VISITA DOMICILIARIA. LAS REFORMAS A LOS ARTICULOS 46, FRACCION I, ULTIMO PARRAFO Y 54, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, VIGENTES A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, NO MODIFICARON LA NATURALEZA JURIDICA DEL ACTA FINAL EN LA QUE LOS AUDITORES DETERMINAN PRESUNTAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO EN EL TRANSCURSO DE AQUELLA, COMO ES LA DE NO SER UN ACTO DEFINITIVO QUE PUEDA IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION.
CONTRADICCION DE TESIS 39/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, Raúl Bolaños Vital, por la quejosa Cafés de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de amparo directo 2612/93, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y que es materia de la denuncia formulada.
Sin que obste a la legitimación del autorizado el que de las copias certificadas de la sentencia relativa que remitió el tribunal correspondiente, no se advierta que intervino en el juicio de amparo directo número 2612/93, ni el denunciante haya acreditado dicho carácter, toda vez que al habérsele remitido copia al colegiado respectivo, del acuerdo de quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual el presidente de esta Sala requirió el expediente aludido o copia certificada de la resolución que recayó al juicio, tuvo conocimiento de que Raúl Bolaños Vital, ostentándose como autorizado de la quejosa Cafés de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, denunció la contradicción de criterios, sin que se haya objetado o desconocido esa ostentación.
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, precisa en forma específica quiénes están legitimados para formular denuncia de contradicción de tesis sustentadas entre Tribunales Colegiados de Circuito, pues específicamente determina que serán:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
b) El procurador general de la República,
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integran; y,
d) Las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
Al referirse este precepto a las partes que intervinieron en los juicios cuya resolución originó criterios contradictorios entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para que hagan la denuncia respectiva, ello significa que los quejosos o terceros perjudicados están legitimados para formular la denuncia.
En esta tesitura, cuando las personas físicas o morales actúan a través de sus representantes o apoderados, éstos quedan legitimados para hacer la denuncia de criterios relativa, pues dadas las facultades que se les confieren mediante el mandato, su actuación es directa, sin mayor autorización de quien promueven, bastando el que acrediten este carácter ante el órgano judicial; por ende, los representantes legales o apoderados que acrediten su legitimación en el juicio constitucional, pueden hacer la denuncia de contradicción de criterios, siempre que la efectúen con el mismo carácter y por quien actuaron en el juicio de amparo directo respectivo, pues tratándose de la promoción de este juicio, la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre..."; supuesto que queda acreditado tratándose de la denuncia de contradicción de tesis con la resolución dictada en el juicio correspondiente.
Ahora bien, en los juicios constitucionales, el artículo 27, segundo párrafo de la ley de la materia, prevé una regla general, en la que se da la figura jurídica de la autorización, tanto en el amparo indirecto como en el directo, pues no establece distinción alguna; y que implica la facultad que otorga el quejoso o tercero perjudicado a personas con capacidad legal o abogados, según sea la materia del juicio, para que actúen procesalmente en nombre de quien les otorgó dicha autorización; al efecto este precepto dispone:
"ARTICULO 27. ...
(Segundo párrafo). "El agraviado y tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo..."
Así tenemos que, atendiendo a las facultades que se otorgan al autorizado y dado que éstas le permiten intervenir en los juicios de garantías, se estima que igualmente están legitimados para denunciar criterios contradictorios que sustenten Tribunales Colegiados, siempre que se acredite o deduzca su intervención en los juicios o juicio del que derive la materia de contradicción que formulen, en los términos del precepto aludido, ya que la intervención que prevé el artículo 197-A de la Ley de Amparo, al referirse a las partes, no está limitada únicamente a los quejosos o terceros perjudicados y sus representantes o apoderados, pues se refiere a ella en forma genérica; comprendiendo dicha intervención a aquella de la que gozan los autorizados.
En este sentido, el autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, está facultado para formular denuncia de contradicción de criterios.
TERCERO. El criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se contiene en la resolución que emitió el doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada en el juicio de amparo directo número 2612/93, promovido por Cafés de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable, y señala en lo conducente:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación. Aduce la quejosa que contrariamente a lo estimado por la Sala responsable, el acta final de visita es una resolución definitiva que en términos del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación puede ser impugnada a través del juicio de nulidad. Tal afirmación la sostiene manifestando que con la reforma de mil novecientos noventa al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación ya no existe medio de defensa previo en contra de las mismas; que a los visitadores se les faculta para determinar las consecuencias legales de los hechos u omisiones observados durante la visita; que se suprime que lo asentado por los visitadores en las actas de visita no constituye resolución fiscal. Si bien es verdad que con las reformas al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa, se otorgan facultades a los visitadores para determinar las consecuencias legales de los hechos u omisiones conocidos durante la visita, también lo es que esto no significa que lo asentado por ellos en el acta constituya una resolución fiscal y que por ello pueda impugnarse sin esperar a que se determine liquidación, pues sólo hasta que ésta se emita por parte de la autoridad legalmente facultada para hacerlo, podrá considerarse que se causa un agravio fiscal, sin perjuicio de que la autoridad liquidadora acoja las conclusiones a las que llegaron los auditores en los términos de las facultades que les concede el artículo 46 reformado, del Código Fiscal de la Federación. Debe decirse que no es verdad que este precepto faculta a los visitadores para determinar liquidaciones, pues como ya se dijo, a lo que se les faculta es a determinar las consecuencias de los hechos u omisiones observados en la visita, determinación que sólo podrá causar perjuicios hasta que se asuma en una resolución de autoridad competente en que se determine la situación fiscal del contribuyente. También es infundado lo aducido por la quejosa en el sentido de que con las reformas a los artículos 46 y 54 del Código Fiscal de la Federación se cambió la naturaleza jurídica de las actas de visita, en virtud de que antes se establecía que las opiniones de los visitadores no constituían resolución fiscal, así como que el visitado podía inconformarse contra ellas mediante escrito presentado ante las autoridades fiscales dentro de los 45 días siguientes al cierre de la visita. En efecto, no puede estimarse que con tales reformas se cambie radicalmente la naturaleza de las actas de visita, toda vez que aun con dichas reformas en tales actas se consignan hechos u omisiones que mientras no sean acogidos por autoridad competente que decida sobre los mismos y determine la liquidación, no le causa perjuicio definitivo al visitado, aun y cuando los auditores consideren que las pruebas ante ellos presentadas no desvirtúen los hechos consignados en las actas, y determinen, de acuerdo con su criterio, las consecuencias jurídicas de dichos hechos y omisiones. Así, el hecho de que ya no exista instancia previa para inconformarse en contra de las actas de visita y que sólo haya un período de desahogo de pruebas ante los mismos visitadores, no hace que dichas actas constituyan resolución definitiva y que por tanto proceda en su contra el juicio de nulidad. Además, tampoco puede estimarse, como lo manifiesta la quejosa, que el acta final de visita sea una resolución fiscal atacable en juicio, en virtud de que no existe medio de defensa en su contra, pues si bien el último párrafo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación establece que las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa, lo cierto es que dicho precepto se refiere a resoluciones, es decir, a decisiones de autoridad y debe, por otra parte, hacerse notar que si la autoridad competente emite liquidación acogiendo las conclusiones de los visitadores, nada impide que éstas puedan controvertirse al impugnar la resolución de la autoridad liquidadora. En consecuencia, cabe considerar que la Sala responsable se ajustó a la ley y no siendo su sentencia violatoria de garantías individuales, debe negarse a la quejosa el amparo que solicita."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al dictar sentencia el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el juicio de amparo directo número 613/92, promovido por Promociones e Inversiones de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, consideró sustancialmente lo siguiente:
"QUINTO. ...Encontrándose claros los antecedentes del asunto planteado en este juicio constitucional, procedemos al estudio de la litis propuesta, consistente en si el acta final de visita de auditoría constituye una resolución definitiva y por ende, encuadra en alguno de los supuestos jurídicos del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, resultando procedente el juicio de nulidad entablado en su contra, o bien, es un acto que no tiene el carácter de resolución definitiva, y en consecuencia, el juicio de nulidad que se promueva en su contra es improcedente como lo sostiene la Sala responsable, además, también forma parte de la litis propuesta en este juicio de amparo, el determinar si la impugnación de un acta final de visita de auditoría, requiere de exhibir constancia de notificación diversa de la propia acta o no, de tales puntos controvertidos nos ocuparemos en el mismo orden en que se han mencionado. En primer lugar, es necesario definir lo que debe entenderse por resolución administrativa, y en segundo lugar, bajo qué característica se considera definitiva, para posteriormente ocuparnos del análisis del acto impugnado a través del juicio de nulidad. Por resolución administrativa debemos entender todo acto de autoridad creador de una situación jurídica concreta, derivada de la aplicación de la ley a un caso particular; el acto o resolución debe entrañar una decisión o comportamiento de autoridad, cuya eficacia o validez perjudique derechos o intereses del particular. No siendo correcto asimilar el concepto de resolución administrativa al de resolución jurisdiccional, que es aquella que resolviendo una controversia suscitada entre las partes (bien sea entre particulares o entre particulares y autoridades), pone fin a un procedimiento, pues si bien pueden existir resoluciones administrativas de esta índole, no es posible limitar dicho concepto dejando afuera otros actos de las autoridades administrativas emitidos en forma unilateral que crean, reconocen, modifican, transmiten, declaran o extinguen derechos y obligaciones, en una situación jurídica concreta, afectando los intereses jurídicos de particulares. En este orden de ideas, también resulta importante distinguir entre una resolución administrativa y un acto administrativo que no reviste el carácter jurídico de resolución, porque en ellos la autoridad ejerce sus facultades administrativas, sin que tales actos tengan naturaleza jurídica, por ejemplo cuando solicita una opinión, propone determinado tipo de organización interna, etcétera; o bien, cuando teniendo naturaleza jurídica no causen ningún perjuicio a los particulares, como sería la expedición de un reglamento interno, o bien, los actos de trámite que no tienen el carácter de resolutivos, ya que simplemente se concretan a preparar una resolución administrativa, sin afectar ningún derecho. Así, quedando claro lo que debe entenderse por resolución administrativa, corresponde ocuparnos de la característica que debe tener una resolución administrativa para considerarla definitiva, y por consiguiente, susceptible de impugnarse a través del juicio de nulidad, por supuesto, siempre que su competencia corresponda al Tribunal Fiscal de la Federación. A este respecto, la característica que debe contener una resolución administrativa para considerarse definitiva, es muy simple y no reviste mayor problema, porque es el propio artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en su último párrafo, el que establece cuándo se estima que una resolución es definitiva, en los siguientes términos: `ARTICULO 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ...Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa para el afectado.'-De esta manera, resulta claro que para el efecto de que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, conozcan de un juicio de nulidad en contra de resoluciones definitivas, se entenderá por éstas las que no admitan recurso administrativo en su contra, o cuando la interposición de éste sea optativa para el interesado. Y como la ley no distingue no se debe distinguir, es únicamente a esta característica que es de índole procesal a la que debemos atender para determinar si una resolución es definitiva o no, sin importar las modalidades que pueda revestir, así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis número ciento cincuenta, visible en la página doscientos treinta y siete, de la Tercera Parte del Informe de Labores, correspondiente al año de mil novecientos setenta y seis, que dice: `TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. QUE SE ENTIENDE POR ACTO DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD. La calificación de definitiva de una resolución para los efectos de la procedencia del juicio fiscal, en los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se determina atendiendo a la naturaleza misma de la resolución de que se trate y no respecto a las modalidades que adopte, esto es, una resolución se considera definitiva en el aspecto procesal, cuando contra ella no proceda ningún recurso o medio de defensa que la modifique o revoque, independientemente de que en su modalidad sea o no definitiva.' (El artículo 22, corresponde al actual 23 del mismo ordenamiento legal). Teniendo presente lo antes expuesto, procedemos al análisis de la naturaleza que reviste el acta final de auditoría, para determinar si constituye una resolución definitiva o no, para lo cual es necesario referirnos a los artículos que rigen dicho acto, así como a las reformas que sufrieron esos numerales a partir de mil novecientos noventa, con las cuales se modificó la naturaleza que reviste el acta final de auditoría. Así, comenzaremos por referirnos a la situación que existía antes de las aludidas reformas. El artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, señalaba literalmente lo siguiente: `ARTICULO 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualesquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el período revisado aunque dichos efectos no se consignen en forma expresa. Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del visitado, no constituyen resolución fiscal. II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualesquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este Código. III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia previo inventario que al efecto formulen. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita o después de concluida. V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia. VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.'- Por su parte, el artículo 54 del mismo ordenamiento legal, también vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, decía: `ARTICULO 54. Los contribuyentes que no estén conformes con el resultado de la visita podrán inconformarse con los hechos contenidos en el acta final mediante escrito que deberán presentar ante las autoridades fiscales dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró. El plazo para inconformarse con los hechos contenidos en actas complementarias correrá a partir del día siguiente al inmediato posterior al en que se cierren. Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas documentales pertinentes y vinculadas a los hechos que pretendan desvirtuarse, siempre que no le hubiesen solicitado su presentación durante el desarrollo de la visita. Los hechos con los cuales el contribuyente no se inconforme dentro del plazo legal o haciéndolo no los hubiera desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos.'- De la transcripción anterior, se advierte que por disposición expresa de la fracción I, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del visitado, no constituían resolución fiscal, además, existía la inconformidad del contribuyente visitado ante la autoridad fiscal para combatir todo lo asentado por los visitadores, que estimara le causaba perjuicio, por lo que, con base en esto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, sostuvieron el criterio de que lo asentado en las actas de visita, únicamente era impugnable hasta el momento en que se emitiera la resolución liquidatoria con la que culminaban las investigaciones, hechos o abstenciones asentadas en dichas actas, siempre tomando en consideración que por disposición expresa de la ley, no eran resoluciones fiscales, y que el particular afectado contaba con la instancia de inconformidad para ofrecer pruebas y desvirtuar lo asentado por los visitadores en dichas actas. Sin embargo, es el caso de que con las reformas contenidas en el artículo primero de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales que adicionó la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, y en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa, se modifican las fracciones I y IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y se le adiciona una fracción VII, para quedar como sigue: `ARTICULO 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido por los visitadores. Asimismo, se determinarán las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, las que se podrán hacer constar en la misma acta o en documento por separado. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualesquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el período revisado. II. ... III. ... IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita o después de concluida. Formulada la liquidación, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante, sehará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuando menos quince días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones. Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros y registros o no señala el lugar donde se encuentran. V. ... VI. ... VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente.'- Como puede advertirse de la anterior transcripción, con la reforma a la fracción I del numeral 46, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa, se le otorga facultad a los visitadores para determinar las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, las que se podrán hacer constar en las mismas actas o en documento distinto, y se suprime la última parte de ese precepto, que establecía expresamente que lo asentado por los visitadores en las actas de visita no constituía resolución fiscal. Además, de la lectura de la fracción IV, se desprende que también los visitadores pueden formular la liquidación correspondiente, sin que les sea posible levantar actas complementarias después de formulada ésta, al menos que exista nueva orden de visita. Y aún más, se establece ante los propios visitadores un plazo, entre la última acta parcial en la que habrán de consignar los hechos u omisiones conocidos durante la visita (que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales), y el acta final, plazo que será de quince días durante los cuales el contribuyente visitado podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen tales hechos u omisiones. Señalándose en el último párrafo de la fracción IV, del artículo 46, que se tendrán por consentidos los hechos asentados en las actas de visita, si antes del cierre del acta final, el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros o no señala el lugar donde se encuentran. Con las reformas aludidas, se advierte también que desaparece la instancia de inconformidad que contemplaba el artículo 54 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, para establecerse en tal precepto una nueva disposición, que dice: `ARTICULO 54. Para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá por ciertos los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras, salvo prueba en contrario.'-De lo antes comentado se advierte que se aumentan las facultades de los visitadores, y se sustituye la instancia de inconformidad en contra del resultado de la visita ante las autoridades fiscales, por una `inconformidad' ante los propios visitadores hasta antes del cierre del acta final, con notables desventajas para el contribuyente visitado, pues el plazo para inconformarse o desvirtuar lo asentado en las actas parciales, se reduce de cuarenta y cinco días posteriores al cierre del acta final (artículo 54 anterior), a únicamente quince días anteriores al cierre del acta final (texto vigente del artículo 46), además, en la inconformidad contemplada por la ley vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se le otorgaba la oportunidad al contribuyente de aportar junto con su escrito de inconformidad todas las pruebas pertinentes y vinculadas a los hechos que pretendían desvirtuar, ahora con el texto vigente, ante los visitadores podrán `inconformarse' presentando los documentos, libros y registros que desvirtúen los hechos u omisiones, siendo también una desventaja `inconformarse' ante los propios visitadores que asentaron los hechos, omisiones e irregularidades que le causan perjuicio al visitado y no ante autoridad distinta. Por otro lado, se agregó una fracción VII al artículo 46, señalando que las actas parciales forman parte integral del acta final, seguramente para evitar que en esta última se hicieran reproducciones innecesarias, dado lo ordenado en la fracción IV, del propio precepto legal. Estas reformas, que de su simple análisis comparativo se advierten desfavorables a los contribuyentes, fueron justificadas con la pretensión de agilizar el procedimiento de revisión y liquidación, señalando en la exposición de motivos de tales reformas, lo siguiente: `Dentro del proceso de modernización <MU%4y simplificación administrativa que se requiere en materia fiscal, se sugiere a esta Cámara de Diputados diversas reformas que tienen por objeto concretamente eliminar la fase de inconformidad a los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales con motivo de una visita domiciliaria, sin que por ello pueda pensarse que se falta a la garantía de audiencia, pues en todo caso los contribuyentes cuentan con los medios de defensa que establece este propio Código y si se logra una sustancial agilización del procedimiento de comprobación, pues al e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3639-955ff7eb/visita-domiciliaria-las-reformas-a-los-articulos-46 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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