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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL ORDEN COMÚN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 877/97. · Registro digital (IUS): 4579
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA LUISA PEREA ROMERO, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES VÍCTOR LUIS, JULIO CÉSAR Y LILIANA VERÓNICA, DE APELLIDOS MUÑOZ PEREA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 950.

AMPARO EN REVISIÓN 877/97. MARÍA LUISA PEREA ROMERO, POR SÍ Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES VÍCTOR LUIS, JULIO CÉSAR Y LILIANA VERÓNICA, DE APELLIDOS MUÑOZ PEREA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.- Son ineficaces los agravios.

En el primero de ellos aduce la recurrente, en esencia, que se viola en su perjuicio y en el de sus representados el artículo 4o. de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 28 y 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, al sobreseer el Juez de Distrito en el juicio de amparo estimando que sus hijos Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea, son mayores de edad, sin tener en cuenta que ella tramitó el juicio natural en representación de sus nombrados hijos, entonces menores de edad, de donde resulta que al haber adquirido éstos la mayoría de edad durante la tramitación del controvertido en mención, no es necesario que se apersonen para seguir disfrutando de la pensión alimenticia decretada a su favor, pues ella los representó y los representa en dicho procedimiento como "representante unitaria" y, por ende, agrega, está facultada para promover en su nombre el juicio constitucional.

Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima que no asiste razón a la recurrente por las consideraciones que a continuación se precisan.

Del análisis integral de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto de que se trata, específicamente de las copias fotostáticas certificadas deducidas del juicio ordinario civil número 864/95 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se advierte que la actora exhibió como pruebas, las documentales consistentes en las copias certificadas de las actas de nacimiento de Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea, en donde se señala como fecha de nacimiento del primero, el cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y siete (foja 36), y del segundo, el veinte de febrero de mil novecientos setenta y nueve (foja 34).

La demanda de amparo del caso se presentó el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, según se advierte del sello fechador de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz (foja 2).

Partiendo de las consideraciones anteriores, debe decirse que como con acierto sostiene el Juez de Distrito, a la fecha en que se presentó la demanda referida, Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea, eran mayores de edad, por tanto, la quejosa María Luisa Perea Romero carecía de facultades para promover el juicio constitucional en representación de los mismos, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 577 y 578 del Código Civil para el Estado, la mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos y quien la alcanza puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, lo que representa la adquisición del estatuto jurídico perfecto y, al ser así, si cuando la ahora recurrente promovió el amparo los nombrados Víctor Luis y Julio César Muñoz Perea, habían adquirido ya la mayoría de edad, es evidente que la madre carecía de personalidad para interponer el juicio constitucional a nombre de ellos, sin que sea óbice a lo expuesto, lo establecido por el artículo 13 de la ley de la materia, que previene que cuando uno de los interesados tenga personalidad reconocida ante la autoridad responsable, le será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, pues tal precepto debe entenderse en el sentido de que cuando por hechos supervenientes comprobados legalmente, haya dejado de tener personalidad a quien le fue reconocida en el juicio civil, carece de la misma para promover el amparo.

Bajo esa tesitura, si el Juez de Distrito estimó que por cuanto hace a Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea, procedía el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, al no satisfacerse el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, pues dichos quejosos debieron promover el amparo por derecho propio o por conducto de representante o apoderado legal, calidades estas últimas de las que carece María Luisa Perea Romero, es de considerarse apegada a derecho la determinación del Juez Federal.

Sirve de apoyo a la conclusión que antecede, por su sentido, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos treinta y cinco del Tomo LXXXIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO (REPRESENTACIÓN DE MENORES QUE ADQUIEREN LA MAYORÍA DE EDAD).- Si cuando se promovió el amparo, las menores representadas por su madre, en el juicio que lo motivó, habían adquirido ya la mayoría de edad, es claro que la madre carecía de personalidad para interponer el juicio de garantías en nombre de ellas. No obsta a lo anterior, la disposición del artículo 13 de la Ley de Amparo, que previene que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, le será admitida en el juicio de amparo, para todos los efectos legales, porque este precepto debe entenderse en el sentido de que cuando por hechos supervenientes comprobados legalmente, haya dejado de tener personalidad la persona a quien le fue reconocida en el juicio civil, carece de esa personalidad para promover el amparo.".

En el segundo agravio argumenta la recurrente que el a quo viola en su perjuicio y de su menor hija Liliana Verónica Muñoz Perea el artículo 242 del Código Civil para el Estado, en relación con el 239 del mismo ordenamiento legal, porque considera ajustada a derecho la pensión alimenticia provisional decretada por la autoridad responsable en un treinta y cinco por ciento del salario y prestaciones del deudor alimentario, olvidando los estragos económicos causados por el costo de la vida, de donde resulta que siendo tres acreedores alimentarios (sin considerar a Víctor Luis y Julio César Muñoz Perea), los alimentos deben distribuirse en forma justa y equitativa, pues el hecho de tener vivienda propia no implica que los mismos queden satisfechos, ya que requiere de servicios de energía eléctrica, agua, teléfono y mantenimiento, por lo que al no considerarlo así el Juez de Distrito transgredió los preceptos invocados.

En principio, es de señalarse que tales argumentos no son aptos para revocar la resolución que se revisa, toda vez que en ellos la recurrente imputa al a quo violación a disposiciones del orden común, como son los artículos 239 y 242 del Código Civil para el Estado, lo que resulta inexacto porque no es jurídico afirmar que el juzgador federal infrinja esos preceptos, pues su actuación al resolver el juicio constitucional se rije por la Ley de Amparo, a la cual debe ceñir su proceder, así como a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en términos del artículo 2o. de la ley de la materia; por tanto, las violaciones en que podría incurrir serían respecto de los dos ordenamientos legales últimamente citados, pero no de leyes del orden común.

Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se publicó en las páginas doscientos cincuenta y uno y siguiente, del Tomo XIV, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON CUANDO SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN DE DISPOSICIONES DEL ORDEN COMÚN.- Cuando el recurrente atribuye al Juez de amparo violación a disposiciones del orden común, tales agravios resultan inoperantes, pues no es jurídico afirmar que dicha autoridad judicial infrinja preceptos de esa naturaleza porque su actuación, al resolver el juicio de garantías, se rige fundamentalmente por los numerales contenidos en el título segundo de la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma supletoria en términos del artículo 2o. de la citada ley; de ahí que las transgresiones en que podrían incurrir los Jueces de Distrito serían respecto de los artículos que se contienen en la Ley de Amparo o en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no de disposiciones legales ordinarias ya que la aplicación de éstas corresponde a las autoridades que conozcan del proceso natural, y serían ellas quienes, en su caso, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrían incurrir en violaciones a preceptos de leyes del orden común.".

Por otra parte, es de señalarse que si en el caso el juzgador federal estimó correcta la reducción de la pensión alimenticia provisional a un treinta y cinco por ciento del salario y prestaciones que percibe Idelfonso Víctor Muñoz Rosas, que en el juicio ordinario civil 864/95, anotado párrafos anteriores, decretó el Juez responsable basándose en que se trataba de dos acreedoras alimentarias, este Tribunal Colegiado considera ajustada a derecho la determinación del a quo, pues congruente con lo ya establecido en el presente fallo, quedó firme en ese aspecto la resolución que constituye el acto reclamado, en donde para efectos de la pensión alimenticia provisional se excluyó a Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea.

A mayor abundamiento, debe decirse que si el Juez responsable estimó procedente en el caso reducir la pensión alimenticia provisional por el equivalente a un treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones del deudor alimentario, en efecto tal determinación se encuentra ajustada a la ley, pues dicho porcentaje se considera adecuado, por el momento, para cubrir las necesidades alimentarias de las dos acreedoras (pues ello significa un diecisiete punto cinco por ciento para cada una) hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva que en el caso proceda, atendiendo precisamente a lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado, que establece que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, de cuya interpretación sistemática se desprende que la posibilidad del alimentista depende de su activo patrimonial, debiendo bastar tanto para cubrir la pensión reclamada, como para satisfacer sus propias necesidades.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el página dieciséis del Volumen 67, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ).- La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe establecerse conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos elementos, a saber: la posibilidad del alimentista y la necesidad del alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz (igual al artículo 311 del Código Civil del Distrito y Territorios Federales), que dice: 'Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.'. La posibilidad del alimentista depende, principalmente, de su activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión reclamada; pero debe atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona que sus necesidades sean mayores; y la necesidad del alimentario ha de establecerse atendiendo, de manera preferente, a los conceptos que se comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Civil de Veracruz (igual al artículo 308 del Código del Distrito y Territorios Federales), que dice: 'Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.'".

Al ser, según se ha visto, ineficaces los agravios que se hacen valer, lo que procede en la especie es confirmar el fallo que se revisa, sobreseer en parte en el juicio de amparo y negar en otra la protección de la Justicia Federal solicitada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 83, 85 y 90 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 390/97 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por cuanto hace a los actos reclamados por María Luisa Perea Romero en representación de Víctor Luis y Julio César, de apellidos Muñoz Perea, en contra de la autoridad indicada en el resultando primero de este fallo.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Luisa Perea por sí y en representación de la menor Liliana Verónica Muñoz Perea, contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, consistente en la resolución de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio ordinario civil número 864/95.

Notifíquese.

Anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Adrián Avendaño Constantino, Alfonso Ortiz Díaz y Omar Losson Ovando, firmando el primero como presidente y ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4579-ab923ad4/agravios-inoperantes-lo-son-cuando-se-imputa-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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