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Modo: Corpus Pro

MULTAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 3o. BIS RESPECTO DE LA BUENA O MALA FE DE LA AUTORIDAD INFRACTORA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 284/96. · Registro digital (IUS): 3717
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARIA DE LA LUZ ARIAS PARADA. (RECURRENTE: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA).
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, , Pág. 319.

AMPARO EN REVISION 284/96. MARIA DE LA LUZ ARIAS PARADA. (RECURRENTE: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA)

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Es infundado el único agravio que expone la autoridad recurrente, por las razones que en seguida se exponen.

El Juez de Distrito a quo impuso al recurrente la multa impugnada con base en la consideración siguiente: "Cuarto.- Son presuntivamente ciertos los actos reclamados al presidente constitucional del Municipio de Puebla pues no obstante encontrarse legalmente emplazado a juicio, según consta del talón de recibo de notificación correspondiente, omitió rendir su informe justificado, por lo que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 149 y 3o. bis de la Ley de Amparo, se impone a dicha autoridad una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, equivalente a mil ciento treinta pesos, la que deberá hacerse efectiva por conducto de la oficina hacendaria respectiva."

De la transcripción que antecede se advierte que el Juez de Distrito a quo fundamentó la sanción de que se trata en los artículos 3o. bis y 149, cuarto párrafo ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 3o. bis.- Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.- El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio hubieren actuado de mala fe.- Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse el recurso." "Artículo 149.- Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.- ...si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario..."

Del transcrito artículo 149, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se desprende claramente que por imperativo legal, la autoridad responsable está obligada a rendir su informe justificado y si no lo hace, el Juez de Distrito está facultado para imponerle en la sentencia respectiva una multa, por lo que basta que alguna o algunas de las autoridades responsables no rindan su informe con justificación para que el Juez Federal proceda a imponer la sanción económica que establece el citado precepto.

Por otra parte, es preciso destacar que el segundo párrafo del artículo 3o. bis de la ley de la materia, es aplicable sólo en los casos en que la ley otorga al juzgador, una facultad discrecional en la imposición de sanciones, para cuyo ejercicio debe tomar en cuenta entre otros factores, la buena o mala fe del infractor, hipótesis que no se da en la infracción que prevé el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, porque independientemente según se vio, de que este precepto contiene un imperativo legal respecto de la imposición de la multa (pues la discrecionalidad se limita a que determine el monto de la misma), tampoco alude a la buena o mala fe de la autoridad como requisito indispensable que deba tomarse en cuenta para sancionarla, sino que será suficiente que aquélla no rinda el informe justificado para que proceda la sanción. De ahí que si la autoridad recurrente omitió rendir oportunamente su informe con justificación no puede ahora alegar que la multa debe motivarse en circunstancias que demuestren su mala fe, pues el párrafo segundo del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo a que alude la inconforme, sólo es aplicable en aquellos casos en que la imposición de la multa sea potestativa, lo que no sucede en el caso a estudio, atento lo establecido, como ya se indicó, por el cuarto párrafo del diverso artículo 149 del propio ordenamiento.

Cabe advertir que si bien el Juez Federal a quo para imponer la multa controvertida si bien se fundó en el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, sin embargo, es evidente que ello fue exclusivamente en cuanto a las reglas generales de aplicación de las multas, previstas en el párrafo primero de dicho precepto, no así en relación con el segundo párrafo de la propia disposición a que ahora alude la autoridad recurrente, pues éste, según se vio, sólo es aplicable en aquellos casos en que la imposición de la multa es potestativa para el juzgador, atendiendo a la buena o mala fe del infractor, pero no cuando la sanción resulta de un imperativo legal; razones por las que procede concluir que la multa impugnada, contrariamente a lo que se aduce en los agravios se ajusta a derecho y, por lo mismo, es procedente confirmarla.

Sobre el particular es aplicable la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 167/93, 280/95, 369/95 y la queja 32/94, que dice: "- Tratándose de la aplicación del artículo 149 de la Ley de Amparo, la imposición de las multas a que dicho precepto se refiere deviene del propio imperativo legal y no de la potestad del Juez de Distrito, atenta a la redacción clara y terminante de dicho precepto, de modo que el arbitrio del Juez de amparo queda restringido únicamente a fijar la cuantía de la multa, dentro de los límites establecidos en esa disposición, quedando ajena por tanto, la imposición de dichas multas, a la buena o mala fe del sancionado y por ende, lo dispuesto al respecto por el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo."

Asimismo sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 839, visible en la página 572, Tomo VI, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "INFORME JUSTIFICADO, MULTA POR NO RENDIRLO. INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 3o. BIS DE LA LEY DE AMPARO.- Lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, es aplicable en los casos donde la imposición de la multa es potestativa para el Juez Federal, esto es, cuando la ley otorga al juzgador facultades discrecionales para cuyo ejercicio debe tomar en cuenta, entre otros factores o circunstancias, la buena o mala fe de la autoridad; pero no cuando ésta resulta de un imperativo legal, como se desprende del contenido del artículo 149 de la propia Ley, en su párrafo cuarto, que textualmente indica: `Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva una multa de diez a ciento cincuenta días de salario'; de la lectura del precepto citado se desprende, que éste otorga facultad discrecional al Juez sólo para determinar el monto de la multa, y no respecto a la imposición de la misma."

Cabe advertir que la tesis invocada por el recurrente, del rubro: "MULTA IMPUESTA, A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. APLICACION DE LOS ARTICULOS 149 y 3o. BIS DE LA LEY DE AMPARO"; por tratarse de una tesis aislada, el criterio que contiene no es obligatorio para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Finalmente, se estima pertinente destacar, que el recurrente no expuso argumento alguno para controvertir el monto de la multa impuesta en la sentencia recurrida, por lo que tal cuestión debe quedar firme, máxime que se trata de un amparo en materia administrativa el cual es de estricto derecho.

En ese orden de ideas, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por MARIA DE LA LUZ ARIAS PARADA contra los actos que reclamó del presidente constitucional, secretario general, síndico, tesorero, secretario de Gobernación, jefe del Departamento del Padrón Fiscal y jefe del Departamento de Giros Comerciales, todos del Municipio de Puebla, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.- Queda firme la multa impuesta al presidente constitucional del Municipio de Puebla, por la cantidad de mil ciento treinta pesos, equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: María Eugenia Estela Martínez Cardiel, Gustavo Calvillo Rangel y Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3717-1988eed1/multas-previstas-por-el-articulo-149-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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