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Modo: Corpus Pro

SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/90. · Registro digital (IUS): 3575
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, , Pág. 37.

CONTRADICCION DE TESIS 12/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- El criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se encuentra en la sentencia dictada el veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el toca Q.A. 262/88, Víctor Manuel Rosales Romero, que dice en lo conducente:

"Segundo.- El acuerdo recurrido dice, en lo conducente, lo siguiente: `con apoyo en lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo, SE NIEGA la suspensión provisional solicitada, en virtud de que los actos que reclama son consumados, pues como lo señala en la hoja dos de su escrito de demanda el establecimiento se encuentra en `aseguramiento permanente', situación que corrobora con las fotografías que acompaña, y en las cuales aparece el referido negocio con sellos de clausura, y por lo cual no procede conceder la medida cautelar. Es aplicable la tesis jurisprudencial número 13, foja 30, Tomo Común al Pleno y a las Salas 1985, que al rubro dice: `ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE'. Por otra parte, se concede únicamente la suspensión provisional solicitada para que no sea detenido el quejoso en relación a los actos de comercio que realiza siempre y cuando no se trate de un delito infraganti, ni de orden de autoridad competente. Se señala para que tenga verificativo la audiencia incidental el día TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS. Por otra parte como lo solicita la quejosa se admite la prueba de inspección ocular, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo; comisiónese al actuario de este juzgado, para que se constituya en el domicilio del negocio de la empresa quejosa y dé fe si éste se encuentra abierto al público y funcionando y si se encuentra clausurado qué autoridad realizó la clausura y el número correspondiente a las fajillas de clausura. Se señala para que tenga verificativo dicha diligencia las DOCE HORAS DEL DIA CATORCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.'

"Tercero.- Los agravios aducidos textualmente dicen así: `1.- El primer agravio me lo ocasiona la referida interlocutoria en cuestión, toda vez que cuando interpuse mi demanda de garantías, en el acto reclamado solicité o mejor dicho reclamé la suspensión de labores y aseguramiento de inmueble, asimismo, las responsables se han negado sistemáticamente a dar trámite congruente a toda mi documentación, todo ello encaminado a regularizar mi giro en virtud de que cuento con la licencia de funcionamiento expedida por el Departamento del Distrito Federal.- 2.- Es de explorado derecho y ampliamente conocido en diferentes ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual textualmente manifiesta, DE QUE LA DEMANDA DE AMPARO ES UN TODO INDIVISIBLE, Y DEBE DE EXAMINARSE TOTALMENTE EN SU INTEGRIDAD Y NO UNICAMENTE CEÑIRSE AL CAPITULO DE ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACION, Y ES OBLIGATORIA PARA LOS JUECES FEDERALES RESPETAR LAS TESIS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.- 3.- Por lo que la C. Juez a quo al no haber revisado mi demanda de amparo y no haber respetado la tesis del Tribunal Colegiado y en lugar de haber negado (sic) la suspensión provisional, viola con ello la tesis número 6 del Informe de Labores de 1987, visible a páginas 87 y 88, bajo el rubro de: `CLAUSURA EJECUTADA CONTRA ELLA, ES JURIDICAMENTE CORRECTO CONCEDER LA SUSPENSION, POR SER UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO.- No puede negarse la suspensión contra una clausura ejecutada estimando que es un acto consumado. En cambio, debe estimarse que es un acto de tracto sucesivo, porque no se agota en la orden respectiva ni debe asimilarse al acto material de fijación de sellos, sino que se va realizando a través del tiempo y por ello admite la medida cautelar, de conformidad con la tesis jurisprudencial consultable en la página 33 de la Octava Parte del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que dice: `ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.- Tratándose de hechos continuos procede conceder la suspensión en los términos de la ley, para el efecto de que aquéllos no sigan verificándose y no queden irreparablemente consumados los actos que se reclaman'.- Ante esta situación solicito atentamente de vuestra señoría, enviar los autos de este incidente para que sea el tribunal de alzada quien resuelva sobre la suspensión provisional.

"Cuarto.- No es materia de esta queja, por no haber sido recurrida por la parte a quien pudiera perjudicar, la concesión de la suspensión provisional respecto del acto consistente en las órdenes de aprehensión o detención del quejoso en relación con los actos de comercio que lleva a cabo. Por tanto, debe quedar intocada esa determinación.

"Quinto.- Los agravios son esencialmente fundados.

"En efecto, la razón que singularmente adujo la Juez para negar la medida cautelar solicitada es equivocada, de conformidad con la tesis de este tribunal invocada en los agravios, en la que se sostiene que la clausura admite la suspensión, por ser acto de tracto sucesivo.

"Luego, cabe declarar fundada esta queja, en la inteligencia de que lo aquí resuelto no constriñe a la a quo a otorgar la suspensión, si encontrare diverso motivo legal para negarla."

TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión R.A. 2443/87, expuso lo siguiente:

"Corresponde analizar los argumentos de la parte quejosa expuestos en sus agravios primero y segundo, en cuanto se oponen a la decisión del a quo de negar la suspensión definitiva en contra de los actos del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y la delegada en Iztacalco.

"Ya antes se apuntó, en la interlocutoria impugnada se tuvo por inexistentes los actos reclamados al secretario consistentes en las órdenes de desocupación y demolición, y por cierto pero consumado el de toma de posesión del inmueble, en términos del acta fechada el día doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis; respecto de la delegada, se calificó de ciertos pero consumados los actos de ejecución del decreto ocurridos antes de la fecha de la interlocutoria y las órdenes de demolición.

"La recurrente se opone a tales declaraciones: asevera que el desposeimiento, órdenes de desocupación, demolición y demás actos llevados a cabo antes de la fecha de la interlocutoria no revisten el carácter de consumados, en términos del criterio sustentado por los tribunales de amparo en las tesis insertas en su escrito, porque se realizaron con violación a la suspensión provisional; y que los demás actos reclamados al secretario debieron reputarse como inminentes.

"Para demostrar la corrección del primero de sus asertos, la recurrente hace notar los siguientes extremos:

"a).- La suspensión provisional se decretó por auto de fecha doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, notificado por telegrama a las autoridades el día catorce siguiente y notificado por oficio a las mismas el día diecinueve del mismo mes, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban;

"b).- Al rendir su informe previo, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología afirmó haber tomado posesión del predio el mismo día doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, es decir, antes de ser notificado del auto suspensional, y para acreditarlo exhibe acta de toma de posesión que, desde luego, fue confeccionada unilateralmente y en el escritorio;

"c).- La misma autoridad se desdijo al rendir posteriormente su ampliación al informe previo, cuando negó los actos reclamados, y entre ellos naturalmente las órdenes de desocupación del inmueble;

"d).- La parte quejosa gozaba de la posesión del inmueble hasta el día tres de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, fecha en la cual fue desalojada por las autoridades de la Delegación Iztacalco con violación notoria de la suspensión provisional; y,

"e).- La resolución del a quo del día diez de noviembre del mismo año, en donde declaró no violada la suspensión provisional por parte del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y, en parte, por la delegada, se encuentra sub judice porque en su contra se interpuso el recurso de queja, radicado con el número 497/87 ante este tribunal.

"Son inatendibles las objeciones de la quejosa porque les sirve de premisa un hecho no susceptible de ser examinado en esta vía y forma.

"Ciertamente, la defensa de la demandante da por supuesto que las autoridades responsables cometieron el desposeimiento, la demolición y la construcción de edificaciones en el predio expropiado, con violación de la suspensión provisional. Sin embargo, mientras esta supuesta violación no sea declarada por resolución judicial firme, en esta alzada no es posible desconocer que al momento de resolverse sobre la suspensión definitiva los actos reclamados ya se habían ejecutado, según incluso reconoce la propia quejosa.

"Conviene aclarar que no pasa inadvertido que mediante resolución del día diez de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, el Juez del conocimiento ya decidió acerca de las denuncias de violación a la suspensión provisional formuladas por la demandante en contra de las responsables; empero tal resolución fue revocada por virtud de la ejecutoria recaída en el recurso de queja número 493/86, radicado ante este mismo tribunal, en donde se ordenó la reposición del procedimiento, la cual obra agregada a foja siete del segundo tomo incidental.

"Lo anterior explica que en el caso no exista una resolución judicial firme en torno de esta cuestión; por lo demás, adviértase que este recurso de revisión propuesto en contra de la negativa de suspensión definitiva, no es la vía procedimental adecuada para plantear los argumentos expuestos por la quejosa que antes han quedado resumidos.

"Resultan, en consecuencia, ineficaces los agravios relacionados con la negativa de la suspensión en contra de los actos de desposeimiento, desocupación, demolición y construcción que el a quo estimó consumados, porque este tribunal no está en aptitud de determinar si los mismos se cometieron o no con violación a la suspensión provisional.

"Tratándose de las órdenes de desocupación y demolición reclamados al secretario del ramo, tampoco asiste razón a la demandante porque tales actos no podían reputarse como inminentes.

"La autoridad responsable al rendir su informe previo comunicó que su participación en el procedimiento de ejecución del decreto expropiatorio se concretó a tomar posesión del inmueble el día doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en términos del acta ofrecida como prueba y agregada a foja ochenta del cuaderno incidental, según la cual además procedió a entregar la posesión del inmueble a la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Iztacalco, por conducto del subdelegado de Obras y Servicios y el subdirector jurídico.

"Ahora bien, aunque en algunos casos es exacto lo afirmado por la quejosa, en el sentido de que expropiado un inmueble, puede operar una presunción de inminencia respecto de los actos subsecuentes de toma de posesión del inmueble y realización de las obras necesarias para cumplir con el destino del bien afectado, sucede que en este asunto obran pruebas -tal como lo resolvió el Juez- de que la continuación del procedimiento de ejecución ha estado a cargo, no de la dependencia encabezada por el secretario responsable, sino por diversos órganos del Departamento del Distrito Federal.

"Así se desprende de numerosas constancias procesales, de las cuales las más relevantes se comentan a continuación:

"a).- El decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siete de agosto de mil novecientos ochenta y seis, `por el que se declara de utilidad pública la expropiación del inmueble que se indica, en favor del Departamento del Distrito Federal', en cuyo artículo quinto se dice:

"`ARTICULO QUINTO.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tomará posesión de la superficie expropiada y la pondrá a disposición en el mismo acto a favor del Departamento del Distrito Federal, para que la destine a los fines de utilidad pública referidos en este decreto.'

"Se decretó la expropiación `con el fin de crear un área comercial en beneficio de la comunidad, que albergue a los comerciantes de las calles de Coruña y Albino García, colonia Viaducto Piedad, quienes actualmente ejercen sus actos de comercio en la vía pública, y que se encuentran registrados en el padrón elaborado por la Delegación de Iztacalco, en el Distrito Federal.'

"De acuerdo con el decreto, la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debe limitarse a la toma de posesión original del bien y a su entrega al Departamento del Distrito Federal para que éste realice las acciones invocadas como fin de la medida; en consecuencia, parece claro que los restantes actos de ejecución (demolición, construcción y venta a terceros) no eran de inminente realización por aquélla;

"b).- Acta de toma de posesión fechada el doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en donde consta que funcionarios de la Secretaría se dirigen a funcionarios de la Delegación de Iztacalco para hacer entrega (al menos virtual) del predio; esta documental, más que probar la toma de posesión real del inmueble, demuestra que la ejecución de las obras quedó a cargo de las autoridades delegacionales.

"Es pertinente destacar que el valor probatorio de esta documental no se ve disminuido por las objeciones propuestas al respecto por la quejosa, toda vez que además de la copia exhibida por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología cuya certificación impugna, se exhibió además por la delegada en Iztacalco una copia certificada por otra autoridad, la cual no fue debidamente objetada por la inconforme.

"c).- Fe de hechos realizada por el notario público ciento noventa y dos de esta ciudad el día quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en escritura número 1278, en donde se hizo constar que el predio expropiado estaba vigilado por elementos de seguridad dependientes del Departamento, al decir:

"`Quinto.- Que acto continuo YO el notario doy fe de que encontrándose presentes los ciudadanos agentes de la policía preventiva números `A' cero, cuatro, cero, uno, siete y `A', cero, cuatro, uno, nueve, uno, de nombres JESUS CRISTOBAL PEREZ y JOSE LUIS RUIZ BOBADILLA respectivamente, a pregunta expresa de las solicitantes de la diligencia respondieron que por instrucciones del jefe de Area del Sector Cuatro Iztacalco de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, impiden el acceso de vehículos al inmueble ubicado en Calzada de la Viga número 460, colonia Santa Anita Iztacalco, Distrito Federal.'

"d).- El acta levantada con motivo de la inspección ocular practicada por el personal autorizado del juzgado, de fecha dos de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, en donde se asentó la presencia de las autoridades delegacionales en el lugar:

"`En relación al punto `D' manifiesto, que encontré dentro del citado inmueble, a la C. Irene Guzmán García, quien se identificó con licencia de manejo tipo `A' expedida por el Departamento del Distrito Federal número GUG123072603, quien manifestó ser poseedora del citado inmueble, así como al C. Manuel Pineda Becerril, quien no se identificó pero manifestó ser jefe de la Unidad de Pavimento de la Delegación de Iztacalco y que se encuentra en este lugar realizando obras de nivelación de terreno por órdenes expresas del ingeniero Raúl Caballero, subdelegado de Iztacalco, desde el veinticuatro de agosto del presente año.'

"e).- Acta de terminación de obra levantada con fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, de donde se desprende que fueron las autoridades de la Delegación Iztacalco quienes llevaron a cabo obras de construcción en el terreno expropiado, en la parte que dice:

"`Siendo las 19:00 horas, del día diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, nos constituimos en el predio marcado con el número 460 de la Calzada de la Viga en esta ciudad de México, los CC. Ing. RAUL CABALLERO TAGLE, subdelegado de Obras y Servicios; Arq. DENNIS TABORN MELENDEZ, subdirector de Obras Públicas; Ing. LUIS RENDON GAN, jefe de la Unidad de Obras Públicas y el C.P. ALEJANDRO LOPEZ ESPINOSA, contralor interno, todos de la Delegación Iztacalco, para verificar la terminación de la obra de equipamiento e introducción de servicios en el mencionado predio.'

"f).- El acta levantada en la diligencia de inspección ocular practicada el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, en donde aparece que el inmueble se encuentra vigilado por personal de la Delegación Iztacalco.

"`Que diga el funcionario judicial quién lo detenta como propietario: A lo que manifestó: que no encontré a ninguna persona que se detentara (sic) como propietario, únicamente estaba en este lugar el C. Crizanto Olivera Zarabia, quien se ostentó como empleado velador de la Delegación de Iztacalco y se identificó con la credencial folio 235 expedida el 04/09/86 por la propia Delegación de Iztacalco, quien no firmó la presente por no considerarlo necesario.'

"De las transcripciones anteriores se desprende sin lugar a dudas que, contrariamente a lo aseverado por la quejosa, estas probanzas (particularmente las descritas en los incisos e), d) y f), no desvirtúan la negativa de los actos reclamados contenida en el informe de la autoridad; por el contrario, las mismas pruebas demuestran que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no tiene intervención en los actos de demolición y construcción reclamados, pues éstos han sido desarrollados por las autoridades del Departamento del Distrito Federal.

"Precisamente, la constatación de estos hechos impide considerar, ni siquiera por efecto de la presunción de inminencia, que los actos reclamados de que se trata deban ser atribuidos al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de allí que, prevaleciendo su negativa, deba confirmarse en este aspecto al fallo del a quo.

"En otra parte de su primer agravio, arguye la parte quejosa que, contrariamente a lo sostenido por el Juez, la suspensión definitiva es procedente para el efecto de que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología no siga ostentándose como propietario del inmueble expropiado, porque no se está en presencia de actos consumados sino de tracto sucesivo.

"Cabría aclarar, en principio, que la parte de la sentencia en donde se determinó la certeza de este acto reclamado al secretario del ramo no es objeto de impugnación por ninguna de las revisionistas, de allí que este tribunal no puede examinar la exactitud de tal apreciación aun cuando en el expediente obraran constancias suficientes para hacerlo; en este sentido, la labor de este órgano revisor debe constreñirse a definir si en vista de su naturaleza el acto reclamado es o no susceptible de suspensión.

"Con la salvedad anterior, son varias las razones determinantes de la ineficacia del agravio; la primera radica en que, de atenderse a la forma de exposición del acto reclamado, resultaría que la quejosa no sufriría ningún perjuicio con su realización aunque las autoridades hicieran del conocimiento de tercero el carácter de propietario adquirido por la dependencia, esa manifestación no produciría por sí misma ningún cambio en el mundo jurídico; en todo caso, no sería el ostentarse como propietario por parte de la dependencia, sino los actos concretos verificados en ejercicio de ese derecho, lo que lesionaría a la demandante.

"La segunda razón atiende a que, suponiendo que la intención de la quejosa fue la de obtener la cesación de los efectos del traslado de dominio del inmueble operado por virtud de la expropiación, la medida suspensiva sería improcedente por tratarse de un acto consumado, según lo apuntó el juzgador, y no de un acto de tracto sucesivo como asegura la agraviada.

"De conformidad con lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la medida suspensiva tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentren al momento de decretarla, esto es, evitar la realización de actos que puedan causar al solicitante daños o perjuicios de difícil reparación.

"Así, parece claro que la suspensión sólo puede obrar hacia el futuro, no sobre el pasado, ni tener efectos restitutorios, pues éste es el carácter que la distingue concretamente de la resolución protectora que pudiera poner fin al juicio; con la primera se previene la producción de ciertos daños, impidiendo la realización de los actos que los causarían; con la segunda, se reparan los daños ya sufridos, invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada.

"De tal manera lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en la tesis jurisprudencial consultable bajo el número doscientos noventa y uno, Octava Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página cuatrocientos noventa, ha dicho:

"`SUSPENSION. EFECTOS DE LA.- Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo.'

"A fin de determinar si en el caso concreto, de acuerdo con estos lineamientos, procede o no la suspensión definitiva, conviene distinguir (tal como lo hizo este órgano colegiado en la sesión del día veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y siete, al conocer del recurso de queja 27/81 registrado a nombre del delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras) entre los actos de tracto sucesivo, es decir, que se consuman de momento a momento, y aquellos otros que se consuman una sola vez pero crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo.

"En los actos de tracto sucesivo, existe una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin; se precisa la realización de acciones periódicas por parte de la autoridad a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo efectos. Piénsese, por ejemplo, en la intervención de una negociación; el acto de intervención se repite una y otra vez en cada operación contable, comercial o administrativa, llevada a cabo por el funcionario encargado de tal tarea.

"Precisamente, es debido a la necesaria reiteración de los actos de la autoridad que la medida suspensiva solicitada en contra de una intervención, o de cualquier otro acto de tracto sucesivo, es procedente porque con ella se impide la realización para el futuro de acciones similares sin invalidar aquellas ya realizadas al momento de decretarla, ni reparar los daños hasta entonces sufridos, pues esto sería materia de la sentencia protectora que en su caso llegara a dictarse.

"Por el contrario, existe otra categoría de actos (denominados continuos o continuados por algunos) en donde no existe una pluralidad de acciones con unidad de intención; el acto se consuma una sola vez, sin necesidad de repetir sucesivamente las acciones de la autoridad, y sus efectos se prolongan en el tiempo creando un estado jurídico determinado.

"La circunstancia de que las acciones de la autoridad no se repitan en el tiempo es justamente lo que impide conceder la medida suspensiva cuando se solicita en contra de esta clase de actos. Para ilustrar este supuesto, piénsese en una clausura: ya ejecutada la orden respectiva (exteriorizada en la colocación de los sellos o marbetes en el local), los efectos de la clausura se prolongan en el tiempo impidiendo la continuación del funcionamiento del giro, sin necesidad de repetir una y otra vez la actuación de la autoridad, en razón de lo cual no puede otorgarse la suspensión para que se reabra la negociación pues ello significaría volver las cosas a su estado anterior, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía supuestamente violada.

"En la especie, el acto reclamado no cabe en la primera categoría pues, sin ser precisa la repetición de acciones similares y sucesivas, se perfeccionó en un solo momento y sus efectos se han prolongado en el tiempo creando un estado jurídico determinado. En efecto, una vez que la autoridad decretó la expropiación, asumió para sí (según consta de autos) el pleno dominio del inmueble y con ello el carácter de propietario del mismo, carácter que ostenta por conducto de sus órganos respectivos.

"En este sentido, de concederse la suspensión definitiva para que las responsables se abstengan de hacer aparecer a la dependencia como propietaria del bien (calidad que desde luego no es discutible en esta instancia), la medida estaría operando sobre el pasadoporque se desconocería un derecho que afirma la responsable ha ingresado en la esfera patrimonial de la Federación (sic) en una fecha anterior a la en que se decreta la suspensión; también se le dotaría de efectos restitutorios porque, no pudiendo permanecer el bien sin un sujeto que se ostente como propietario, la medida provocaría que la quejosa asumiera frente a terceros su carácter de propietaria, lo cual evidentemente no es propio de una resolución de esta naturaleza.

"Sólo resta aclarar que la negativa de suspensión por estos conceptos no prejuzga de la procedencia de la medida respecto de actos concretos de disposición y/o dominio que lleguen a realizar las responsables, pues como se explicó líneas atrás, éstos gozan de autonomía frente al acto mismo de transmisión de la propiedad."

La sentencia transcrita dio lugar a la siguiente tesis: "SUSPENSION. DISTINCION ENTRE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO Y ACTOS CONTINUOS.- EN LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO, EXISTE UNA PLURALIDAD DE ACCIONES DIRIGIDAS A UN SOLO FIN; SE PRECISA LA REALIZACION DE ACCIONES PERIODICAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD A FIN DE QUE EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO EL ACTO SIGA PRODUCIENDO EFECTOS. PIENSESE, POR EJEMPLO, EN LA INTERVENCION DE UNA NEGOCIACION: EL ACTO DE INTERVENCION SE REPITE UNA Y OTRA VEZ EN CADA OPERACION CONTABLE, COMERCIAL O ADMINISTRATIVA, LLEVADA A CABO POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE TAL TAREA. PRECISAMENTE, ES DEBIDO A LA NECESARIA REITERACION DE LOS ACTOS DE LA AUTORIDAD QUE LA MEDIDA SUSPENSIVA SOLICITADA EN CONTRA DE UNA INTERVENCION, O DE CUALQUIER OTRO ACTO DE TRACTO SUCESIVO, ES PROCEDENTE PORQUE CON ELLA SE IMPIDE LA REALIZACION PARA EL FUTURO DE ACCIONES SIMILARES SIN INVALIDAR AQUELLAS YA REALIZADAS AL MOMENTO DE DECRETARLA, NI REPARAR LOS DAÑOS HASTA ENTONCES SUFRIDOS, PUES ESTO SERA MATERIA DE LA SENTENCIA PROTECTORA QUE EN SU CASO LLEGARE A DICTARSE. POR EL CONTRARIO, EXISTE OTRA CATEGORIA DE ACTOS, DENOMINADOS CONTINUOS O CONTINUADOS, EN DONDE NO EXISTE UNA PLURALIDAD DE ACCIONES CON UNIDAD DE INTENCION: EL ACTO SE CONSUMA UNA SOLA VEZ, SIN NECESIDAD DE REPETIR SUCESIVAMENTE LAS ACCIONES DE LA AUTORIDAD, Y SUS EFECTOS SE PROLONGAN EN EL TIEMPO CREANDO UN ESTADO JURIDICO DETERMINADO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS ACCIONES DE LA AUTORIDAD NO SE REPITAN EN EL TIEMPO ES JUSTAMENTE LO QUE IMPIDE CONCEDER LA MEDIDA SUSPENSIVA CUANDO SE SOLICITA EN CONTRA DE ESTA CLASE DE ACTOS. PARA ILUSTRAR ESTE SUPUESTO, PIENSESE EN UNA CLAUSURA: YA EJECUTADA LA ORDEN RESPECTIVA, EXTERIORIZADA EN LA COLOCACION DE LOS SELLOS O MARBETES EN EL LOCAL, LOS EFECTOS DE LA CLAUSURA SE PROLONGAN EN EL TIEMPO IMPIDIENDO LA CONTINUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL GIRO, SIN NECESIDAD DE REPETIR UNA Y OTRA VEZ LA ACTUACION DE LA AUTORIDAD, EN RAZON DE LO CUAL NO PUEDE OTORGARSE LA SUSPENSION PARA QUE SE REABRA LA NEGOCIACION, PUES ELLO SIGNIFICARIA VOLVER LAS COSAS A SU ESTADO ANTERIOR, REPONIENDO AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTIA SUPUESTAMENTE VIOLADA.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"R.A. 2443/87. INCIDENTE DE SUSPENSION EN REVISION. FELICITAS CARRILLO ESTRADA Y OTRA. 17 DE MAYO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAGISTRADO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL. SECRETARIA: LICENCIADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS."

CUARTO.- Con la finalidad de establecer y delimitar la materia de la contradicción planteada, se estima conveniente realizar una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito aludidos.

I.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo, recurso que se registró con el número Q.A. 262/88; esta queja se originó con la presentación del juicio de amparo indirecto promovido por Víctor Manuel Rosales Romero, quien se ostentó como propietario del restaurante bar denominado "El Dragón de Oro", Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicitó la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva, entre otros actos, de la clausura de ese negocio. El Juez de Distrito, en la audiencia incidental, negó la suspensión provisional en virtud de que ese acto reclamado está consumado, para lo cual se apoyó en la jurisprudencia de esta Suprema Corte, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE." En contra de dicho acuerdo el promovente del amparo interpuso recurso de queja, mismo que resolvió el Tribunal Colegiado en el sentido de declararlo fundado de conformidad con la tesis del propio tribunal, en la que se sostiene que la clausura admite la suspensión, por ser un acto de tracto sucesivo.

II.- Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del incidente de suspensión en revisión RA.- 2443/87, que se originó con la demanda de amparo indirecto presentado por Felícitas Carrillo Estrada y otra. En el incidente de suspensión se dictó la interlocutoria recurrida, en la que el Juez de Distrito decidió negar parcialmente la suspensión, la concedió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3575-e9715049/suspension-procedencia-en-los-casos-de-clausura-ejecutada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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