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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACION DEL PATRON DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACION LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/92. · Registro digital (IUS): 382
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 166.

CONTRADICCION DE TESIS 2/92. ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una posible contradicción de tesis en amparos en materia laboral, sustentada entre dos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 335/90, interpuesto por Troy, sociedad anónima y coagraviados, sostuvo lo siguiente: "TERCERO.- Son fundados los agravios pretranscritos para conducir a la revocación de la resolución recurrida. En efecto, es verdad que en el caso el conflicto estriba en establecer si el recurrente como ente patronal debe o no retener el impuesto sobre la renta al trabajador cuando éste obtenga ingresos por conceptos de prima de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación. En la especie de las constancias que aparecen en el expediente principal del juicio de amparo que se revisa, relativo al expediente laboral 203/90, en el que contienden Oscar Caballero Suárez como actor y la empresa Troy, sociedad anónima y coagraviados como demandados, se pone de manifiesto que estas últimas a través de su representante jurídico, se allanan al monto y pago del salario así como a la antigüedad del trabajo, pero, sin someterse al arbitraje en términos del artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual la Junta finca responsabilidad mediante resolución incidental y condena a la parte patronal al pago de tres meses de salario, veinte días por cada año laborado, prima de antigüedad y los salarios caídos y otros conceptos, expresando la parte demandada al consignar el pago haber detenido la cantidad de dieciséis millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos dieciséis pesos, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, haciendo entrega parcial al actor de la cantidad total que por diversos conceptos y prestaciones fue condenado. A efectos de establecer las bases para estimar si debe o no retener el impuesto el patrón, es menester transcribir en su parte relativa los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 'Artículo 77.- No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: X.- Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral, en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones y otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.'. 'Artículo 79.- Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas ...'. 'Artículo 80.- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual ...'. Ahora bien, se advierte que los conceptos a pagar en el procedimiento laboral encuadran en los que aparecen en el referido artículo 77, fracción X, de la ley invocada, que son percepciones que obtiene una persona que ha estado sujeta a una relación laboral, esto en el momento de su separación, sin que medie el hecho de que la citada separación haya sido justificada o injustificada, por tanto, es obligación patronal el retener la cantidad correspondiente al impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, salvo que el patrón haya pactado algo en contrario pues tales deberes impuestos a terceros corresponden a la facultad que el fisco tiene para controlar el impuesto y hacer más expedita su liquidación, facultad implícita en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al conceder atribuciones al Estado para establecer contribuciones, no consagra una relación jurídica simple, en la que el gobernado tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo a cobrarlo, sino que constituye uno de los basamentos del complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario entre las que se hayan las de controlar el tributo mediante la imposición de obligaciones a terceros, siendo este el caso de los patrones al retener el importe del impuesto por los ingresos que obtengan las personas que hayan estado sujetas a una relación laboral al momento de su separación. En tales condiciones, como lo señala el recurrente no es el caso de la aplicación de la ejecutoria que menciona el Juez de Distrito, pues si bien pudiera aplicarse por analogía, no se trata sobre prestaciones de las que deba deducirse el impuesto cuando el trabajador siga prestando sus servicios, por no haber terminado la relación laboral, sino que se trata también de la obligación de retener los impuestos en el momento de la separación de la persona que ha estado sujeta a una relación laboral, de ahí que le asiste la razón a la parte demandada al estimar que debe ser retenedora del impuesto sobre la renta, por tratarse de los mismos conceptos que contiene la resolución a los que se refieren los numerales invocados del ordenamiento legal tributario citado, en cuyo fallo la responsable no hizo la salvedad al condenar al patrón lo que también trajo aparejado el diverso acto de ejecución ordenado por el presidente de la Junta de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y que en cambio con exactitud jurídica la empresa sí retuvo la parte proporcional de los impuestos a pagar por el trabajador. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Troy, sociedad anónima y coagraviadas, de los actos que reclaman de la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, presidente y ejecutor de la misma, precisados en el resultando de esta ejecutoria.".

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 247/91, promovido por Oscar Caballero Suárez estableció: "TERCERO.- Son fundados en lo esencial los agravios que expresa el recurrente, aunque supliendo en parte la deficiencia de la queja este tribunal con apoyo en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo por ser la parte obrera quien viene a la revisión. La litis constitucional se circunscribe a determinar si el importe líquido de la condena impuesta al patrón en el laudo dictado en el juicio laboral seguido en su contra, está o no sujeto al pago del impuesto sobre la renta por tratarse de un ingreso a percibir por el trabajador por concepto de indemnización, salarios vencidos y demás prestaciones reclamadas. Al respecto, conviene citar los artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en mil novecientos noventa; a los que hace referencia el Juez Federal en la sentencia que se revisa para apoyar su consideración de que sí son aplicables en el caso debatido dichas normas, las que son del tenor siguiente: 'Art. 77.- No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: fracción X.- Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral, en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.'. 'Art. 79.- Cuando se obtengan ingresos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas ...'. 'Art. 80.- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual ...'. A juicio de este tribunal, no procede la aplicación de las normas tributarias a que se hace mérito en el párrafo precedente, en el caso del cumplimiento de una condena a cargo del patrón decretada en un conflicto laboral, porque tal circunstancia no encaja exactamente en la hipótesis de las citadas normas, las cuales aluden a los ingresos obtenidos por la persona física sujeta a una relación laboral en el momento de su separación, o sea que precisamente cuando el trabajador decide retirarse de su empleo por renuncia voluntaria, jubilación, enfermedad, etcétera, se le hace una liquidación de las prestaciones a que tiene derecho se le paguen a título de prima de antigüedad, retiro e indemnización, u otros pagos, supuesto en el cual está obligado a pagar el impuesto sobre la renta la cantidad que recibe por dichos conceptos, en la medida y porcentaje que señala la ley de la materia, impuesto que tiene obligación de retener el patrón o quien haga el pago y entregarlo al fisco; pero situación distinta ocurre en tratándose del cumplimiento de una condena dictada por un organismo jurisdiccional en un conflicto laboral originado por el despido injustificado de que fue objeto el trabajador, en cuyo caso el ingreso que éste va a recibir no proviene de una remuneración por la prestación de un servicio personal subordinado ni de una indemnización al momento de su separación, sino de una sentencia judicial decretada en un litigio en que resultó condenado el patrón por haber roto injustificadamente la relación laboral, privando al trabajador de su empleo y del medio de subsistencia para él y su familia, es decir, que la condena por concepto de indemnización, salarios vencidos y demás prestaciones, devino como una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, atento lo previsto en los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, constituyendo dicha condena una obligación jurídica a cargo del demandado de donde se sigue que los ingresos que va a recibir el trabajador no provienen de la prestación de un servicio ni por separación, sino derivados de una condena impuesta al patrón en el laudo dictado en un juicio laboral seguido en su contra como consecuencia de las acciones por despido ejercitadas. Pero además, tampoco está previsto en el artículo 123 constitucional ni en la Ley Federal del Trabajo, que el importe de la condena que se dicte en un juicio laboral, esté sujeto a gravámenes de ninguna naturaleza, pues si así fuera entonces se señalarían los mismos en el propio laudo en sus puntos resolutivos, de donde se sigue que el patrón demandado está obligado a cumplir íntegramente con el pago líquido de la condena que resulte una vez cuantificado en el incidente de liquidación correspondiente, máxime que en caso de incumplimiento, la citada ley reglamentaria contiene un capítulo de ejecución de los laudos tendientes a hacer efectiva la condena, a través del embargo de bienes y derechos susceptibles de ejecución, su remate y adjudicación pero en ningún precepto de este capítulo se señala limitación alguna de carácter fiscal sobre el importe de la condena. Lo anterior es así, porque la teleología del derecho del trabajo, es la de ser proteccionista del trabajador que injustamente se ve separado de su empleo por causa imputable al patrón, privándolo del medio de subsistencia necesario para él y su familia, obligándolo a recurrir a los tribunales del trabajo a exigir su indemnización o reinstalación y el pago de los salarios vencidos y demás prestaciones consiguientes a que tiene derecho legal y contractualmente, de modo que si después de un tiempo corto o largo obtiene un laudo favorable, la consecuencia no es otra que la de sancionar al patrón a que le pague todas aquellas prestaciones que dejó de percibir y que no le fueron cubiertas oportunamente, pero sería absurdo considerar que sin tener trabajo ni medios de subsistencia, fuera obligado el trabajador a pagar el impuesto sobre la renta proporcional al importe de la condena, siendo que él no dio origen a la separación sino el patrón, quien resulta ser la parte económicamente poderosa de los dos factores de la producción. No escapa a la consideración de este tribunal, que en todos los entes laborales físicos, existe la obligación de contribuir a los gastos públicos, siendo la Ley del Impuesto Sobre la Renta la que señala el límite y cuantía del tributo dependiendo del salario que perciba cada uno, pero también es prudente advertir que ello ocurre para todos los trabajadores en activo que laboran bajo la dirección y dependencia de un patrón, siendo éste el obligado a retener y entregar al fisco el impuesto correspondiente, incluso es operante esa regla en los casos de separación o terminación de la relación laboral, de modo que las cantidades que deban entregar al trabajador por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos por separación, son susceptibles de gravamen en la medida que señala la propia norma tributaria, pero todo ello siempre y cuando se trate del momento de la separación del trabajador sujeto a una relación laboral, independientemente de su justificación o injustificación, pero situación distinta, no contemplada por la ley fiscal, es la del pago del importe pecuniario de una condena impuesta al patrón de un laudo dictado en un juicio laboral, en cuyo caso indudablemente que no opera la aplicación del impuesto sobre la renta, por no estar contemplada dicha hipótesis en ninguno de los preceptos de la ley fiscal en detrimento del trabajador beneficiado. Las razones precedentes conducen a estimar que tanto la Junta responsable como el Juez Federal, hicieron una incorrecta apreciación de la materia de la controversia, partiendo de una premisa falsa en el sentido de que el patrón estaba obligado a retener el impuesto sobre la renta al cumplir con la condena impuesta a su cargo en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, pasando por alto que para ser aplicable la ley tributaria es menester que el caso concreto encaje exactamente en el supuesto de la misma. Por las anteriores razones, al ser violatoria de garantías la resolución reclamada por el quejoso, procede revocar la sentencia que se revisa y en su lugar concederle el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable estime inaplicable la Ley del Impuesto Sobre la Renta y resuelva lo procedente en relación al cumplimiento de la condena impuesta al patrón en el laudo dictado en el juicio laboral seguido en su contra. Por lo expuesto y fundado en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Oscar Caballero Suárez, en los términos y para los efectos que se precisan en el último considerando de esta ejecutoria, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a los que se hacen mérito en el resultando primero de esta resolución.".

TERCERO.- Del estudio comparativo de las resoluciones transcritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues de ellas se aprecia que dos Tribunales Colegiados sostienen criterios distintos respecto a un mismo problema puesto a su consideración.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 335/90 interpuesto por Troy, sociedad anónima y coagraviadas sostuvo en esencia, que en los términos de los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el patrón está obligado a retener el tributo respectivo por los ingresos obtenidos por las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de la separación, salvo pacto en contrario, independientemente de que la separación haya sido justificada o injustificada.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito al dictar la sentencia dentro del amparo en revisión número 247/91, promovido por Oscar Caballero Suárez, estableció en síntesis, que cuando se trata de una condena a cargo del patrón decretada por un órgano jurisdiccional originada por un despido injustificado, no son aplicables los artículos 77, fracción X, 79 y 80 del citado ordenamiento, dado que la suma que el empleado recibe, no proviene de una remuneración por la prestación de un servicio personal subordinado, sino de una pena por concepto de indemnización, salarios caídos y otras prestaciones derivadas de las acciones intentadas, ya sea por despido o rescisión del contrato, conforme a los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ya que las hipótesis a que se refieren esos numerales se dan cuando una persona física está sujeta a una relación laboral en el momento de la separación, es decir, cuando decide retirarse de su empleo por renuncia voluntaria, jubilación, enfermedad, etcétera, no así cuando existe una condena, por tanto concluyó, que la patronal no tenía por qué retener los impuestos respectivos.

Esta Cuarta Sala considera que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, por las razones que a continuación se expresan:

Los artículos 77, fracción X, 78, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de mil novecientos noventa y uno, establecen lo siguiente:

"Artículo 77.- No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: X.- Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.".

"Artículo 78.- Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes ...".

"Artículo 79.- Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas ...".

"Artículo 80.- Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que únicamente perciban salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.".

La transcripción de los anteriores preceptos permite determinar lo siguiente: La Ley del Impuesto sobre la Renta establece dos excepciones para el pago de tributos, en los casos en que las personas han estado sujetas a una relación laboral y obtienen un ingreso por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, siendo éstas: a) Que la cantidad recibida no exceda el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio; b) Que las personas perciban únicamente el salario mínimo general correspondiente; fuera de esas hipótesis, debe cubrirse el impuesto sobre la renta, el cual está obligado a retener quien realiza el pago, para posteriormente enterarlo al fisco. Ahora bien, si la mencionada ley no señala como excepción, que cuando las prestaciones obtenidas provengan de una condena decretada por un órgano jurisdiccional derivada de las acciones de despido o rescisión hechas valer por el trabajador, la consecuencia lógica es que este último debe pagar el tributo respectivo y el patrón retenerlo, siempre y cuando no se den alguno de los dos casos de excepción antes citados, independientemente de que exista separación justificada o injustificada, ya que como se dejó precisado, esta circunstancia no la contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta, prueba de ello es que el artículo 78 transcrito, el cual define los ingresos por la prestación del servicio personal subordinado, sólo establece que son aquéllos percibidos como consecuencia de la terminación de la relación laboral, sin hacer distinción alguna de la forma en que la separación deba llevarse a cabo.

Cabe señalar, que es inexacto el argumento esgrimido por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuando afirma que "tampoco está previsto en el artículo 123 constitucional ni en la Ley Federal del Trabajo, que el importe de la condena que se dicte en un juicio laboral esté sujeto a gravámenes de ninguna naturaleza", pues tales ordenamientos sólo contienen reglas en lo concerniente a las relaciones obrero patronales, mientras que la Ley del Impuesto sobre la Renta es la que regula lo relativo a los tributos que las personas deben cubrir, cuya base impositiva deriva de la obligación contenida en los preceptos 31, fracción IV y 73, fracción VII de la Constitución Federal.

Además, el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial como consecuencia de un despido injustificado o un no sometimiento al arbitraje, no priva a ese pago de su carácter de indemnización. En consecuencia, esta Cuarta Sala considera que la tesis que debe prevalecer es la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Conforme a lo anterior, se establece la siguiente tesis, que en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, constituye jurisprudencia.

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACION DEL PATRON DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACION LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA.- De conformidad con los artículos 77, fracción X, 79 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de 1991, quienes hagan pagos por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros, deben, en principio, retener el tributo respectivo; esta regla general admite dos casos de excepción, la primera se da cuando la cantidad recibida no excede de noventa veces el salario mínimo; la segunda, cuando el empleado sólo ha percibido un sueldo mínimo general correspondiente a su área geográfica; por tanto, si dichos preceptos legales no exceptúan de cubrir el impuesto sobre la renta a las personas que han estado sujetas a una relación laboral, y obtienen prestaciones derivadas de una condena impuesta por un órgano jurisdiccional, es obvio que el patrón debe retener el tributo relativo, sin importar si existe separación justificada o injustificada, pues el hecho de que el pago deba hacerse por determinación judicial, como consecuencia de un despido o un no sometimiento al arbitraje, no priva a dicho pago de su carácter indemnizatorio, cuya base impositiva deriva de la obligación establecida en los artículos 31, fracción IV y 73, fracción VII de la Constitución Federal.".

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

Notifíquese; elabórese la tesis de jurisprudencia respectiva y remítase al Semanario Judicial de la Federación para su publicación inmediata, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en su integración. Además, envíese testimonio de esta resolución al Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, así como un ejemplar de la jurisprudencia que se apruebe, y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, de los señores Ministros José Antonio Llanos Duarte, Felipe López Contreras, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y presidente Carlos García Vázquez. Fue ponente el Ministro Magaña Cárdenas.

Firman los CC. Ministros, presidente y ponente, con la secretaria de Acuerdos de la Sala, que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/382-123d554c/impuesto-sobre-la-renta-obligacion-del-patron-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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