PENSION POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.
CONTRADICCION DE TESIS 34/92. ENTRE EL TERCERO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en los términos del numeral 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la Presidenta de uno de los Tribunales que sostienen criterios diversos.
TERCERO.- En virtud de que las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en los diversos amparos directos citados al principio son similares, sólo se hará alusión al juicio DT-1033/92, promovido por Guadalupe García Garrido, cuyos antecedentes son los siguientes:
Por escrito presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, Guadalupe García Garrido por conducto de apoderado, solicitó de esa autoridad, la aceptación de tener el ocurso como el aviso de calificar la enfermedad profesional que presenta, y demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social: "a) El reconocimiento que haga a favor del actor de que se encuentra con: 1.- Ojo izquierdo ciego secundario a traumatismo y presbicia de ojo derecho; 2.- Cortipatía bilateral que ocasiona una hipoacusia bilateral combinada del 18%, padecimientos de origen profesional con relación de causa efecto el primero de ellos con el accidente que sufrió el actor el 27 de marzo de 1971 y el segundo con relación de causa efecto con su ambiente laboral, que le producen una incapacidad parcial permanente, correspondiéndole para el primero un 45% y para el segundo un 16%, lo que hace un total de 61% de disminución orgánico funcional total. b) El otorgamiento y pago al hoy actor de una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 61% de disminución orgánico funcional total o la que le resulte durante la tramitación del presente juicio y que además le favorezca, pensión que se reclama con un año de anterioridad a la presentación de la demanda y para su cálculo deberá de tenerse en cuenta un salario de $16,000.00 que es el que percibe actualmente el actor o sea en el mes de marzo de 1989 en la categoría de oficial francesero en la empresa denominada PANIFICADORA SAN FRANCISCO, más los incrementos legales y contractuales que se hayan dado o se lleguen a dar a partir de la fecha antes indicada, en la categoría y empresa que se menciona y hasta aquella otra en que quede firme el laudo que se dicte en el presente juicio, puesta (sic) hasta esa fecha se deberá tener por determinado el porcentaje de la incapacidad que presenta el hoy actor, lo anterior con fundamento en el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo. c) El otorgamiento de las prestaciones en especie contenidas en el artículo 63 de la Ley del Seguro Social. d) El otorgamiento del Seguro de Enfermedades y Maternidad por encontrarse el actor en el supuesto establecido en el artículo 92, fracción II, inciso b), de la Ley del Seguro Social. e) El otorgamiento y pago de los incrementos acordados y que se lleguen a acordar por decreto o acuerdo del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a las pensiones por incapacidad parcial permanente a partir de la fecha en que surja la obligación del Instituto demandado de otorgar la pensión y hasta aquella otra en que le sean otorgados los mismos."
Seguido el juicio por sus trámites, la referida Junta dictó un primer laudo, en cuyo punto resolutivo segundo condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor presenta los padecimientos a que se refiere su libelo y a pagarle una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 61% de disminución orgánico funcional, así como el otorgamiento de las prestaciones previstas en los artículos 63 y 92, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social e incrementos que se den a la pensión por incapacidad parcial permanente por parte del Consejo Técnico.
Inconformes con el citado fallo, el organismo descentralizado y el actor Guadalupe García Garrido, promovieron los juicios de amparos directos DT-1703/91 y DT- 1693/91 respectivamente, mismos que así los enumeró el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien lo resolvió mediante ejecutorias de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y uno, negando el amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social y concediendo la protección constitucional al actor para el efecto de que: "La Junta lo deje insubsistente y en su lugar dicte otro en el que reiterando la condena respecto al reconocimiento que se haga a favor de Guadalupe García Garrido de que padece una disminución de su capacidad orgánico funcional valuada en un sesenta y uno por ciento, provocada por ceguera secundaria de ojo izquierdo a catarata total postraumática, presbicia del ojo derecho y cortipatía bilateral por trauma acústico crónico, con una hipoacusia bilateral combinada que son de origen profesional, deberá de resolver con libertad de jurisdicción en relación al salario que debe servir de base para calcular el monto de las pensiones, cuya determinación debe hacerse en apoyo al material probatorio ofrecido por las partes, debiendo esgrimir las argumentaciones relativas a la estimación o desestimación de las pretensiones de los contendientes y especificar la fecha a partir de la cual se deben de cubrir las mismas, expresando de igual manera las razones del porqué se llegue a esa conclusión y los motivos por los que no se acepte lo solicitado por alguno de los litigantes."
En acatamiento a la citada resolución, la Junta dictó un nuevo laudo que en sus puntos resolutivos estableció:
"PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de 13 de marzo de 1991 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, se deja sin efectos el laudo de 20 de agosto de 1990. SEGUNDO.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor presenta los padecimientos que refiere y que le producen una disminución de su capacidad orgánico funcional, valuada en un 61% por lo tanto el otorgamiento de la pensión por incapacidad parcial permanente respectiva, debiendo cuantificarse en base al salario que señaló el actor a partir del 22 de febrero de 1990, debiendo abrirse incidente de liquidación, lo anterior en los términos y por los motivos y fundamentos expresados en el considerando último de esta resolución, asimismo es procedente el otorgamiento de las prestaciones de los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social, debiendo otorgarse los incrementos reclamados, por las razones expresadas."
Inconforme con lo anterior, el actor Guadalupe García Garrido promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien lo radicó con el número DT-1033/92 y luego de estudiar los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, los estimó fundados, expresando sustancialmente lo siguiente:
"En primer término, cabe decir que no asiste razón al actor peticionario de amparo por cuanto aduce que la Junta no fue acertada al decidir en el laudo reclamado que la pensión a que condenó a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social es a partir del día veintidós de febrero de mil novecientos noventa en que el perito del demandado reconoció los padecimientos del actor, fecha en la que quedaron determinados en definitiva los padecimientos, apoyándose además en tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Tribunal Colegiado; porque opuestamente a lo que sostiene la parte quejosa, constituye criterio de este Tercer Tribunal Colegiado que ahora resuelve, que conforme al artículo 65 de la Ley del Seguro Social, el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente empieza a partir de la fecha en que se califique de una manera definitiva el grado de incapacidad, por lo que si en el caso, como lo consideró la responsable, el veintidós de febrero de mil novecientos noventa en que el perito del demandado rindió su dictamen se integró la prueba pericial médica, porque no hubo otro dictamen que la confirmara dado que no hubo perito tercero designado por la Junta, es inconcuso que a partir de esa fecha debe empezar a cubrirse la pensión correspondiente, pues al quedar integrada la prueba, se determinó el grado de incapacidad; criterio reiterado en los diversos juicios de amparo DT- 7103/90, DT-3733/91 y DT-5483/91, promovidos por Roberto Castillo Nolasco, José Calderón Hernández y Filiberto Moya Aguilar, resueltos en sesiones del cuatro de octubre de mil novecientos noventa, diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno y tres de julio del propio año, respectivamente, cuya tesis dice: 'PENSION A CONSECUENCIA DE UN RIESGO DE TRABAJO, FECHA DE INICIO DE SU PAGO.- Conforme al artículo 65 de la Ley del Seguro Social, el cual coincide con el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de la pensión correspondiente debe comenzar a partir de la fecha en que se califique de una manera definitiva el grado de incapacidad; de ahí que si la Junta de Conciliación y Arbitraje se apoya, como es su obligación, en la prueba pericial médica por ser la idónea para determinar la enfermedad profesional y el grado de inhabilitación definitivo que ésta ocasiona, y decide que el pago de la pensión debe otorgarse a partir de la fecha en que extiende su dictamen el perito médico tercero en discordia, su determinación es correcta porque con dicho dictamen queda integrada la prueba.' Por tanto, debe concluirse que la aplicación de las tesis invocadas por la Junta no le ocasiona las violaciones que indica de sus garantías, toda vez que, como quedó expuesto, la pensión comienza a pagarse a partir del momento en que se determina el grado de incapacidad con la prueba pericial médica, siendo irrelevante que los médicos de la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le hubieran realizado con anterioridad diversos exámenes y estudios clínicos, dado que no es en las fechas de tales estudios cuando se determina en definitiva el grado de incapacidad, por lo que debe concluirse que no tiene razón el quejoso al aducir que la pensión debió cubrírsele con un año de anterioridad a la presentación de la demanda. 'En cambio, asiste razón a la trabajadora quejosa al aducir que la Junta en forma incorrecta le otorgó valor probatorio a la prueba documental que ofreció el Instituto Mexicano del Seguro Social ahora tercero perjudicado consistente en la certificación de derechos del veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, suscrita por el Jefe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del propio Instituto, y que éste ofreció al sumario para desvirtuar a su vez la documental aportada por la actora consistente en el aviso de inscripción de su patrón Panificadora La Flor, Sociedad Anónima de Capital Variable al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el sentido de que siguió laborando a partir del siete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve; porque contrariamente a lo que consideró la autoridad responsable, la documental ofrecida por el demandado carece de valor probatorio y por tanto no debió considerar como salario base para el cálculo de la pensión a que condenó el que de ella se desprende de tres mil setecientos quince pesos con sesenta centavos diarios, en virtud de que dicha probanza constituye un documento elaborado unilateralmente por el demandado, puesto que no se encuentra firmado por la actora, además de que no se encuentra apoyado en otro elemento de convicción que pudiera apoyar la mencionada certificación, según se observa de las constancias de autos, de lo que resulta indudable que la determinación de la responsable de tomar en cuenta como salario base para el cálculo de la pensión el que se desprendía de la prueba ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta violatoria de garantías, debiendo examinar la prueba ofrecida por la actora hoy quejosa, consistente en la copia al carbón del aviso de inscripción de fecha siete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, a fin de que establezca cuál es el salario base para el cálculo de la pensión a que condenó. En este orden de ideas, al ser violatorio de garantías el laudo reclamado, se impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta emita otro en el que reiterando las condenas impuestas, deberá restarle valor probatorio a la prueba documental ofrecida por el demandado consistente en la certificación suscrita por el Jefe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del propio Instituto, a efecto de fijar el salario base para el cálculo de la pensión por incapacidad parcial permanente reclamada, examine la prueba documental ofrecida por la actora consistente en la copia al carbón del aviso de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de fecha siete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, expresando las razones que tenga en cuenta para concederle o negarle valor probatorio.'"
CUARTO.- No se hace referencia del amparo directo DT-8515/90 (854) promovido por Nicolás Vega Medina, radicado ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en virtud de que la parte considerativa es similar al diverso DT-885/90 (89) promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual aparecen los siguientes antecedentes:
Por escrito presentado ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, Enrique Paredes Calderón por conducto de apoderado, solicitó de esta autoridad, el reconocimiento de que presenta una incapacidad parcial permanente valuada en un 60% de disminución orgánico funcional, derivado de las siguientes enfermedades: 1.- Rigidez de columna lumbar postraumática que le produce un síndrome doloroso lumbar crónico; y 2.- Paresia del nervio ciático poplíteo externo izquierdo, secundario A1, padecimientos que tienen relación de causa efecto con el accidente de trabajo que sufrió el tres de noviembre de mil novecientos setenta y ocho; declaración de que la incapacidad parcial permanente que presenta le produce la pérdida absoluta de sus facultades, imposibilitándolo a realizar las labores propias del puesto de Técnico Evaluador; incremento de la valuación de dicha incapacidad hasta el monto que le correspondería por una permanente total, con fundamento en el artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo. Del Instituto Mexicano del Seguro Social demandó: la aceptación de que tiene las enfermedades mencionadas con antelación, mismas que le causan la incapacidad mencionada; el pago de las diferencias que resultan entre la pensión que le había otorgado valuada en un 58% y la que le debió proporcionarle del 60% a partir del cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y seis, la cual debe calcularse tomando en cuenta el salario base de $11,028.50 más los incrementos que se generen; el reconocimiento y aceptación de la determinación que haga la Junta en el sentido de que perdió en forma absoluta las facultades para laborar en el cargo de Técnico Evaluador; el otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad permanente total; la concesión de las prestaciones previstas en los artículos 63 y 92, fracción II, inciso b) de la Ley del Seguro Social y el otorgamiento de los incrementos acordados por el Consejo Técnico.
Seguido en juicio por sus trámites, la Junta dictó el laudo respectivo, en cuyos puntos resolutivos estableció:
"PRIMERO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción y la demandada no justificó sus defensas y excepciones. SEGUNDO.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor padece las enfermedades que quedaron detalladas en el último considerando y a cubrirle las cantidades que por tal conceptos le correspondan; así como cubrirle las diferencias reclamadas en el inciso b) de su demanda.- Para efectos de cuantificación deberá de abrirse el incidente de liquidación correspondiente."
Inconforme con dicho fallo, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito quien lo resolvió mediante ejecutoria de fecha seis de marzo de mil novecientos noventa, sosteniendo lo siguiente:
QUINTO.- Los conceptos de violación son infundados, inoperantes e inatendibles. En efecto, la alegación respecto a que en el caso se rindieron tres dictámenes, provenientes de los peritos del actor, del demandado y del tercero en discordia, es equívoca, toda vez, que de autos aparece que sólo se desahogaron los del demandante y su contraparte.- Ahora bien, en cuanto a que la Junta no analizó las opiniones rendidas, y se abstuvo de expresar las razones que la llevaron a preferir la del experto del actor, lo esgrimido es infundado, en virtud de que del acto reclamado aparece que sí lo efectuó, al decir '...en relación al dictamen rendido por el C. perito de la actora al mismo se le concede pleno valor probatorio ya que del contenido del mismo se desprende que después de hacer un análisis exhaustivo al actor empezando desde sus antecedentes personales, patológicos, exploración física de extremidades inferiores y columna vertebral A.P. y lateral oblicua, electromonografía de miembros inferiores concluye en 'sus' diagnóstico que el actor presenta: Síndrome doloroso lumbar crónico, postraumático, y secundario a espondiloartrosis, lumbar grado II-III. 2. Paresia de nervio ciático poplíteo externo bilateral padecimientos el primero de origen postraumático y degenerativo, secuela del accidente de trabajo que sufrió el actor el 3 de noviembre de 1978, y que le produce una disminución de su capacidad orgánica funcional que se clasifica en parcial y permanente, tomando como base los artículos 473, 474 y 479 de la Ley Federal del Trabajo. Y para efectos de valuación, el artículo 514 del mismo ordenamiento. Correspondiéndole un 40% de disminución de su capacidad orgánica funcional total en base al artículo 481 de la Ley Laboral y el segundo diagnóstico de origen profesional y que le corresponde un 20% por ser la lesión bilateral. Concluyendo en un 60% de capacidad orgánica funcional. Y en opinión del C. Perito vista la severidad de la patología y su carácter evolutivo, procede la aplicación del art. 493 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que se le otorga al presente dictamen pleno valor probatorio. En cuanto al dictamen médico rendido por el C. perito del Instituto demandado, éste determina la existencia de secuelas valuables como incapacidad parcial permanente, las cuales inicialmente fueron calificadas en un 40%, revaluadas a partir del 17 de diciembre de 1986, en un 58% en la actualidad fue nuevamente valorada por el perito médico de la demandada, de conformidad con el art. 514 de la Ley Federal en sus fracciones 400 (sic), con un 40 % y de acuerdo a las fracción 228 con un 20% dando un total de 60% de incapacidad parcial permanente, aplicable a partir del 13 de agosto de 1988, fecha en que se hizo evidente el agravamiento de la secuela. Por lo que en consecuencia y vistas las conclusiones de los dictámenes rendidos por los CC. Peritos y a pesar de que ambos coinciden en otorgarle al actor un 60% de incapacidad de la total orgánica funcional, es al dictamen rendido por el C. Perito de la actora al que se le concede pleno valor probatorio. 'Contrariamente a como alude, sí es legal que se le haya condenado a cubrir la pensión con un año de anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, toda vez que si bien es cierto que la pericial médica determine el grado de incapacidad de una persona, esto no quiere decir que desde este momento debe pagársele la pensión correspondiente, porque la invalidez no se decreta por un dictamen, sino que a través de éste se determina el grado que alcanza, padeciéndose desde el momento en que tiene lugar el accidente de trabajo que la propició, interpretación que se deriva del texto del artículo 134, en concordancia con el 65, fracción I, y en relación con el 51, todos de la Ley del Seguro Social, los cuales establecen que el asegurado que sufra un riesgo de trabajo que lo incapacite para laborar, tendrá derecho a que se le otorgue un subsidio mientras sufre la inhabilitación, y que cuando el operario no esté conforme con la calificación del accidente, podrá impugnarlo, debiéndole el Instituto cubrir las prestaciones respectivas por el grado, entre otros, de invalidez, mientras dure el trámite del recurso o juicio, por lo que es evidente, como ya se dijo, que la pensión se entregará desde el momento en que ocurra la contingencia, pues admitir que la pensión se pague hasta que hubiera dictamen pericial o laudo, a más de contravenir las disposiciones invocadas, redundaría en perjuicio económico del laborioso y en beneficio del instituto moroso, que dejaría de cumplir en todo un lapso (el que dure el trámite relativo) con la obligación que le imponen esas normas, por lo cual su concepto es infundado. Cabe mencionar, que este criterio se ha sostenido por este tribunal en el DT.- 8745/89 (889), fallado el 7 de febrero de 1990. En lo que ve a lo esgrimido en cuanto al salario, ello es inoperante, pues dado que si bien en el laudo combatido, la Junta fijó el monto del estipendio para el pago de la pensión, tomando el de la fecha en que fue revalorado por el instituto, más sus incrementos, ignorando lo aducido por el organismo, en la contestación a la demanda, respecto del emolumento que en su caso serviría para la condena por las pretensiones del activo, toda vez que esta omisión no es atacada por el quejoso, ya que se limita a repetir lo que adujo en lo que hace al jornal con que había otorgado ese beneficio, que era con el que estaba inscrito el laborioso, que la obligación de controvertir el estipendio era a cargo del patrón y que la Junta debió condenar en el mismo, pero sin dar razón de por qué esto debía de ser así, y con apoyo en qué preceptos, lo que era necesario, pues no es dable suplir la deficiencia de su queja, en virtud de que la misma sólo se establece en el artículo 76 bis fracción IV de la Ley de Amparo, para la parte obrera. Ahora bien, la inconformidad, referente a que al haber quedado el banco llamado como tercero interesado, a resultas del juicio, en todo caso, se debieron dejar a salvo sus derechos para fincarle a dicho patrón los capitales constitutivos correspondientes, su exigencia es infundada, pues ninguna obligación tenía la Junta de hacer tal pronunciamiento, pues con él o sin él no se le causa perjuicio alguno, toda vez que nada le impide ejercitar ese derecho, establecido en su ley, dado que en el fallo, nada se dijo de que no podía proceder conforme a sus atribuciones, basadas en la norma que lo rige. Es inatendible la argumentación en la cual se alude a que al fijar el salario diario, base para la cuantificación de las condenas, se debió estar a lo establecido en el artículo 65 de la Ley del Seguro Social, en razón de que, como eso no lo hizo valer el quejoso ante la Junta, no fue materia de la controversia laboral, por lo que tampoco puede serlo ahora de la litis constitucional. Es de citar en el caso, la jurisprudencia número 161, visible en la página 144, Cuarta Sala, Quinta Parte, del Apéndice 1917-1985, con el rubro: 'LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.' Consecuentemente, al no acreditarse la conculcación de garantías, procede negar la protección constitucional solicitada, aun en cuanto hace a las autoridades ejecutoras.'"
QUINTO.- De lo anteriormente relatado, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues dos Tribunales Colegiados sostienen criterios distintos respecto a un mismo problema puesto a su consideración.
En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo DT-1033/92, promovido por Guadalupe García Garrido, cuya parte considerativa es similar a los diversos DT-7103/90, DT-3733/91 y 5483/91, promovidos por Roberto Castillo Nolasco, José Calderón Hernández y Filiberto Moya Aguilar respectivamente, sostuvo en esencia, que conforme al artículo 65 de la Ley del Seguro Social, el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente debe cubrirse a partir de la fecha en que se califique de manera definitiva el grado de incapacidad, y esto sucede cuando se integra la prueba pericial médica, es decir, cuando el experto del demandado emite su dictamen coincidente con el del actor, o bien cuando nombrado un tercero en discordia, este último rinda su parecer.
Por su parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo al resolver el amparo directo DT-885/90 (89), promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos razonamientos son similares al diverso DT-8515/90 (854), promovido por Nicolás Vega Medina, estableció en síntesis, que sí era legal que la Junta condenara al Instituto Mexicano del Seguro Social a cubrir la pensión (por incapacidad parcial permanente), con un año anterior a la fecha de la presentación de la demanda, ya que si bien es cierto la pericial médica determina el grado de incapacidad de una persona, esto no quiere decir que desde ese momento debe pagársele el beneficio correspondiente, porque la invalidez no se decreta por un dictamen, sino a través de éste se determina el grado que alcanza, padeciéndose desde el momento en que tiene lugar el accidente de trabajo que lo propició, interpretación que deriva del texto del artículo 134 en concordancia con el 65, fracción I, y 51 de la Ley del Seguro Social, los cuales establecen en esencia, que cuando el asegurado sufre un riesgo de trabajo que lo incapacite para laborar, tendrá derecho a que se le otorgue un subsidio mientras sufre la inhabilitación, y cuando el operario no esté conforme con la calificación del accidente, podrá impugnarlo, debiéndole el Instituto cubrir las prestaciones respectivas en el ramo, entre otros, de invalidez, mientras dura el trámite del recurso o juicio.
SEXTO.- En el presente caso se estima que no debe prevalecer ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, sino el que establecerá esta Cuarta Sala en esta resolución, pues estima que ambos Colegiados, arriban a conclusiones que se apartan de la correcta interpretación de los preceptos legales en que apoyan su tesis, ya que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, no necesariamente tiene que adoptarse uno de los dos criterios en pugna, sino que puede, válidamente, establecerse uno distinto.
Criterio similar ha sido sustentado por esta Cuarta Sala en la tesis número XXIII/92, que aparece publicada en la página 234 de la Octava Parte Tomo X, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que textualmente dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACION DEL PROBLEMA JURIDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.- La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica. Tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir "...cuál tesis debe prevalecer", no cuál de las dos tesis debe prevalecer.
Ahora bien, en relación a la cuestión planteada en la contradicción de tesis, debe señalarse lo siguiente:
El artículo 11 de la Ley del Seguro Social dispone: "El régimen obligatorio comprende los seguros de: I.- Riesgos de trabajo; II.- Enfermedades y maternidad; III.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y IV.- Guarderías para hijos de aseguradas."
El capítulo III, sección primera, del mismo ordenamiento, regula lo concerniente a los riesgos de trabajo, indicando que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Los artículos 49 y 50 definen esos dos supuestos, al establecer:
"Artículo 49.- Se considera accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste... También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél."
"Artículo 50.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo."
A su vez el numeral 51 de la referida ley estipula: "Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Ins
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/370-1622a60e/pension-por-incapacidad-derivada-de-un-riesgo-profesional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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