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Modo: Corpus Pro

MULTAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 149 Y 224 DE LA LEY DE AMPARO. NO GUARDAN RELACION CON EL ARTICULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/96. · Registro digital (IUS): 3739
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 36.

CONTRADICCION DE TESIS 2/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 526/93, interpuesto por María Dolores Ruiz Guillén, sostuvo el siguiente criterio:

"Tercero.- Los agravios que hace valer la parte recurrente son del tenor siguiente: ...También como agravio hago valer la falta de aplicación del artículo 149 de la Ley de Amparo párrafo cuarto, toda vez que la autoridad responsable, Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, no rindió su informe con justificación como consta de la propia sentencia de amparo, y el Juez de Distrito le debió de haber impuesto en la misma sentencia una multa de diez a ciento cincuenta días de salario, toda vez que dicho párrafo de la Ley de Amparo le impone una obligación al juzgador al determinar:`...el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva...', y la ley no le impone una facultad, sino un imperativo que obligadamente debe imponerse una multa a las autoridades responsables que no rindan el informe con justificación y como en este caso el Juez del Ramo Civil no rindió su informe con justificación, le corresponde que se le imponga la sanción a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, que el señor Juez de Distrito dejó de aplicar.

"Cuarto.- Los agravios formulados por la recurrente son infundados.

"En efecto, con independencia que asiste razón a la peticionaria de garantías al marcar la diferencia entre una declaración de improcedencia y un desechamiento; lo cierto es que, el desechamiento decretado por la responsable con apoyo a la improcedencia del recurso, de ninguna manera vulnera el contenido del artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles que cita la quejosa; toda vez que, la misma se refiere a la estimación de la Sala para desechar el recurso de queja como lo establece ese numeral cuando ésta no se apoya en hecho cierto.

"Por otra parte, es verdad que la ad quem dejó de ocuparse de los agravios formulados en el recurso de queja, sin embargo, esa omisión no vulnera la garantía alegada, en la medida que, la advertencia de esa causa de desechamiento previamente al estudio de fondo de la cuestión impedía efectuar ese análisis, so pena de que el mismo resultara infructuoso. De suerte, que, lejos que el Juez de Distrito sostenga que la diligencia en que se desahogó la prueba confesional no es apelable; aduce que la circunstancia que la ad quem hubiese determinado la procedencia o improcedencia del recurso de apelación en términos del artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no trasciende al fondo del asunto, pues ello era necesario para establecer la procedencia del de queja. En la inteligencia que en la resolución reclamada como atinadamente lo sostiene el Juez Federal, se satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación que las de su clase deben de contener, cuando en primer lugar se citan los preceptos que se estimaron aplicables y, en segundo lugar, la ad quem expone los razonamientos por los cuales concluyó en la forma que lo hizo; sin que este tribunal advierta con ese proceder actuación indebida que hubiese dejado a la quejosa en estado de indefensión o que vulnere la garantía alegada.

"De igual forma, la sola lectura de la resolución impugnada pone de manifiesto el motivo de la imposición de la multa cuando previamente a ésta, la responsable destaca que el recurso de apelación que dio origen a la queja se interpuso bajo el presupuesto equivocado de que en la diligencia apelada se declaró confesa a la recurrente, cuando lo cierto es que ella depuso al tenor de las posiciones que se calificaron de legales, actualizándose así la primera hipótesis que refiere la inconforme (está apoyada en hecho incierto) y el fundamento en que finca la misma como lo es el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles.

"Corrobora lo anterior la lectura de la resolución combatida, para cuyo efecto en lo conducente a continuación se transcribe: `UNICO.- El recurso de QUEJA que hace valer MARIA DOLORES RUIZ GUILLEN, en contra del auto de fecha 13 trece de noviembre del año en curso (1992), que denegó el recurso de apelación en contra de la diligencia de pruebas y alegatos, efectuada el día 5 cinco de noviembre del presente año, dictado por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, en el expediente número 1084/992, relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos), promovido por la quejosa en contra de Roberto Alcazar Hernández, a criterio de los integrantes de esta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta ser infundado por las razones siguientes.- Resultan ser infundados los conceptos de agravios que hace valer la quejosa, toda vez que, del análisis de la diligencia de pruebas y alegatos, la prueba confesional a cargo de la quejosa se llevó a efecto con la presencia de la misma, en la que depuso de las posiciones que se calificaron de legales; pero no se le declaró confesa de las citadas posiciones como lo asevera la recurrente, por consiguiente no se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, y por lo tanto el a quo estuvo apegado a derecho al denegar el recurso de apelación intentado y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 72 de la ley adjetiva civil, esta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declara IMPROCEDENTE el recurso de queja hecho valer, y con fundamento en el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles se impone multa por la cantidad de 10 diez salarios mínimos vigentes en la región a la recurrente y a su abogado solidariamente, y en consecuencia se CONFIRMA el auto recurrido, desechando los agravios de la promovente por inoperantes.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 698 del Código de Procedimientos Civiles, este tribunal de alzada debiendo de resolver, se,- R E S U E L V E :- PRIMERO.- Se desecha por IMPROCEDENTE el recurso de QUEJA hecho valer por MARIA DOLORES RUIZ GUILLEN, conforme al considerando único de la presente resolución.- SEGUNDO.- Se impone multa de 10 diez salarios mínimos a la quejosa y a su abogado solidariamente, atento a lo dispuesto por el artículo 699 de la ley adjetiva civil.- TERCERO.- En consecuencia, se CONFIRMA el auto de fecha 13 trece de noviembre de 1992 mil novecientos noventa y dos, dictado por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, en el expediente número 1084/992, que denegó el recurso de apelación interpuesto en contra de la diligencia de pruebas y alegatos efectuada con fecha 5 cinco de noviembre del presente año (1992), relativo al juicio de controversia del orden familiar (alimentos), promovido por MARIA DOLORES RUIZ GUILLEN en contra de ROBERTO ALCAZAR HERNANDEZ.- CUARTO.- Remítase testimonio de la presente resolución al Juez del conocimiento para los efectos legales correspondientes y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.- QUINTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.'

"Por último, es cierto que el párrafo cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo, impone al Juez de Distrito la obligación de sancionar a la autoridad omisa en su informe con la multa a que se refiere dicho precepto; sin embargo, acorde a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3o. bis del citado ordenamiento legal la misma sólo se aplicará a los infractores que, a su juicio, hubiesen actuado de mala fe, por lo que, si en autos no aparece dato alguno que ponga de manifiesto este requisito, la omisión del Juez Federal en este renglón, resulta correcta.

"Así las cosas, ante lo infundado de los agravios formulados y al no advertir queja deficiente que suplir, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa y negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita."

La ejecutoria transcrita dio lugar a la siguiente tesis:

"MULTA PREVISTA POR EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMISA ACTUE DE MALA FE PARA LA IMPOSICION DE LA.- Si bien es cierto que el párrafo cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo, impone al Juez de Distrito la obligación de sancionar a la autoridad omisa en su informe con la multa a que se refiere dicho precepto; también lo es, que acorde con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3o. bis del citado ordenamiento legal la misma sólo se aplicará a los infractores que, a su juicio, hubiesen actuado de mala fe, por tanto, si de autos no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto este requisito, la omisión del Juez Federal en este renglón resulta correcta."

TERCERO.- Las resoluciones dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las quejas 252/85, 216/86, 186/86, 56/86 y 316/86, dicen en lo conducente:

QUEJA No. 252/85, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO AGRARIO:

"Cuarto.- Resultan ineficaces los dos primeros agravios hechos valer, en virtud de que el informe justificado en materia agraria comprende necesariamente ciertos requisitos que señala expresamente la Ley de Amparo en sus artículos 223 y 224, los cuales deberán cumplirse al rendirse el informe por la autoridad responsable y toda vez que el Juez del conocimiento en auto de fecha 10 de junio de 1985, requirió a la autoridad responsable que remitiera su informe justificado en términos de los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo, así como las constancias que solicitó en forma especial, apercibiendo a la autoridad responsable que en caso de ser omisa, se le impondría una multa equivalente a 40 días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 224 y 3o. bis de la Ley de Amparo, y no con apoyo en el artículo 149, cuarto párrafo, de la Ley citada, pues este artículo no es aplicable a la materia agraria, en virtud de que para esta materia, existen disposiciones especiales reguladas en los artículos 212 al 234, que forman el Libro Segundo, Título y Capítulo Unico, de la Ley de Amparo, como un régimen peculiar que sujeta a términos y requisitos específicos para rendir los informes justificados en esta materia, en los mencionados artículos 223 y 224.

"Ahora bien, el Juez de Distrito en Materia Agraria, por acuerdo de 5 de julio de 1985, hizo efectivo el apercibimiento dictado en el auto de 10 de junio de 1985, por no remitir, la autoridad responsable, su informe justificado y la documentación requerida.

"El auto mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento respectivo es correcto, pues el artículo 224 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, dispone que cuando la autoridad responsable no remita las constancias que se le soliciten, se sancionará con una multa correspondiente, la cual es procedente que se haga efectiva en el momento en que se impuso dicha multa, debiendo entenderse que esta disposición es aplicable no sólo a la falta de las constancias solicitadas por el a quo a la autoridad responsable, sino también por omitir su informe justificado, pues los requisitos del informe justificado y constancias que señalan los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo, no pueden desvincularse, ya que el Juez de Distrito en Materia Agraria está obligado a reunir los elementos suficientes que le permitan dictar una resolución apegada a los hechos ocurridos, exigiendo a las responsables que cumplan con los requisitos omitidos, pues éstos son esenciales en los juicios de la materia de su competencia. Por tanto, debe estimarse que la sanción impuesta por el Juez de Distrito, no sólo por la falta de informe justificado, sino también por la falta de remisión de las constancias solicitadas en forma especial, es correcta.

"Por tanto, como los requisitos que debe contener el informe justificado, así como las constancias solicitadas, son necesarios para dictar una resolución apegada a derecho, si la autoridad responsable omite cumplir con estos requisitos, no es necesario que el Juez de Distrito espere para hacer efectiva la multa hasta que se dicte la sentencia, pues la omisión en el presente caso, trascendería a la sentencia dictada por el Juez de Distrito, en atención a que a éste se le estaría limitando en su función de reunir todos los elementos que le sean necesarios para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, además de que en el caso, como se ha dicho, se trata de un juicio de garantías en materia agraria, que tiene ciertas excepciones a las reglas generales que establece la Ley de Amparo.

"Es infundado el último de los agravios que se analizan, pues el a quo no tenía obligación de motivar por qué en la especie opera la mala fe de las autoridades, en atención a que, como la rendición del informe justificado no es un acto subjetivo, sino objetivo, por tratarse de una obligación y no de una opción, pues solamente en el primer supuesto podría calificarse de mala fe; esto es, de la opción que tienen los quejosos de ocurrir al juicio de amparo y de hacer valer los recursos previstos, sólo para retardar la ejecución de los actos que reclamen, o bien de las autoridades en recurrir todo lo actuado y resuelto por el Juez de Distrito, además la mala fe se presume con la renuencia deliberada de la autoridad responsable de remitir tanto el informe justificado en términos de los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo, así como las constancias y copias certificadas que le fueron solicitadas en forma especial a la responsable, a pesar del requerimiento que realizó el a quo en ese sentido en auto anterior, por lo que se estima suficiente para determinar la mala fe con que se condujo la autoridad recurrente y por ello, se debe estimar fundada la imposición de la multa a que se refiere el acuerdo recurrido.

"Ahora bien, en el presente caso, la renuencia deliberada de la autoridad recurrente para remitir su informe justificado, así como las constancias y copias certificadas que le fueron solicitadas, está debidamente probada, pues en el auto de fecha 10 de junio de 1985, se le requirió nuevamente a la autoridad recurrente Consejo Consultivo Agrario, para que dentro del término de diez días remitiera su informe justificado con las reglas de los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo, y dicho auto le fue notificado el día 12 de junio de 1985.

"Posteriormente, en base al incumplimiento de dicho requerimiento, en auto de fecha 5 de junio de 1985, el cual se recurre en esta queja, el a quo hizo efectivo el apercibimiento, imponiéndole a la autoridad recurrente una multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, requiriendo de nuevo al Cuerpo Consultivo Agrario para que en el término de diez días remitiera la documentación solicitada a que se refieren los artículos 223 y 224 de la Ley de Amparo.

"Advirtiéndose de lo anterior que la autoridad recurrente fue requerida en acuerdos anteriores al en que fue impuesta la multa correspondiente, por lo que al ser omisa se le impuso la multa de mérito.

"En consecuencia, es procedente estimar correcto el auto recurrido materia de este recurso."

QUEJA No. 216/86, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA:

"Cuarto.- Los anteriores agravios son ineficaces jurídicamente.

"Por acuerdo de 15 de mayo de 1986 el a quo acordó, entre otras cosas, lo siguiente: `En estas condiciones, requiéraseles nuevamente (al secretario de la Reforma Agraria, al subsecretario de Asuntos Agrarios y al director general de Procedimientos Agrarios), para que en un término de diez días envíen copias certificadas de: a).- El censo levantado a la comunidad de Milpa Alta y sus anexos, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta; b).- Del expediente formado con motivo de la asamblea general extraordinaria celebrada el siete de agosto de mil novecientos ochenta, en acatamiento a la ejecutoria 2249/74 y en virtud del punto de acuerdo emitido por el Cuerpo Consultivo Agrario el treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y nueve (con el objeto de elegir representantes auxiliares y representantes en general); y c).- Así como del mencionado punto de acuerdo; apercibidos que en caso de no cumplir se harán acreedores a una multa de UN MIL PESOS, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.'

"Dicho acuerdo le fue notificado al secretario de la Reforma Agraria por medio del oficio número 1830, de fecha 15 de mayo de 1986, recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría el día 9 de junio siguiente, según aparece de la constancia de notificación que remitió el Juez de Distrito a este tribunal al producir su informe justificado.

"Pues bien, aun cuando es cierto que los requisitos de fundamentación y motivación debieran constar en el mismo texto de la resolución que impuso la multa y no en otra, tal formalidad resulta extrema en el presente caso, pues la circunstancia de que en el auto recurrido en queja se asiente que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de 15 de mayo de 1986, no mengua en forma alguna la capacidad de defensa del recurrente, por más que los motivos y fundamentos legales para imponer la multa solamente aparezcan en dicho proveído y no en el que determinó la sanción, porque es criterio de este tribunal el de que las resoluciones que no son sino una consecuencia legal de otra que las condiciona, no tienen que reproducir el texto de la anterior cuando, como sucedió en la especie, se tiene la certeza de que aquélla ya era conocida por el afectado.

"El diverso argumento relativo a que el a quo no señaló cuáles fueron los elementos que le sirvieron de base para considerar que el recurrente se condujo de mala fe resulta inoperante, porque, en tratándose de actos que no son potestativos, sino verdaderas obligaciones originadas en la ley, el incumplimiento de las mismas presupone mala fe, salvo que mediara causa justificada para ello, en cuya hipótesis, era el propio recurrente quien debió expresarlo y demostrarlo ante el a quo.

"Por tanto, la falta de motivación expresa sobre la mala fe con que procedió el secretario de la Reforma Agraria no constituye ningún agravio en el caso concreto.

"Consecuentemente, debe declararse infundada esta queja."

QUEJA No. 186/86, SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA Y OTRAS AUTORIDADES:

"Cuarto.- Los anteriores agravios son ineficaces jurídicamente.

"Los recurrentes no expresan consideración alguna para justificar el aserto relativo a que la multa que se les impuso en el acuerdo impugnado sólo podría decretarse hasta que se emita la sentencia definitiva; y este tribunal estima que no tienen razón en dicha pretensión.

"Lejos de ello, en autos consta que por acuerdo de fecha veintitrés de mayo del año en curso el a quo requirió a las tres autoridades de que se trata para que en el término de diez días le remitieran copia certificada de `las constancias que sirvieran de base para realizar el traslado de dominio de Julia Cabrera Muñoz, de la parcela 123, del poblado Francisco I. Madero, Municipio de Tepic, Estado de Nayarit, efectuado el trece de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, amparada con el certificado de derechos agrarios número 104187', y las apercibió de que, en caso de no hacerlo, les impondría una multa equivalente a veinte días de salario mínimo en el Distrito Federal. Todo ello con fundamento en el artículo 224 de la Ley de Amparo, en relación con el 3o. bis de la misma.

"Ahora bien, la literalidad del primero de esos preceptos no deja lugar a dudas en cuanto a que la finalidad de las sanciones ahí autorizadas es la de obtener el cumplimiento forzado de obligaciones procesales que son a cargo de las autoridades agrarias; en el caso concreto, la remisión de las constancias antes detalladas. Y como esas constancias se deben recabar antes de la celebración de la audiencia constitucional, por tratarse de documentos indispensables para emitir el fallo; es claro que, contrariamente a lo expuesto por los disconformes, todas las multas a que haya lugar, hasta lograr el cumplimiento de esa obligación que es a su cargo, deben ser aplicadas necesariamente antes de que se dicte la sentencia y no en ella.

"El diverso argumento relativo a que el a quo no señala cuáles fueron los elementos que le sirvieran de base para considerar que los recurrentes se condujeran de mala fe, resulta inoperante, porque, en tratándose de actos que no son potestativos, sino verdaderas obligaciones originadas en la ley, el incumplimiento de las mismas presupone mala fe, salvo que mediara causa justificada para ello, en cuya hipótesis, son las propias autoridades las que debieran expresarla y demostrarla ante el a quo.

"Por tanto, la falta de motivación expresa sobre la mala fe con que procedieran los recurrentes no constituye ningún agravio en el caso concreto.

"Consecuentemente, se debe declarar infundada esta queja."

QUEJA No. 56/86, LOS CONSEJEROS TITULARES INTEGRANTES DEL CUERPO CONSULTIVO AGRARIO:

"Cuarto.- Resultan infundados los agravios que vierten los recurrentes atento a los siguientes razonamientos.

"Afirman los recurrentes al expresar en el segundo agravio que el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, autoriza al juzgador a imponer multas, únicamente cuando exista mala fe y que en el caso debió tomar en cuenta que los sismos de septiembre del año pasado, afectaron a la Secretaría de la Reforma Agraria, la que no ha establecido aún su domicilio.

"Sobre el particular, debe decirse que el que las autoridades deban exhibir los documentos necesarios para determinar los derechos agrarios de la parte quejosa, es una obligación que les impone el artículo 224 de la Ley de Amparo; por ende, no se trata de un acto subjetivo, sino objetivo, por ser precisamente una obligación y no una opción, pues solamente en el primer supuesto podría calificarse la mala fe; esto es, de la opción que tienen los quejosos de ocurrir al juicio de amparo y de hacer valer los recursos previstos, sólo para retardar la ejecución de los actos que reclamen, o bien de las autoridades en recurrir todo lo actuado y resuelto por el Juez de Distrito.

"En este orden de ideas, el actuar del a quo es correcto al imponer la sanción a los recurrentes por no haber dado cumplimiento al proveído del ocho de enero de mil novecientos ochenta y seis.

"Acerca de que no tomó en cuenta la situación de la Secretaría de la Reforma Agraria originada por los sismos de septiembre del año pasado, ese aspecto no se externó ante el Juez Federal, ni se le solicitó por ese motivo, nuevo plazo para cumplir con el proveído aludido; tal como ya en una ocasión lo hicieron los recurrentes y con base en ello, el a quo no hizo efectivo un diverso apercibimiento. Luego entonces, como se dijo el actuar del Juez es correcto y procede declarar infundado el recurso en análisis.

"Con relación al primer agravio que aducen los recurrentes, éste es inoperante, pues manifestaron que el artículo 149 de la Ley de Amparo, habla de que si la autoridad responsable no rinde informe justificado o lo hiciere sin remitir copia certificada de las constancias relativas, el Juez de Distrito le impondrá una multa; sin embargo el a quo no apoyó el auto recurrido en tal precepto, sino en el diverso 224 de la Ley en cita, de lo cual se observa la inoperancia del argumento en análisis, conforme al criterio jurisprudencial contenido en la tesis No. 40 visible en la página 65, del último Apéndice de jurisprudencia que dice: `AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.'

"En atención a los anteriores razonamientos y toda vez que los recurrentes no demostraron la ilegalidad del acuerdo recurrido, procede declarar infundado el presente recurso de queja."

QUEJA No. 316/86, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA Y OTRAS AUTORIDADES:

"Quinto.- Son ineficaces los agravios que esgrimen los recurrentes, para conducir a la revocación del acuerdo recurrido.

"En efecto, en el primer agravio sostienen las autoridades que el Juez de Distrito omitió establecer las circunstancias que lo indujeron a presumir la mala fe en el actuar de ellas, y que, por tanto, el auto de quince de agosto del año en curso, es violatorio del artículo 3o. bis, de la Ley de Amparo.

"Sobre el particular debe decirse que el que las autoridades deban exhibir los documentos necesarios para determinar los derechos agrarios de la parte quejosa,es una obligación que les impone el artículo 224 de la Ley de Amparo; por ende, no se trata de un acto subjetivo, sino objetivo, por ser precisamente una obligación y no una opción, pues solamente en el primer supuesto podría calificarse la mala fe; esto es, la opción que tienen los quejosos de ocurrir al juicio de amparo y de hacer valer los recursos previstos, sólo para retardar la ejecución de los actos que reclamen, o bien, de las autoridades en recurrir todo lo actuado y resuelto por el Juez de Distrito.

"En este orden de ideas, el actuar del a quo es correcto, al imponer la sanción a los recurrentes por no haber dado cumplimiento al proveído del dos de julio de mil novecientos ochenta y seis.

"Finalmente, con relación al segundo agravio que aducen los recurrentes, tampoco les asiste razón, pues manifiestan que el artículo 149 de la Ley de Amparo, habla de que si la autoridad responsable no rinde informe justificado o lo hiciere sin remitir copia certificada de las constancias relativas, es entonces cuando el Juez de Distrito está en la posibilidad de imponer una multa; al respecto, debe decirse que en la especie, no es aplicable el precepto que invocan las autoridades, por lo siguiente: tratándose de materia agraria, la Ley de Amparo claramente establece en el artículo 224, que las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes las constancias que sean necesarias para determinar los derechos agrarios de las partes, que en la especie son respecto al poblado quejoso, y en caso de que la autoridad no cumpla con lo anterior, se hará acreedora a una multa. Hipótesis que se dio en la especie, ya que las recurrentes no cumplieron con el auto de dos de julio del año en curso. Además, fue el precepto en último término citado en el que se apoyó el Juez Federal; por ende, su actuar se ajustó a derecho.

"En atención a los anteriores razonamientos y toda vez que los recurrentes no demostraron la ilegalidad del acuerdo recurrido, procede declarar infundado el presente recurso de queja."

Las resoluciones transcritas dieron lugar a la siguiente tesis:

"MULTA POR NO RENDIR INFORME JUSTIFICADO. NO SE REQUIERE MOTIVAR LA MALA FE.- Tomando en consideración que la rendición del informe justificado no es un acto potestativo sino una obligación, y que solamente en el primer supuesto podría calificarse la mala fe; es claro que el incumplimiento de dicha obligación, por sí mismo presupone mala fe, salvo el caso de que mediara causa justificada para ello, en cuya hipótesis las propias autoridades deben expresarla y demostrarla ante el Juez de Distrito. Por tanto, la multa impuesta con apoyo en el artículo 224 de la Ley de Amparo es correcta, aun cuando no se haya motivado la mala fe de las autoridades sancionadas."

CUARTO.- Con la finalidad de establecer y delimitar la materia de la contradicción planteada, se estima conveniente realizar una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.

1.- El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito conoció del amparo en revisión 526/93, cuya parte considerativa se transcribió en el considerando segundo de esta ejecutoria. De los antecedentes de este asunto cabe señalar que se originó con la demanda de amparo indirecto en el que se señaló como autoridad ordenadora a la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, de quien se reclamó la resolución dictada en el recurso de queja hecho valer contra un auto dictado por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, en una controversia del orden familiar; el Tribunal Colegiado declaró infundados los agravios y, en cuanto al relativo a la falta de aplicación por parte del Juez de Distrito, del artículo 149, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por la omisión del Juez del Ramo Civil, de rendir su informe con justificación, dicho Tribunal Colegiado expresó que de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, la multa sólo se aplicará a los infractores que hubiesen actuado de mala fe, por lo que si en autos no aparece dato alguno que la ponga de manifiesto, la omisión del Juez Federal en este aspecto, resulta correcta.

2.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió los recursos de queja interpuestos por autoridades agrarias en contra de los correspondientes autos en los que el Juez de Distrito hizo efectivo el apercibimiento e impuso una multa porque las autoridades no dieron cumplimiento a lo requerido por el juzgador federal. El indicado Tribunal Colegiado, en lo conducente, declaró infundado el agravio relativo a que el Juez de Distrito no señala cuáles fueron las circunstancias que le sirvieron de base para estimar que las autoridades se han conducido con mala fe en la omisión apuntada; ese órgano colegiado manifestó que la rendición del informe justificado y el envío de constancias y de copias certificadas es una obligación que les impone el artículo 224 de la Ley de Amparo, por lo que la mala fe se presume con el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3739-3fbb1316/multas-previstas-en-los-articulos-149-y-224 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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