JUICIO DE NULIDAD. LA DECLARACION DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION, QUE IMPONE LA SANCION PREVISTA EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, Y EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA APLICA, AFECTAN EL INTERES JURIDICO DEL SERVIDOR PUBLICO.
CONTRADICCION DE TESIS 23/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y CUARTO Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 733/95, interpuesto por Roberto Reyes Delgado, con fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y seis dictó la sentencia respectiva, en la que sostuvo el siguiente criterio:
"CUARTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Como antecedentes del presente amparo, se destaca: que Roberto Reyes Delgado presentó demanda fiscal ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, en donde reclamó la nulidad de la resolución consistente en la declaratoria de incumplimiento emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, ahora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y que le fue notificada el veinte de junio de mil novecientos noventa y cuatro, por el subjefe de Recursos Humanos de los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de Zacatecas y en la cual se determinó que el promovente no justificó el incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma su declaración patrimonial.- La Sexta Sala Fiscal mencionada, por acuerdo de doce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se declaró incompetente por razón de territorio y remitió las actuaciones al presidente de la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, quien aceptó la competencia propuesta por auto de ocho de noviembre de aquel año (foja 192). En esta misma fecha, la Sala responsable acordó lo siguiente:-'Torreón, Coahuila a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Visto el escrito del C. Roberto Reyes Delgado, fechado el 14 de julio del año en curso, recibido en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas de este tribunal el mismo día y el 10 de agosto siguiente en la Sexta Sala Regional Metropolitana, ingresado en esta Sala el día 20 de octubre de 1994, demandando la nulidad de la resolución de fecha 1o. de febrero de 1994, emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, mediante la cual se emite declaratoria de incumplimiento.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 23, a contrario sensu y 30, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se desecha la demanda por improcedente, en virtud de que no se da ninguno de los supuestos previstos en la primera de las disposiciones invocadas, al desprenderse de la resolución que señala el actor como impugnada, que la misma se dirige al C. secretario de Salud para que proceda conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el C. Magistrado instructor en el presente juicio, licenciado José Manuel Bravo Hernández, ante la C. secretaria licenciada Iris Méndez Pérez, con quien se actúa.- Doy fe'.- Contra la anterior resolución, el quejoso formuló recurso de reclamación, que fue admitido por auto de treinta de enero de aquel mismo año y resuelto el diez de agosto siguiente, el cual se declaró infundado. Esta determinación constituye el acto reclamado.- Es fundado el argumento del quejoso en el que manifiesta que sí le causa perjuicio en su esfera jurídica patrimonial la resolución de la autoridad demandada en el juicio fiscal, de fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y mediante la cual concluye la secretaría de la entonces Contraloría General de la Federación, que Roberto Reyes Delgado incumplió con su obligación de declaración patrimonial, por lo que se pone en conocimiento del titular de la Secretaría de Salud, para que aplique el artículo 81, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el sentido de dejar sin efecto el nombramiento respectivo.- Para mayor claridad del asunto, se transcriben a continuación los artículos 23 y 30, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; así como los artículos 71, primer párrafo, 73 y 81, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- 'Artículo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:-I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;-II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado;-III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;-IV. Las que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores;-V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.- Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda, que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;-VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;-VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada;-VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal o de los organismos públicos descentralizados federales o del propio Departamento del Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades;-IX. Las que requieren el pago de garantías de obligaciones fiscales a cargo de terceros;-X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía, o acudir ante la instancia judicial competente;-XI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.- Para los efectos del primer párrafo de este artículo las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado'.- 'Artículo 30. Las demandas se distribuirán en las Salas de manera que corresponda igual número a cada Magistrado, quien tendrá la calidad de instructor respecto de las que les sean turnadas, con las siguientes atribuciones:-I. Dar entrada o desechar la demanda o la ampliación, si no se ajustan a la ley'.- 'Artículo 71. Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante el recurso de revocación que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.- La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:-I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;'.- 'Artículo 73. El servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esta ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación.- La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Fiscal de la Federación'.- 'Artículo 81. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:-I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión;-II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo; y-III. Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial, acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción I. Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin efectos el nombramiento respectivo previa declaración de la secretaría. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración contemplada en la fracción III. Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que alude la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año'.- La resolución, cuya nulidad se reclama por el actor fiscal, textualmente dice:-'Por acuerdo de la C. Lic. María Elena Vázquez Nava, secretaria de la Contraloría General de la Federación, me permito comunicarle a esa secretaría, a través de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de la Dirección de Registro Patrimonial y de consultar antecedentes de acuerdo al sistema de control que se tiene instrumentado al efecto, no se encontró constancia alguna que acreditara que el C. Reyes Delgado Roberto quien presta sus servicios en esa dependencia a su digno cargo, haya cumplido con la obligación que establecen los artículos 47, fracción XVIII, 80, 81, fracción III y 83 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el acuerdo que determina a los servidores públicos que deberán presentar declaración de situación patrimonial, en adición a los que se señalan en la ley de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 1990.- En tal virtud, al servidor público de referencia le fue notificado legalmente, en forma personal, el oficio citatorio emitido por la Dirección de Registro Patrimonial, para que dentro de los cinco días siguientes a su recepción, manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera.- Dentro del plazo concedido, el servidor público compareció por escrito manifestando las causas por las que omitió la presentación de su declaración patrimonial.- Consecuentemente, se procedió al análisis del escrito de referencia según el cual no justificó su incumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial, respecto de su actual encargo, toda vez que las argumentaciones expuestas no desvirtúan la infracción administrativa, dado que no constituyen causas válidas que justifiquen dicho incumplimiento, por lo que resultan improcedentes.- Ante tales circunstancias, tomando en consideración que el servidor público se encontraba sujeto a presentar declaración anual de modificación patrimonial, con respecto al cargo que actualmente ocupa, en los términos que se enuncian en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el artículo primero, fracción I, inciso f), del acuerdo que determina a los servidores públicos que deberán presentar declaración de situación patrimonial, en adición a los que se señalan en la ley de la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 1990, obligación que no cumplió y demuestra su inobservancia a este precepto, y en atención a que transcurrió con exceso el plazo otorgado por la ley para presentar la declaración de situación patrimonial, sin que obre constancia en esta secretaría del cumplimiento de tal obligación, con fundamento en los artículos 32 bis, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 79, 80, 81 y 83, fracciones II y X, del reglamento interior de la secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1989; así como el acuerdo antes mencionado en área de la secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 1985, y toda vez que del escrito del servidor público no se acreditó la causa justificada de su omisión, procede emitir declaratoria de que el C. Reyes Delgado Roberto incumplió con su obligación de presentar su declaración anual de modificación patrimonial, respecto del encargo de inspector sanitario.- Lo que me permito hacer de su conocimiento, para los efectos de la aplicación del artículo 81, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el sentido de dejar sin efecto el nombramiento respectivo'.- Este tribunal disiente del criterio que se invoca en la resolución reclamada y en la que expone la Sala Fiscal responsable que la resolución dictada por la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que concluye que el actor fiscal incumplió con su obligación de declaración patrimonial y comunica a la secretaría donde presta sus servicios el funcionario, que aplique el artículo 81, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, constituye únicamente una resolución administrativa preparatoria, pues según afirma, no es sino hasta que se aplique en concreto al funcionario la sanción, cuando éste pueda impugnar la resolución correspondiente.- Lo infundado de lo anterior, deviene de que si bien es cierto en la administración pública se emiten una diversidad de actos administrativos, este tribunal considera que sí afecta el interés jurídico del quejoso, la determinación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que comunica al titular de una dependencia, aplique la sanción prevista en el artículo 81, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, principalmente, por las siguientes consideraciones.- En primer término, la resolución de la Secretaría de la Contraloría constituye una auténtica resolución definitiva, ya que culminó el procedimiento iniciado con fundamento en los artículos 3o., fracción II, y 81, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades invocada (foja 25), y además resolvió la controversia planteada en dicho procedimiento, sobre que no existe en el expediente del quejoso declaración inicial por toma de posesión del encargo actual, ni la modificación que debió presentar en mayo de 1993.- Además, la resolución que se pretende anular contiene la sanción a imponer, según el texto mismo del artículo 81 invocado, transcrito en párrafos precedentes. En tal tesitura, la comunicación referida no constituye un acto preparatorio para la determinación de la inhabilitación, sino una resolución definitiva determinada por la Secretaría de la Contraloría. A mayor razón de que no existe fundamento jurídico para suponer que el superior jerárquico del actor fiscal, tenga opción de controvertir o no ejecutar la resolución de la Secretaría de la Contraloría, que pudiera beneficiar al promovente.- En todo caso, la materialización de la sanción, no será sino la ejecución de la resolución definitiva. Considerar lo contrario, sería tanto como estimar (mutatis-mutandis), que en caso de que sea reclamada en amparo una resolución definitiva, que puso fin a un juicio civil, al declararse desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, se resolviera que el juicio de garantías fuera procedente sólo hasta que se realizaran actos de ejecución de la sentencia.- Además de lo anterior, puede afirmarse que de acuerdo con el artículo 81, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, expresamente refiere que 'si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin efectos el nombramiento respectivo previa declaración de la secretaría'; por lo que es la resolución de la Secretaría de la Contraloría la que determina la sanción aplicable, pues aun cuando si bien (sic) el artículo en comento sólo menciona a la 'secretaría', de acuerdo con el artículo 48 de ese cuerpo legal, para los efectos de esa ley, 'se entenderá por secretaría a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y para los mismos efectos, se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se le atribuya a través de la contraloría interna de su dependencia'.- Es aplicable, a contrario sensu, la tesis visible en la página 209, del tomo XLVIII de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que también se observa en la página 723 de la obra Jurisprudencia por Contradicción de Tesis del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Epoca, Tomo III, Segunda Sala, cuyo texto a continuación se transcribe:-'AUTORIDADES, ACTOS NO DEFINITIVOS DE LAS.- No puede decirse que la resolución de una autoridad tiene carácter de definitiva, si da lugar a una controversia entre ella y otra autoridad, y de la cual muy bien puede esperarse un resultado satisfactorio a los intereses del afectado con dicha resolución, por lo que éste no está obligado a acudir al amparo, antes de que se diga la última palabra, en el orden administrativo, respecto de la cuestión pendiente'.- El anterior criterio fue citado en la resolución de la contradicción de tesis 5/90, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunque se refiere a materia de amparo, se aplicó para determinar lo que debería entenderse por resolución definitiva fiscal. El rubro de la jurisprudencia correspondiente, número 12/91, fue: 'RESOLUCION DEFINITIVA FISCAL. NO LA CONSTITUYE LA REMISION DE UNA AUTORIDAD A OTRA, DE LA PROMOCION DE UN CONTRIBUYENTE'; y fue publicada en la página 25 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 48, correspondiente a la Octava Epoca.- Así pues, es dable concluir que la resolución cuya nulidad se reclama en el juicio fiscal, sí afecta la esfera jurídica patrimonial del quejoso y encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que en su fracción XI establece la competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, contra las resoluciones definitivas que otras leyes señalen como competencia de dichas Salas; tal como en la especie se prevé en el artículo 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dispone que el servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esa ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente, y si el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación establece que se consideran definitivas las resoluciones cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición sea optativa para el afectado, es inconcuso que resulta en el presente caso, la competencia de la Sala Regional Fiscal, de acuerdo con las disposiciones mencionadas.- No es óbice a lo anterior, el criterio de la responsable, de que previamente al juicio de nulidad deba agotarse el recurso ordinario previsto en la ley de la materia, pues el artículo 73 de la Ley Federal de Responsabilidades, también transcrito en párrafos precedentes, no deja lugar a dudas, ni da pauta a una interpretación diversa a su contenido literal, respecto de que el servidor público afectado por las resoluciones administrativas que se dicten conforme a esa ley, podrá optar entre interponer el recurso de revocación previsto en esa ley o impugnar directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, la resolución correspondiente. Por ende, carece de fundamento legal establecer una interpretación en contrario e imponer al servidor público la obligación de que debe agotar el recurso de revocación de la ley de la materia, pues de acuerdo a lo ya manifestado, donde el legislador no distinguió, el Juez no debe distinguir.- Consecuentemente, al ser fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para efectos de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro conforme proceda."
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, falló el recurso de revisión 1114/88, interpuesto por el subsecretario "A" de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en ausencia del titular del ramo. Los antecedentes que informan dicha resolución, son los siguientes:
Andrés López Colín promovió juicio de amparo indirecto, reclamando del secretario y del subsecretario "A" de la Contraloría General de la Federación, como autoridades ordenadoras; del secretario, del oficial mayor, del director general de Personal y del director general de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ejecutoras, los siguientes actos:
"a) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo:-El oficio número SUB 'A' 244/87 de fecha 24 de julio de 1987, del subsecretario 'A' de la Contraloría General de la Federación en donde le ordena al C. secretario de Hacienda y Crédito Público acuerde la baja del puesto de comandante del Resguardo Aduanal, con base en lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (sic), y el acuerdo consecuencia del mismo, emitido por las autoridades hacendarias.- b). De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo:-La ejecución que de acuerdo a sus facultades hizo (sic) de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, consistente en la baja en el puesto de comandante del Resguardo Aduanal."
Como antecedentes de los actos reclamados relató los siguientes:
"1. Que el suscrito presta sus servicios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actualmente es titular de la plaza de comandante del Resguardo Aduanal Mexicano, adscrito a la Dirección General de Aduanas, puesto que hasta la fecha, sigo desempeñando.- 2. Que mediante oficio número DRP/224/3249 de fecha 7 de mayo de 1987, el C. director de Registro Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, me notificó que en mi expediente no existía constancia de que hubiera presentado la declaración inicial de modificación patrimonial y de conclusión de encargo, sin precisar de qué fecha.- 3. A pesar de que en el oficio de referencia no se me especificó a qué año correspondía la declaración que señaló en dicho documento, el suscrito presentó con veracidad la declaración inicial y la de modificación patrimonial solicitadas, se presentó con fecha 9 de junio de 1987 con un escrito donde hice diversas causas y argumentaciones por las que hasta esa fecha presentaba mi declaración.- 4. Sin embargo, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, con fecha 24 de julio de 1987 dictó una resolución administrativa contenida en el oficio SUB 'A' 244/87 suscrita por el subsecretario 'A' de dicha dependencia, en donde le comunica al secretario de Hacienda y Crédito Público, que en virtud de que el suscrito incumplió con la obligación de presentar oportunamente la declaración inicial y las de modificación patrimonial sin precisar de qué año y por ello se debe dejar sin efecto mi nombramiento de comandante del Resguardo Aduanal, misma resolución cuya copia fotostática se anexa a la presente.- 5. He sido enterado por terceros el día 16 de octubre de 1987 que en cumplimiento a lo solicitado por el subsecretario 'A' de la Contraloría General de la Federación, el director general de Personal de la Secretaría de Hacienda, ha acordado la baja del suscrito del puesto de comandante del Resguardo Aduanal Mexicano,sin darme oportunidad de ser oído y vencido en juicio y sin existir la fundamentación y motivación exigidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, acuerdo que no me ha sido notificado."
El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoció del asunto en el expediente 537/87, con fecha veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, dictó sentencia en la que en una parte sobreseyó en el juicio y en otra concedió el amparo al quejoso.
Inconforme con esa resolución, el subsecretario "A" de la Contraloría General de la Federación, interpuso recurso de revisión, al que correspondió el número 1114/88, en el que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictó la sentencia que es objeto de la presente denuncia, en donde en la materia de la revisión revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio.
Las consideraciones que apoyan dicha sentencia, en lo que interesa, dicen:
"QUINTO. Por razón de método se estudian en primer término los agravios expresados por la parte recurrente en los que hace valer dos causales de improcedencia, pues su estudio es previo en el juicio de garantías.- En el segundo agravio, la autoridad recurrente manifiesta que procede el sobreseimiento del juicio de garantías del que se deriva este toca, en virtud de que el acuerdo remitido por el secretario de la Contraloría General de la Federación, no afecta los intereses jurídicos del quejoso, surtiéndose, por tanto, la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Dicha causal de inejercitabilidad, debe declararse fundada, toda vez que el oficio número SUB.'A'-244/87 de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y siete, no afecta su interés jurídico, en atención a que del mismo se aprecia que dicha autoridad solicitó al secretario de Hacienda y Crédito Público, dejar sin efecto su nombramiento, petición que debe considerarse como un trámite interno y no como una comunicación dirigida al peticionario de amparo en la que se le comunica su baja, consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, razón por la cual es procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento respecto del acto que se reclama del secretario y subsecretario 'A' de la Contraloría General de la Federación."
CUARTO. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, resolvió el juicio de amparo directo 2666/92, promovido por José Luis Robles Leal, contra actos de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que hizo consistir en la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, dictada en el expediente 15212/91, relativo al juicio de nulidad promovido en contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como antecedentes del acto reclamado, relató:
"1. Con fecha 15 de noviembre de 1991, el hoy quejoso José Luis Robles Leal, ante el Tribunal Fiscal de la Federación interpuse demanda de nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio número DGR/000979 de fecha 10 de septiembre de 1991, emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, a través de la cual se ordena a la Procuraduría General de Justicia del D. F., (dependencia a la cual prestaba mis servicios como agente del Ministerio Público consignador), se aplique al suscrito la sanción contenida en el artículo 81, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en dejar sin efectos el nombramiento del cargo de agente del Ministerio Público que venía desempeñando, lo cual es debidamente cumplimentado por la dependencia última mencionada a través del oficio número 209.318.071.91. 2. Posteriormente, con fecha 11 de diciembre de 1991, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, señalada como autoridad responsable, emite acuerdo en el expediente 15212/91, en el cual admite la demanda y ordena se corra traslado con las copias de la demanda a las autoridades demandadas y hoy terceros perjudicados, quienes en tiempo y forma dieron contestación a la demanda haciendo valer, cada una y por separado, diversas causales de improcedencia que creyeron pertinentes. 3 ... 5. En virtud de lo anterior, se cerró la instrucción; para posteriormente con fecha 9 de julio del año en curso se me notifica la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación de fecha 29 de mayo, en la cual, en mi perjuicio y en el único resolutivo sobrese
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4145-0f09d4d5/juicio-de-nulidad-la-declaracion-de-la-secretaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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