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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN LAS TERCERIAS DERIVADAS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROCEDE LA CONDENA DE CONFORMIDAD AL CODIGO DE COMERCIO. COSTAS. TERCERIAS DERIVADAS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE LA CONDENA CONTRA EL QUE OBTIENE UN RESULTADO ADVERSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/96. · Registro digital (IUS): 3790
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 97.

CONTRADICCION DE TESIS 1/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 320/95, promovido por David Cristóbal Alvarez Bernal, sustentó las siguientes consideraciones.

"QUINTO. Es fundado pero inoperante uno de los conceptos de violación e infundados los restantes motivos de inconformidad.

"Previamente se debe establecer que de las constancias que integran el toca de apelación número 1284/94, relativo al recurso de apelación interpuesto por David Cristóbal Alvarez Bernal en contra de la resolución de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de esta Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, en la tercería excluyente de dominio que el mencionado abogado promovió en el citado juzgado, en relación al juicio ejecutivo mercantil número 2644/93, respecto del embargo trabado en ese juicio sobre el numerario que Banca Serfín, Sociedad Anónima antes Sociedad Nacional de Crédito, consignó en favor de Eustaquio Leyva Mejía, como pago de las costas de ambas instancias a que fue condenado en la sentencia emitida por la Sala responsable el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres, en el toca 761/91, resolución que fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria recaída en el juicio de amparo 301/92, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de este mismo Décimo Segundo Circuito, que otorgó el amparo a los quejosos Eustaquio Leyva Mejía y Evangelina Quintero de Leyva.

"También se aprecia que Eustaquio Leyva Mejía y Evangelina Quintero de Leyva, respectivamente el diez de junio de mil novecientos noventa y tres, formularon las correspondientes planillas de gastos, integrándose el incidente de regulación de costas, dictándose la resolución correspondiente el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: `PRIMERO. Se aprueba la regulación de costas formulada en lo general, con la modificación a que se alude en el considerando II (segundo) de esta resolución. SEGUNDO. Se declara que la liquidación de sentencia por lo que respecta a costas es por la cantidad de $15,003.00 (QUINCE MIL TRES NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de honorarios profesionales, misma que deberá pagar BANCA SERFIN, SOCIEDAD ANONIMA, por partes iguales a EUSTAQUIO LEYVA MEJIA y EVANGELINA QUINTERO DE LEYVA, para lo cual se le concede el término de tres días para su cumplimiento voluntario. TERCERO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.' (fojas 296 frente y vuelta del legajo que integran las copias fotostáticas debidamente certificadas del juicio ejecutivo mercantil 2347/89).

"Esta resolución fue materia de impugnación por la parte demandada en el juicio y promovente de los incidentes.

"El Juez de la causa el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, ordenó requerir a la parte actora Banca Serfín, Sociedad Anónima, por la cantidad de quince mil tres nuevos pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de costas y gastos a que fue condenada en la interlocutoria a que se hizo referencia, autorizando el embargo respectivo. En diligencia de catorce de octubre del año antes mencionado, el actuario primero de ese Juzgado acompañado del apoderado de Evangelina Quintero de Leyva, se constituyó en el domicilio social de la institución de crédito, requiriéndola por conducto de su apoderado por el pago de la cantidad que por concepto de costas se le había fincado, haciéndose en ese acto pago del numerario correspondiente a la demandada Evangelina Quintero de Leyva (fojas 315).

"Obra también a fojas trescientos veintiuno frente, la razón que el secretario primero del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Partido Judicial asentó, para hacer constar que el actuario de ese mismo Juzgado, en cumplimiento al auto de exequendo pronunciado en el diverso juicio ejecutivo mercantil número 2040/93, promovido por la misma institución bancaria en contra de Eustaquio Leyva Mejía, declaró formal y legalmente embargado el crédito que tiene a su favor el mismo demandado Eustaquio Leyva Mejía de siete mil quinientos un nuevos pesos cincuenta centavos moneda nacional que por concepto de costas se obligó a pagar a la institución de crédito, en la interlocutoria de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

"El veintidós de octubre de ese mismo año el Juez de la causa emitió el siguiente proveído: Mazatlán, Sinaloa, a 22 (veintidós) de octubre de 1993 (mil novecientos noventa y tres). A sus autos el escrito y anexo de cuenta. Téngase por presentado a CARLOS CONSTANDSE ROMO, con su escrito número 13722, en su carácter de apoderado de la parte actora, BANCA SERFIN, S.A. antes S.N.C., personalidad que tiene debidamente acreditada en auto del presente juicio, consignando la cantidad de: $7,501.50 (SIETE MIL QUINIENTOS UN NUEVOS PESOS 50/100 M.N.) a través del cheque de caja 11777587, resguardado por el recibo de caja número 109370, por concepto de las costas a que se obligó a pagar a la parte demandada EUSTAQUIO LEYVA MEJIA, en el punto resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de fecha 21 (veintiuno) de septiembre pasado. Ahora bien, y en virtud de que de la constancia que fue levantada con fecha 19 (diecinueve) de octubre de los corrientes por el C. secretario primero licenciado MANUEL BOUSIEGUEZ LIZARRAGA, y con la cual se da cuenta al titular de este Juzgado, se advierte que el crédito antes mencionado y que corresponde a la parte demandada EUSTAQUIO LEYVA MEJIA, fue embargado por el C. actuario primero del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, JOSE SANTOS ZAMUDIO LIZARRAGA, con motivo del juicio ejecutivo mercantil número 2400/93, promovido por BANCA SERFIN, S.A., en contra de EUSTAQUIO LEYVA MEJIA, con lo que se ordena retener por este Juzgado la cantidad consiguiente por la parte actora, para los efectos del artículo 541, del Código de Procedimientos Civiles supletorio del Código de Comercio, previa comunicación que se haga a través del oficio correspondiente al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil; mientras tanto en acatamiento a la Ley Orgánica para la Administración de Justicia, se ordena remitir el cheque de caja para su inversión. NOTIFIQUESE. (fojas 321 frente y vuelta).

"La tercería excluyente de dominio se registró bajo el número 2644/93, y fue resuelta el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, declarándola improcedente por estimar que el promovente de la tercería no resulta ser el propietario del crédito, ni demostró tener el dominio del objeto del secuestro cuyo levantamiento pretende (fojas 232 a 234) del expediente formado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad de Mazatlán, número 493/94 cuyo trámite fue declarado insubsistente por este Primer Tribunal Colegiado, para dirimir la controversia constitucional como amparo directo.

"La anterior resolución fue materia de apelación, integrándose el toca número 1284/94, cuya sentencia constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, y que confirmó la sentencia interlocutoria de primera instancia, que declaró improcedente la tercería excluyente de dominio promovida por David Cristóbal Alvarez Bernal, por considerar esencialmente que la planilla de pago de las costas en el expediente 2347/89, no fue regulada directamente por el profesionista, ni se solicitó, que la citada condena se dictara a su favor y que tampoco hubo cesión de derechos de las mismas en su beneficio, concluyendo finalmente que el embargo del importe de las costas reclamadas por el tercerista, se encontraban en dominio del señor Eustaquio Leyva Mejía y no del licenciado David Cristóbal Alvarez Bernal a quien dejó a salvo sus derechos para reclamar el pago de sus honorarios a su cliente Eustaquio Leyva Mejía en el supuesto de que se le adeudaran.

"En la demanda de garantías el quejoso alega violación a los artículos 14 y 16 constitucionales e insiste en el derecho que le asiste a obtener el pago por sus servicios profesionales, así como el derecho sobre el numerario consignado por el Banco actor en favor del señor Eustaquio Leyva Mejía por conceptos de costas.

"Ahora, analizando el primero de los conceptos de violación, que se hace valer en relación a lo argumentado por la Sala responsable en el sentido de que la regulación de costas sólo puede comprender los gastos que el beneficiado hubiere anticipado y que no pueden incluirse en la planilla las erogaciones que aún no ha efectuado, se advierte que tal concepto de violación resulta fundado pero inoperante. En efecto, es verdad que tal como se sostiene en la demanda de garantías que la doctrina se ha pronunciado en el sentido de que las costas tienen por objeto resarcir al litigante en cuyo favor se decreten, de todos los gastos que hubiere hecho en el litigio en que se vio obligado a comparecer, independientemente de que los hubiera anticipado o deba posteriormente cubrirlos, resultando exactamente aplicable las ejecutorias que a ese respecto se transcriben en la demanda de garantías, las que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas; sin embargo como ya se señaló la planilla de costas presentada por Eustaquio Leyva Mejía ya fue materia de aprobación por el Juez de instancia y de análisis en su momento oportuno por el ad quem, luego a nada práctico conduciría declarar insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado a fin de que la Sala analizara de nueva cuenta el agravio, acorde a los razonamientos expuestos, pues aun cuando considerara en la nueva resolución que las costas no sólo comprenden los gastos que se hubieran anticipado sino también los que debe posteriormente cubrir el beneficiario con la condena, seguramente la autoridad responsable concluirá que el tercerista aquí quejoso no acreditó su derecho para ejercitar la tercería excluyente de dominio, dado que la condena en costas no fue dictada a su favor ni hubo cesión de derechos de las mismas en su beneficio.

"Tiene aplicación, en lo conducente la jurisprudencia número 445 visible en las páginas 783 y 784 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988 que a la letra reza:

"`CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por emisión esgrimidas al respecto por el quejoso, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión debatida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre el estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de los que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado'.

"El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de los conceptos de violación que se analizarán en conjunto por su íntima relación, son infundados.

"En efecto, el derecho que el licenciado David Cristóbal Alvarez Bernal tiene de percibir el pago de sus honorarios por los servicios legales prestados a Eustaquio Leyva Mejía, demandado en el juicio ejecutivo mercantil 2347/89, no es materia de la litis, así como tampoco la obligación del citado demandado a cubrirlas, pero ese derecho por sí solo es insuficiente para justificar la titularidad o derecho de propiedad necesario para ejercitar la tercería excluyente de dominio sobre el numerario que para cubrir las costas causadas en el indicado juicio ejecutivo mercantil 2347/89, consignó en favor del demandado en el juicio el Banco actor, ni impedía a esta instancia, el señalar ese crédito para garantizar las prestaciones que en un diverso juicio ejecutivo mercantil exigía al mismo demandado, porque ese derecho se lo otorga la fracción II, del artículo 1395, del Código de Comercio que a la letra dice:

`Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: .II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del acreedor; ...'

"Luego, si en el momento de practicarse la traba real sobre el crédito decretado a favor de Eustaquio Leyva Mejía, en el juicio ejecutivo mercantil 2347/89, se encontraba en su domicilio y no del licenciado David Cristóbal Alvarez Bernal, ni existió cesión de derecho a su favor, se debe estimar que no existía imposibilidad jurídica alguna para que el acreedor en el momento del embargo señalara como uno de los bienes para garantizar el adeudo, el crédito que por concepto de costas obtuvo el demandado en un diverso juicio, lo que de ninguna manera implica que por ser precisamente la institución de crédito la condenada al pago de las costas, la actora en el juicio en el que se embargó ese crédito se reembolse el numerario, porque éste si bien ingresó de nueva cuenta a su patrimonio, fue con el objeto de cubrir parte de un diverso crédito que en favor de la institución adeuda el señor Eustaquio Leyva Mejía.

"Por último contrario a lo alegado por el promovente del amparo, la Sala responsable, correctamente lo condenó al pago de las costas causadas en ambas instancias, relativas al trámite de la tercería excluyente de dominio, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por lo que, si el actor de la tercería y apelante, no obtuvo sentencia favorable en ninguna de las dos instancias, es correcto que se le condene al pago de las costas de ambas instancias ya que por `condenado' se entiende no sólo el demandado que pierde el juicio, sino también el actor que no obtiene sentencia favorable.

"Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 542 y 544 del Apéndice antes mencionado, visibles en las páginas 928 y 936 que por su orden y a la letra rezan:

`COSTAS. Debe ser condenado en ellas, el que pierde el litigio en ambas instancias.'

`COSTAS, CONDENA EN. Conforme a una recta inteligencia del término `condenado' que emplea el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal deben imponerse las costas de ambas instancias a quien resulte vencido o no obtenga en dos sentencias totalmente coincidentes entre sí, aunque la primera no condene a costas y sin que importe que el vencido sea el actor o el demandado.'

"En virtud de lo anterior y al no advertir que haya habido en contra del quejoso ninguna violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa de conformidad con el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negarle el amparo y protección solicitados."

TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 97/92, promovido por Juan José Jorge Múñoz Aranda, consideró lo siguiente:

"QUINTO. Es infundado el concepto de violación que se aduce.

"Según se advierte del considerando segundo de esta ejecutoria, en que se sintetizaron los antecedentes del acto reclamado, el quejoso, demandado en el juicio de origen, fue absuelto en la sentencia de primera instancia, en relación a la tercería excluyente de preferencia tramitada por el aquí tercero perjudicado.

"Al resolverse la apelación que interpuso el actor tercerista, en contra de la anterior, la Sala responsable emitió la sentencia que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, en la que se confirmó en todas y cada una de sus partes la de primera instancia.

"Ahora bien, se alega que la responsable debió condenar al actor al pago de las costas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio.

"La disposición legal invocada, establece que: `La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: .IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.'

"En opinión de este Primer Tribunal Colegiado, no asiste razón al quejoso en lo que alega, pues si bien es cierto que en el caso, tanto la sentencia de primera instancia como la que ahora se reclama, son conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin embargo, no existió condena alguna en ellas, y por lo tanto, es inaplicable la disposición transcrita.

"Efectivamente, es importante destacar, que la tercería excluyente de preferencia, por su propia naturaleza, ocasiona que la sentencia que la resuelve sea de carácter declarativo, es decir, reconociendo o desconociendo el mejor derecho que se aduce sobre el opositor. Contrariamente a las sentencias de condena, en aquéllas no se conmina a la parte que perdió, a cumplir con determinada obligación o abstenerse de perturbar la propiedad, posesiones o cualquier otro derecho del otro.

"Así las cosas, resulta que es infundada la pretensión del quejoso, en el sentido de que el tercero perjudicado debe ser obligado a pagar las costas del juicio de origen, basándose en lo que dispone el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, pues, se insiste, dicha disposición se refiere a aquellos casos, en que la parte que no obtuvo sentencia a su favor, es condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, y en el que nos ocupa, el tercero perjudicado no fue condenado, entendiéndose por ello, como se dijo, la obligación de hacer o cumplir con la prestación demandada, o de no hacer o abstenerse de perturbar el derecho del opositor, ya que la sentencia reclamada se limitó a desconocer el mejor derecho que hizo valer el tercero perjudicado, sobre el quejoso, respecto a determinados bienes embargados, o sea, que sus efectos son sólo declarativos.

"En vista de lo anterior, procede negar al quejoso el amparo y la Protección Federal impetrados."

CUARTO. El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo que se ha hecho mérito, pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, en tanto que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito sostiene que de conformidad al artículo 1084, fracción IV del Código de Comercio, si el actor de la tercería no obtuvo sentencia favorable en ninguna de las dos instancias, es correcto que se le condene al pago de las costas de ambas instancias, ya que, por condenado se entiende no sólo al demandado que pierde el juicio, sino también al actor que no obtiene sentencia favorable; por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito considera que en la tercería excluyente de preferencia, no es aplicable lo dispuesto por el numeral invocado, pues ésta se refiere a aquellos casos, en que la parte que no obtuvo sentencia a su favor, es condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, y la tercería por su propia naturaleza, ocasiona que la sentencia que la resuelve sea de carácter declarativo, es decir el tercero perjudicado (actor), no es condenado.

O sea como puede observarse, las resoluciones que se analizan, se refieren a un problema de similar naturaleza, y aunque para arribar a un sentido contrario dichos Tribunales abordaron cuestiones diferentes, se aprecia que de lo sostenido en las sentencias sobre un punto común como lo fue si es procedente o no la condena de costas en el juicio relacionado a las tercerías cuando el actor pierde en ambas instancias, se deriva una contraposición de criterios, pues mientras para el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito lo resuelto en el juicio de tercerías para la parte que pierde en las dos instancias respecto a las costas implica que fue condenada, para el otro órgano jurisdiccional contendiente no, con lo que partiendo de este enfoque, se estima que sí existe materia para resolver en la contradicción denunciada.

QUINTO. Antes de entrar en materia cabe destacar que en los presentes autos aparece la razón asentada de que a la Procuraduría General de la República, mediante la Dirección General de Amparo, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y seis, se le dio a conocer la contradicción de tesis de mérito.

El artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

En la especie, los treinta días para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la contradicción a estudio, comenzaron a correr el once de marzo de mil novecientos noventa y seis y terminaron el veinticuatro del mes siguiente (descontados por inhábiles los días 16, 17, 21, 23, 24, 30, 31 de marzo y 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21 de abril).

Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal, su parecer en relación a la presente contradicción de tesis, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en este asunto, en virtud de que la facultad que le concede el artículo acabado de transcribir es potestativa y no obligatoria, lo que implica, que procede se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

SEXTO. Es importante puntualizar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó una tesis, consultable en la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 67, visible en la página 21, de la Cuarta Parte, que dice: "COSTAS EN LA TERCERIA. Las Tercerías no están comprendidas en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, aunque sean incidentes del juicio mercantil ejecutivo, y por lo mismo no es aplicable esa fracción por lo que respecta a la condenación en costas." de lo que se sigue que si la fracción III, del numeral 1084 del Código de Comercio contempla en qué clase de juicio y los motivos por los que es factible la condenación en costas, entonces, es obvio que el criterio transcrito se refiere a la procedencia del pago de costas en las tercerías derivadas de un juicio ejecutivo mercantil, cuestión que si bien es cierto no fue involucrada en las sentencias materia de la contradicción por los Tribunales contendientes, es indispensable que previamente y, de oficio se analice, porque de seguir vigente lo sostenido en la tesis transcrita, esto es, que no es procedente el pago de costas en las tercerías que se promuevan con relación al juicio mercantil ejecutivo, haría ocioso emprender el estudio de la presente contradicción de tesis, en la que dicho sea de paso, los dos asuntos se originan en tercerías que emergen de juicios mercantiles ejecutivos.

Es conveniente aclarar que el artículo sexto transitorio de la reforma de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero del año siguiente, establece:

"La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que entren en vigor las reformas y adiciones que contienen el presente Decreto, en las materias cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo a las propias reformas, podrá ser interrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito."

Lo dispuesto por la norma transcrita posibilitó que los Tribunales Colegiados al pronunciar las ejecutorias descritas implícitamente se apartaran de la tesis que sustentó la entonces Tercera Sala de este máximo tribunal antes de que entrara en vigor la reforma aludida, de ahí que, enla especie se cuenta con la posibilidad de determinar cuál es el criterio de los Tribunales Colegiados involucrados en la contradicción en comento que debe subsistir; existe también la oportunidad de examinar la propia tesis emitida por la entonces Tercera Sala que se citó líneas arriba, que, por razones de temporalidad los Tribunales Colegiados no se encuentran obligados a observar.

SEPTIMO. Esta Primera Sala no comparte el criterio de la entonces Tercera Sala, lo que lleva a interrumpir la tesis que aparece publicada en la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 67, visible en la página 21, de la Cuarta Parte de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo.

Para respaldar esta postura es menester remontarnos a la intención del legislador de establecer el pago de costas y procesalmente hablando qué significa una tercería excluyente (de dominio o preferencia).

En la materia mercantil la regulación de las costas se encuentra prevista en los siguientes artículos, que literalmente disponen:

"ART. 1081. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio.

"ART. 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva; en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, sino cuando fuere agente de negocios titulado, ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando él mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.

"ART. 1083. En los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan de abogado; pero si lo ocupan y hay condenación en costas, sólo se pagarán al abogado con título.

"ART. 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

"Siempre serán condenados:

"I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados:

"II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornos;

"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente:

"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.

"ART. 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado.

"ART 1086. Presentada la regulación de las costas al Juez o tribunal ante el cual se hubieren causado, se dará vista de ella por tres días a la parte condenada, para que exprese su conformidad o inconformidad.

"ART. 1087. Si nada expusiere dentro del término fijado la parte condenada, se decidirá el pago. Si en el término referido expresare no estar conforme, se dará vista de las razones que alegue a la parte que presentó la regulación, la que dentro de igual término contestará a las observaciones hechas.

"ART. 1088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al artículo anterior, el Juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro del tercer día. De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación.

"ART. 1089. Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros funcionarios no sujetos a arancel fueren impugnados, se oirá a otros individuos de su profesión. No habiéndolos en la población de la residencia del tribunal o Juez que conozca de los autos, podrá recurrirse a los de los inmediatos."

Como puede observarse para la condenación en costas se siguen dos criterios esenciales:

a). El sistema subjetivo, conforme al cual sólo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se hubiese conducido en el proceso con "temeridad y mala fe", en este supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta reprobable asumida dentro del proceso por alguna de las partes con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el juicio.

b). El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de costas a la parte que haya sido vencida en juicio.

El sistema adoptado por el Código de Comercio en materia de costas, combina para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relación con el sentido de la sentencia, principios que influyen para apreciar que la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones en que haya incurrido por razón del desarrollo del proceso.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3790-6f71eb34/costas-en-las-tercerias-derivadas-de-un-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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