Corpus
Modo: Corpus Pro

MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCION PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCION DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO. MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/92. · Registro digital (IUS): 3300
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, , Pág. 202.

CONTRADICCION DE TESIS 8/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados que sustentan tesis contradictorias, es decir, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 2872/91, consideró:

"SEXTO. Es substancialmente fundado el agravio aducido por la recurrente, respecto a la parte de la sentencia que estudió la resolución administrativa contenida en el expediente de la responsable M-357852, en el sentido de que la actora carece de interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad de su marca, puesto que tal interés lo tuvieron por acreditado, tanto el a quo como la autoridad responsable, como derivado de la solicitud del registro marcario que se tramita bajo el expediente 51143, en el que se señaló como anterioridades, entre otras, la marca registrada 357852 que defiende la agraviada.

"En efecto, desde la contestación de la demanda instaurada en su contra, EUCARIO GONZALEZ, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, opuso como excepción la falta de interés jurídico de DESTILADORA GONZALEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V., para demandar la nulidad de su marca. Sin embargo, la autoridad responsable en la resolución combatida en el amparo, concluyó al respecto: `Por lo tanto, la solicitud de marca en comento, otorga al actor interés jurídico y acción para demandar, pues esta solicitud de marca es autónoma, es decir, constituye una solicitud independiente al contrato de licencia de uso de la marca 210279 JUAREZ. En tal virtud resulta improcedente la excepción en estudio, pues la referida solicitud del actor, no deriva del aludido contrato de licencia de uso de marca, sino que fue presentada de manera autónoma y por ello el actor sí tiene acción e interés jurídico para demandar, dado que la marca del demandado constituye un obstáculo legal para el otorgamiento de la marca solicitada por el actor y de ese conflicto es de donde surge el interés jurídico para demandar'.

"Por su parte el a quo, al analizar el concepto de violación correspondiente apuntó: `A este respecto debe decirse que es inexacto lo aseverado por el hoy quejoso en atención a que, como atinadamente consideró la responsable, el interés jurídico del actor (ahora tercero perjudicado) deviene de la solicitud de la marca 51143 `Juárez', y no así del contrato de licencia de uso de la marca 210279 `Juárez' de quien es titular la empresa D.M. Distillery Co., S.A. Así es, de conformidad con el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles que dice: `Artículo 1o. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga el interés contrario'. Del precepto transcrito se desprende que para el ejercicio de la acción civil es necesario, entre otros requisitos, tener interés en la constitución de un derecho, existiendo por ende, ante dicha pretensión un interés contrario. En tales condiciones, ello es suficiente para considerar que el actor cuenta con el interés jurídico para intentar la acción de nulidad de la marca del quejoso, pues éste surge precisamente, con la presentación de la solicitud de registro respectiva ante la autoridad competente, ya que dicha solicitud resulta ser contraria al interés jurídico del propietario de la marca anteriormente registrada. A mayor abundamiento, cabe decir que de acuerdo con lo analizado con antelación, se desprende que la acción de nulidad está dispuesta en favor, no sólo de aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo vean afectados directamente sus derechos subjetivos, sino también de aquellos que de manera indirecta, pero igualmente actual, vean afectados sus intereses legítimos de grupo por considerar que se violaron las reglas de la actividad marcaria, como lo es el caso que nos ocupa. La anterior consideración tiene apoyo en la tesis visible a fojas 292, Octava Epoca, Tomo V, Enero-Junio de 1990 de la Segunda Parte-I que al rubro dice: `MARCAS, NULIDAD DE. QUIENES PUEDEN DEMANDARLA'. En efecto, si la empresa Destiladora González y González, S.A. de C.V. solicitó el registro marcario `Juárez' pretendiendo reconocimiento legal al uso de la misma, a lo cual la autoridad lo consideró contrario a los intereses del quejoso, es evidente que en la especie se surten los extremos que prevé el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito; resultando irrelevante lo manifestado por el quejoso respecto de que cuenta con un mejor derecho de uso de su marca en relación con el tercero perjudicado Destiladora González y González, S.A. de C.V. que no ha usado la marca que pretende registrar, pues como ya se dijo el interés jurídico de éste se basó en la solicitud de marca y no en el uso o no de la misma.

"Este Tribunal no comparte el criterio sustentado en la resolución combatida por los siguientes motivos:

"Conforme al artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente en la época en que la tercera perjudicada, Destiladora González y González, S.A. de C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca que defiende la quejosa, el procedimiento al respecto podría iniciarse, entre otras hipótesis, `a petición de parte'. Esto es, por la persona con interés puesto que sólo puede ser parte en un procedimiento quien acredita su interés jurídico.

"En efecto, a falta de disposición expresa habrán de fijarse los alcances del artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia marcaria, el cual precisa quiénes pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, limitándolos exclusivamente a aquel que tenga interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga interés contrario.

"Ahora bien, el interés a que se refirió el legislador no puede ser otro que interés jurídico, si se analiza dicho artículo en concordancia con el numeral 2o. del mismo ordenamiento, el cual en su primer párrafo establece: `Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés de que habla el artículo anterior dejará de ser parte quien haya perdido el interés, y lo será quien lo haya adquirido.

"Pues de otra manera quien transmite su interés (fuese jurídico o no) a un tercero, seguiría interviniendo en el juicio cuando considerara que continúa teniendo interés (simple) en que obtenga sentencia favorable a quien le transmitió su original interés.

"El criterio anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 22, del Tomo LXXVII, Sexta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: `MARCAS, NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. PERSONALIDAD. No es verdad que el artículo 229 de la Ley de Propiedad Industrial no exija como requisito, para solicitar la nulidad del registro de una marca, la comprobación de la personalidad, en virtud de que es presupuesto básico indispensable, en todo procedimiento, justificar el interés jurídico de quien gestiona, bien que lo haga por sí, en cuyo caso acreditará su derecho, o bien que lo haga a nombre de otro, en cuyo caso deberá comprobar su representación legal, es así como el artículo 208 de la citada Ley, dispone que la declaración de nulidad o extinción de registro de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Economía Nacional de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público, cuando tenga interés la Federación. Claro está que cuando se hable de parte, se entiende la persona con interés, puesto que sólo puede ser parte en un procedimiento quien acredita su interés jurídico y si no lo hace directamente en lo personal, sólo puede substituirlo, salvo los casos de excepción previstos por la ley, el mandatario autorizado para ello'. R.A. 1572/63. BERNARDO GOMEZ VEGA Y COAGS. 22 de noviembre de 1963. Unanimidad de 4 votos.

"Por su parte, nuestro más alto tribunal de justicia de la Nación ha sostenido en innumerables tesis que el interés jurídico -reputado como un derecho reconocido por la ley-, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de `derecho subjetivo', es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho.

"En otras palabras, el derecho subjetivo supone la concurrencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir la exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos: en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado).

"Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad, que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicho orden, para imponerse coercitivamente a otros sujetos, es decir, cuando no hay un poder de exigencia imperativa, tampoco existe un derecho subjetivo ni por lo consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de hacer o ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar cualquier sujeto, a ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto.

"Así también, las expectativas de derecho, por ser meras esperanzas de obtener a futuro algún beneficio, tampoco confieren acción para demandar, puesto que, mientras no se incorpore el derecho al patrimonio de quien lo pretende, carece de la facultad o potestad para exigir su respeto.

"Luego, el interés de quien formula una solicitud de registro marcario, como en el caso a estudio, se encuentra limitado, exclusivamente, a lo siguiente: a). A que la autoridad dé contestación congruente a lo solicitado, la que le hará conocer por escrito, en breve término; b). A que, si la solicitud o documentos exhibidos no se encuentran en regla, se le haga saber para que los modifique, en el plazo que se le señale, el cual no deberá exceder de dos meses; c). A que se efectúe el examen de novedad de la marca; d). A que, si al practicarse el examen de novedad se encuentra otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite, que ampare los mismos o similares productos, se le notifique para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo no menor de quince ni mayor de cuarenta y cinco días; e). A que pueda modificar la marca solicitada o limitar los productos o servicios que pretenda proteger, o argumente a fin de inducir a la autoridad a concluir que no existe posibilidad de confusión; f). A que, si alguno de los registros marcarios citados como anterioridad se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, sea suspendido el trámite de su solicitud, hasta que se dicte la resolución correspondiente, y si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, a que se le conceda el nuevo registro, si no hay otra razón que lo impida; g). A que, en caso de que se registre la marca, la fecha y hora de presentación de la solicitud de registro será la fecha legal de la marca y servirá de base para determinar la prelación; h). A que, si del examen de la solicitud y documentos exhibidos encuentra la autoridad que no es registrable, se le comunique para que dentro del plazo de cuarenta y cinco días manifieste lo que a su derecho convenga; e, i). A reclamar el derecho de prioridad de la marca, a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Invenciones y Marcas, dentro de los tres meses de haberse solicitado el registro en México. Todo esto, de acuerdo con los derechos subjetivos establecidos a su favor, respectivamente, en los artículos 8o. de la Constitución General de la República; 104, 105, 106, 107, 108 y 112 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente en la fecha en que la tercero perjudicado formuló la solicitud en cuestión; y 80 y 81 del reglamento de la referida Ley. Pero, de un estudio minucioso de los capítulos correspondientes de las disposiciones legales en comento, no se advierte norma jurídica alguna que le otorgue la potestad de exigir la nulidad de una marca ya registrada; por más que dicha marca constituya un obstáculo para que se le otorgue el derecho que pretende.

"En las referidas circunstancias, este tribunal considera incorrecto el razonamiento de la autoridad responsable y del a quo, en el sentido de que el interés jurídico de la ahora tercero perjudicado, para demandar la nulidad de una marca, surge con su solicitud de registro marcario, toda vez que, obviamente, el propietario de la marca registrada tiene derechos subjetivos sobre la misma; en cambio, a quien desea registrar una marca semejante en grado de confusión o igual a la que está dentro del patrimonio de otra persona, tiene solamente una expectativa de derecho en cuanto a su registro, y por ende, carece de potestad para exigir la anulación de la marca registrada; máxime si se toma en cuenta que, incluso en el supuesto de obtener resolución favorable, ello no le da derecho a que se le registre su marca, pues esto sólo es factible `si no hay otra razón que lo impida', según quedó asentado en el anterior inciso f).

"En consecuencia, debe modificarse la sentencia recurrida y otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal a EUCARIO GONZALEZ, S.A. DE C.V., en contra de las dos diversas resoluciones reclamadas del director de Marcas y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en atención de que al quedar insubsistente la contenida en oficio 125-91-36923, que declaró administrativamente la nulidad de la marca defendida por la recurrente, con motivo de la concesión del amparo, debe estimarse desaparecida la causal de sobreseimiento que le sirvió de base a dicha autoridad para considerar que la quejosa carece de interés jurídico para reconvenir la declaración administrativa de nulidad del diverso registro marcario a que se refiere la resolución 29/91 emitida en el expediente N-210279, y contenida en el oficio 125-91-36924.

"Con motivo de lo anterior, resulta innecesario estudiar los restantes agravios hechos valer.

"Además, advirtiendo este tribunal que el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en el amparo en revisión 2463/89, promovido por FABRICAS DE PAPEL LORETO Y PEÑA POBRE, S.A. DE C.V., sostiene criterios contrarios al que informa el presente fallo, los cuales acogió el inferior en la sentencia que se revisa, en las tesis cuyos rubros son: `INTERES JURIDICO, SU NOCION EN MATERIA DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA.'; `INTERES JURIDICO, SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.'; `MARCAS, NULIDAD DE. QUIENES PUEDEN DEMANDARLAS.', y `MARCAS. INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O EXTINCION.', esta última sustentada en el amparo en revisión 563/89, fallado el veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve; con fundamento en el artículo 195 bis de la Ley de Amparo, se debe denunciar la contradicción de tesis ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida qué criterio debe prevalecer.

"El criterio anterior fue recogido en la tesis número I. 2o. A. 316 A, consultable a foja 465 del Tomo IX, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"`MARCAS, SOLICITUD DE REGISTRO. NO CONFIERE INTERES JURIDICO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Entre los derechos que le confieren al solicitante de una marca los artículos 8o., constitucional, 104 al 108 y 112 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente hasta el 27 de junio de 1991, y 80 y 81 del reglamento de la referida Ley, no aparece el relativo a demandar la nulidad de una marca ya registrada, por más que ésta constituya un obstáculo para que se le otorgue el registro que pretende. Por lo tanto, dicha solicitud, al engendrar sólo una expectativa de derecho en cuanto a su registro, no otorga interés jurídico para demandar la nulidad de otra ya registrada; máxime, si se toma en cuenta que, incluso en el supuesto de obtener resolución favorable, ello no le da derecho a que se registre su marca.'"

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión R.A. 573/89, el veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, consideró:

"SEXTO. En virtud de que los agravios expresados por las partes coinciden en esencia, procede examinarlos en forma conjunta.

"La identidad se establece en que ambas controvierten la determinación del a quo en el sentido de que se debió reconocer el derecho tutelado que asistía a la quejosa, para solicitar la nulidad de una marca; y ambas recurrentes sostienen que la declaración administrativa de nulidad es improcedente porque la quejosa carecía de interés jurídico, o de un derecho jurídicamente tutelado, para demandar la nulidad de un registro.

"Así planteada la litis debe advertirse que los agravios formulados por las recurrentes son infundados.

"En efecto, de las constancias allegadas al juicio de amparo se advierte que la quejosa, por escrito de fecha trece de abril de mil novecientos ochenta y siete, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro No. 304647 (propiedad de la tercero perjudicada), en virtud de que al solicitar el registro de una marca y practicarse el examen de novedad, le fueron citadas como anterioridades las marcas registradas 289061 y 304647 así como el expediente 241947. Dicha solicitud de nulidad la apoyó la quejosa en el hecho de que el registro 304647 se otorgó indebidamente porque existía con antelación el diverso registro 289061, propiedad de Jacobo Buzali y Daniel.

"De lo expuesto se advierte que la quejosa sí contaba con un interés jurídico para solicitar la declaración de nulidad del registro 304647 porque, a pesar de que no es la titular del registro 289061, aquella marca le fue señalada como antecedente, oponible desde luego, a la que pretendía registrar, de tal manera que constituye un obstáculo a su pretensión de que se le confiriera la titularidad al uso exclusivo de una marca para sus productos.

"Ciertamente, el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas dispone que:

"`ARTICULO 151. La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación'.

"En el caso, como la petición de una declaratoria de nulidad no fue realizada por el Ministerio Público Federal ni se siguió el procedimiento relativo en forma oficiosa, queda, por exclusión, el concepto de `petición de parte'.

"No hay duda en que la solicitud de nulidad fue formulada por la quejosa. Por lo tanto, este simple hecho le confirió a la quejosa el carácter de `parte'.

"Esto se debe a que la solicitud de referencia se tramita y resuelve en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio pues así se advierte de los preceptos 193 a 200 de la Ley de Invenciones y Marcas.

"Lo anterior conduce a establecer que el concepto de parte a que se refiere el artículo 151 de la Ley invocada, debe entenderse en función de un procedimiento y, dentro de éste, es parte quien ejercita una acción como quien opone una excepción o interpone un recurso. Así, si la quejosa pidió la declaración de nulidad del registro propiedad de la tercero perjudicada es evidente que es `parte' de ese procedimiento.

"Ahora bien, el interés jurídico de la quejosa para solicitar la declaratoria de nulidad del registro 304647 devino precisamente del hecho de que tal marca fue citada como anterioridad a su diversa petición de registro ya que este hecho constituyó un obstáculo para que, satisfechos los restantes requisitos, se le concediera.

"En este punto debe decirse que no les asiste la razón a las recurrentes, para pretender que ese interés jurídico sólo existe cuando se es titular de otra marca ya registrada y que esta circunstancia constituye un derecho adquirido oponible al registro cuya nulidad se pretende. Esto se debe, por un lado, a que la Ley de Invenciones y Marcas no dispone que sólo puede intentar la nulidad de un registro quien sea titular de otro; y esto es obvio pues, como se ha visto, esa facultad se puede ejercer de oficio, por el representante social o a petición de parte y resulta absurdo considerar que la autoridad o la sociedad son titulares de marcas. Por otra parte, la propia Ley de Invenciones y Marcas confiere el derecho de solicitar la nulidad de un registro vigente a los terceros que, de buena fe, exploten con antelación una marca no registrada igual o semejante en grado de confusión a la reconocida, para obtener posteriormente el registro de aquélla; es decir, otorga el derecho al primer usuario de una marca -carente de registro- para intentar la nulidad de una igual o similar en grado de confusión, registrada con posterioridad (artículo 93).

"Frente a esa norma las argumentaciones de las recurrentes resultan infundadas porque no es exacto que sólo quien cuenta con una marca registrada puede pedir la nulidad de otra.

"Además, la solicitud de declaratoria de nulidad de la marca 304647, no se apoya en una mera expectativa de derecho como lo sostienen las recurrentes, porque el interés jurídico de la quejosa y su afectación resultó de la existencia de ese registro como anterioridad oponible. La existencia de este obstáculo para la continuación del trámite y la eventual concesión del derecho exclusivo de uso no constituye una expectativa sino un hecho perfectamente definido, que da lugar al interés de la quejosa, cosa distinta de que la acción de nulidad prospere, es decir, que se satisfaga la pretensión de la solicitante.

"El hecho de que los motivos de nulidad aducidos por la hoy quejosa se apoyen en la existencia de un registro anterior al impugnado, por constituir argumentos que miran propiamente al fondo del asunto y previo su estudio correspondiente, podrá dar lugar a que se niegue o declare la nulidad solicitada, pero no así a que se estime que la peticionaria carece de interés porque éste deriva, en la especie, de la circunstancia de haber pedido el registro de una marca, en cuyo examen de novedad se encontraron anterioridades registradas.

"De lo expuesto se puede colegir que el interés jurídico para pedir la declaratoria de nulidad o extinción de un registro surge, por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca en cuyo trámite se presenta como una anterioridad la tildada de nula y también cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca en el territorio de la República con antelación a una que aparece registrada.

"Sobre el particular es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Sexta Parte, Volumen 38, página 58, que dice: `MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, INTERES JURIDICO PARA OBTENER LA DECLARACION. El interés jurídico de la parte que dedujo la acción administrativa de extinción de una marca por falta de uso, queda acreditado si solicitó a su vez el registro de una marca y le fue negado, mencionándose como anterioridad la marca cuya declaración de extinción solicitó; y dicho interés podría quedar también acreditado si la parte actora acreditase, como elemento de su acción, que usa la misma marca, o en alguna otra situación semejante. Pues si bien podría decirse que se daría a cualquier persona acción para demandar la extinción de una marca, sin necesidad de probar nada al respecto, lo cual constituiría una especie de acción demasiado universal y podría ocasionar molestias y perjuicios injustos a la parte demandada, por parte de personas sin un verdadero interés legítimo, o simplemente con un interés oportunista de facto, tal situación se corrige si para que proceda la acción se requiere una prueba de interés jurídico en deducirla, o sea, que el actor deberá probar los hechos en quefunda su interés, sin lo cual, no podrá, al final del procedimiento, declararse fundada su acción. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozorio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.'

"Por esta razón, el criterio del a quo no resulta contrario al artículo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles porque no se reconoce un interés jurídico para solicitar la nulidad o extensión de un registro en forma indiscriminada a cualquier persona.

"Además, el criterio del juzgador tampoco resulta contrario al artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial porque la hipótesis de nulidad de una marca, por ser capaz de afectar derechos adquiridos, es una cuestión que atañe el fondo del negocio pero que no excluye el interés para demandar la nulidad; y esto es claro porque si dicho interés no se presenta la acción resulta improcedente.

"De lo expuesto se advierte que no le asiste la razón a la tercero para considerar que el razonamiento del a quo es violatorio de los artículos 76, 77, 78, 79 y 115 de la Ley de Amparo por indebida interpretación de los artículos 108 y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas.

"En efecto, sostiene la recurrente que:

"`Como se desprende del artículo antes transcrito debe tomarse en cuenta que el titular de la solicitud en trámite a la que le fue citada la anterioridad, podrá pedir que se deje en suspenso dicho trámite única y exclusivamente en el caso de que en ese momento la marca citada como anterioridad se encuentre sujeta a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, PENDIENTE DE RESOLUCION. En otras palabras, dicho numeral no prevé que el solicitante de la marca en trámite al que se le ha citado una anterioridad demande en ese momento, pues todavía no tiene ningún derecho para hacerlo. Lo único que autoriza la ley es que si el litigio ya existe entre la marca citada como anterioridad y un tercero, entonces se suspenda el procedimiento de la nueva solicitud para que ésta quede en expectativa y la marca citada como anterioridad dejará de ser obstáculo en virtud de la resolución del litigio preexistente (sic), pero, se repite, en ningún momento se faculta al solicitante de la marca en trámite a atacar a un registro marcario concedido con anterioridad. Resulta pues claro apreciar que el juez del conocimiento al dictar la sentencia que se combate hizo una interpretación indebida del artículo 108 de la Ley de Invenciones y Marcas y con ello otorgó interés jurídico a la quejosa indebidamente, razón por la cual debe revocarse la sentencia que se revisa y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa'.

"Los razonamientos anteriores son inoperantes porque la invocación que realizó el a quo del artículo 108 de la Ley de Invenciones y Marcas sólo tuvo por objeto ejemplificar que si la marca cuyo registro se impugnó era declarada nula entonces, de satisfacerse los demás requisitos legales, la quejosa podría obtener el registro solicitado. Pero no correspondía en forma alguna al juez de Distrito examinar y resolver sobre lo que constituyó una excepción que hizo valer la tercero perjudicada al contestar la solicitud de nulidad.

"Consecuentemente, si la autoridad administrativa desestimó esa excepción porque procedió a resolver sobre lo solicitado, es evidente que el agravio resulta inoperante ya que tal cuestión no formó parte de la controversia constitucional, es decir, no correspondía al juez de Distrito resolverla.

"En suma, puesto que los agravios expresados por las recurrentes resultan infundados e inoperantes, procede confirmar la sentencia cuestionada.

"Finalmente, este Tribunal Colegiado de Circuito considera necesario poner de manifiesto que no escapa a su atención una inexacta apreciación de la litis tanto en la sentencia dictada en la audiencia constitucional como en la expresión de agravios de las recurrentes.

"Para demostrar este aserto es oportuno referir que la resolución administrativa impugnada, en estricto sentido, no negó el derecho de acción de la quejosa ni le desconoció que tuviera interés para solicitar la nulidad del registro sino que declaró que no había lugar a declarar esa nulidad, aspectos que difieren entre sí. Esto es, la autoridad administrativa, aunque con una deficiente redacción, sí entró al estudio del fondo del problema planteado.

"En la sentencia cuestionada se precisó que la responsable debió reconocer el derecho que asistía a la agraviada para solicitar la nulidad de la marca y entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad con que fue registrada; e incluso se concedió el amparo para que se purgaran los vicios y se entrara al estudio de la legalidad del registro 304647, consideración que pasó por alto que sí hubo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

"Sin embargo, como los agravios expresados por las recurrentes incurren en el mismo defecto ya que, según se ha visto, en lo sustancial sólo discuten el derecho de la quejosa para solicitar la dec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3300-e9bfc6b8/marcas-el-mismo-derecho-que-la-ley-le · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.