INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 181/97. ELÍAS PIÑA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes en parte e infundados en lo demás, los agravios antes transcritos.
En primer lugar, es conveniente dejar precisado que la parte de agravios en que el recurrente alega que la sentencia impugnada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, resulta inoperante porque de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte de la sentencia recurrida, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.".
En segundo lugar, el quejoso, por vía de agravios, por una parte reproduce los conceptos de violación que hizo valer en su demanda de garantías, pues insiste en que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales porque el Juez de origen le desechó por improcedente el incidente penal que propuso, sin fundar ni motivar su determinación; y en cambio deja en pie las razones que expresó el Juez de Distrito a quo en el sentido de que el referido acto reclamado no es de los que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo afecta derechos adjetivos o procesales, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que obtenga un fallo favorable a su interés, apoyando su consideración en la tesis VI.2o.518 K, de este propio Tribunal Colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 290, bajo el rubro: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.".
Por lo anterior, resultan inoperantes en este aspecto los agravios hechos valer, en virtud de que no se expresa un razonamiento lógico-jurídico concreto que desvirtúe las consideraciones expresadas por el Juez de Distrito a quo al desechar la demanda de garantías, razón por la cual se impone confirmar el auto recurrido. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números J/322, J/36 y J/42 de este Tribunal Colegiado, que respectivamente dicen: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."; "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Resultan inoperantes los agravios hechos valer cuando se aprecia que no se hace un razonamiento lógico-jurídico concreto para desvirtuar las estimaciones del Juez de Distrito, las que llevan a establecer que el acto reclamado no existe en la forma planteada; o sea, que en la revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, este tribunal no podría remediarlo mientras no se advierta que tal sentencia ha sido dictada con infracción de un precepto legal."; y, "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.".
Por otra parte, en contra de lo afirmado por el recurrente, debe decirse que es correcta la consideración del Juez de Distrito a quo, en virtud de que la resolución reclamada que desechó el incidente penal en cuestión, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no afecta de modo directo o inmediato derechos sustantivos de las partes, por lo que el amparo que se interpone contra esa clase de resoluciones resulta improcedente.
Para así demostrarlo, es importante tener en cuenta la naturaleza y finalidad del incidente penal, cuyo desechamiento es la esencia del acto reclamado, para lo cual conviene transcribir textualmente lo dispuesto por los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que contemplan el incidente de que se trata: "Artículo 635. La parte que en un negocio civil impugne como delictuoso un acto o una prueba, promoverá el incidente a que se refiere este capítulo."; y, "Artículo 636. La interlocutoria en este incidente, decidirá exclusivamente para los efectos civiles, si debe tomarse o no en consideración al pronunciarse la sentencia definitiva, la prueba o el acto señalados como delictuosos.".
De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se infiere que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que se estima tiene un origen delictuoso, lo que pone de manifiesto que la materia del incidente en cuestión es un acto o prueba susceptible de ser tomada en cuenta al fallar el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo en revisión números 122/992, 298/992 y 215/94, que dice: "INCIDENTE PENAL. NATURALEZA DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se infiere que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que tienen un origen delictuoso y que por tanto no pueden ser opuestos en perjuicio de quien hace valer el incidente.".
En este orden de ideas, entendido el concepto de acto de ejecución irreparable, para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República por medio de sus garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues en cualquiera de esas hipótesis únicamente se afectan los derechos adjetivos o procesales del quejoso, es decir, sólo tienen consecuencia de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa o inmediatamente algún derecho fundamental del gobernado, como son la libertad, propiedad o posesión, entre otros y, en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que la favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que favorezcan las pretensiones de la parte quejosa. En consecuencia, la improcedencia del incidente penal, estimada en la resolución que después de tramitada puso fin a ese incidente, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse en el fallo definitivo. Al respecto, tiene aplicación la tesis VI.2o.518 K, sustentada por este Tribunal Colegiado que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 290, de rubro: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa, puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías.".
También tiene aplicación la tesis jurisprudencial VI.2o.475 K, sustentada por este mismo tribunal, que aparece publicada en la citada fuente y tomo, página 201, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Los actos irreparables revisten la característica de que la afectación que produzcan dentro del procedimiento judicial trascienda a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales del quejoso y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Luego, no basta que un determinado proveído y la posible violación que en él se cometa en juicio ya no sean materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino que es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales protegidos por las garantías individuales que la Ley Suprema tutela en favor del quejoso, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, mientras los actos dictados en el procedimiento judicial no produzcan una afectación tal, sino que sólo entrañen una nueva posibilidad de hacerlo al resolverse la controversia (en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado) se estará en presencia de una afectación a derechos adjetivos, que sólo producen por regla general, efectos de carácter formal o intraprocesal.". Las consideraciones que preceden conducen a confirmar el auto recurrido.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción I, y 85, fracción I, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Se confirma el auto sujeto a revisión.
SEGUNDO. Se desecha por improcedente la demanda de garantías interpuesta por Elías Piña Pérez contra el acto que reclama del Juez Cuarto de lo Civil de esta capital, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el cuaderno de antecedentes al Juez a quo y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gustavo Calvillo Rangel, Antonio Meza Alarcón y Carlos Loranca Muñoz, siendo ponente el primero de los nombrados, quien con el carácter también de presidente firma con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4234-e387c806/incidente-penal-el-desechamiento-admision-o-resolucion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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