INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES IDONEO EL INCIDENTE COMPETENCIAL QUE PLANTEA PRETENDIENDO QUE EL Y NO LA JUNTA DEBE CONOCER DE LA ACCION DE INCREMENTO DE PENSIONES.
CONTRADICCION DE TESIS 73/90. ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En el caso se surte la hipótesis de contradicción de tesis sustentada por dos Tribunales Colegiados de Circuito, según aparece de las constancias procesales remitidas con motivo de la denuncia.
En efecto.
A) El amparo en revisión número 200/90 radicado ante el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, encuentra como antecedentes los siguientes:
Ante la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado, promovió incidente de incompetencia para conocer del juicio laboral 902/89, seguido por Eduardo Rivera y otro, por estimar que dicha Junta carece de competencia jurisdiccional para conocer sobre el incremento de las pensiones y reconocimiento de derechos, si previamente los asegurados no acuden ante el propio Instituto a formular su petición correspondiente para que éste, una vez efectuados los estudios necesarios, se pronuncie al respecto, ya que es hasta este momento en que existe propiamente una controversia y, por ende, un acto definitivo que puede recurrirse ante la autoridad laboral.
Tramitado el referido incidente de incompetencia, la Junta del conocimiento mediante laudo interlocutorio de siete de junio de mil novecientos noventa, resolvió declararse competente para seguir conociendo del referido juicio y ordena se reanude el procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Inconforme con tal resolución, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León, bajo el número 1373/90, tramitado en su totalidad el veintisiete de julio de mil novecientos noventa, se negó la protección constitucional solicitada considerando que: "El artículo 275 de la Ley del Seguro Social textualmente establece: 'Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que esta ley otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el artículo anterior'. La sola mención de este precepto echa por tierra las pretensiones del quejoso, pues si el asegurado, tercero perjudicado, ocurrió directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado a controvertir sus pretensiones, lo hizo acogiéndose a la alternativa que expresamente le otorga el precepto transcrito, esto es, era potestativo para él ocurrir o no primeramente ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, escogiendo obviamente a la segunda de las posibilidades..."
Atento lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, el cual luego de estudiar los agravios expuestos en el escrito de revisión, resolvió declararlos fundados expresando lo siguiente:
"Efectivamente, el Juez de Distrito hizo una incorrecta interpretación del artículo 275, de la Ley del Seguro Social, ya que no es exacto que ese precepto otorgue a los asegurados o a sus beneficiarios, en cualquier caso, la opción para hacer valer sus derechos sobre las prestaciones que concede la citada ley, sin agotar previamente el recurso de inconformidad que señala el artículo 274, toda vez que una recta interpretación de aquella norma conduce a considerar que la alternativa que ahí se indica sólo opera bajo la condición de que exista una controversia entre los derechohabientes y el Instituto. Ahora bien, para que se dé el conflicto, se hace indispensable la solicitud que aquéllos eleven al organismo para el otorgamiento de la prestación y la resolución que a esa instancia dicte el Seguro Social, lo que viene a constituir el acto definitivo contra el cual el asegurado puede optar entre interponer el recurso de inconformidad o acudir directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a ventilar el problema. En la especie no existe la citada controversia, pues no aparece demostrado que el tercero perjudicado hubiera hecho alguna petición relativa a obtener pensión de invalidez ante el Instituto y que éste haya declarado la inexistencia de tal estado, y negando el otorgamiento del beneficio, para que el derechohabiente pudiera hacer uso de la alternativa de plantear la cuestión directamente ante la autoridad laboral federal o combatir la resolución ante el propio Seguro Social, mediante el recurso de inconformidad. Tiene razón el recurrente, en cuanto aduce que si se llegara a establecer que las simples peticiones de los derechohabientes pudieran reclamarse ante los tribunales laborales, convertiría a éstos en la vía de otorgamiento de las prestaciones, beneficios o derechos contenidos en la Ley del Seguro Social, facultad que corresponde exclusivamente al Instituto, que pertenecen al régimen de seguridad social. Igualmente está en lo justo al expresar que el solicitante debe sujetarse al procedimiento que señala el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, es decir, a someterse a los estudios correspondientes e investigaciones de carácter médico, social y económico que el Instituto estime necesarios para comprobar si existe o subsiste el estado de invalidez y si de los mismos se suscita una controversia, el interesado queda en libertad de accionar con los recursos optativos que la ley le señala. En tales condiciones, cabe concluir que no corresponde competencialmente a la Junta Federal Laboral el conocer del trámite de la reclamación hecha por el tercero perjudicado. De ahí que la sentencia interlocutoria de 7 de junio último por lo que se declaró competente para seguir conociendo del juicio laboral promovido por Eduardo Rivera López y otro y ordenó la reanudación del procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas resulta violatoria de garantías en perjuicio del Instituto quejoso, por lo que, al no haberlo estimado así el juez de Distrito incumplió lo dispuesto por los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede revocar el fallo recurrido y en su lugar otorgar al promovente la protección de la Justicia Federal que solicita."
B). Los amparos en revisión números 138/90, 192/90, 193/90, 197/90 y 198/90, radicados ante el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, encuentra como antecedentes los siguientes:
Ante las Juntas Especiales Números Diecinueve (en el primer asunto citado) y Veinte (los restantes) de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado, promovió incidente de incompetencia para conocer, respectivamente, de los juicios laborales 971/89, promovido por José García Saucedo y otro, 884/89, promovido por Andrés Saldaña Gutiérrez, 771/89, interpuesto por Jesús Chacón Aguilera y otros, 90/90, seguido por Josefina Sáenz Castillo y otro y 89/90, hecho valer por Demetrio Rayas García por estimar que las referidas Juntas carecen de competencia jurisdiccional para conocer sobre el incremento de las pensiones y reconocimiento de derechos, si previamente los asegurados no acuden ante el propio Instituto a formular su petición correspondiente, para que una vez éste, efectuado los estudios necesarios, se pronuncie al respecto, ya que es hasta este momento que existe propiamente una controversia y, por ende, un acto definitivo que puede recurrirse ante la autoridad laboral.
Tramitados los referidos incidentes de incompetencia, las Juntas del conocimiento mediante diversos laudos interlocutorios resolvieron declararse competentes para seguir conociendo de los referidos juicios y ordenan se reanuden los procedimientos en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Inconforme con los citados laudos, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicios de amparo indirecto, los cuales se radicaron ante los Jueces Tercero y Primero de Distrito en el Estado de Nuevo León, bajo los números 801/90, 1480/90, 1376/90, 1391/90 y 1475/90, tramitados en su totalidad, pronunciaron sentencia negando la protección constitucional solicitada considerando substancialmente: que de la simple lectura del artículo 275 de la Ley del Seguro Social se advierte que las controversias entre los asegurados y beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la ley otorga podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar el recurso de inconformidad que establece el artículo 275, sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el tercero perjudicado no hubiere cumplido con los requisitos que establece el artículo 133 de la Ley del Seguro Social, puesto que la citada investigación a que se refiere el citado precepto puede ser utilizada u ofrecida en el juicio laboral.
Atento lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió recurso de revisión cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, el cual luego de estudiar los respectivos agravios expuestos en los escritos de revisión, resolvió declararlos infundados expresando lo siguiente:
"En esencia se alega que en el caso no planteó el recurrente cuestión alguna relacionada con la competencia constitucional de la autoridad responsable sino con la competencia jurisdiccional, pues a fin de que se surtiera la 'actividad jurisdiccional' de la Junta, era menester que los terceros perjudicados se hubiesen sometido antes a los estudios o investigaciones respectivas por parte del Instituto, tendientes a determinar si procedía o no otorgarles la pensión de invalidez reclamada, ya que solamente así, es decir, ante una eventual negativa por parte del Instituto, cabría considerar, que existe una controversia, y no habiéndola, la Junta carece de competencia. Ahora bien, la competencia jurisdiccional es la que deriva de las leyes secundarias y se suscita entre los tribunales del mismo fuero, con igual capacidad, pero que por razones de técnica jurídica sólo pueden conocer de determinados negocios, de acuerdo con las reglas fijadas en las propias leyes secundarias. En materia de trabajo, esta competencia jurisdiccional se define a favor de las Juntas en función del territorio, y por lo mismo es obvio que la cuestión planteada por el quejoso no versa realmente sobre la 'competencia jurisdiccional' y menos podría entonces llevar a considerar incompetente a la Junta responsable, para inferir de ahí la inconstitucionalidad de la resolución reclamada. Es verdad, por otro lado, que el ejercicio de la jurisdicción supone un conflicto de intereses motivado por la lesión de un derecho, que es precisamente lo que justifica la intervención del Estado para restablecer el orden jurídico; pero esto no quiere decir que para poner en movimiento la actividad jurisdiccional se requiera la existencia real y efectiva de aquella lesión, puesto que ello equivaldría a limitar el derecho de acudir ante los tribunales a los casos en que la acción es fundada. Toda acción de condena, como la que dedujeron los terceros perjudicados, tiene como presupuesto la violación de un derecho, mas la existencia de la violación no es requisito para que el órgano del Estado se avoque al conocimiento del asunto, sino una condición para que la acción sea favorablemente acogida en la sentencia. Basta, pues, para que la acción pueda deducirse en juicio y deba por ende prestarse la jurisdicción, con que el actor simplemente invoque la existencia de un derecho violado y exija su protección, por lo que no puede aceptarse que la responsable carezca de jurisdicción por los motivos que expone el recurrente. Finalmente, es de notarse que el hecho de que los asegurados hayan o no acudido ante el Instituto para que les fueran practicados los exámenes o estudios médicos a que se refiere el escrito de agravios, sin ser desde luego apto para atribuir o dejar de atribuir competencia a la Junta responsable, podría en cambio tener otro tipo de consecuencias, mismas que no procede determinar ahora, precisamente por no estar relacionadas con la competencia, por cuyo motivo no podrían servir para estimar inconstitucional el acto reclamado. Atento lo expuesto, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión."
De los asuntos relacionados se desprende que los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Cuarto Circuito se han pronunciado en torno a un mismo tema, consistente a la competencia jurisdiccional de las Juntas Federales para conocer de los juicios promovidos por los asegurados derivados de prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social, llegando a conclusiones opuestas sobre el tópico, pues el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sostiene que como no existe propiamente una controversia entre el tercero perjudicado y el Instituto Mexicano del Seguro Social que constituya un acto definitivo, ya que en el caso no medió solicitud elevada a dicho Instituto para el otorgamiento de la prestación ni la resolución recaída a esa instancia, y tampoco el tercero perjudicado se sometió a los estudios de carácter médico, de ahí que el conocimiento de tal negocio corresponda jurisdiccionalmente al propio Instituto de conformidad con lo establecido en las disposiciones relativas de la Ley del Seguro Social; en cambio, el otro órgano Colegiado estima que en materia de trabajo la competencia jurisdiccional se establece a favor de las Juntas en razón del territorio y por lo mismo la existencia de una violación no es requisito para que el órgano del Estado se avoque al conocimiento del asunto, ya que basta con que el actor invoque la existencia de un derecho violado y exija su protección para que se preste la jurisdicción, agregando que no es apto para atribuir o dejar de atribuir competencia a la Junta responsable, el hecho de que los asegurados hayan o no acudido ante el Instituto para que le fueran practicados o no los exámenes o estudios médicos.
En las relatadas condiciones queda configurada la presente contradicción de tesis.
CUARTO. Para efectuar el estudio correspondiente acerca del criterio que debe prevalecer debe tomarse en consideración lo siguiente:
La jurisdicción es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante sentencia, las cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones; en tanto que la competencia es la atribución o capacidad que tiene una autoridad para conocer sobre una materia o asunto; en otro sentido, la competencia puede determinarse con motivo de la controversia que se suscita entre dos o mas jueces o tribunales sobre cuál de ellos debe conocer de un determinado asunto, causa o litigio.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido por los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI, constitucional, 527, 529, 698 y 700 de la Ley Federal del Trabajo, los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje; además, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades locales siempre que el asunto relativo no esté comprendido en los casos de competencia federal exclusiva y, por último, tanto las Juntas Locales como las Federales tienen jurisdicción en el territorio que se les asigne o que por disposición de la ley les corresponda.
De lo anterior se desprende que en los juicios de naturaleza laboral se finca la competencia por razón del fuero, federal o local según la materia, o por razón territorial, atendiendo a quien ejerce jurisdicción en el lugar en que por disposición de la ley debe ventilarse el litigio. De ahí que la incompetencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean federales o locales, únicamente puede derivar de cuestiones propias de la materia y del territorio, toda vez que si la competencia laboral se surte atendiendo a esos aspectos, es lógico concluir que dicha competencia no se surte cuando uno o ambos requisitos no se satisfacen en términos legales, no así por causa distinta, ya que en esta hipótesis no podría hablarse de un problema de índole propiamente competencial.
Precisado lo anterior, esta Cuarta Sala estima que debe prevalecer en lo esencial, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de que los alegatos sobre que los asegurados hayan o no acudido al Instituto para que les fueran practicados los exámenes o estudios médicos, previamente al ejercicio de la acción laboral, son argumentos no aptos para decidir sobre la competencia o incompetencia de la Junta.
Efectivamente, como lo considera el Segundo Tribunal Colegiado aludido, la competencia jurisdiccional deriva de leyes secundarias y se suscita entre tribunales, con igual facultad, que sólo pueden conocer de determinados negocios de acuerdo con las reglas fijadas en leyes secundarias, de lo que se sigue que la excepción formulada por el Instituto Mexicano del Seguro Social como incompetencia, no es un planteamiento que tenga que ver con la competencia jurisdiccional, porque ésta únicamente puede derivar de cuestiones referidas a la materia y al territorio y se suscita únicamente entre Tribunales jurisdiccionales laborales, esto es, Juntas de Conciliación y Arbitraje federales o locales, de acuerdo con el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
Además, la existencia de la violación de un derecho tampoco es condicionante para que la autoridad laboral se avoque al conocimiento del negocio, pues basta con que el trabajador considere que se le ha causado alguna lesión en su esfera jurídica, para que nazca su derecho a solicitar la intervención del órgano del Estado con la pretensión de que ese derecho le sea restablecido, sin que resulte cierto que previamente deba mediar alguna intervención del Instituto para que de ahí surja la competencia de las referidas Juntas, porque la controversia competencial es la contienda suscitada entre dos Jueces o tribunales respecto del conocimiento y decisión de un negocio judicial, administrativo o laboral, hipótesis que no se identifica con el derecho pretendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de resolver la acción deducida por el asegurado. En este aspecto, el Instituto plantea como conflicto competencial lo que en realidad constituiría un problema de improcedencia de la acción porque el trabajador no agotó ante él, previamente, el recurso establecido en el artículo 274 de la Ley del Seguro Social.
Por la razón acabada de asentar, es inaceptable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en el sentido de que la Junta respectiva carece de competencia jurisdiccional para resolver el negocio planteado, por estimar que no existe controversia, dado que el actor no acudió ante el propio Instituto a presentar la solicitud relativa a su reclamación y que éste hubiese negado el otorgamiento del beneficio. Además, con tal criterio que incurre, como ya se indicó, en el defecto de confundir la incompetencia con la improcedencia de la acción, se le estarían atribuyendo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera totalmente infundada, facultades de tribunal jurisdiccional de las que carece, independientemente de que ello traería como resultado examinar la excepción de incompetencia así planteada, de manera distinta a la señalada por la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, los artículos 527 a 529 y 698 a 706 de la Ley Federal del Trabajo establecen las reglas de competencia por razón de fuero y de territorio, así como las que rigen los procedimientos para tramitar las incompetencias planteadas de oficio o a petición de parte, instituyendo también los tribunales específicos que deben resolver las controversias competenciales que eventualmente se presenten, siendo obvio que en tales controversias intervienen órganos judiciales o jurisdiccionales, caracteres de los que, como ya se apuntó, carece el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En consecuencia, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sustentado en la siguiente tesis:
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES IDONEO EL INCIDENTE COMPETENCIAL QUE PLANTEA PRETENDIENDO QUE EL Y NO LA JUNTA DEBE CONOCER DE LA ACCION DE INCREMENTO DE PENSIONES.- Cuando con motivo de la acción del incremento de pensiones y reconocimiento de derechos que los asegurados deducen ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado plantea como incidente de incompetencia, la pretensión de que él debe resolver previamente con base en los exámenes y estudios médicos que practique a los actores, tal pretensión no puede jurídicamente catalogarse como una cuestión competencial, ni es apta para conducir a la incompetencia de la Junta, porque en los juicios laborales la competencia para decidir sobre las acciones de igual naturaleza corresponde a los Tribunales jurisdiccionales instituidos por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para tal efecto y se finca por razón del fuero, federal o local, según sea la materia, o por razón del territorio, atendiendo a quien ejerza jurisdicción en el lugar donde por disposición de la Ley debe ventilarse el litigio, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene atribuciones de tribunal jurisdiccional, ni su planteamiento corresponde a los procedimientos establecidos para fincar o dirimir competencias, sino que, dados sus términos, podría constituir la exposición de una defensa de improcedencia de la acción, mas resulta ineficaz para considerar incompetente a la Junta.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO. Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 138/90, 192/90, 193/90, 197/90 y 198/90, en los términos precisados en esta resolución.
Notifíquese y cúmplase, remítase la tesis jurisprudencial que sustenta la presente resolución, al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados y a los Juzgados de Distrito, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta para su publicación, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Carlos García Vázquez, Ignacio Magaña Cárdenas, Juan Díaz Romero, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el señor Ministro Carlos García Vázquez.
Firman el señor presidente y ponente con los demás Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/353-a69ec642/instituto-mexicano-del-seguro-social-no-es-idoneo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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