GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL QUEDAN EN ESTADO DE INDE-FENSIÓN, SI PREVIAMENTE A LA ORDEN DE DESTITUCIÓN O CESE NO HAN SIDO OÍDOS. GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA, LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL TIENEN DERECHO A LA, POR SER INHERENTES A TODO GOBERNADO.
AMPARO EN REVISIÓN 86/97. EZEQUIEL VÁZQUEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Es infundado el primero de los agravios de la representante social federal recurrente, pues contrariamente a lo que aduce, el Juez a quo estuvo en lo correcto al estimar infundadas las causales de improcedencia que pretendieron hacer valer los aquí revisionistas, toda vez que es inexacto que el artículo 23 (fracciones de la I a la X) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República tenga el carácter de autoaplicativo para todos los elementos integrantes de la Policía Judicial Federal que, al entrar en vigor dicha ley, no reunieran los requisitos que la misma exige para ingresar o permanecer en la citada corporación policiaca, como tampoco es verdad que si el ahora quejoso tenía conocimiento de que no reunía tales requisitos, debió impugnar el referido ordenamiento legal y que, al no hacerlo, el acto reclamado debe estimarse como consentido.
Lo anterior es así, porque como bien adujo el resolutor, en el caso a estudio se está frente a normas heteroaplicativas, en razón de que el acto del cual se duele el amparista no deriva de manera directa de la iniciación de vigencia de la mencionada ley orgánica, sino que se requirió de un acto posterior de aplicación, en virtud del cual el quejoso causó baja de la corporación policiaca a la que pertenecía, mismo que estima lesivo a sus derechos fundamentales subjetivos.
Así, resulta ajustado a derecho el razonamiento del Juez a quo, en cuanto sostiene que si el oficio mediante el cual se comunicó al impetrante de amparo la terminación de los efectos de su nombramiento como agente de la Policía Judicial Federal, no es consecuencia directa, legal y necesaria de los preceptos constitucionales y de la referida ley orgánica que menciona la autoridad responsable, no es dable considerar que el acto reclamado sea derivado de otro consentido, precisamente, porque para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 de la ley orgánica en cita, de conformidad con el diverso sexto transitorio del ordenamiento legal invocado "se hace necesario el acto de autoridad para constreñir al agente a ese cumplimiento". En esas condiciones, al no causar al quejoso ningún perjuicio el inicio de vigencia de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, significa que no tenía por qué impugnarla el inconforme, como infundadamente pretende hacer valer la parte recurrente.
En lo atinente a que el Juez Federal desestimó la causal de improcedencia que se hizo valer, prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, sin tomar en cuenta que el acuerdo A 010/96 de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis del procurador general de la República, que creó el Consejo de Profesionalización ante el cual debió el quejoso agotar el recurso de revocación, atento el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tiene sustento en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (artículo 40), debe decirse que tal argumento deviene inoperante, porque no hace objeción alguna tendiente a destruir el razonamiento fundamental del Juez de Distrito, en cuanto a que, hecho el análisis del referido acuerdo, ninguna de sus disposiciones prevé la suspensión de dicho acto reclamado, requisito que establece la Ley de Amparo para que exista la obligación de agotar los medios de defensa previamente a la interposición del juicio de garantías, y bajo esta premisa, las anteriores consideraciones del Juez resolutor, correctas o no, deben prevalecer y continuar rigiendo el sentido de la sentencia recurrida en el tema que se analiza.
Asimismo, resulta infundado el argumento del fiscal recurrente, en el sentido de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional establece que los cuerpos de seguridad pública se regirán en materia laboral por sus propias leyes, y de acuerdo con los artículos 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 4o. del reglamento de carrera de dicha corporación policiaca, los agentes de la Policía Judicial Federal son empleados de confianza, con beneficios al salario y a la seguridad social, atento lo que dispone la fracción XV del citado precepto constitucional, porque éstos no pueden considerarse como derechos, sino como simples expectativas que no quedan comprendidas en la esfera de aquellos que protege el artículo 14 constitucional y que, por tanto, al no gozar del derecho de inamovilidad, pueden ser destituidos de su empleo sin necesidad de previa audiencia y, en última instancia, tal garantía y la de aportar pruebas, se le otorgan al quejoso con el recurso de revocación ya indicado, ante el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público Federal, que es el idóneo para combatir el acto reclamado, mismo que puede revocar o modificar dicho acto y, en esa virtud, el quejoso debió agotar ese recurso antes de instar la vía constitucional.
Efectivamente, tales afirmaciones carecen de sustento legal, pues debe puntualizarse que ninguno de los motivos que aduce el revisionista permite soslayar el imperativo constreñido en el artículo 14 de la Carta Magna; y las circunstancias de que el quejoso tenga o no el carácter de confianza, estabilidad o no en el empleo, o el perfil exigido para su permanencia en la Procuraduría General de la República, no relevan a dicha autoridad de dar oportunidad al interesado de exponer y aportar pruebas en relación con todo lo que a su interés convenga, previamente a la comisión del acto privativo, haciéndose resaltar que, contrario a lo que esgrime el revisionista la oportunidad de defensa, como ya se indicó, debe ser previa al acto de privación, de ahí que resulta incorrecto pretender que mediante un recurso de revocación se pueda satisfacer la garantía de audiencia, cuando ya ha acaecido esa privación de derechos.
En esa tesitura, debe concluirse que estuvo en lo justo el Juez de Distrito al razonar y determinar que si los actos reclamados se traducen en un acto de privación de derecho, bien jurídicamente tutelado por la garantía de audiencia, es obvio que previamente a la emisión del acto, la autoridad responsable tenía la obligación de seguir un procedimiento en el cual se observaran las formalidades esenciales del mismo, en el cual se dieran al quejoso las oportunidades de defensa y la probatoria, lo que en el caso no ocurrió, por lo que si la responsable no justificó haber realizado dicho procedimiento, en acatamiento a la aludida garantía de audiencia, contenida en el artículo 14 constitucional, antes de emitir el acto reclamado, lo procedente es conceder el amparo solicitado.
También esgrime en sus agravios la agente del Ministerio Público recurrente, que la consideración del Juez a quo, en el sentido de que se debe dar al quejoso el derecho de previa audiencia, atenta contra el interés social, dado que la sociedad esta interesada en el desarrollo armónico de la función de quienes integran esos cuerpos de seguridad pública, de ahí que si sus miembros, como en el caso del quejoso, tienen el carácter de empleados de confianza y, por tanto, no gozan del derecho de inamovilidad, si se le concediera audiencia previa al quejoso constituiría una amenaza al interés colectivo porque no desempeñaría su función adecuadamente.
Las anteriores consideraciones resultan ineficaces porque, en el caso específico, al quejoso no se le separó de su cargo por no desempeñar su función adecuadamente, pues los motivos que se adujeron fueron los consistentes en que no contaba con el perfil físico, médico, ético y de personalidad requeridos para las actividades policiales.
Resultan inoperantes los motivos de inconformidad de la citada recurrente cuando afirma que el Juez de Distrito había considerado que el acto reclamado no se encontraba fundado y motivado, y que tal razonamiento era incorrecto, ya que el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República abre la posibilidad para la permanencia de los elementos de la Policía Judicial Federal en el servicio civil de carrera.
Esto es así, porque basta la lectura del contexto de la sentencia recurrida para advertir que el Juez de Distrito no se ocupó del estudio de la infracción al artículo 16 constitucional aducido por el quejoso, pues el resolutor únicamente consideró fundados los motivos de inconformidad vertidos por el amparista en relación con la falta de audiencia que en su perjuicio implicó la emisión del acto reclamado, y al efecto estimó que ello era violatorio de la garantía del artículo 14 constitucional y que, en esa virtud, resultaba innecesario el examen de los restantes conceptos de violación.
Finalmente, debe decirse que el alegato de la inconforme, en el sentido de que el Juez de Distrito no hizo alusión alguna respecto a que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, también resulta ineficaz, si se toma en cuenta que el Juez a quo dejó precisado que, al analizar el contenido del oficio impugnado, se advierte que si bien la autoridad responsable basó su determinación en el dictamen que formuló la Dirección General Jurídica de la Procuraduría General de la República, en el cual se estableció que el quejoso no cuenta con el perfil físico, médico, ético y de personalidad requerido para las actividades policiales y que además incumplió las obligaciones propias de su encargo, lo cierto es que la citada autoridad no observó ningún procedimiento para hacer del conocimiento del amparista esas circunstancias, ni le dio oportunidad de ofrecer pruebas para desvirtuar dichas consideraciones.
Que por otra parte, continúa razonando el Juez de Distrito, aun cuando se infiera que no llevó a cabo el cese o destitución del inconforme, no puede pasar inadvertido que la terminación de los efectos de su nombramiento, contenida en el oficio que constituye el acto reclamado, es en sí mismo un acto privativo de los derechos del solicitante de amparo, que generó a su favor el citado nombramiento, de donde se colige que ese acto de privación, como bien adujo el resolutor, está regido por el artículo 14 constitucional y, en ese orden de ideas, se hizo innecesario el estudio sobre si el acto reclamado (inconstitucional en sí mismo), estaba o no debidamente fundado y motivado.
NOVENO. Los agravios expuestos por el oficial mayor de la Procuraduría General de la República resultan jurídicamente ineficaces.
En efecto, aduce la autoridad revisionista que la resolución recurrida causó agravios de difícil reparación a la Procuraduría General de la República, dado el razonamiento vago e impreciso del Juez de Distrito, respecto a la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues cuando ésta se hizo valer, se señaló que el acto reclamado era una consecuencia de los artículos 23 y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales habían sido del conocimiento del quejoso desde que entró en vigor dicha ley, y a partir de esa fecha el quejoso sabía que no reunía los requisitos mencionados en ese primer precepto para permanecer como agente de la Policía Judicial Federal, y si está demostrado que el quejoso los conocía y no los reclamó oportunamente, es obvio que tácitamente los consintió; luego entonces, si se trata de actos derivados de otros consentidos y el Juez a quo no lo estimó así, resulta evidente que se violaron en perjuicio de esa institución los artículos 14 y 16 constitucionales y 73, fracción XII, 74, fracción III, 77, fracción II, 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo.
Los anteriores argumentos resultan inoperantes; esto es así, porque no combaten las consideraciones medulares del Juez a quo, referentes a que el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República solamente establece los requisitos para ingresar y permanecer como agente de la Policía Judicial Federal, y el sexto transitorio del mismo ordenamiento legal en cita, únicamente prevé que los agentes que presten servicios en la mencionada dependencia federal al entrar en vigor las disposiciones reglamentarias en materia del servicio civil de carrera previsto en dicha ley, deberán dar cumplimiento a los requisitos y condiciones que la misma establece para incorporarse a ese servicio; sin embargo, no se señalan cuáles son esos requisitos que refiere la fracción IX del citado artículo 23 en comentario, ni prevé el plazo para cumplir con esos requisitos y condiciones; de esta manera, se hace evidente que para el cumplimiento de la norma es necesario un acto de la autoridad para constreñir al agente a ese cumplimiento.
Que en esas condiciones, el oficio de donde deriva el acto reclamado no tiene el carácter de acto derivado de otro consentido, toda vez que no es consecuencia directa, legal y necesaria de los preceptos legales citados por la autoridad responsable en mención. Amén de que el solo conocimiento por parte del quejoso de las aludidas disposiciones legales no le causaron perjuicio, y ello es así, porque para su aplicación hubo necesidad de girar el oficio por medio del cual se comunicó al amparista la terminación de su nombramiento como agente de la Policía Judicial Federal, y el oficial mayor de la Procuraduría General de la República tuvo que basarse en un estudio previo del director jurídico de la mencionada procuraduría, en el cual señalo que el quejoso, entre otros, no satisfacía los requisitos que fija el artículo 23 de la ley en cita.
También debe dejarse precisado que los Jueces de Distrito no violan garantías individuales cuando actúan como órganos de control constitucional; de ahí que la manifestación del recurrente en el sentido de que el Juez a quo violó en perjuicio de la institución que representa el recurrente los artículos 14 y 16 constitucionales, resultan inoperantes, pues debe combatir conforme a derecho los preceptos legales en que se apoyó el juzgador federal para sustentar su fallo y no por considerar que el resolutor violó las citadas disposiciones constitucionales.
El segundo de los agravios es jurídicamente ineficaz por inoperante, pues en él la recurrente se concreta a manifestar que el Juez de amparo incorrectamente desestimó la causal de improcedencia que invocó, pues conforme al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el quejoso, antes de ocurrir a la instancia constitucional, contrario a lo que sostiene el Juez a quo, debió agotar el recurso de revisión ante el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación, contenido en el artículo tercero, párrafo segundo, del citado acuerdo número A/010/96 del procurador general de la República; sin embargo, con tales razonamientos la inconforme no combate la razón fundamental en virtud de la cual el Juez de Distrito desestimó la aludida causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y que hizo consistir en que una vez analizado el citado acuerdo número A/010/96 del procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, en ninguna de sus disposiciones prevé la suspensión del acto reclamado, requisito que, de acuerdo con lo considerado por el Juez de Distrito, establece la Ley de Amparo para que exista obligación de agotar los medios de defensa previos a la interposición del juicio de garantías.
Así pues, al no haber sido controvertidos esos razonamientos del Juez a quo, correctos o no, deben continuar rigiendo el sentido del fallo, al tratarse de un asunto de carácter administrativo, en donde siendo la autoridad responsable quien recurre la sentencia de amparo, no opera para ella la suplencia de la queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
Asimismo, deviene ineficaz el argumento que esgrime el recurrente en el sentido de que el juzgador federal violó lo preceptuado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mismos que contemplan el principio de congruencia que debe contener toda sentencia, ya que contrario a lo a que sostiene el Juez de Distrito, el oficio de donde deriva el acto reclamado no contiene determinación que imponga una sanción de destitución o cese, por la que se hubieren afectado derechos administrativos o laborales, sino que únicamente reconoce y declara una situación de terminación de los efectos del nombramiento del quejoso, quien siendo agente de la Policía Judicial Federal, al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no reunía en ese momento los requisitos exigidos por el artículo 23 de dicho ordenamiento legal, siendo obvio que para hacer tal reconocimiento y declaración no era necesario oír previamente al quejoso, ya que no se le iba a privar de los derechos que pudieran derivar de su nombramiento; de ahí que si no tenía por qué otorgarse al amparista la garantía de audiencia, no existe violación al artículo 14 constitucional como lo apreció el resolutor.
Lo anterior es así, porque basta la simple lectura del oficio que contiene el acto reclamado para advertir su sentido de afectación, pues tanto la sanción de destitución o cese del quejoso, como la terminación de los efectos de un nombramiento, privan al afectado de los derechos que genera a su favor el nombramiento, situación que viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, sin que sea jurídicamente válido estimar, como se pretende, que la referida terminación del nombramiento del demandante constitucional sea un efecto emanado directamente de la ley, sino que se actualizó en virtud de la aplicación normativa que la autoridad responsable realizó en perjuicio del quejoso, y desde ese punto de vista, ésta tenía la obligación, en términos del artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, como se indicó, de proporcionar al interesado la oportunidad de defensa antes de privarlo de sus derechos administrativos o laborales, a que se refiere el oficial mayor de la Procuraduría General de la República, recurrente, para que estuviese en aptitud de demostrar que sí cumple con los "perfiles" técnico, médico, ético y de personalidad, y al no haber estado en aptitud de acreditar tales extremos, es inconcuso que la autoridad administrativa, por sí y ante sí, lo dejó en estado de indefensión.
Así las cosas, contrario a lo que aduce la autoridad revisionista, no bastaba que se cumpliera con los requisitos del artículo 16 constitucional y de que no era el caso de conceder, previo a la emisión del acto reclamado, la garantía de audiencia, porque disponía del recurso de revocación, esto, en razón de que el artículo 14 de la Carta Fundamental preceptúa la garantía de audiencia para todo gobernado sin distinción alguna, al consignar que previamente a la privación de derechos del gobernado, debe ser oído en juicio seguido ante los tribunales establecidos, y las circunstancias que esgrime el recurrente, de que por tratarse de un servidor público con el cargo de agente de la Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República y por ser un trabajador de confianza al servicio del Estado, carecía de estabilidad en el empleo y, ante esa expectativa, era discrecional la potestad del Estado para dar por terminados los efectos de su nombramiento, con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional y 65 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, conforme a los cuales, si el quejoso no tiene derecho a la permanencia y estabilidad en el empleo, no puede reclamar la privación del derecho de permanecer y no ser separado del cargo, sin que tenga derecho a la garantía de audiencia previa, contenida en el artículo 14 constitucional, resultan jurídicamente inconsistentes, pues como se precisó, la citada garantía constitucional de audiencia debe respetarse en beneficio de todo gobernado, sin excepción alguna y, en todo caso, esas circunstancias alegadas podrán hacerse valer en el procedimiento respectivo.
Lo anterior permite concluir que si la sentencia recurrida cumple con el principio de congruencia; si en ella se contienen razonamientos lógico jurídicos que conllevan a establecer que el acto reclamado infringe la multicitada garantía constitucional de audiencia; si además se observa que se analizó correctamente por el Juez a quo el acto reclamado, tal y como fue planteado y probado; de haberse realizado un estudio jurídico minucioso de los argumentos que como justificación de sus actos adujo la autoridad recurrente, y por último, si se advierte que la sentencia recurrida satisface los requisitos exigidos por el artículo 78 de la Ley de Amparo, siendo infundados los agravios expuestos por la autoridad ahora revisionista, y no ubicándose el caso en ninguna de las hipótesis que para suplir la deficiencia de la queja prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de revisión, la sentencia recurrida, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 77, 78, 80 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Vázquez Pérez, contra el acto que reclamó del oficial mayor de la Procuraduría General de la República, mismo que quedó precisado en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Lucio Antonio Castillo González, Olga Iliana Saldaña Durán y Roberto Terrazas Salgado, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4589-1abe194b/garantia-de-previa-audiencia-los-agentes-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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