TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABAJO. SU CALIFICACION TECNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IMPUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.
CONTRADICCION DE TESIS 1/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 9713/95 promovido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la parte que nos interesa para la presente contradicción, señaló:
"PRIMERO. La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado y el expediente laboral remitidos por la responsable. SEGUNDO. El quejoso hace valer los siguientes conceptos de violación: 'PRIMERO. La resolución que se combate en esta vía constitucional causa agravio a mi representado, en virtud de que al resolver en los términos detallados en el apartado correspondiente a actos reclamados, se condena en el tercer resolutivo a reconocer que la C. Teresa Justina González Sánchez, se encuentra con los padecimientos de producto de riesgo de trabajo, calificando como sí de trabajo, consistentes en permanente secundario a espondilolistesis, listesis de L5/S1 con compresión radicular, espondilolistesis grado IV L5 S1 con compresión radicular, artrodesis posterior dolos sacro lumbar incapacitante, así como a otorgarle y pagarle las valuaciones consistentes en un 35%, 40% y 50% de incapacidad permanente parcial y a reconocerle como consecuencia de las prestaciones anteriores una incapacidad permanente total, en los términos precisados en el tercer considerando de la presente resolución, redundando esto en un verdadero perjuicio en el patrimonio del instituto, y sin que en la tramitación del juicio se haya dado cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y fundado y motivado su causa legal. En efecto, la responsable no atendió a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, que ordena que «nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho», habida cuenta de que pasa por alto su propia determinación precisada en la parte final del tercer considerando del laudo del 6 de febrero de 1995, en el que estimó que deben dejarse a salvo los derechos de la actora, para que ésta acuda ante la dependencia correspondiente del ISSSTE, para que le evalúen y dictaminen esos padecimientos posteriores al accidente de trabajo, por carecer la responsable de los elementos y conocimientos técnicos para hacer una valoración médica respecto de dichos padecimientos que la actora dice tener. Sin embargo, la responsable, en franca contradicción e incongruencia y en agravio de las garantías individuales de mi representado, violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, al revocar el contenido de su propia determinación del 6 de febrero de 1995, ya citada, dictando un nuevo laudo que es el que se combate y en el que condenó al instituto a reconocer que la C. Teresa Justina González Sánchez se encuentra con los padecimientos de producto de riesgo de trabajo y al pago de las demás prestaciones señaladas en el mismo. SEGUNDO. En el laudo que se combate, la responsable dejó de analizar y omitió valorar conforme a derecho las pruebas ofrecidas por el instituto y sin invocar jurisprudencia alguna que apoyara su razonamiento y que la llevaran a condenar a mi representada en el tercer punto resolutivo citado. En efecto, puede apreciarse que la responsable no se abocó al estudio, análisis y valoración de las pruebas admitidas a mi representada, relacionadas con todas y cada una de las excepciones y defensas que hizo valer, concretándose solamente en el tercer considerando, tantas veces citado, a hacer su estudio únicamente por lo que hace a la prescripción interpuesta en los términos del artículo 114, fracción I, de la ley de la materia, sin estudiar a fondo todas y cada una de las pruebas de mi representada, como son la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, relacionadas con las excepciones que el instituto hizo valer, como son la falta de materia, la improcedencia de la vía, la de incompetencia y la genérica de falta de acción. Además de dicha omisión y de contravenir su propia determinación de 6 de febrero de 1995, que ordenó en su primer punto resolutivo dejar a salvo los derechos de la actora, para que el instituto evaluara sus padecimientos posteriores al accidente de trabajo por carecer la propia responsable, como ella misma lo reconoce, de los elementos y de conocimientos técnicos para hacer una valoración médica respecto de los padecimientos de la actora, ésta (o sea la responsable) en franca violación al artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, en el tercer considerando dice: del análisis minucioso de las constancias de autos y de las pruebas aportadas por las partes, esta Sala «considera que la confesional a cargo de la trabajadora, carece de valor probatorio, por haber negado la absolvente las posiciones que le fueron formuladas», desestimación de dicha probanza que viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 137 de la ley de la materia, ya que como puede apreciarse del desahogo de la confesional a cargo de la C. Teresa Justina González Sánchez, en la audiencia de reanudación de pruebas y alegatos de 3 de noviembre de 1994, ésta categóricamente contestó a la primera: que sí es cierto que sufrió un accidente el 11 de octubre de 1982; contestando a la segunda: que sí es cierto que el instituto demandado calificó como riesgo de trabajo el indicado en la posición 1 dándolo por terminado sin secuencias valuables (sic); y contestando a la sexta, previa su calificación de legal: que sí es cierto como lo es que goza actualmente de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, siendo ésta una de las consideraciones en que la responsable fundó su decisión en el laudo que se combate; con lo cual claramente se observa que dicha probanza no fue valorada adecuadamente por la responsable, por lo que el amparo que se conceda al instituto en la ejecutoria respectiva, tiene que dejar insubsistente dicho laudo. En apoyo a este razonamiento cita la siguiente jurisprudencia: «CONFESION EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.» (Se transcribe). Tesis de jurisprudencia, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, página 41. Como es el caso de la hoy tercero perjudicado. La responsable, después de desestimar la pericial médica ofrecida por el instituto, por haber sido decretada su deserción, haciendo caso omiso que dicha probanza es de naturaleza colegiada, y haciendo caso omiso de su razonamiento, de la parte final del tercer punto resolutivo, entró al estudio de todas y cada una de las pruebas documentales de la actora, dándole pleno valor probatorio en franca parcialidad, sin tomar en cuenta que mi representado en su escrito de contestación a la demanda, objetó dicho documento en cuanto a su alcance y valor probatorio; no obstante eso, la responsable consideró que de las documentales que precisa, se desprende la presunción legal, en favor de la actora, consistente en que sufre actualmente de los padecimientos derivados del accidente de trabajo que sufrió, sin tomar en consideración la manifestación de la propia actora, al desahogar su confesional, en la que con toda claridad precisó que el instituto calificó como riesgo de trabajo el accidente ocurrido el 11 de octubre de 1982 y que se dio por terminado sin secuelas valuables, asimismo, tampoco tomó en cuenta su propia determinación del 6 de febrero de 1995, en la que reconoce que carece de elementos y conocimientos técnicos para hacer valoración médica respecto a los padecimientos de la actora, por lo que se irroga facultades (sic) para sostener, con base en meras presunciones: «que la trabajadora actualmente presenta secuelas que no fueron contempladas inicialmente, sosteniendo que los padecimientos que aquejan a la ahora tercero perjudicado son directamente derivados del padecimiento calificado como sí de trabajo, concluyendo en perjuicio de mi representado y de su patrimonio, que se debe otorgar a la actora el 35%, 40% y 50% de incapacidad permanente parcial, siendo aplicables, según indica la responsable, los artículos 493 y 494 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que según ésta, se deberá considerar como incapacidad permanente total, dándole valor probatorio pleno a la pericial médica de la actora, no obstante que fue objetada en sus términos por mi representado, por lo que se puede apreciar que este razonamiento está lleno de parcialidad en favor de la actora al otorgarle a sus pruebas pleno valor probatorio, como es el caso del dictamen que no obstante que fue expedido en forma unilateral, lo dio por bueno por haberse decretado la deserción de la que le correspondía al instituto, quien tiene a su cargo la ejecución de los dictámenes médicos en los términos de los artículos 36, 38 y 40 de la Ley del ISSSTE, por lo que deja en total estado de indefensión a mi representado.»-Del razonamiento expresado en este concepto, los artículos 493 y 494 invocados por la responsable, resultan inaplicables ya que el primero se refiere a una incapacidad parcial, consistente en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador, para desempeñar su profesión, lo que no se presentó en el caso de la actora, de acuerdo con el dictamen de referencia; y el segundo no obliga al instituto en los términos estipulados en el mismo. Por los motivos antes expresados, es que ese H. Tribunal Colegiado deberá conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y dicte otro en el que, concediendo el justo valor probatorio a las pruebas aportadas por las partes, tome en consideración los razonamientos hechos valer por el quejoso en sus conceptos de violación.'-TERCERO. Son infundados en parte y esencialmente fundados en otra los conceptos de violación que se hacen valer. En efecto, contrariamente a lo que alega el instituto quejoso, la Sala responsable no pudo haber infringido el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, por no darse los supuestos de una aplicación supletoria, pues atender a lo previsto en el precepto en comento sería tanto como la creación de una norma no establecida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debiendo destacarse que lo relativo a aquélla dejó insubsistente el laudo del seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en el que había determinado dejar a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer ante el demandado a fin de que le evaluaran y dictaminaran los padecimientos que ésta afirmó tener, posteriores al accidente de trabajo, ello no fue por decisión propia de la responsable, sino que se debió al cumplimiento que dio a la ejecutoria dictada por este Tercer Tribunal Colegiado en el expediente DT. 4343/95, con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, que concedió el amparo a la trabajadora Teresa Justina González Sánchez, para el efecto de que, dejándose insubsistente el laudo reclamado del seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se resolviera con libertad de jurisdicción, 'la acción ejercitada atendiendo a la controversia planteada como legalmente corresponda' y si de ese nuevo estudio consideró que eran otras las razones que existían para resolver la controversia, nada hay de ilegal en ese proceder; dado que no existe ni motivo ni fundamento que la obligara a proceder o razonar de la misma manera en que lo había hecho con anterioridad. En cambio, es fundado y suficiente el concepto de violación en el que se aduce, en esencia, que la responsable no analizó la excepción de improcedencia de la vía, toda vez que, efectivamente, del acto reclamado no se advierte que la Sala responsable se haya ocupado de resolver lo relativo a la excepción en comento, planteada en el punto II del capítulo de excepciones y defensas, en el sentido de que la trabajadora debió haber cumplido previamente a su demanda lo ordenado en el artículo 36 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante que la misma sí es procedente pues con ello se pone de manifiesto que la acción ejercitada era notoriamente improcedente como se pondrá de manifiesto en seguida: en el capítulo I, del título quinto de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, relativo a 'De los riesgos profesionales y de las enfermedades no profesionales', específicamente en el artículo 110, se previene que: 'Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores se regirán por las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en su caso.', y la primera de estas dos últimas, a su vez, en su artículo 36, fundamento de la excepción, dispone que los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el instituto, estableciendo el procedimiento para lograr ese objetivo, dentro del cual se le da oportunidad al trabajador, en caso de inconformidad con el dictamen emitido por el instituto, de nombrar un perito para que dictamine a su vez y en el supuesto de un desacuerdo entre la calificación del instituto y el dictamen del perito del afectado, el instituto le propondrá una terna, para que entre ellos elija uno; el dictamen de éste resolverá en definitiva y será inapelable y obligatorio para el interesado y para el instituto, lo cual constituye evidentemente un procedimiento en el que se le respeta al interesado la garantía de audiencia, por lo que está obligado a agotarlo, sin que exista algún otro dispositivo en aquel título o en algún otro precepto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que conceda el ejercicio de acción alguna para acudir directamente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a plantear la determinación y calificación de las incapacidades con motivo de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y sí por el contrario aquélla en el citado artículo 36, establece que el dictamen de un perito tercero en discordia que en su caso se llegare a designar resolverá en definitiva, siendo inapelable y obligatorio para el interesado y para el instituto; por lo que es de concluirse que, efectivamente, procede la excepción de improcedencia de la vía, por inexistencia de la acción ejercitada antes de que el riesgo sea calificado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o posterior a que el mismo haya sido determinado técnicamente por éste; luego, al no establecerse en la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional el derecho de los trabajadores burócratas para demandar la calificación por parte de la autoridad laboral de un riesgo de trabajo, que sólo compete al instituto demandado, resulta innegable que los trabajadores al servicio del Estado carecen de fundamento jurídico para ejercitar una acción laboral tendiente a la calificación del riesgo profesional. En consecuencia, al demostrarse que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, por inexacta aplicación de los artículos que de la ley secundaria se invocaron, procede conceder el amparo de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala lo deje insubsistente y, en otro que pronuncie conforme a los lineamientos que le marca esta ejecutoria, determine que es improcedente la acción ejercitada. Dados los efectos para los que se concede el amparo, se hace innecesario analizar los restantes conceptos de violación, en los que se alega indebida valoración de pruebas e inaplicación de los artículos 493 y 494 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de la tesis publicada en la página setecientos setenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.'-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra el acto de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado con fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio laboral número 1145/94, seguido por Teresa Justina González Sánchez en contra del ahora quejoso. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria."
TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1731/92 promovido por Martha Guadalupe Guerrero Castañeda, en la parte que nos interesa para efectos de la presente contradicción, señaló:
"SEGUNDO. La quejosa hizo valer como conceptos de violación los siguientes: 'PRIMERO. La autoridad responsable incurre en defectos de lógica jurídica en perjuicio de las garantías constitucionales que me otorgan los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el laudo que se combate, reconoce que la hoy quejosa se dio de baja por haber quedado incapacitada totalmente por padecer esquizofrenia aguda que la imposibilita mentalmente, es decir, por quedar imposibilitada a discernir adecuadamente, y por otra, asienta que operó la prescripción, incurriendo por tanto en contradicciones, ya que los términos prescriptorios no corren para los incapacitados. Igualmente asienta que las prestaciones solicitadas al ISSSTE son indebidas porque la hoy actora no realizó las gestiones de conformidad al ISSSTE, cosa también absurda ya que la C. Martha Guadalupe Guerrero Castañeda, por estar incapacitada, no está facultada mentalmente para dichos trámites y por lo que respecta a la devolución de las cuotas, fue completamente indebida ya que la aceptación que hizo la actora es nula de pleno derecho de conformidad al mismo dictamen que emitió el ISSSTE. Asimismo, la responsable incurrió en violaciones a lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que la resolución que se combate no fue dictaminada con equidad, justicia y buena fe, ya que no contaba con el dictamen médico para cerciorarse de que el mismo se había realizado en los términos previstos en la Ley del ISSSTE, y en que se fundaba para sostener que la inestabilidad psicoemocional con niveles de conciencia variable identificado como esquizofrenia aguda no es consecuencia de riesgo de trabajo. Asimismo, la responsable ignora que el artículo 123 constitucional, apartado B, como garantía social el derecho (sic) de que los incapacitados sigan gozando de los servicios médicos y pensiones vitalicias, ya que el ISSSTE indebidamente devolvió las cuotas, ya que debió de haber requerido a los representantes legales de la parte quejosa para efectos de seguir teniendo derecho al servicio médico y a su tiempo a la pensión respectiva en el supuesto caso de que la enfermedad no fuera de carácter profesional. Por lo antes expuesto y fundado procede se me conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal en la que se ordene a la responsable a dejar sin efecto la resolución que se combate por no haber operado la prescripción, y se dicte otra en la que teniendo en cuenta las garantías sociales que la ley le otorga a las personas incapaces se califique la esquizofrenia aguda como una dolencia proveniente de un riesgo de trabajo, y por consiguiente se condene al ISSSTE a otorgar la pensión correspondiente, y al C. secretario de Educación Pública a otorgarle a la hoy quejosa actividades correspondientes a su estado sicológico.'-TERCERO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: alega la peticionaria de amparo, que la Sala señalada como responsable incorrectamente declaró procedente la excepción de prescripción opuesta, incurriendo en contradicción al sostener que la actora fue dada de baja por estar incapacitada totalmente al padecer esquizofrenia aguda, la cual la imposibilita mentalmente para el desempeño de sus funciones, siendo el caso que la prescripción no corre para los incapacitados mentales. Lo anterior es fundado, toda vez que en el caso la autoridad responsable indebidamente declaró prescrita la acción de la trabajadora, en cuanto a la indemnización constitucional por despido, en atención a que la propia Secretaría de Educación Pública, al dar contestación a la reclamación formulada en su contra, aceptó que la actora se encuentra incapacitada permanentemente por padecer esquizofrenia aguda, argumentando que por tal motivo dio de baja a la trabajadora (folios setenta y dos a setenta y cinco). Así las cosas, es claro que al haber confesado la parte patronal que a la trabajadora quejosa se le expidió, por parte de la Dirección de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado en San Luis Potosí, dictamen médico en el cual se diagnosticó el padecimiento que presenta, es obvio que la acción de indemnización constitucional no puede prescribir, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en tanto que no se ha discernido su tutela conforme a la ley, al no haberlo estimado así la Sala responsable, incurrió en la violación de garantías individuales alegada. Por otra parte, este tribunal aprecia la existencia de una violación manifiesta a la ley, que dejó sin defensa a la quejosa, y siendo ésta la parte obrera, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se suple la deficiencia de los motivos de inconformidad. En efecto, de las constancias que obran en los autos del juicio laboral, se advierte que la trabajadora reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, el reconocimiento de que sufrió un riesgo profesional consistente en la afección del sistema nervioso que denomina esquizofrenia aguda, que dice le causa incapacidad total permanente, con el fin de obtener el pago de una pensión, lo que encuentra apoyo en el artículo 40, fracción III, de la ley que rige al demandado; la propia trabajadora actora ofreció como prueba de su parte entre otras, la pericial médica, a fin de acreditar que padece esquizofrenia aguda, crisis nerviosa, por riesgo profesional (folio cinco). También de autos consta que la Sala del conocimiento, mediante acuerdo de diecinueve de junio de mil novecientos noventa, desechó la aludida probanza, por considerarla vaga e imprecisa (folios ciento siete vuelta y ciento ocho), de conformidad con el artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Ahora bien, contrario a lo estimado por la autoridad laboral, dicho medio de convicción debe ser admitido puesto que el mismo tiende a acreditar el particular padecimiento que dice la actora tener, así como el origen del mismo, siendo el caso además de que atento la probable incapacidad mental de la trabajadora, la prueba idónea para demostrarla es la pericial médica, mediante la cual los peritos determinarán con base científica la existencia o no del padecimiento aducido y su origen; por lo tanto, al haberse desechado el referido medio probatorio, causó la indefensión advertida y al no haberlo considerado así la Sala responsable, incurrió en las violaciones a las leyes del procedimiento previstas en el artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo. Por último, también aprecia este órgano colegiado que la Sala responsable incorrectamente determinó que era improcedente condenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, de las prestaciones que se le reclamaron, sosteniendo ello en razón de que la actora no acreditó haber acudido ante dicha institución, en términos de los artículos 36 a 40 de la ley que lo rige, a solicitar el otorgamiento de la pensión por riesgo de trabajo, dejando a salvo sus derechos para ello. Efectivamente, tal proceder de la autoridad responsable es contrario a derecho, en atención a que conforme al artículo 38 del citado cuerpo legal, que se encuentra en el título II, capítulo IV, relativo al seguro de riesgos de trabajo, sólo es imperativo para el patrón formular el aviso del posible riesgo de trabajo, pero esto es optativo para el trabajador; en tales condiciones, no es obligación del trabajador acudir previamente ante el demandado a cubrir los requisitos de los artículos 36 al 40, como indebidamente lo señaló la Sala responsable y siendo esto así corresponde a ese Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolver sobre la existencia del reconocimiento del posible riesgo profesional reclamado y acerca de la procedencia de la pensión solicitada, pues es el único facultado constitucionalmente para resolver este tipo de conflictos. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, dicte otro, en el cual, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, desestime la excepción de prescripción opuesta, admita la prueba pericial médica ofrecida por la actora y provea lo necesario para su desahogo y, hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho proceda, en relación con todos y cada uno de los puntos en controversia. Por todo lo antes considerado y fundado, se resuelve: UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Guadalupe Guerrero Castañeda, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el diez de junio de mil novecientos noventa y uno, en el expediente laboral número 2685/89, seguido por la quejosa en contra de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado. El efecto para el que se concede el amparo es el precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria."
CUARTO. De lo antes relacionado, así como de la revisión de constancias que integran el expediente de contradicción de tesis que nos ocupa, se desprende en síntesis lo siguiente:
1. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Teresa Justina González Sánchez, demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las siguientes prestaciones:
"A) El reconocimiento que se haga a favor de la Sra. Teresa Justina González Sánchez, de que se encuentra con los padecimientos de producto de riesgo de trabajo, calificado como sí de trabajo por el demandado por caída hacía atrás y golpe fuerte con dolor intenso en la columna vertebral, en extremidades pélvicas con parestesis bilateral, de predominio izquierdo, espondilolisis y listesis grado II de L5 y secuelas consistentes en permanente secundaria a espondilolistesis, listesis de L5/SI con compresión radicular, espondilolistesis grado IV L5 S1 con compresión radicular, artrodesis posterior, dolor sacro lumbar incapacitante, estas secuelas ligadas al padecimiento producto de riesgo de trabajo. B) En consecuencia, de las secuelas producto de riesgo de trabajo que aconteció en la persona de la actora el reconocimiento, otorgamiento y pago de las valuaciones consistentes en un 35%, 40% y 50% de incapacidad permanente parcial en términos de los artículos 33, 34, 39, 40 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículos 10 y 110 de la ley burocrática, artículos 472, 473, 474, puntos 220 y 404 del artículo 514, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo. C) Como consecuencia de las prestaciones anteriores el reconocimiento y otorgamiento de una incapacidad permanente total, en la aplicación de los artículos 493 y 494 de la Ley Federal del Trabajo."
Como hechos fundatorios de la demanda expresó:
"1. La actora, hasta el mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y dos (sic), laboró en la empresa denominada Centro de Procesamiento 'Arturo Rosenbleuth', de la Secretaría de Educación Pública, donde inició el día ocho de mayo de mil novecientos noventa y tres (sic), con un sueldo inicial de N$1,850.00 (mil ochocientos cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.), con la categoría de empleada 'B', de servicios federales con clave 1107320100.0-A8602000017 como auxiliar de intendencia, con filiación GOST-361015. 2. Con fecha once de octubre de mil novecientos ochenta y dos al estar elaborando (sic) aconteció accidente de trabajo en su persona al estar limpiando el área de baños en su centro de trabajo, estaban remodelando el baño y aconteció caída hacia atrás golpeándose fuertemente por lo que con fecha trece de octubre de mil novecientos ochenta y dos fue trasladada a la Clínica Juárez del ISSSTE, por dolor intenso en columna vertebral, en extremidades pélvicas con parestesia bilateral, de predominio izquierdo, indicándole estudios radiográficos y posteriormente indicándole medicamentos y continuando con citas subsecuentes. 3. Con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres le diagnosticaron en ortopedia espondilolisis y listesis grado II de L5 con informe de accidente personal, le efectúan en el mes de diciembre del mismo a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4181-3ae24e77/trabajadores-al-servicio-del-estado-riesgo-de-trabajo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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