENCIA PARA DEMOSTRAR EL MONTO DE LOS.', mismas que hice valer en el escrito de contestación a la demanda y no obstante ello me desechó la prueba de inspección señalada en mi escrito de pruebas oportunamente, por lo que violó la mencionada autoridad responsable lo establecido por los artículos 192, 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, y además no tomó en cuenta todas y cada una de las tesis jurisprudenciales que se hicieron valer en el escrito contestatorio, las violó en tal forma, ya que es una obligación de la autoridad acatar las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de Circuito y sobre las que se hicieron valer, no emitió parecer alguno, haciendo caso omiso de las mismas. Más aún debo señalar que la autoridad responsable con abuso de autoridad al dictar un laudo incongruente, torcido y sin sentido alguno, toda vez que se insiste en que los actores jamás reclamaron el cumplimiento de la cláusula 396, sino que de su escrito de demanda se deduce claramente que su reclamado lo era sobre la cláusula 386, la cual es inaplicable repito nuevamente, al personal jubilado con antelación a la vigencia de la revisión del primero de octubre de 1992, haciéndose valer las tesis jurisprudenciales que se establecieron en el escrito de contestación a la demanda, bajo el rubro: 'JUBILACION. ES UN DERECHO EXTRALEGAL.' a foja (5), 'FERROCARRILES. JUBILACION. REVISION DE LA PENSION.' a foja (6), 'FERROCARRILEROS. TOPE MAXIMO ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE RESPECTO DE LA PENSION JUBILATORIA. INOPERANCIA EN CASO DE AUMENTOS POSTERIORES.' a foja (6), 'PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATANDOSE DE.' a foja (7), esta jurisprudencia es del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el que el ponente es el licenciado Aurelio Sánchez Cárdenas, a fojas (7 y 8), 'FERROCARRILEROS. TOPE MAXIMO ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE RESPECTO DE LA PENSION JUBILATORIA. INOPERANCIA EN CASO DE AUMENTOS POSTERIORES.' a foja (8), 'FERROCARRILEROS, IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE PENSION.' a foja (9) y como antes hice mención, la autoridad responsable descartó todas las jurisprudencias antes señaladas que se hicieron valer en el escrito contestatorio. Insisto, se hacen valer estas tesis jurisprudenciales, así como todas y cada una de las que se hicieron valer por mi mandante en la litis del juicio, aplicables totalmente al presente caso y que no deja lugar a dudas que la autoridad responsable no entendió ni razonó las pretensiones deducidas en el juicio, pues se insiste que mi mandante jamás ha negado la aplicabilidad en favor de los jubilados, de la cláusula 396 de la cual siempre les ha otorgado lo que la misma establece, pero se insiste que los actores jamás demandaron dicha cláusula, sino lo que pretendieron fue el reclamo de la cláusula 386, inaplicable a los terceros perjudicados, tratando estos últimos de relacionarla con la cláusula 396, razón por la cual es claro y evidente que la autoridad responsable se confundió al leer el texto de dichas disposiciones contractuales y más aún al razonarlas, ya que es falso que una cláusula conlleve a la aplicabilidad de la otra, por lo que indebidamente el tribunal del trabajo condena a mi mandante en el considerando tercero que se combate, a incrementar a los actores la pensión jubilatoria a la cifra de N$958.00 nuevos pesos, sin determinar y además sin motivar ni fundamentar el laudo combatido, ya que únicamente y tendenciosamente pretende beneficiar a los terceros perjudicados, quienes confesaron y quedó debidamente acreditado en autos, que éstos ya se encontraban jubilados con anterioridad a la revisión contractual que entrara en vigor a partir del primero de octubre de 1992. Razonado y fundamentado lo anterior, por lo que solicito que tomando en cuenta las tesis de jurisprudencia que hiciera valer mi mandante, tanto en el escrito de contestación a la demanda, como en la presente demanda de garantías, así como en la textualidad de la cláusula 386, y de los argumentos esgrimidos por esta representación, ordene ese H. Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, deje insubsistente el laudo impugnado concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal y señalándole a la autoridad responsable que dicte otro en el que se restituya a mi mandante de las garantías constitucionales y legales que le fueron vulneradas, asimismo se hace valer la siguiente tesis de jurisprudencia aplicable al presente caso: 'LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre alguno o algunos de los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.' Jurisprudencia Cuarta Sala, Séptima Epoca, Volumen semestral 151-156, Quinta Parte, página 151. Jurisprudencia Cuarta Sala, Informe 1981, Segunda Parte, tesis 105, página 75, volumen actualizado IV laboral, tesis 1036, página 522. La describe. Jurisprudencia 139, Séptima Epoca, página 142, Vol. Cuarta Sala, Quinta Parte, Apéndice 1917-1975. En tales términos, se deduce que el laudo emitido por la autoridad responsable y que por la presente vía se combate, fue emitido en forma incongruente conforme a los razonamientos expuestos, solicito se conceda a mi representada el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se ordene a la responsable deje sin efecto el laudo que dictó y en su lugar emita otro en el que determine que no es procedente lo reclamado por los actores en su escrito de demanda, como quedó expresado con anterioridad y se absuelva a Ferrocarriles Nacionales de México, de las acciones ejercitadas por los actores.'
"QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte, infundados en otra y en lo demás fundados.
"Del examen de las constancias que integran el juicio natural del que proviene el laudo reclamado, se advierte que los ahora terceros perjudicados, Juan Balleza Flores y Praxedis Guerrero Castillo, demandaron a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México el ajuste de la pensión jubilatoria retroactiva y continua de N$567.55 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE NUEVOS PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL) a N$958.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, conforme a las cláusulas 386 y 396 del contrato colectivo de trabajo suscrito por la ahora quejosa con el sindicato que aglutina a sus trabajadores; asimismo, reclamaron el pago de diferencia mensual de N$390.45 (TRESCIENTOS NOVENTA NUEVOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL) a partir del siete de octubre de mil novecientos noventa y dos. En el capítulo de hechos de su demanda laboral precisaron que el dos de junio de mil novecientos cuarenta y siete, comenzaron a trabajar para la demandada; que el último puesto que desempeñaron fue el de reparador de vía y operario 'A', que tenían un horario variable y que perciben como pensión jubilatoria mensual la cantidad de N$567.55 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE NUEVOS PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL); de igual modo, señalaron que se les está otorgando una pensión menor a la establecida por la cláusula 386 del contrato colectivo de trabajo que asciende a N$958.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), contrario a lo dispuesto por la cláusula 396 del contrato colectivo de referencia, ya que con fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, hubo un aumento a la jubilación, el que hasta la fecha no se les ha hecho efectivo y que el tope de la jubilación mensual es de N$958.00, razón por la cual reclaman la jubilación mencionada y el pago de diferencias aludido.
"Por su parte, la peticionaria de garantías dio contestación a los hechos expuestos por los actores en su demanda laboral y en lo que aquí interesa dijo: 'que es falso y tendencioso lo expuesto por los obreros ya que las cláusulas 386 y 396 del pacto laboral no les son aplicables por regir un contrato colectivo de trabajo actual y no con el pacto contractual' que estaba vigente en la época en que obtuvieron el beneficio de su jubilación, agregando que es verdad que con fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, circuló un oficio firmado por el secretario de la Sección 36 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en el que se comunicaba a sus agremiados, que a todos los trabajadores activos y jubilados se les había aumentado un once por ciento de sus salarios y pensiones respectivamente, mencionándose en dicha comunicación lo inherente a un tope de jubilación para todos los que obtuvieran el beneficio de la jubilación a partir del primero de octubre de mil novecientos noventay dos, 'y no así los que se jubilaron con anterioridad'; asimismo, la demandada expuso que los actores pretenden confundir a la Junta dándole una incorrecta interpretación al oficio de mérito, indicando además que éstos recibieron el beneficio del aumento del 11% a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, respecto de lo cual nada dijeron en su demanda laboral.
"Establecido lo anterior, por razón de método, se examina en primer término el concepto de violación relativo a la violación procesal consistente en que la Junta responsable, sin fundamentación ni motivación alguna, desechó el incidente de incompetencia que le fue planteado por la quejosa. En efecto, lo que al respecto se aduce resulta inoperante, pues como puede apreciarse de la demanda de garantías, el quejoso no combate lo considerado por la autoridad responsable para decretar el desechamiento de que se habla, sino que prácticamente aduce lo mismo que se hizo valer al promover el incidente de competencia, sin referirse para nada a lo estimado por la Junta referente a que los obreros en ningún momento pretenden la modificación del clausulado del contrato colectivo de trabajo, sino que éstos quieren la aplicabilidad de las cláusulas de dicho contrato para obtener el aumento de la pensión jubilatoria de que vienen disfrutando, razón por la cual, como ya se dijo, lo que se arguye es inoperante, y a mayor abundamiento, cabe agregar que el desechamiento en mención sí está debidamente fundamentado y motivado como puede advertirse de su lectura (foja cuarenta y cinco), pues se cita no sólo el precepto de la ley laboral en que se apoyó la Junta para decretarlo, sino también se dan las consideraciones en que se basó para proceder de esa manera.
"En cuanto al desechamiento de la prueba de inspección, lo que se alega es infundado, toda vez que como bien lo estimó la Junta al desechar dicha probanza, ésta resulta intrascendente, pues como puede verse del escrito donde se ofreció (fojas treinta y nueve y cuarenta), los aspectos que se pretendían acreditar fueron: 'Que los actores tenían hasta el 30 de septiembre de 1993, una pensión de N$522.72 mensual respectivamente.- 2. Que a partir del 1o. de octubre de 1993, tuvieron un incremento del 7.9% a su pensión jubilatoria.- 3. Que a partir del 1o. de octubre de 1993, perciben una pensión jubliatoria de N$567.55 mensuales respectivamente.- 4. Que el Sr. Juan Balleza Flores, obtuvo el beneficio de su jubilación en el mes de febrero de 1986.- 5. Que el Sr. Praxedis Guerrero Castillo, obtuvo el beneficio de su jubilación en el mes de abril de 1983.'; lo anterior pone de manifiesto su intrascendencia pues ni el monto de la jubilación que tenían los actores hasta el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres, ni la fecha a partir de la cual hubo un incremento del 7.9 por ciento a la pensión jubilatoria, ni la fecha en que se le empezó a pagar a los obreros las cantidades que últimamente estaban percibiendo y menos aún la fecha en que se les jubiló, fueron motivo de controversia, de ahí que el proceder de la responsable es correcto y no lesiona las garantías individuales de la quejosa.
"En cambio, es fundado lo que alega la promovente de la acción constitucional referente a que la Junta responsable actuó incorrectamente al considerar que resulta aplicable a los obreros la cláusula 386 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre aquélla y sus trabajadores y que debía incrementarse la pensión al tope de novecientos cincuenta y ocho nuevos pesos.
"En efecto, como puede advertirse de autos del juicio laboral, la suma de novecientos cincuenta y ocho nuevos pesos de que se habla se estableció ciertamente como tope máximo de las pensiones que la empresa otorgara al personal de escalafón que fuera jubilado a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, como así se desprende de la documental que en copia simple se encuentra a foja cuarenta y uno del juicio natural, la cual fue ofrecida por la demandada y no fue objetada en cuanto a su autenticidad por los actores, y como de los propios autos se desprende también que estos últimos fueron jubilados, Juan Balleza Flores, en el mes de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, y Praxedis Guerrero Castillo, en el mes de abril de mil novecientos ochenta y tres (foja treinta y uno), o sea, con anterioridad al primero de octubre de mil novecientos noventa y dos citado, por esa razón debe estimarse contrario a lo razonado por la Junta, que la cláusula en comento no resulta aplicable en beneficio de los terceros perjudicados y menos aún puede tomarse como base para incrementar la suma que por concepto de jubilación vienen disfrutando hasta el tope máximo de novecientos cincuenta y ocho nuevos pesos, como realmente fue su pretensión, pues se insiste, tal cantidad de dinero se refiere a un logro sindical con vigencia a partir de la fecha ya mencionada (primero de octubre de mil novecientos noventa y dos), pero no para quienes fu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4143-268e8a99/ferrocarrileros-jubilados-aplicabilidad-de-las-clausulas-386-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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