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Modo: Corpus Pro

FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVE LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/95. · Registro digital (IUS): 3786
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, , Pág. 204.

CONTRADICCION DE TESIS 86/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tiene legitimación para denunciar la contradicción de tesis que se plantea, porque los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los tribunales que las sustenten.

TERCERO. Procede a continuación verificar si en el caso existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.

a). El juicio de amparo directo número 3132/95, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tiene como antecedentes, que aparecen de la propia ejecutoria, los siguientes:

Por escrito presentado el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, Fianzas Atlas, Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del referido tribunal en el juicio de nulidad número 149/94, promovido por dicha quejosa en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al que correspondió el conocimiento del asunto, con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, dictó sentencia, negando a la quejosa la Protección Federal solicitada en contra de la sentencia reclamada dictada por la Sala Regional responsable mencionada.

Dicha resolución reclamada se apoyó en las siguientes consideraciones:

"TERCERO. La resolución reclamada se apoya en las siguientes consideraciones:

"`PRIMERO. La litis en este juicio consiste en determinar si se configuró la caducidad de las facultades de la autoridad para requerir el pago de la fianza. Así como la legal procedencia del requerimiento. Toda vez que los tres agravios que hace valer la actora se refieren al nacimiento de la exigibilidad del requerimiento impugnado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, se procederá a estudiar en forma conjunta los argumentos planteados. SEGUNDO. En opinión de este órgano colegiado, los argumentos de la demandante resultan ineficaces, en atención a las siguientes consideraciones. Del estudio realizado a la documentación presentada por las partes, entre la que obra el requerimiento impugnado, se desprende que la autoridad llevó a cabo el procedimiento que al efecto establece el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por tratarse de una fianza exigible, acompañando la documentación relativa a la fianza en cuestión. La exigibilidad de la fianza, en los términos pactados en la póliza respectiva, se presentó al quedar firme la ejecutoria emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo 1056/93, la cual fue notificada, con copia de la constancia respectiva tal como se expuso en los puntos cinco del requerimiento impugnado, y seis del acta de notificación por lo que el procedimiento se ajustó a las normas que lo rigen. Por otra parte, será necesario determinar si resulta aplicable la figura jurídica de la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tratándose de la exigibilidad de fianzas que garantizan una obligación fiscal. Para ello debemos precisar en qué consistieron las reformas a los artículos 93, 93 bis, 94, 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del catorce de julio de mil novecientos noventa y tres, que tienen directa relación con el asunto planteado. Al respecto, el artículo 93 señala que los beneficiarios de las fianzas, a su elección podrán presentar sus reclamaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, indicándose además que las instituciones de fianzas estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo siguiente. En el artículo en comento se establece en detalle el procedimiento a seguir cuando se hace la reclamación a la institución de fianzas, derivada de un contrato cuyos derechos y obligaciones constan en una póliza. El artículo 93 bis señala el procedimiento en el caso de que el beneficiario presente reclamación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos del artículo antes citado. El artículo 94 indica las reglas que se aplicarán cuando se substancie un juicio en contra de las instituciones de fianzas.

"`En relación con los preceptos anteriores, el artículo 120 crea la institución jurídica de la caducidad, señalando dentro de sus características que si la institución se hubiera obligado por tiempo determinado, quedará libre de su obligación de (sic) caducidad, si el beneficiario no presenta su reclamación dentro del plazo que se haya fijado en la póliza, o, en su defecto, dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza, en cambio, si la afianzadora se hubiera obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de su obligación si el beneficiario no presenta la reclamación dentro de los 180 días siguientes a partir de que la obligación se vuelve exigible por incumplimiento del fiado. Los párrafos siguientes del precepto se refieren a la prescripción de la fianza. Los comentados preceptos pueden considerarse como las normas aplicables a la generalidad de las fianzas, sin embargo, el artículo 95 establece una excepción a las mismas, atendiendo al carácter del beneficiario y a la obligación que garantiza. En efecto, dicho artículo establece que las fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos antes señalados o bien, de acuerdo con las disposiciones que en el propio artículo se indican y de conformidad con las bases que fije el Reglamento del citado precepto, señalando expresamente que en las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, supuesto éste último que se da en la especie en el caso de la exigibilidad de las fianzas que garantizan la liquidación de un capital constitutivo a favor de cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como a continuación se pasa a exponer. La aplicación del Código Fiscal de la Federación se desprende igualmente de la jurisprudencia número 24/93, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 72, diciembre 1993, página 23, al resolver la contradicción de tesis 1/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de octubre de 1993, que a la letra dice: `FIANZAS. TERMINO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA POR UNA COMPAÑIA AFIANZADORA EN CONTRA DEL COBRO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION Y A CARGO DE TERCEROS'. (La transcribe).

"Ahora bien, en este caso, al ser beneficiario de la póliza de fianza el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un organismo público descentralizado, integrante de la Administración Pública Federal, que forma parte del Gobierno Federal, en términos de los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fianza debe entenderse otorgada a favor de la Federación, tal y como se sostiene en la tesis de la Sala Superior, aplicable por analogía, visible en la Revista No. 80 del Tribunal Fiscal de la Federación, 3a. Epoca, Año VII, agosto 1994, que a la letra dice: `EXIGIBILIDAD DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DEL ISSSTE'. (La reproduce). Por otra parte, la obligación que se garantiza es de carácter fiscal, pues los capitales constitutivos son créditos fiscales, conforme a lo dispuesto por los artículos 267 de la Ley del Seguro Social y 4o. del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, si de la póliza de fianza número III.193348 del 13 de octubre de 1989, se desprende que es para garantizar por el patrón Constructora Bau, S.A. de C.V., el pago del capital constitutivo 7/89 y los recargos moratorios respectivos, resulta evidente que la actora garantizó a favor de la Federación, obligaciones fiscales a cargo de terceros; por lo tanto, cuando se garantiza un crédito fiscal por concepto de capital constitutivo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen aplicación las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación, para hacer exigible una fianza que garantice una obligación fiscal. De lo anterior se concluye que, tratándose de fianzas a favor de la Federación, que garanticen obligaciones fiscales a cargo de terceros, no opera la institución de la caducidad a que se refiere el artículo 120 citado, pues deberá estarse al Código Fiscal de la Federación para hacerse efectiva, y en este último ordenamiento no se contempla dicho medio de extinción de las obligaciones de pago de la póliza de fianza, como se aprecia de la lectura de su artículo 143. A mayor abundamiento se aprecia que, por otra parte, para considerar actualizada la caducidad referida, es necesario que el beneficiario no presente la reclamación ante la afianzadora dentro de los plazos aludidos. Ahora bien, en el presente asunto no puede considerarse actualizada la caducidad debido a que, además el beneficiario no estaba obligado a presentar la reclamación varias veces mencionada. Efectivamente, en el artículo 93 de la misma Ley, se establecen las reglas conforme a las cuales se tramitarán y resolverán las reclamaciones que los beneficiarios presenten ante las instituciones afianzadoras. Sin embargo, en el artículo 95 se determina que la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para hacer efectivas las pólizas otorgadas a su favor podrán optar por agotar los procedimientos previstos en los artículos 93 y 93 bis, o bien, de acuerdo con las reglas previstas en el mismo artículo 95 y su Reglamento. Además, en el último precepto referido se indica que las fianzas otorgadas en favor de las personas antes precisadas, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros se harán exigibles conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

"`Conforme a lo indicado, se advierte que el sujeto beneficiario en este asunto, el Seguro Social, según se indica en la póliza ofrecida como prueba por la actora, no estaba obligado a presentar la reclamación ante la institución afianzadora, pues como ya se indicó, la fianza podría hacerse exigible de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 93 y 93 bis de la Ley en estudio, o bien, conforme a las reglas establecidas por el artículo 95 de la misma. Ahora bien, la demandada decidió requerir la póliza de fianza III.193348 de acuerdo con lo establecido por el último precepto referido, tal como se indica en el requerimiento impugnado; por lo que no puede considerarse actualizada la caducidad de la obligación a cargo de la afianzadora en virtud de que esta institución jurídica opera únicamente cuando el beneficiario decide agotar el procedimiento previsto en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y presente su reclamación ante la afianzadora fuera del plazo de 180 días ya referido, cuestión que no se actualiza en el presente juicio. Además, cabe mencionar que la actora aceptó expresamente someterse al procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación, tal y como se desprende de la multicitada fianza, lo cual trae como consecuencia la inaplicabilidad del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En esa tesitura, a juicio de esta Sala resultan infundados los agravios expuestos por la actora, toda vez que en el caso concreto, la autoridad requirió el pago de la fianza de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y de acuerdo con lo estudiado en este caso no es aplicable el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, respecto de la caducidad que el mismo establece, por las razones antes mencionadas.'"

Contra los razonamientos de la responsable antes referidos, la quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, mismos que el Tribunal Colegiado contendiente de que se trata desestimó por las razones siguientes:

"De la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable consideró, esencialmente, que en tratándose de fianzas a favor de la Federación que garanticen obligaciones fiscales a cargo de terceros, como las aportaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un organismo público descentralizado, integrante de la Administración Pública Federal, tienen aplicación las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para hacer exigible una fianza; concluyendo que en el caso concreto no es aplicable el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que prevé la figura de la caducidad.

"La quejosa en sus conceptos de violación aduce medularmente que la sentencia que reclama viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la Sala responsable hace indebida interpretación de los artículos 93, 93 bis, 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 143 del Código Fiscal de la Federación, ya que el citado artículo 120, prevé la institución de la caducidad que, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, en el caso sí es aplicable.

"Conviene destacar, desde luego, que los artículos 95, primer párrafo, y 120, segundo párrafo de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establecen:

"`ART. 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta Ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.'

"`ART. 120. ...Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los 180 días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.'

"A su vez, los artículos 143, tercer párrafo, y 146 del Código Fiscal de la Federación establecen:

"`ART. 143. ...Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las siguientes modalidades: a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará, en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de los quince días siguientes al en que ocurran. La citada información se proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las autoridades ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en las regiones donde no se haga alguno de los señalamientos mencionados. b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remate, en bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su producto.'

"`ART. 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales. La cancelación de créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, no libera de su pago.'

"De las transcripciones anteriores se infiere que si bien es cierto que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, prevé la caducidad, también lo es que el numeral 95 establece una excepción a las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, atendiendo al carácter del beneficiario y a la obligación que garantizan, señalando dicho precepto que deberá estarse a lo ordenado por el Código Fiscal de la Federación para hacer efectiva una fianza como en el caso en cuestión, y por su parte los artículos 143 y 146 de dicho Código no establecen la caducidad como medio de extinción de obligaciones determinadas, sino la prescripción.

"En tales condiciones, es evidente que no opera a favor de la quejosa la figura de la caducidad, en virtud de que el Código Fiscal de la Federación, que es la ley especial, por regular en forma directa el procedimiento legal para hacer exigible una fianza que garantice una obligación fiscal, se encuentra por encima de la ley general, que en el caso es la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues ésta no tiene un propósito eminentemente fiscal e incluso se remite al código tributario.

"Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 24/93, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de 24 de noviembre de 1993, por unanimidad de votos, al resolver la contradicción de tesis 1/92, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 72, diciembre de 1993, página 23, cuyo tenor literal es el siguiente: `FIANZAS. TERMINO DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA POR UNA COMPAÑIA AFIANZADORA EN CONTRA DEL COBRO DE LAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACION Y A CARGO DE TERCEROS. El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su primer párrafo, dispone que las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas de acuerdo con las disposiciones que señala y de conformidad con las bases que fije el Reglamento de este artículo y hace la excepción de las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, señalando que en este caso se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, cuando se garantiza un crédito fiscal por concepto de cuotas obrero patronales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las instituciones de fianzas impugnan la improcedencia del cobro, tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación respecto a la instauración del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal y, consecuentemente, el plazo legal para la presentación de la demanda es de 45 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de la resolución impugnada.'

"En este orden de ideas, debe desestimarse lo que aduce la quejosa en el sentido de que la remisión que hace la Ley Federal de Instituciones de Fianzas al Código Fiscal de la Federación es sólo en el aspecto del procedimiento para hacer efectivas las garantías. Tal criterio, en efecto, limita lo que debe entenderse por procedimiento para hacer efectiva la fianza, en desacuerdo con lo que dejó entrever la Suprema Corte en el criterio anteriormente transcrito, al incluir dentro de la cuestión relativa a la forma de hacer efectiva la fianza, el aspecto de la oportunidad de la demanda fiscal en contra del requerimiento de pago a una afianzadora; de manera que es posible afirmar que con la forma de hacer efectiva la fianza, sí guarda relación directa el plazo con que cuenta el acreedor para hacer la reclamación y, por tanto, tratándose de fianzas como la que se discute en el caso, no opera la caducidad prevista por el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas."

b). En lo correspondiente al juicio de amparo directo 168/95, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila, tiene como antecedentes los que enseguida se relatan, deducidos de la correspondiente ejecutoria.

Fianzas México, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado, ocurrió en demanda de garantías de lo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en contra de la sentencia definitiva de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada por la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad número 661/94.

La sentencia reclamada de la referida Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, se basó en lo siguiente:

"SEGUNDO. La enjuiciante aduce como único concepto de nulidad, esencialmente, que caducaron facultades de las autoridades aquí demandadas para exigirle el pago de la póliza de fianza 1240GPD1 porque según el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de julio de 1993, en relación con el artículo cuarto transitorio del mismo Decreto, la autoridad sólo contaba con un plazo de 180 días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se volvió exigible para requerir su pago, y el requerimiento de pago aquí combatido le fue notificado fuera de tal plazo. Al respecto manifiestan las demandadas que no le es aplicable a la enjuiciante lo dispuesto por la reforma sufrida por el mencionado artículo 120, porque en los casos en que se otorga fianza en favor de la Federación, lo aplicable es el Código Fiscal de la Federación. Esta Sala Regional Norte Centro, una vez vistas las constancias que obran en autos, y considerando lo manifestado por las partes considera del todo infundado el único agravio aducido por la parte actora, en mérito de que es verdad que el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas fue modificado mediante Decreto del día 14 de julio de 1993, en el sentido de que en lugar de operar la caducidad de las facultades de las autoridades en 3 años, operaría en 180 días, contados a partir de la fecha en que se hubiera hecho exigible el crédito garantizado, pero no es menos cierto que el artículo 95 de la Ley citada expresamente establece: 'Art. 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis ...excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación...' (lo subrayado es nuestro); y en la especie tenemos que la póliza de fianza No. 1240GPD1 de fecha 19 de marzo de 1992 que es la que se está haciendo exigible en el requerimiento de pago controvertido en esta vía, se otorgó a favor de la Tesorería de la Federación para garantizar la obligación fiscal de ARTE Y DISEÑO DE GOMEZPALACIO, S.A. DE C.V., adecuándose así esta situación a la excepción que al efecto establece el transcrito artículo 95, por ello, para hacer efectiva la póliza de fianza de referencia se deberá estar a lo que al efecto disponga el Código Fiscal de la Federación, y éste, en su artículo 146 establece que el crédito fiscal prescribirá en cinco años, y en consecuencia la facultad procedente de la autoridad para hacerlo efectivo también caducará en igual término, por lo que si la póliza de fianza de referencia se hizo exigible en el año de 1992, según lo reconoce expresamente la demandante, reconocimiento que hace prueba plena en su contra conforme lo dispone el artículo 234 del Código Fiscal de la Federación, resulta obvio que el año de 1994 en que fue requerida de pago ni había prescrito el crédito fiscal relativo, ni habían caducado las facultades de la autoridad para requerirla. De todo lo expuesto y fundado se concluye que las autoridades aquí demandadas actuaron con apego a derecho al requerir el pago de la póliza de fianza No. 1240GPD1, ya que realizó tal requerimiento dentro del término con que contaban para ejercer tal facultad."

La quejosa a que se alude formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y al efecto, con fecha seis de abril de mil novecientos noventa y cinco, el Tribunal Colegiado en cuestión dictó la ejecutoria correspondiente, con apoyo, por lo que interesa, en las consideraciones siguientes:

"Dada la estrecha relación que guardan entre sí los motivos de inconformidad, procede realizar su estudio de manera integral, en los cuales se argumenta lo siguiente:

"a). Que los razonamientos vertidos por la autoridad responsable causan agravio por aplicación inexacta del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y consecuentemente la falta de aplicación del artículo 120 de dicho cuerpo legal, supuesto que, el artículo 95 se refiere a los procedimientos de cobro de las fianzas, pero en ningún momento se refiere a la caducidad o a la prescripción de las facultades de las autoridades, pues se refiere exclusivamente al procedimiento del requerimiento de pago respecto de la póliza de fianza, porque cuando el multicitado artículo 95 de la ley de la materia señala que tratándose de estos procedimientos, y, cuando el beneficiario sea la Federación, se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, es obvio que dicho numeral se refiere exclusivamente al procedimiento de cobro, es decir, al procedimiento de ejecución, mas nunca a las formas de extinción de la obligación de la institución de fianzas, las cuales se regulan por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pero jamás por el Código Fiscal de la Federación, pues no obstante que la responsable pretende que se aplique el artículo 146 de dicho ordenamiento al caso concreto, esto no es posible, ya que este artículo se refiere a la prescripción de los créditos determinados a cargo de los contribuyentes, mientras que la obligación de la afianzadora es la de constituirse en fiadora del particular por un determinado lapso de tiempo (sic) según se señala en la propia póliza que al respecto se expidió; por lo tanto la obligación del fiado es distinta a la de la fiadora, regulándose la extinción relativa a la primera por el Código Fiscal de la Federación y la de la segunda por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"b). Que la responsable al sentenciar resuelve el agravio planteado, aplicando el Código Fiscal de la Federación y estima aplicable el artículo 146 del citado ordenamiento, causando con ello un agravio, toda vez que el referido artículo trata la figura jurídica de la prescripción del crédito fiscal, y en la especie lo que se está combatiendo es la figura jurídica de la caducidad plasmada en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, precepto que señala el término para hacer efectiva la póliza de fianza.

"Ahora bien, se estima lo fundado de los conceptos de violación, dado que, como lo aduce la quejosa, la autoridad responsable, no debió por analogía, establecer discrecionalmente que el término para el cobro o reclamación de la fianza, debe regularse por lo que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 146, el cual precisa que el crédito fiscal prescribe en cinco años, ni tampoco establecer como lo hizo, que dicho término debe también regir, en tratándose de instituciones de fianzas y seguros.

"Se afirma lo anterior, dado que la circunstancia aludida sólo sería válida en la hipótesis de que la ley de la materia no regulara esa situación, lo que no acontece en el caso que se analiza, en virtud de que en forma expresa el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, modificado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el (14) catorce de julio de (1993) mil novecientos noventa y tres, establece específicamente la manera en que una institución de fianzas queda liberada de su obligación por caducidad y, cómo puede librarse de ésta por prescripción (anteriormente el citado precepto sólo se ref

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3786-d2ebba1f/fianzas-otorgadas-en-favor-de-la-federacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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