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Modo: Corpus Pro

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERES JURIDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESION DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/96. · Registro digital (IUS): 4012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, , Pág. 179.

CONTRADICCION DE TESIS 24/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al pronunciar sentencia en los amparos en revisión: RA-391/88, RA-856/88, RA-1O46/88, RA-1696/88 y RA-2O6/89; promovidos, respectivamente, por Roberto Cabello Reyes, Marco Antonio Villafranco Arce, Rubén Sánchez Flores, José María Sánchez Méndez y Aarón Cohen Achar, se apoyó en las siguientes consideraciones en relación a la materia de la contradicción denunciada:

Amparo en revisión RA-391/88

"CUARTO.- Es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, el primero de los agravios que expresan las autoridades recurrentes.

En dicho agravio concretamente se aduce que el Juez del conocimiento debió sobreseer en el juicio de amparo a que este toca corresponde, toda vez que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico que le asiste para obtener la protección solicitada.

Es fundado el agravio a estudio toda vez que, efectivamente, el quejoso no acreditó que los actos reclamados afecten sus intereses jurídicos, pues en el juicio de garantías no aportó pruebas para ello.

En efecto, de las constancias que integran el expediente de amparo no aparece prueba alguna que acredite la legal estancia en el país del vehículo de que se trata, ya que en los términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, ello se prueba solamente con comprobantes expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en un certificado y una calcomanía y, para los vehículos inscritos definitivamente, además una placa metálica. Dicho precepto legal dice: 'ARTICULO 19.- Para acreditar la inscripción en el registro y la legal estancia de los vehículos en el país solamente serán válidos los comprobantes que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los comprobantes consistirán en un certificado y una calcomanía. Para los vehículos inscritos definitivamente se expedirá, además, una placa metálica. La Secretaría mencionada podrá autorizar, mediante reglas generales, otro tipo de comprobantes.'

En estas condiciones, es evidente que no se encuentra acreditado en autos el interés jurídico del quejoso y, por tanto, procede revocar la sentencia que se revisa y sobreseer en este juicio de garantías con apoyo en los artículos 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Cabe agregar, que la sola propiedad o posesión del mueble no es suficiente, en este caso, para acreditar el interés jurídico, puesto que de no tomar en consideración, estos tribunales de amparo la legal estancia en el país de los vehículos automotores, como al que se refiere este juicio, se permitiría su circulación en el país, a pesar de que no se reunieran los requisitos legales, substituyéndose la satisfacción de esas exigencias con la solución de amparo."

Amparo en revisión RA-856/88.

"SEXTO.- El primero de los agravios que expresan las autoridades recurrentes es fundado.

Concretamente en dicho agravio se sostiene que el Juez del conocimiento debió sobreseer en el juicio de amparo de que se trata, ya que el quejoso no acreditó el interés jurídico que debe asistirle para promover el juicio de garantías.

Es fundado este agravio en atención a que efectivamente, en forma indebida el Juez de Distrito señaló, en la sentencia que se revisa, que, en el caso, no existen causas de improcedencia, como se aprecia en el último párrafo del considerando tercero del fallo impugnado.

Como se aduce en los agravios a estudio, el quejoso no acreditó el interés jurídico que debe existir para estimar procedente un juicio de garantías y, por ende, se surte la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

En efecto, el quejoso no acreditó en autos la legal estancia en el país, del vehículo a que se refiere en la demanda de amparo, pues las pruebas que ofreció no prueban ese extremo por tratarse de una factura de venta y de una hoja de 'INVENTARIO' (fojas siete a catorce de veinticuatro de autos).

En estas condiciones, es evidente que en el caso no se exhibieron los documentos con que se demuestra la legal estancia del vehículo en el país, en términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, que dice: (ha quedado transcrito).

Consecuentemente, como no se demostró la legal estancia en el país del vehículo de que se trata, procede revocar, en la materia del recurso, la resolución combatida y sobreseer en el juicio de garantías, por lo que hace a los actos atribuidos al director general de Aduanas, director de Registro y Control de Almacenes y Vehículos y director de Inspección Aduanera, pues respecto de estos vehículos, al no existir la prueba de su estancia legal en el país, por parte de los tribunales de amparo provocaría hacer factible su circulación en el territorio del país, sustituyendo una resolución de amparo, los requisitos legales que deben satisfacerse, finalidad que no corresponde al juicio de garantías."

Amparo en revisión RA-1O46/88

"CUARTO.- Los agravios expresados por las autoridades recurrentes son en parte fundados y en parte infundados.

Concretamente se aduce en el primer agravio que el Juez del conocimiento debió sobreseer en el presente asunto, toda vez que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de garantías, surtiéndose en consecuencia la causal prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento.

Como se aduce en los agravios a estudio, el quejoso no acreditó el interés jurídico que debe existir para estimar procedente un juicio de garantías y, por ende, se surte la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

En efecto, el quejoso no acreditó en autos la legal estancia en el país, del vehículo a que se refiere en la demanda de amparo, pues las pruebas que ofreció no prueban ese extremo, por tratarse de una factura de venta y diversas documentales que demuestran diversos trámites (fojas nueve a veintiséis de autos).

En estas condiciones, es evidente que en el caso no se exhibieron los documentos para demostrar la legal estancia del vehículo en el país, en términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, que dice: 'ARTICULO 19.- Para acreditar la inscripción en el registro y la legal estancia de los vehículos en el país solamente serán válidos los comprobantes que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los comprobantes consistirán en un certificado y una calcomanía. Para los vehículos inscritos definitivamente se expedirá además una placa metálica. La Secretaría mencionada podrá autorizar, mediante reglas generales, otro tipo de comprobantes.'

Es decir, al no exhibir los documentos para comprobar la legal estancia en el país del vehículo, en términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, pues no acreditó contar con certificado, calcomanía y placa metálica, lo que lleva a concluir que el quejoso está al margen de los lineamientos legales que pueden llevar a probar el interés jurídico que debe estar presente para ocurrir al juicio de garantías.

En consecuencia, y por los motivos apuntados se concluye que procede revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo a que este toca corresponde..."

Amparo en revisión RA-1696/88

"CUARTO.- El agravio antes transcrito es fundado, por las razones que se pasan a exponer.

De un atento análisis de las constancias de autos, se advierte que el vehículo propiedad de la parte quejosa, es de procedencia extranjera, motivo por el cual la forma de acreditar el interés jurídico que lo asiste para promover el presente juicio de garantías, es mediante la exhibición del certificado y la calcomanía a que se refiere el artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, documentos con los que se comprueba la legal estancia de los vehículos en el país.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley invocada, 'Las solicitudes de inscripción en el Registro y las de reposición de documentos, presentados ante y selladas por autoridad competente, harán las veces de comprobantes por el término de dos meses, prorrogables, en tanto la autoridad resuelva sobre su procedencia.'

Por último, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9o., fracción II, inciso a), del Reglamento de la Ley del Registro Federal de Vehículos, a toda solicitud de inscripción, tratándose de vehículos importados, deberá acompañarse el permiso de importación correspondiente.

Ahora bien, de la documentación que la parte quejosa exhibió junto con su demanda de amparo, se advierte claramente que ésta no acompañó ni el certificado, ni la calcomanía, ni las solicitudes de inscripción, ni el permiso de importación a que se refieren la Ley antes mencionada y su Reglamento, sino que únicamente acompañó, junto con su traducción al español, la factura del vehículo en cuestión, así como una fotocopia simple de un billete de depósito y dos copias al carbón selladas de dos escritos relativos a la petición que la parte quejosa formuló al procurador fiscal de la Federación y al tesorero de la Federación, para obtener 'la declaratoria de prescripción del crédito fiscal del impuesto que debió cubrir.'

Como se advierte, la parte quejosa no exhibió ninguno de los documentos con los que debió acreditar la legal estancia del vehículo de su propiedad en el país, por lo que no justificó el interés jurídico para promover el presente juicio, tal como lo sostienen las autoridades recurrentes, razón por la que debió sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción III, del artículo 74, de la propia Ley, y al no haberse hecho así el proceder del Juez Federal les irrogó a aquéllas el agravio consiguiente.

El mismo criterio fue sustentado por este tribunal al resolver, por unanimidad de votos, el veintisiete de abril y el veintiséis de mayo del año en curso, los amparos en revisión RA-856/88, Marco Antonio Villafranco Arce y RA-1O46/88, Rubén Sánchez Flores, respectivamente.

No es obstáculo para llegar a la conclusión alcanzada la circunstancia de que la parte quejosa hubiera acreditado ser propietaria del vehículo de que se trata, toda vez que la tenencia de un vehículo de procedencia extranjera, sin la documentación que acredite su legal estancia en el país y que constituye un ilícito, no otorga interés jurídico para acudir al juicio de garantías."

Amparo en revisión RA-2O6/89

"...el primer párrafo es infundado, porque si bien es cierto que el quejoso aportó pruebas documentales para acreditar la propiedad del vehículo que manifiesta se le pretende desposeer, también lo es, como acertadamente lo sostiene la Juez del conocimiento, no demostró el interés jurídico que debe existir para estimar procedente el juicio de garantías; por ende, se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V. Y por tanto en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, sí es correcto el sobreseimiento decretado.

Esto es así, debido a que el quejoso no acreditó en autos la legal estancia en el país del vehículo que pretende defender en la demanda de amparo, pues las pruebas que ofreció no acreditan ese extremo, pues sólo lo constituyen: la contestación a una solicitud de prescripción de la acción fiscal, notificación de la misma, solicitud de baja del vehículo ante las autoridades de tránsito del Estado de México, copia fotostática de una placa y tarjeta de circulación expedidas por ese mismo Estado, traducción de factura y original de factura (fojas 8 a 15).

En estas condiciones, es evidente que en el caso no se exhibieron los documentos con que se demuestre su interés jurídico en términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, que dice: (ha quedado transcrito).

Es aplicable al caso la tesis sustentada por este tribunal en los amparos en revisión 391/88 y 856/88 que dice: 'VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, EL INTERES JURIDICO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO NO SE ACREDITA UNICAMENTE CON LA PROPIEDAD O POSESION DE LOS.- Para acreditar el interés jurídico en amparos vinculados con vehículos de procedencia extranjera, debe demostrarse su legal estancia en el país y ésta se prueba, en términos del artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, solamente con comprobantes expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en un certificado y una calcomanía y, para los vehículos inscritos definitivamente, además, en una placa metálica, sin que sea el caso que la propiedad o posesión del automóvil sea suficiente para acreditar el interés jurídico, puesto que de no tomar en consideración estos tribunales de amparo la legal estancia en el país de los vehículos automotores, se permitiría su circulación en el país, a pesar de que no se reunieran los requisitos legales, substituyéndose la satisfacción de estas exigencias con la resolución de amparo.'

Consecuentemente, como no se demostró la legal estancia en el país del vehículo de que se trata, es evidente que no se encuentra acreditado en autos el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al juicio de garantías."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se apoyó en las consideraciones que a continuación se insertan, para sostener el criterio que es tema de la contradicción de tesis de mérito:

Amparo en revisión RA-1693/88

"En el primer agravio las autoridades argumentan que el a quo debió decretar el sobreseimiento del juicio por falta de interés jurídico del demandante, pues habiendo acudido éste al juicio en defensa de un automóvil de procedencia extranjera, no demostró su legal estancia en el país al tenor de lo prescrito por la Ley Aduanera, la Ley del Registro Federal de Vehículos y su Reglamento.

Es fundado y suficiente el agravio en examen, en atención a que efectivamente la parte quejosa omitió rendir en el juicio las documentales que amparan la legal estancia en el país del automóvil, respecto del cual se reclama el decomiso por parte de las autoridades aduanales.

Según reconoce implícitamente el demandante en su ocurso inicial y como se desprende de las documentales agregadas al mismo, consistentes en la copia certificada del título de propiedad del vehículo redactado en idioma inglés y su traducción al español, el automóvil defendido en juicio es de procedencia extranjera.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Registro Federal de Vehículos, la legal estancia de los vehículos en el país debe acreditarse con los comprobantes expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentos que descritos en el mismo numeral deben referirse a alguno de los actos y autorizaciones de importación, internación y/o registro a que se refieren los artículos 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 22, 27 y 37 de la misma Ley.

En la especie, una revisión cuidadosa del cuaderno de amparo lleva a la conclusión de que el quejoso rindió como únicas pruebas de su parte el título de propiedad sobre el automóvil y su traducción al español, absteniéndose en cambio de probar a través de los medios autorizados por las leyes de la materia la legal estancia en el país del vehículo en cuestión.

En este sentido, considerando que su interés jurídico para venir al juicio de garantías derivaría de la legal estancia en el país del vehículo cuyo decomiso se reclama, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, según argumentan fundadamente las autoridades.

El mismo criterio ha sido sostenido por este tribunal al conocer de los juicios de amparo en revisión números 1953/87 promovido por Enrique Sánchez Ruiz y 368/88 intentado por Jorge Pérez Mata, resueltos por unanimidad de votos en sesiones de los días once de noviembre de mil novecientos ochenta y siete y quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, respectivamente."

TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el cual discrepa del criterio que sustentan el Sexto y Tercero Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 611/95, sostuvo lo siguiente:

Amparo en revisión RA-611/95

"Sintéticamente propone la inconforme en la primera parte de sus agravios, que el Juez de Distrito indebidamente decretó el sobreseimiento, considerando que carece de interés jurídico sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas que consisten en el pedimento de importación del vehículo de donde se obtiene que éste ingresó legalmente al país, la tarjeta de circulación expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que la acredita como poseedora del mismo, la solicitud del registro para automóvil fronterizo y la factura en la que consta que el vehículo es de su propiedad.

Son fundados los agravios de la inconforme ya que si bien en la tesis de jurisprudencia en que se apoya la resolución del a quo de rubros: 'VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.' y 'VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERES JURIDICO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO NO SE ACREDITA UNICAMENTE CON LA PROPIEDAD O POSESION DE LOS.', sustentadas respectivamente por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se sostiene, que tratándose de amparos vinculados con vehículos de procedencia extranjera, para acreditar el interés jurídico debe demostrarse su legal estancia en el país, lo cual sólo es dable para el efecto de obtener la suspensión del acto reclamado, según lo ha sustentado el máximo tribunal de justicia del país al dirimir la contradicción de tesis 19/94, consultable en la página 1073, del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que textualmente establece: 'VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSION TRATANDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS.- Para que la propiedad o posesión de un vehículo de procedencia extranjera pueda protegerse provisionalmente a través de una suspensión, decretada en un juicio de amparo, se requiere acreditar el derecho a que el citado bien se encuentre en el país, esto es, que la estancia del automóvil se encuentre amparada por un permiso de importación temporal, o definitiva. Es decir, para tener por existente la afectación del interés jurídico tutelado que estima afectado, para lo cual no basta justificar que tiene derecho sobre un vehículo de procedencia extranjera o que haya pagado el impuesto general de importación, la tenencia o el impuesto al valor agregado, sino que fundamentalmente debe acreditar que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, lo que únicamente puede lograr comprobando con la documentación correspondiente la legal estancia del vehículo en territorio nacional.'

Empero, este tribunal no comparte el criterio de tales cuerpos colegiados, ya que si, como en el caso, con las documentales que se aportan al juicio de garantías, que no fueron objetadas se demuestra que la quejosa es la propietaria del vehículo que fue secuestrado por la autoridad administrativa, ello es suficiente para estimar que sí le asiste un interés jurídico para comparecer a juicio, puesto que su esfera de derecho se vio afectada por un acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone.

A mayor abundamiento, el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, prescribe que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, es decir, precisamente el interés jurídico para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad.

Luego, habiéndose acreditado que la quejosa es propietaria del vehículo secuestrado, pues se aportó al juicio la copia certificada de la tarjeta de circulación número 123587, expedida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el que se consigna que el propietario del vehículo fronterizo es precisamente la quejosa María del Rosario Coss Medrano; la copia certificada del pedimento de importación del vehículo referido expedida por la autoridad aduanal en favor de Rebeca Cantú Pacheco, y la copia simple de la factura en la que consta que esta última, dedicada a la compra-venta de automóviles, le vendió a María del Rosario Coss Medrano, el vehículo en cuestión, copia que por no encontrarse objetada y adminiculándose con las restantes adquiere valor probatorio, y además obra en autos el informe rendido por la autoridad en el que admite los actos reclamados, es decir, el secuestro del vehículo de procedencia extranjera propiedad de la quejosa, es obvio que con tales extremos, se demostró el interés jurídico de la peticionaria de garantías.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 1032, consultable en la página 1666, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 'INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean éstos posesorios o de cualquier otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial'.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que la impetrante de amparo no demuestre, al acudir a la instancia constitucional, la legal estancia en el país del vehículo secuestrado, pues ello será materia del procedimiento administrativo que contra ella deberá seguirse."

CUARTO.- A continuación, por razón de método, cabe determinar en forma preliminar, si del análisis de las ejecutorias que han quedado transcritas, así como de los precedentes que las conforman, se desprende si existe o no contradicción de criterios entre los sustentados por el Sexto y Tercero Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito,sustenta el criterio consistente en que el interés jurídico para promover un juicio de amparo vinculado con vehículos de procedencia extranjera, puede acreditarse con las documentales que demuestren que la quejosa es la propietaria del vehículo que fue secuestrado por la autoridad administrativa, puesto que su esfera de derecho se vio afectada por un acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone, sin que sea menester que se demuestre la legal estancia en el país del vehículo, pues ello será materia del procedimiento administrativo correspondiente, además de que este requisito lo exige la Suprema Corte de Justicia en relación con la suspensión del acto reclamado.

Los restantes tribunales afirman que el interés jurídico para promover un juicio de amparo vinculado con vehículos de procedencia extranjera, sólo se demuestra con la legal estancia en el país de dichos vehículos.

Del análisis comparativo entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, se llega a la convicción de que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por dichos tribunales, dado que si el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito afirma que el interés jurídico en juicios de amparo vinculados con vehículos de procedencia extranjera se puede demostrar con la propiedad de los mismos, sin ser necesario acreditar su legal estancia en el país, y si los restantes tribunales sustentan el criterio de que el interés jurídico en amparos de esa índole sólo se comprueba con la demostración de su legal estancia, resulta indudable que sí hay contradicción, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito niega lo que el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito afirman; es decir, que el interés jurídico en amparos vinculados con vehículos de procedencia extranjera sólo se comprueba con la legal estancia de los mismos en el país.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, aplicada por analogía, la tesis sostenida por la anterior Tercera Sala, que esta Segunda Sala hace suya, visible en la página ciento cincuenta y tres del Tomo VI, Primera Parte, de la Octava Epoca, que dice:

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE, SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.- La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niega en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."

QUINTO.- Expuesto lo anterior, esta Segunda Sala estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en atención a las siguientes consideraciones.

El interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

Como derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para promover un juicio de garantías, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama.

Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en despojo, secuestro o decomiso, entre otros actos de la misma naturaleza, que implican afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta indiscutible que para comprobar el interés jurídico, cuando se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles como lo son los vehículos, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente con datos inequívocos, tales como la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión o algún otro documento que se le equipare, de los cuales se desprenda que el quejoso, tenga la propiedad o posesión actual de los bienes.

Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo tiene interés jurídico para impugnar, mediante el juicio de amparo el secuestro, desposeimiento o decomiso con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria del mismo, puesto que su esfera de derecho se vio afectada por un acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone.

Lo anterior se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, es decir, precisamente el interés jurídico para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad.

Luego, si la quejosa acredita que es la pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4012-a6797894/vehiculos-de-procedencia-extranjera-el-interes-juridico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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