POLICIAS. EL AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU BAJA. POLICIAS. TIENEN INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.
CONTRADICCION DE TESIS 17/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Por cuestión de orden se estudiará primeramente si en la especie existe contradicción de tesis. Con ese propósito, cabe destacar que los actos reclamados que dieron origen a los amparos en revisión a partir de los cuales se denunció la contradicción, son esencialmente iguales, pues en ambos casos se trata de órdenes de baja de elementos que pertenecieron a corporaciones de seguridad pública federal (Policía Judicial Federal y Policía Federal de Caminos). De igual forma, en dichos asuntos se examinó la procedencia del juicio a la luz de los artículos 73, fracciones V y XVIII, y 114, de la Ley de Amparo.
Sin embargo, los tribunales mencionados disienten en cuanto a la solución que debe darse al problema, pues mientras el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que el juicio de amparo sí es procedente, su homólogo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, considera que el juicio es improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción III, del artículo 74 de la ley de la materia.
En este orden de ideas, es claro que los órganos colegiados señalados parten de supuestos similares y llegan a conclusiones opuestas, por lo que debe declararse que sí existe contradicción de tesis.
TERCERO. Con la finalidad de establecer el criterio que debe prevalecer, cabe señalar previamente, que conforme al artículo 197 A de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia debe decidir cuál criterio debe fijarse con carácter de jurisprudencia obligatoria, pero ello no significa que forzosamente tenga que inclinarse por una de las tesis adoptadas por los tribunales federales sustentantes.
En efecto, cuando del examen de las premisas en que se apoyan o de las conclusiones a las que arriban, se llega a la convicción de que no es posible sostener ninguno de tales criterios; esta Segunda Sala debe optar por un tercer criterio, en el que de acuerdo con el análisis lógico y jurídico del problema planteado se proponga la solución que se considere más adecuada, tal y como lo sostuvo la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 4a. XXIII/92, que esta Segunda Sala hace suya, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo X-Agosto, página 234, cuyo rubro y contenido textualmente dicen:
"CONTRADICCION DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PROBLEMA JURIDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197 A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica. Tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir `...cuál tesis debe prevalecer', no cuál de las dos tesis debe prevalecer." PRECEDENTES: Contradicción de tesis 1/91. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Guillermo Loreto Martínez. Contradicción de tesis 24/91. Entre el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Precisado lo anterior, esta Suprema Corte estima que para definir el criterio que debe prevalecer, es necesario, primeramente, aclarar que la naturaleza de la relación que vincula a los miembros de los cuerpos de seguridad pública con el Estado, es del orden administrativo, según lo ha sostenido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, que dio origen a la siguiente tesis:
"CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS, LA RELACION DE ESTOS CON LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LOS INTEGRAN ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber, los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito." Contradicción de tesis 11/94. Ponente: Ministro Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de 11 votos (sic).
Tal aclaración, resulta obligada en la medida que, de la lectura de los fallos en oposición, se infiere que los tribunales federales mencionados coincidieron en señalar, que los elementos de las corporaciones de policía son trabajadores de confianza, lo cual, implícitamente supone que los agentes de policía sostienen con su empleador un vínculo equiparable a la relación laboral; no obstante que su competencia para conocer de bajas de policía, se originó en un criterio que sostuvo lo contrario, esto es, que cuando se trata de elementos de seguridad pública no se entabla una relación laboral sino un vínculo regido por el derecho administrativo, según puede apreciarse de la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración que apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I Primera Parte 1, página 43, bajo el rubro y contenido siguientes:
"POLICIAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón `sui generis'. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal de servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía preventiva del Distrito Federal constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional y por el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas, también administrativas, de la ley y reglamentos que les corresponden y que, por lo tanto, el acto de baja del servicio no es acto de particular sino de una autoridad, razones por las cuales el Juez de Distrito que debe conocer del juicio del amparo que se promueva contra dichos actos es el Juez de Distrito en Materia Administrativa, y no el de Materia Laboral." PRECEDENTES: Competencia 76/87. Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo, en el Distrito Federal. 18 de febrero de 1988. Mayoría de 11 votos de los señores Ministros: de Silva Nava, Castañón León, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero, contra nueve votos de: López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Martínez Delgado, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Fue encargado del engrose el Ministro Juan Díaz Romero; el ponente señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, señaló que las consideraciones de su proyecto constituirían voto particular. Secretaria: Concepción Martín Argumosa.
En efecto, la contradicción se genera esencialmente a partir de la interpretación y alcance que cada uno de los órganos colegiados mencionados concede a la jurisprudencia 9/90 del anterior Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI, Primera Parte, páginas 91 y 92, bajo el rubro y contenido siguientes:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada `TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS' y la tesis de la Segunda Sala (compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada `TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS', debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este alto tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." PRECEDENTES: Varios 6/88. Contradicción de tesis. Entre las sustentadas por la Segunda y la Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 17 de octubre de 1989. Mayoría de doce votos de los señores Ministros: Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, García Vázquez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez; en contra del voto de: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Chapital Gutiérrez y presidente del Río Rodríguez, quienes lo emitieron en favor de la tesis sustentada por la Segunda Sala. Se encargó el engrose al señor Ministro Juan Díaz Romero. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
Sin embargo, en tanto que la relación que rige entre los cuerpos de seguridad pública y sus elementos, no es del orden laboral sino administrativo, según lo ha puntualizado el propio alto tribunal, es evidente que la jurisprudencia P.J. 9/90 no puede ser aplicable al caso de los policías, ya que ello sería tanto como afirmar que existe analogía entre dicha relación administrativa y la relación de trabajo, tesis que ha sido rechazada reiteradamente por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede apreciarse de las tesis anteriormente relacionadas.
Por tanto, carece de apoyo la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto de que los policías no gozan del derecho a la inamovilidad en el empleo y que por ello no tienen interés jurídico para reclamar la orden de baja, puesto que el Tribunal Pleno en ningún momento se ha pronunciado respecto de la falta de acción y derecho para reclamar la reinstalación, por parte de los miembros de cuerpos de seguridad pública, sino únicamente respecto de los trabajadores de confianza.
En este sentido, es oportuno aclarar que aun cuando el artículo 5o., fracción II, inciso 1) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado incluye a los miembros de las policías como empleados de confianza, el Tribunal Pleno al sostener que tal relación es del orden administrativo precisó que dicha disposición es inconstitucional, por lo que no puede servir de base para sostener la conclusión de improcedencia, tal como se advierte del fragmento de la contradicción de tesis número 11/94, que se transcribe a continuación:
"Cierto es que el artículo 5o., fracción II, inciso 1) del mismo ordenamiento, incluye a los miembros de las policías como empleados de confianza, pero igualmente cierto resulta que dicha inclusión es contraria al texto expreso de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 constitucional, que excluye a los miembros de seguridad pública del régimen ordinario aplicable a la generalidad de los empleados públicos y los remite a sus `propias leyes'; por lo tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado carece de fundamento constitucional para clasificar a los agentes de la policía. La única posición constitucionalmente correcta de dicho ordenamiento en relación con tales servidores, es la de excluirlos de su régimen, tal como lo hace en su artículo 8o., junto con los demás grupos apartados por la fracción XIII mencionada."
Luego, al quedar desvirtuada la premisa en que se sostiene la falta de interés jurídico, debe coincidirse con la conclusión sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por cuanto a la procedencia del juicio de amparo, pues aun cuando esta Sala no comparte totalmente las consideraciones en que se apoya dicho órgano jurisdiccional, es evidente que al carecer de aplicación la jurisprudencia P.J. 9/90, de ella no puede obtenerse la improcedencia del juicio de amparo promovido por un elemento de seguridad pública.
Por otra parte, debe advertirse que los tribunales federales mencionados, también sustentan otro punto de contradicción, en cuanto a la aplicabilidad del artículo 114 de la Ley de Amparo.
Efectivamente, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señala que la terminación del vínculo que se establece entre el Estado y sus empleados no encuadra en ninguna de las hipótesis que, en forma limitativa, estableció el legislador para la procedencia del juicio de garantías en el artículo 114 de la Ley de Amparo, mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, considera que no es posible contemplar en forma casuista todas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, añadiendo dicho órgano colegiado, que a su juicio se actualiza el contenido de la fracción II, del artículo 114 de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (...) II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia; (...)."
En virtud de que el punto de contradicción anotado pudiera dar lugar a confusiones posteriores y, con ello, a que se siga denegando la procedencia del juicio de amparo, en tratándose de órdenes de baja reclamadas por agentes de seguridad pública, es conveniente resolver la cuestión.
En este aspecto, asiste la razón al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que ciertamente, ante las características de generalidad, impersonalidad y permanencia de la ley, no es posible que el legislador hubiera podido anticipar de manera casuista, todas cuantas hipótesis de violación de garantías individuales podrían reclamarse en amparo indirecto. De aquí que la finalidad del artículo 114 de la Ley de Amparo, no es agotar el abanico de posibilidades reclamables en la vía indirecta, sino definir parámetros generales de procedencia, dentro de los cuales pueda encuadrar una variada gama de actos de autoridad, susceptibles de combatirse ante Juez de Distrito.
Así pues, la orden de baja de un elemento de seguridad pública, encuadra dentro del género que establece la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que aun cuando dicha fracción no se refiere a la terminación del vínculo que existe entre el Estado y sus funcionarios, en cambio, sí es un acto de autoridad que no proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo y, que por lo tanto, puede ser reclamable ante Juez de Distrito.
Adicionalmente, debe señalarse que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional, los militares marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán con sus propias leyes. De aquí que por regla general, cada corporación de seguridad pública tiene ordenamientos que dentro de la esfera administrativa establecen órganos, disposiciones y procedimientos específicos que permitan el desahogo de inconformidades, audiencias previas, etcétera, que resguardan la legalidad de los actos de autoridad (policías del Distrito Federal, ejército, armada, policías de caminos, entre otros).
En tal virtud, los criterios que deben prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, deben quedar redactados con los siguientes rubros y textos:
POLICIAS. TIENEN INTERES JURIDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.- En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: `POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA', se determinó que la naturaleza de la relación jurídica existente entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado, es del orden administrativo. Asimismo, en la resolución relativa el Tribunal Pleno estableció que es inconstitucional el artículo 5o., fracción II, inciso 1) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por cuanto incluye a los miembros de las policías como empleados de confianza, en contravención a lo previsto expresamente en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal. De lo anterior se sigue que la jurisprudencia 9/90 del propio Pleno de este alto tribunal, visible en las páginas 91 y 92, Tomo VI, Julio Diciembre de 1990, Primera Parte, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es : `TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE', no resulta aplicable en el caso de los miembros de seguridad pública, dado que éstos carecen del carácter de empleados de confianza, y en esa medida, la orden de baja decretada en su contra, constituye evidentemente un acto de autoridad que afecta el interés jurídico de tales agentes y que, por tanto, los faculta para impugnarla en amparo ante un Juez de Distrito.
POLICIAS. EL AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE DECRETA SU BAJA.- Dadas las características de generalidad, impersonalidad y permanencia de la ley, no es posible jurídicamente que el legislador de amparo hubiera señalado de manera particular todas las hipótesis de violaciones de garantías individuales reclamables en amparo indirecto, motivo por el cual en el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo se establecieron reglas generales de procedencia del amparo, susceptibles de impugnarse ante un Juez de Distrito. En este sentido, la orden que decreta la baja de un elemento de seguridad pública, de la corporación a la que presta sus servicios, queda comprendida dentro del supuesto que establece la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo y, por tanto, puede ser reclamada en amparo ante un Juez de Distrito, pues aun cuando dicha fracción no se refiere específicamente al caso en que se reclama la orden de la autoridad acerca de la terminación imperativa del vínculo jurídico que existe entre el Estado y los agentes de seguridad pública, sí alude, en cambio, a la procedencia del amparo en contra de un acto de autoridad que no provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, características que reúne la orden de que se trata.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el amparo en revisión 2838/93 y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito al fallar el amparo en revisión 2136/93.
SEGUNDO.- Se declara que deben prevalecerlas tesis sustentadas en la parte final de esta resolución.
Notifíquese; remítanse de inmediato las tesis que se sustentan en la presente contradicción a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, así como a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo. Asimismo, remítase a la propia Coordinación la parte considerativa de la resolución para su publicación íntegra en el Semanario mencionado. Con testimonio de esta resolución comuníquese a los Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3481-4e98cabf/policias-el-amparo-indirecto-es-procedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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